Consejo editor

Casos de acaparamientos que hay que denunciar

Si en este número estamos abordando el fenómeno de concentración de tierras que se está dando en el territorio español, no debemos olvidarnos también de cómo algunas empresas españolas son responsables de acaparar tierras en terceros países. Describimos aquí algunos ejemplos emblemáticos.

ROBAR EL ARROZ ES ROBAR EL PAN

La empresa española Agrogeba produce arroz en la región de Bafatá, en Guinea-Bissau, un país donde el hambre es un problema crónico y dos tercios de la población viven bajo el umbral de la pobreza. El informe “Marca España: inversiones que generan pobreza” de la ONG Alianza por la Solidaridad, documenta el proceso de instalación de la empresa, sus impactos y la realidad en la que viven las comunidades a las que se les ha arrebatado la tierra que cultivaban y de la que obtenían arroz, el principal sustento de los hogares.

La empresa obtuvo en 2010 una concesión de 6.000 ha, de las que 660 hoy ya están en producción, expulsando a más de 600 personas e instalando un modelo intensivo de agricultura. Las fumigaciones aéreas son habituales cerca de las comunidades, contaminando el aire y los acuíferos, y el aumento de mosquitos ha disparado los casos de malaria. 

La inversión de Agrogeba se planteó con el objetivo de abastecer el mercado local de arroz, sin embargo, este arroz se está vendiendo a precios más altos de lo acordado. Por otra parte, este compromiso no quedó reflejado en ningún documento (muestra de las condiciones en las que se produjo la concesión), sino que fue un acuerdo verbal con un presidente hoy depuesto y exiliado. Tradicionalmente el cultivo del arroz es una de las principales actividades de las mujeres en Guinea-Bissau, sin embargo, la poca mano de obra local empleada de forma precaria por la empresa, que ha mecanizado gran parte del cultivo, la componen hombres. 

Agrogeba está formada por cuatro partes socias: dos de ellas lo son también de la empresa petrolera catalana Petromiralles Group S. L. y están imputadas en la Audiencia Nacional por blanqueo de dinero, fraude fiscal y falsedad documental. 

El informe concluye que la adquisición por Agrogeba de estas parcelas es un claro caso de acaparamiento de tierras, acorde con la Declaración de Tirana, y supone una clara violación de los derechos humanos. También deja claro que no ha habido ningún proceso de consulta a las comunidades afectadas.

Imágenes extraídas de la página web de La Moraleja

TESOREROS RECONVERTIDOS EN ACAPARADORES DE TIERRAS

La información recogida del diario argentino Clarín, explica muy bien cómo el dinero de la corrupción de dirigentes de Partido Popular en España, desde ya hace años, ha permitido a personajes ahora imputados o en la prisión como Angel Sanchís o Luis Bárcenas, acaparar tierras en la provincia de Salta para ponerla al servicio de sus intereses agroexportadores.

La tierra fue comprada en 1978 por la empresa que preside Angel Sanchís, ex-tesorero del PP español, a partir de complicados vínculos con la dictadura argentina. De la información judicial se deduce que Luis Bárcenas es accionista de la misma y que desde sus cuentas en Suiza han viajado al menos unos 22 millones de euros hacia La Moraleja, que así se llama esta finca de 30.000 ha (más de la mitad de toda la isla de Ibiza, por ejemplo), con pista de aterrizaje. Hace unos diez años 18 millones de euros también llegaron a esa finca de la mano del gobierno del PP presidido por Aznar, en forma de un préstamo del Instituto de Crédito Oficial de España que nunca se ha saldado. 

Visitar la web de La Moraleja, nos permite asombrarnos de cómo se presume de un expolio donde se siembra intensivamente 15.000 ha de maíz, soja y otros granos; 50 ha de invernaderos para hortalizas y la mayor finca de cítricos de toda Sudamérica con 2.500 ha, sobre todo limones, que dicen les permite exportar, entre otros clientes a Coca Cola, un millón de toneladas de cítricos al día. En esas regiones, por cierto, la colonización europea taló millones de quebrachos convertidos después en las traviesas del tejido férreo europeo. 

La región de Salta, donde se encuentra la finca, se caracteriza por la aún constante deforestación para el negocio de la soja, haciendo imposible la vida de muchas comunidades campesinas. Son notables las situaciones de violencia y los altos índices de pobreza y malnutrición, así como incluso la muerte de niños y niñas por hambre en comunidades indígenas. Una realidad chocante con el negocio del latifundio.

Cuando la prensa de la región relata también situaciones críticas por falta de agua potable en las comunidades, La Moraleja cuenta satisfecha cómo sus cultivos aprovechan una represa propia donde se almacenan siete millones y medio de metros cúbicos de agua. Como hemos explicado en otros números de la revista, el acaparamiento de tierras siempre lleva asociado un inaceptable acaparamiento de agua.

Pero las investigaciones de cómo el dinero de comisiones y negocios sucios en España están sirviendo para hacerse con tierras fértiles y montar emporios agroindustriales que debilitan la soberanía alimentaria de los pueblos, aún nos puede llevar más lejos. Por ejemplo queda pendiente investigar si la trama ha llegado también al negocio de plantaciones de madera de teca para IKEA en Brasil, en el que participa una hija de Sanchís, como explican algunas fuentes. Igual que queda pendiente conocer a fondo la relación existente de una empresa de inversiones, regentada por uno de los testaferros de Bárcenas en Panamá, que ha participado en la adquisición de 20.000 hectáreas de tierras campesinas de la comunidad de Fanaye en Senegal, para la producción de agrocombustibles. 

LA TIERRA A 100 EUROS

A mediados de 2012 la noticia saltaba a los medios de comunicación respaldada por informes de diferentes entidades sociales: “Un destacamento de 2.000 soldados protege en Marruecos a la empresa española Ebro-Foods.”. En concreto se explicaba como la población de dos aldeas de Larache se rebelaba frente a la siembra de arroz que Mundi Riz, filial de Ebro Foods, iba a llevar a cabo. En su protesta pedían la expropiación de unas tierras que no les alimentan, que alimentan las cuentas corrientes de la multinacional.

La historia de este acaparamiento de tierras, para acertar en la precisión, la describiremos tomando información directa de la propia empresa Ebro Foods:

“Mundiriz se instala en la región de Larache en el año 2001, instalando la mayor fábrica de producción de arroz de Marruecos. La planta tiene una capacidad máxima anual de producción de 50.000 TM de arroz cáscara al año y ocupa una superficie aproximada de 20.000 metros cuadrados. (…) El Grupo Mundiriz emplea a 97 personas fijas y un número variable de empleados temporales que oscila entre los 85 y 528, en función de la época del año (inicio de campaña, trabajos de mantenimiento, etc) (…) En sus inicios, Mundiriz compraba el arroz a la empresa Rivera del Arroz, sociedad que tenía establecida una joint venture (acuerdo comercial de inversión) con la empresa Agromeruan. En el año 2006 y a causa de los graves problemas económicos por los que atraviesan tanto Rivera del Arroz como Agromeruan, Ebro adquiere ambas sociedades y con ello, los derechos de alquiler de las fincas arrendadas a dos sociedades estatales del gobierno marroquí. Ambas fincassuman un total de 4.597 ha. Y (…) la sociedad sólo cultiva 2.750 ha y paga una cantidad anual de 100 euros anuales por hectárea. Las aguas con las que se riegan las fincas son aguas del Río Lukus que discurre en uno de los límites de la finca (norte). El agua se extrae del mismo mediante bombas propiedad de la compañía.”

100 euros por cada hectárea que antes se dedicaban a los cultivos locales y cría de ganado por el campesinado de la zona para asegurar su alimentación y alguna fuente de ingresos.

100 euros por hectárea que paga la mayor empresa arrocera del planeta, con unas operaciones anuales superiores a los dos millones de toneladas, más de dos veces toda la producción española. Y avisan, seguirán creciendo. Ya han llegado a la India.