La Ley “Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local”, o también conocida como Ley Montoro, ya está aprobada y algunos de sus puntos ya se aplican.
La campaña www.estepueblonosevende.es nos explica cómo afecta a los pueblos y sus gentes.
LO QUE LA LEY HA APROBADO:
Las competencias propias de los ayuntamientos se reducen drásticamente.
Imposibilidad de desarrollar competencias distintas a las propias y las delegadas, salvo que lo autorice la Junta y lo pague el Ayuntamiento, siempre “sin poner en riesgo la hacienda municipal”.
Las Diputaciones provinciales tienen un enorme poder de coordinación, fiscalización y tutela, pudiendo asumir la prestación de servicios, supervisado siempre por el Mº de Hacienda.
Las Comunidades Autónomas se van a tener que hacer cargo de todos los servicios sociales que ya no pueden prestar los Ayuntamientos o serán los responsables de su cierre: Residencias, centros de día, guarderías y escuelas infantiles, etc.
Se fomenta la fusión de municipios.
No reconoce plenamente como entidades locales a las entidades locales de ámbito inferior al municipio (juntas vecinales, pedanías etc.)
Las mancomunidades deben ajustar sus estatutos para no incurrir en causa de disolución, y solo podrán realizar las competencias que se las asignen.
La ley solo habla de ‘sostenibilidad presupuestaria y económica’, pero los pueblos también somos territorio, somos personas, tenemos montañas, ríos, memoria, cultura y desde hace siglos se gestiona, desde los pueblos, con perspectiva de sostenibilidad social, territorial y ecológica.
LAS CONSECUENCIAS PARA NUESTROS PUEBLOS Y SUS GENTES SERÁN:
Cada vez más recortes y deterioro de los servicios que pasan a manos de las Diputaciones o de las CCAA. De está forma se pierde la intervención directa en temas fundamentales para la vida en los pueblos como la educación, sanidad, asfaltado, alumbrado, accesos, agua, abastecimiento, educación de adultos, guardería, biblioteca, etc.
También la gestión de los servicios sociales que hasta ahora prestaban los ayuntamientos como la ayuda a domicilio, residencias, reinserción social pasan a las Comunidades Autónomas.
Con esta centralización de los servicios, el vecindario ya no será quien elija a quines les van a administrar, puesto que los cargos de las Diputaciones no se votan y se nombran a dedo por los partidos políticos sin consultar al pueblo.
Sin capacidad de decisión directa de los pueblos, lo que tenemos finalmente es la desaparición de la autonomía local y la pérdida de derecho a decidir sobre los bienes comunales y recursos.
Grave riesgo de pérdida del patrimonio común de los pueblos, pues quienes lo administrarán pueden venderlo al mejor postor.
Falta de soberanía popular para controlar a las empresas que ofrezcan los servicios hasta ahora públicos.
EL CONCEJO ABIERTO, ÚLTIMA LÍNEA DE DEFENSA DE LOS BIENES COMUNES
Los concejos abiertos son sistemas de organización social para la gestión de recursos, pero son mucho más que eso. La clave está en un modo de gestión basado en las relaciones. Son espacios de participación y encuentro, de aprendizaje mutuo y codesarrollo, de celebración de una democracia real en un medio asambleario. En ellos, vecinas y vecinos de una comunidad toman decisiones acerca de la administración de los montes comunales, los pastos, el reparto de turnos para la molienda, o el mantenimiento de caminos. Los concejos, con sus más de diez siglos de antigüedad, siguen siendo eficaces y necesarios ya que se basan en un principio innegable: los más adecuados para la gestión sostenible de un recurso de uso común son los propios implicados.