Andrés Domínguez

Chiapas, México

Artículo publicado originalmente en La Directa (català)

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Plantaciones de aguacate al Caurio de Guadalupe, en el estado de Michoacán. Foto: Alicia Fàbregas 

México es uno de los principales países productores y exportadores mundiales de aguacate. En los Estados Unidos, país que lidera la importación, se ha convertido en un alimento indispensable. Por citar un ejemplo, durante el día de emisión de la Superbowl —la final de la liga de fútbol americano— se pueden consumir hasta 100.000 toneladas de aguacates en un solo día. Mientras tanto, las comunidades productoras mexicanas sufren heridas cada vez más prolongadas y profundas a causa de las prácticas de la agroindustria del fruto verde.

 

El hass (Persea americana) es la variedad de aguacate más comercializada a escala internacional por sus características como el tamaño, la medida pequeña del hueso, la cantidad de pulpa o la dureza de la piel. Según Diego Cruz López, investigador y uno de los autores del estudio Posicionamiento internacional del aguacate producido en México (2020), se estima que cuatro de cada diez aguacates que circulan por el mundo provienen de México. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias de México (INIFAP) estimó un crecimiento acumulado del 501,6 % en el valor del cultivo del aguacate entre 2001 y 2016. Se estima que puede superar los 50.000 millones de pesos en 2030 (2.355 millones de euros).

El monocultivo del aguacate en México ha conducido a problemas ambientales, como la pérdida del material genérico, la sobreexplotación hídrica o la deforestación de bosques y selvas. Por otro lado, también ha desplazado a la población local, a causa de las extorsiones y el acoso por parte de grupos de crimen organizado. “El monocultivo se implanta en áreas estratégicas de preservación de biodiversidad y de disponibilidad hídrica. Las grandes empresas y el Estado están acabando con estas zonas y expulsando a las comunidades locales. Se han cerrado muchas escuelas y la gente se ha ido porque la tierra lo acaparan las multinacionales”, relata Cristhian Camilo Rodríguez, presidente de la organización ecologista EcoGénova.

El cultivo del hass se considera la actividad agrícola que más tierras ocupa para producir y exportar en países del norte global, tal como expone Jesús Janacua, doctor en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana de México. El investigador considera que hay una expansión “descontrolada” en Michoacán, estado que lidera la producción mexicana con 134.942 hectáreas dedicadas a este fruto. Según cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Desarrollo Rural, en 2004 se registraron 85 hectáreas de aguacate hass para exportación, mientras que para el 2021 había aumentado hasta las 175 hectáreas.

El incremento de las hectáreas de aguacate en Michoacán, como destaca Jesús Janacua, se ha producido sin ningún cuestionamiento por parte de la administración, a pesar de tratarse de un monocultivo que afecta a la biodiversidad. Por ejemplo, provoca cambios en el uso de suelo, incendios forestales, tala de bosques o eutrofización de las aguas (acumulación de nutrientes, en este caso, por la presencia de fertilizantes). Igualmente, en la vertiente social, “muchos campesinos venden sus tierras a las grandes empresas porque están endeudados y las multinacionales los contratan bajo condiciones laborales injustas”, denuncia Cristhian Camilo. Además, el uso intensivo de agroquímicos incrementa el riesgo de desarrollo de enfermedades, como cáncer, lupus, malformaciones congénitas e infertilidad masculina y femenina.

Jorge García Santiago, gerente del Centro Internacional para la Mejora del Maíz y el Trigo (CIMMYT) en Chiapas, insiste en los efectos negativos del monocultivo, principalmente los daños a la biodiversidad local a causa de la sobreexplotación hídrica. “México y Chile han estado muy afectados por el agotamiento de agua derivado del monocultivo de aguacate”, lamenta igualmente Camilo.

Expulsar a la población local

El sexenio de mandato del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador (2012-2018) se cerró con casi 200.000 muertes violentas. Michoacán ha sido uno de los estados más azotados por la violencia, favorecida por la disputa entre grupos del crimen organizado que pugnan para controlar el poder político. Los grupos delincuenciales han estado presentes en la producción de aguacate, tanto en la desposesión de tierras a la población local como en extorsiones a productoras para exigir una cuota económica a cambio de dejarlas trabajar. Claudio Figueroa, miembro del área de acción para la defensa del territorio del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), denuncia que existen parcelas controladas directamente por grupos armados, “a causa de los amplios recursos con que cuentan para tomar prestado las tierras a comuneros y comuneras”. “El patrón es siempre el mismo: apropiarse de estos terrenos: generalmente, los queman para después sembrar aguacate y mantener el control del mercado”, añade.

“El agricultor –lamenta Figueroa– es el último en la pirámide de la producción del aguacate. Es intimidado por los grupos delictivos, presionado por las agroindustrias y, por si no fuera suficiente, está angustiado por la falta de rendimiento en la tierra”. Las comunidades campesinas denuncian el abandono por parte de las instituciones. “Por culpa del conflicto armado, del endeudamiento de muchos campesinos y de un estado que se desentiende, se trasladan a la ciudad o acaban trabajando como temporeros en las productoras de aguacates”, relata Camilo. Es por eso por lo que Figueroa culpa al sistema de producción y no al aguacate como responsable de los impactos sociales, económicos y ambientales.

La cientifización del impacto

En la investigación en que ha participado Jesús Janacua se describe como “cientifización del impacto” el uso de la tecnología para deslegitimar las quejas y denuncias de personas afectadas por los daños ambientales de la producción intensiva de aguacate. Se refiere a prácticas como el bombardeo de nubes con yoduro de plata para provocar precipitaciones e intentar mitigar la sequía, o al uso de cañones antilluvia durante la etapa de floración para evitar los efectos de las fuertes tormentas.

Este estudio recopiló pruebas sobre el impacto del uso de cañones en Michoacán. El campesinado local ha organizado varias acciones para que estas prácticas se prohíban, puesto que consideran que ahuyentan la lluvia y generan sequía. Se han presentado ante la Secretaría de Medio Ambiente hasta diez denuncias por el uso de cañones. “Hay un discurso con el que los causantes de los daños subestiman el conocimiento de los campesinos que se quejan de los efectos nocivos de los aparatos. Invalidan las quejas de los que hace más de 500 años que siembran y conocen bien el régimen de las lluvias. Se antepone así el conocimiento moderno occidental cientifista, lo cual nos habla de las relaciones de poder desigual entre los afectados y los agentes de las afectaciones”, concluye Januaca.

Walter López Báez, director de coordinación y vinculación de la INIFAP en Chiapas, defiende que hay que orientar la producción del aguacate hacia prácticas más agroecológicas. Coincide con Figueroa en exigir un debate sobre el actual sistema de producción mexicana, aprovechando el boom del oro verde para generar oportunidades para un campo que necesita prácticas más respetuosas con el medio ambiente.

Andrés Domínguez

La Directa

 

  PARA SABER MÁS

   Aguacate, un alimento nada saludable para el planeta, por Ester Fayos (La Directa)

   Un negocio madurado por la agroindustria global, por Albert Alexandre (La Directa)

 

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