Assumpta AYERDI OLAIZOLA y Marc BADAL

Recientemente, Emaús Fundación Social ha publicado la investigación “Soberanía Alimentaria, Comercio Justo y Administraciones Públicas Locales. Un espacio para la construcción de alternativas”. En el proceso de elaboración se han identificado 12 experiencias que, con la promoción de las administraciones locales vascas, se han desplegado en nuestro territorio en los ámbitos de producción, comercialización y consumo de alimentos locales. Hemos cruzado la información extraída de las entrevistas con demandas y recomendaciones de personas productoras o vinculadas a lo rural, lo que nos permite plantear una serie de recomendaciones para impulsar la soberanía alimentaria desde las políticas municipales.


Cereales antiguos de Nalda Jaquelin Tejada

Cereales antiguos de Nalda. Jaquelin Tejada.

LA IMPORTANCIA DE ACTUAR EN POLÍTICAS LOCALES

Resulta evidente que las políticas comerciales, agrícolas y alimentarias han jugado y siguen jugando un papel muy destacado en la construcción del sistema alimentario global. Configuran todo un entramado normativo complejo y fuertemente condicionado por grandes intereses privados. Por otra parte, dichas políticas no existen al margen del resto de normas y políticas. Junto a políticas sociales, de educación, de sanidad, de ordenación territorial, de patrimonio cultural, y muchas otras, perfilan el tipo de sociedad en que vivimos.

Dar un giro a este modelo y construir alternativas desde premisas de justicia e inclusión social, equidad de género y solidaridad-confianza supone un proceso gradual e integral en el que deberían participar varios agentes. Entre ellos, la administración pública, con un protagonismo especial por su responsabilidad en la co-gestión de lo público y en tanto que al servicio de la ciudadanía.

En nuestro entender, es en el nivel local donde resulta más factible proponer y avanzar en proyectos transformadores. Esto es debido, entre otras cosas, a la proximidad entre personal municipal técnico y político, de ambos con la ciudadanía, al potencial para experimentar nuevas formas de gobernanza, a la cercanía y tangibilidad de los resultados, así como a la dimensión del impacto que, en muchos casos, puede generar en la comunidad dinámicas que integren varios ámbitos.

 

POLÍTICAS A IMPULSAR

Se abre para las administraciones locales un amplio abanico de nuevas políticas agroalimentarias a implementar. Desde pequeñas medidas hasta programas integrales en las siguientes líneas:

1. Pequeñas ayudas a la producción local: Las administraciones locales tienen la posibilidad de aprobar disposiciones que tal vez no suponen un giro drástico en la situación del sector primario local, pero que mejoran las condiciones en las que los y las productoras realizan su actividad.

Algunos ejemplos de estas medidas podrían ser la exención del pago de tasas (agua, venta ambulante,...), la visibilización diferenciada de los puestos de productos locales en el mercado municipal, la asesoría y el apoyo jurídico a las pequeñas explotaciones familiares, la cesión de espacios o infraestructuras municipales de forma gratuita, etc.

  Es en el nivel local donde resulta más factible proponer y avanzar en proyectos transformadores.    
 

2. Compra pública alimentaria de proximidad: Las administraciones públicas son un gran consumidor de productos alimentarios. Entre sus competencias se encuentran la gestión de escuelas, centros de día o residencias, en las que personas trabajadoras y usuarias realizan alguna de las comidas diarias en el centro público.

La transición en el sistema de compra pública alimentaria entraña cierta complejidad y requiere una mínima voluntad política por parte de quienes gobiernan. Algunas de las mejoras concretas a introducir en la normativa existente pasarían por: a) adecuar a la producción campesina los volúmenes de contratación, las condiciones sanitarias de los productos y las cocinas, etc., b) introducir criterios sociales, éticos y medioambientales en los pliegos de contratación, insistiendo en que se determinen los canales y recursos para el control social de los mismos y, c) fomentar la autogestión en los comedores colectivos.

Tampoco resulta sencillo que las personas que toman parte en la cadena (productoras, distribuidoras, personal de la administración, personal del centro público, cocineras, usuarias, etc.) aprendan a coordinarse y a funcionar de otra manera. Por lo tanto, para lograr introducir alimentos locales en los comedores públicos es imprescindible realizar una labor de formación, acompañamiento y seguimiento a lo largo de todo el proceso.

3. Promoción y visibilización de productos locales: Nos referimos a la labor que puede realizar una administración local para contribuir a consolidar o a crear circuitos cortos de comercialización como estrategia de distribución de productos agrarios.

Entre los distintos tipos de circuitos cortos que existen, normalmente desde las administraciones locales se tienden a fomentar los mercados campesinos y la introducción de productos locales en comercios tradicionales. Por el contrario, la venta en finca, la venta on-line, la venta a domicilio o los grupos de consumo acostumbran a ser canales promovidos de forma exclusiva por las propias personas productoras o, en algunos casos, por las consumidoras.

Esta promoción incluye también acciones que persiguen la visibilización de las personas productoras locales y de su actividad: dar a conocer determinados productos “emblemáticos” de la cultura gastronómica local, poner el énfasis en las explotaciones familiares que comercializan a través de distintos canales cortos en la propia localidad o sensibilizar sobre las ventajas económicas, sociales y ecológicas del consumo de productos locales.

4. Dinamización del sector primario: Los ayuntamientos tienen la capacidad de incidir sobre el estado en que se encuentra el sector primario de su localidad. Existen algunos casos, especialmente en zonas rurales, en los que desde el gobierno municipal se han emprendido proyectos de dinamización del sector con el objetivo de fomentar una transición hacia nuevos modelos de producción y distribución. Son casos, todavía excepcionales, en los que se crean planes de desarrollo rural que permitan asegurar la viabilidad del sector a largo plazo.

Este tipo de proyectos incluyen varias líneas de actuación que se cruzan y enriquecen mutuamente: asesoría técnica integral (agronómica, económica, comercial,...), investigación y extensión agraria, creación de estructuras cooperativas, promoción y diversificación de los canales de distribución, etc.

5. Acceso a la tierra: Podrían distinguirse dos tipos de iniciativas: las agroaldeas y las huertas municipales para autoconsumo.
En el primer caso, el objetivo es poner tierras a disposición de personas o colectivos que se plantean iniciar una actividad agraria de manera profesional. Se trata, por lo tanto, de superficies relativamente grandes y que deben estar dotadas de una serie de infraestructuras que permitan el desarrollo de la actividad con un mínimo de condiciones (acceso, agua, espacios de almacenamiento, etc.).

En el caso de las huertas municipales para autoconsumo, el objetivo perseguido es ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de acceder a pequeñas parcelas en las que poder cultivar una parte de las verduras que consumen en sus hogares. De forma habitual, junto a la cesión de las parcelas, se ofrece a las personas usuarias de estas huertas una serie de recursos formativos en horticultura (cursos, manuales, asesoramiento técnico o talleres prácticos).

6. Planes para la conservación de espacios agrarios en zonas periurbanas: Una de las políticas más importantes en un ayuntamiento es la planificación urbanística, poseyendo suficiente margen de actuación para incidir en la ordenación de los usos del suelo en su término municipal.
Desde hace unos años, algunas administraciones locales han creado planes de protección del suelo agrario. Se trata de proyectos generalmente emprendidos por mancomunidades de municipios que acuerdan un plan estratégico para conservar el suelo agrario, mantener las actividades agrícolas y ganaderas en estas zonas y, en algunos casos, fomentar los circuitos cortos de comercialización que vinculen a las personas productoras locales con las consumidoras de las mismas áreas urbanas y periurbanas en los que se sitúan estos “parques”, “anillos” o “cinturones” agrarios. Estos espacios adquieren un valor recreativo y educativo relevante.

LA IMPORTANCIA DE AVANZAR

Las buenas prácticas analizadas responden, en menor o mayor grado, a planteamientos estratégicos sobre el sector o sobre el desarrollo local y comunitario en su globalidad. La mayoría se han topado con dificultades similares en la puesta en marcha y, sobre todo, de cara a la sostenibilidad: ritmos políticos, diferencias y/o incoherencias entre instancias y niveles administrativos, falta de claridad sobre a qué departamento compete, falta de conocimiento y recursos, dificultades para establecer mecanismos de control, inclusión y funcionamiento (productos locales, ecológicos, con o sin certificación), escasa cultura de participación real… En cualquier caso, normalmente el avance depende tanto de la capacidad organizativa y de incidencia de los movimientos y colectivos sociales, como, en mucha mayor medida, de la voluntad política. Lo interesante sería avanzar hacia estrategias compartidas que partan de la función social de la tierra y el alimento y desde una buena gobernanza.

 

Assumpta Ayerdi Olaizola y Marc Badal
Fundación Emaús

  PARA SABER MÁS

   Estudio de Emaús “Soberanía Alimentaria, Comercio Justo y Administraciones Públicas Locales. Un espacio para la construcción de alternativas”.
http://bit.ly/1vhqvQL

   Políticas públicas para la Soberanía Alimentaria. Análisis local en la CAPV
(Emaús Fundación Social, VSF, EHNE Bizkaia, 2011).
http://issuu.com/grupoemausfundacionsocial/docs/analisis_de_la_capv

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