Nerea ÁLVAREZ SEGUÍN

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Foto: Nerea Álvarez

El País Valencià se encuentra en el top del ranking español de cultivos abandonados, según la última Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos (ESYRCE, 2017).[1] En total un 20 % aproximado de la superficie de cultivo se encuentra baldía.[2] En el sitio web del Banc de Terres de València se enumeran las consecuencias que genera el suelo agrario sin cultivar: la proliferación de plagas y de roedores, la erosión del suelo, el aumento de vertidos incontrolados, la degradación paisajística y el riesgo de incendios, entre otros. Pero el abandono de tierras genera también otro tipo de impactos para el medio rural y para la sociedad en su conjunto, como la pérdida de bagaje, saberes y tradición cultural asociados a su cuidado y la disminución de tejido social y actividad económica en los pueblos.

SITUACIÓN DEL BANCO DE TIERRAS EN VALÈNCIA

El Ayuntamiento de València, a través del Consell Agrari, puso en marcha en abril de 2018[3] el Banc de Terres de València, definido en su página web como «un registro administrativo municipal de carácter público que está formado por parcelas aptas para la explotación agrícola cuya persona propietaria ha solicitado voluntariamente la inclusión en el banco de tierras. Este registro funcionará como un instrumento para poner en contacto la oferta y la demanda de parcelas cultivadas o cultivables ubicadas en el término municipal de València».[4] Entre los objetivos iniciales de esta herramienta, se encuentran facilitar el acceso a la tierra y promover el recambio generacional. Nace como una de las estrategias dentro del Plan de Acción Integral por la Promoción de la Actividad del Territorio Agrícola Municipal (PAIPATA) bajo la responsabilidad de la Concejalía de Agricultura, Huerta y Pueblos de València.

Este banco se ha desarrollado a partir del modelo y la plataforma que pone a disposición la Diputación de València. «Queríamos generar algo más que una base de datos, así que a partir del modelo de la Diputación incluimos la posibilidad de añadir tierras municipales y temas que no se consideraban, como la mediación y el asesoramiento», explica Josep Manuel Pérez Sánchez, jefe de sección de Agricultura del Ayuntamiento de València.

El campo de València sufre amenazas constantes de deterioro, como la presión urbanística e industrial, las ampliaciones del puerto y otras infraestructuras de comunicación, la falta de viabilidad económica, la contaminación de las aguas por vertidos urbanos, el envejecimiento de la población sin que haya un recambio generacional y una falta de concienciación de proteger la huerta como actividad económica y patrimonio cultural.

Aunque en los últimos años la ciudadanía y diferentes asociaciones han tomado conciencia de la necesidad de preservar la huerta, Josep transmite su impaciencia porque el banco de tierras empiece a dar sus frutos. No obstante, es realista y afirma que «el primer paso es convencer a quien tiene la propiedad y ampliar la oferta. Y, segundo, si una parcela pasa de inculta a cultivada, tendremos nuestro principal objetivo cumplido».  

Con tan solo unos meses en funcionamiento todavía es pronto para evaluar resultados. «Por el momento, se encuentra en una primera fase de prospección de tierras, difusión y elaboración de un plan de comunicación», nos cuenta Natalia Castellanos, técnica colaboradora de la Fundación Mundubat, una de las asociaciones que, a lo largo de 2018 y 2019, apoyada por Empodera Consultores, tiene como misión elaborar y poner en funcionamiento este plan de comunicación. Ahora el trabajo se centra en llegar a los agentes clave del territorio, como alcaldías, comunidades de regantes, sindicatos agrarios, el Tribunal de las Aguas o la Escuela de Capataces Agrícolas. «Es necesario explicar cómo funciona el banco de tierras para que se difunda la información a través del boca a boca y con la ayuda de materiales de difusión. A la vez, se trata de hacerles parte del proyecto para generar una base social consistente que nos ayude a difundir este recurso», explica Natalia.

Otra de las medidas que ya se está llevando a cabo es la campaña de limpieza lanzada por el Consell Agrari Municipal a un centenar de parcelas de cultivo detectadas en abandono. «En un porcentaje importante de esas parcelas se ha hecho una primera limpieza. Esto no es a lo que se aspira, pero cuando se lleven cuatro limpiezas y vean que cuesta tiempo y dinero, quizá entiendan que es más rentable que esté cultivada», explica Josep. «De esta manera, arrendar la tierra es un método para evitar el riesgo de sanciones económicas por el no cumplimiento de las obligaciones de la propiedad de los terrenos rústicos (limpieza y mantenimiento de parcelas rústicas)», añade Natalia.

BARRERAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS BANCOS DE TIERRAS

Que este tipo de mecanismos de gestión del suelo agrícola sean tangibles, dinámicos, útiles y sostenibles en el tiempo depende en gran medida del grado de implicación del municipio y de las personas que lo gestionan.

La cuestión es si el Banc de Terres de València podrá desarrollarse evitando algunas de las causas por las que otros proyectos del mismo tipo han dejado de funcionar, factores que otros ayuntamientos ya han puesto sobre la mesa en encuentros como el Webinario Bancos de Tierras: Potencial como herramientas para reactivar el uso de suelos abandonados, organizado por la Red de Ciudades por la Agroecología y celebrado en julio de 2018. Algunos de estos factores son: la falta de confianza por parte de las personas propietarias; la inseguridad jurídica; la necesidad no solo de asesoramiento, sino también de un seguimiento de los proyectos que se ponen en marcha; un presupuesto económico concreto y la práctica inexistencia de políticas o normativas acordes que tengan como objetivo evitar el abandono de las parcelas e impulsar la actividad en el campo.

LA DESCONFIANZA

Laia de Ahumada, promotora de los bancos de tierras de Terra Franca en Catalunya, explica que una de las principales barreras a la hora de conseguir ofertas es la desconfianza de las personas propietarias: «Se necesita mucho tiempo para convencerlas y, luego, herramientas para apoyar a las campesinas que quieren hacer uso del espacio». Una de las formas en las que Terra Franca genera mayor confianza es firmando el contrato de arrendamiento o cesión con la organización y no directamente entre particulares. En el caso del Ayuntamiento de València el contrato se realiza entre particulares, aunque ambas partes cuentan con asesoramiento y mediación por parte del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Levante (COIAL).

Javier Descalzo, concejal de Agricultura de la Pobla de Vallbona, cuenta que en su ayuntamiento el banco de tierras municipal lleva funcionando un año aproximadamente y son unas 40 personas usuarias entre ofertantes y demandantes, aunque reconoce que muchas de ellas aún no han realizado un intercambio. En su caso, a pesar de que la administración no interviene en la firma del contrato, se convocan varias reuniones previas para establecer una relación de confianza entre las partes, lo que genera una diferencia en el trato después.

LA CONTINUIDAD DE LOS PROYECTOS

La falta de asesoramiento y financiación de los proyectos productivos que comienzan hacen que sea complicado conseguir un plan de negocio sostenible en el tiempo, por tanto, la tierra corre peligro de volver a ser abandonada. Además, para muchos cultivos es un momento de crisis y difícil resurgir económico. En cuanto a la financiación, el banco de tierras no llega más que a informar de las ayudas o subvenciones que ofrece el Consell Agrari o la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

LA GARANTÍA JURÍDICA Y CONTRATOS

Uno de los obstáculos que sugiere Javier Descalzo es que la garantía jurídica que puede ofrecer el municipio es inexistente: «Los bancos de tierras en los pueblos han existido siempre en los bares, informalmente, ahora lo que se le da es un registro administrativo. Pero, a quien es dueño de la tierra le cuesta mucho soltar, no acaba de fiarse. No hay competencias para decir: tú has incumplido el contrato, te voy a sancionar». En el Banc de Terres de València la situación es la misma que en la Pobla de Vallbona. De momento, existe la aportación del COIAL que ha elaborado muchos contratos tipo con cláusulas diferentes para ser flexibles y adaptarse a la realidad compleja de la parte arrendadora y la arrendataria.

LA BARRERA NORMATIVA

Un elemento importante que tanto Josep como Laia y Javier han mencionado es que hace falta un cambio en la normativa para que se establezcan métodos sancionadores para quienes abandonan la tierra. Laia de Ahumada contaba que la experiencia de Terra Franca ha conseguido ser una referencia, pero «es difícil mantenerse porque no hay políticas que vayan en la misma dirección, en las que se ponga en el centro la actividad agrícola y no la urbanización, y que, además, sancionen a quienes abandonen la tierra».

En València, se ha aprobado recientemente la Ley de l’Horta de València, en cuyo capítulo cuarto se pone de manifiesto el estado de abandono de la huerta y se exige a la Generalitat «facilitar los cauces que permitan tanto mantener estas tierras en cultivo como promover el acceso a estas propiedades a aquellos profesionales agrarios que, en sustitución de sus titulares, pretendan dinamizar la actividad agraria en la huerta», refiriéndose en parte al concepto regulado en la Constitución sobre la función social de la propiedad. La Ley establece «un sistema de arrendamiento forzoso de estos suelos en favor de un tercero que se dedique activamente a la agricultura [...] aunque se fomenta de manera prioritaria la mediación y el acuerdo amistoso entre el propietario y el profesional cultivador». En el ámbito autonómico, se ha hecho un gran paso con la aprobación de la Ley de Estructuras Agrarias, que en palabras de Josep Manuel Pérez, «acoge a toda la Comunidad Valenciana, esto da más fuerza a los bancos de tierras». Bajo estas dos leyes, el banco de tierras se convierte en una herramienta esencial. Coincide Javier Descalzo: «Tenemos que hablar de la concentración parcelaria, de por qué los campos son tan pequeños, de por qué no se ponen todas las tierras y luego se reestructuran. La Ley de Estructuras es importante».

La Diputación de València lleva el seguimiento de los bancos de tierras que están usando la plataforma. Además, hay un grupo de trabajo en el que participan varios ayuntamientos y organizaciones que ponen en común experiencias y detectan las necesidades para que las bases de datos puedan crecer tanto en oferta como en demanda.

¿ELEMENTO TRANSFORMADOR?

En València tenemos la suerte de contar con un territorio que permite una diversidad de cultivos y especies que bien gestionados podrían ser el sustento de gran parte de la población, pero para ello, además de un banco de tierras, existe por encima una Estrategia Alimentaria que se espera seguir hasta 2025, un proceso enfocado a construir un sistema agroalimentario sostenible con base en relaciones de equilibrio entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales.

Un banco de tierras puede llegar a ser una pieza para promover un cambio más profundo, prueba de ello es la iniciativa Terra Franca, un trabajo en red gestionado por entes locales cuyo compromiso va más allá, pues solo acoge proyectos agroecológicos. Se considera la tierra como un bien único e irremplazable. Laia de Ahumada, una de sus impulsoras, confiesa que chocan muchas veces con una falta de conciencia de la tierra como un bien común.

En el Ayuntamiento de València todavía queda mucho trabajo por hacer, pero son conscientes de la importancia del manejo agroecológico: «El primer objetivo es conseguir que una superficie abandonada pase a convertirse en un cultivo; luego, se mantiene la propuesta de acompañar a los proyectos agrícolas tradicionales hacia una conversión a proyectos agroecológicos y, por supuesto, premiarlos», explica Josep. De momento, en el caso de las tierras públicas puestas a disposición en el Banc de Terres, se prevé que uno de los criterios que se consideren para priorizar las demandas sea que el plan presentado tenga como base la agroecología.

Son la práctica y el tiempo los que nos dirán si los bancos de tierras, además de una herramienta para la conexión entre personas propietarias de la tierra y agricultoras, son una solución para reducir el número de tierras abandonadas; de momento, en València comienzan con mucha ilusión.

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[1] En total se cuentan como tierra baldía 134.097 hectáreas. https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/agricultura/esyrce/

[2] «Terreno anteriormente de cultivo y actualmente yermo, abandonado o no utilizado para la agricultura ni la ganadería por razones económicas, sociales o de otra índole. Se trata frecuentemente de antiguas parcelas de cultivo dejadas sin labrar, localizadas dentro de una zona de cultivos, sobre las que no se realiza ninguna labor de mantenimiento ni de control de la vegetación y no tiene aprovechamiento ganadero. Otras veces son parcelas situadas en zonas con expectativas de crecimiento urbanístico». Definición del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. (https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/estadisticas-agrarias/DefinicionesESYRCE_tcm30-122349.pdf)

[3] Fecha de comienzo de la aplicación de la Ordenanza reguladora del Banc de Terres Agrícoles de València.

Nerea Álvarez Seguín

@nerea_in

Periodista