Miguel BLANCO
Los transgénicos, las políticas agrarias que benefician a unos pocos, el control de las grandes multinacionales o la desregulación de los mercados son, junto a otras muchas cuestiones, un ataque a la agricultura social a pequeña escala y a una manera de entender nuestra alimentación. Pedimos la opinión de la organización agraria que, posicionada a favor de la Soberanía Alimentaria, denuncia que la recién aprobada 'Ley de representatividad del sector agrario' es también un nuevo ataque a dicho modelo campesino.
La evidente confrontación que existe entre modelos sociales la vemos también en los modelos agrarios y alimentarios. Para esquematizar, podemos hablar una agricultura social buscando la sostenibilidad, la soberanía alimentaria y orientada al servicio de la sociedad y, en frente, aquella enmarcada en el modelo de globalización especulativa de la economía ultraliberal y el comercio desregulado, es decir, el modelo de las 'sociedades anónimas' y los fondos financieros especulativos que, por cierto, progresivamente van ganando terreno desterrando de nuestros campos a las diversas agriculturas de carácter familiar y social.
Es desde esta premisa, desde la importancia de preservar el modelo que asegura vida en el campo y salud en los platos, que nos preocupa cómo se quiere tergiversar la representatividad del sector agrario. Para quienes, como COAG –con toda su diversidad y complejidad- defendemos un modelo social de agricultura, nos parece clave contar con buenos mecanismos de interlocución que objetivamente trasladen las reivindicaciones del campo a las mesas de negociaciones. Es legítimo exigir que nuestra amplia y mayoritaria base social cuente con la representatividad que le corresponde para influir y condicionar las políticas agrarias de las que depende nuestro trabajo y futuro.
¿COMO SE ASIGNA LA REPRESENTATIVIDAD DEL CAMPO?
Cuando cayó la dictadura franquista, durante la transición, se anularon las verticales Hermandades de Agricultores y Ganaderos, sustituyéndose por las Cámaras Agrarias, como corporaciones de derecho público, y por las Organizaciones Profesionales Agrarias, como sindicatos, dando paso progresivamente a procesos electorales para la configuración de dichas Cámaras y para la medición de la representatividad sindical agraria. Aunque no han sido elecciones periódicas ni en todas las Comunidades Autónomas, el hecho de que en 11 de las 17 Comunidades se celebraran procesos electorales permitió que, en primer lugar, se constituyeran sus órganos de gobierno y funcionamiento y, en segundo lugar, que los mismos resultados permitieran configurar los Consejos Agrarios de cada Comunidad Autónoma que, estos sí, tienen funciones de representación y se consideran como órganos consultivos frente a las administraciones públicas territoriales.
Con la derogación de la Ley de Cámaras Agrarias a nivel del Estado y el traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas, las Cámaras Agrarias han ido desapareciendo en la mayor parte del territorio y con ellas también se han dejado de convocar (excepto en Catalunya, Castilla y León y Madrid) procesos electorales que medían periódicamente la representatividad del campo. Se mantienen en todo caso los Consejos Agrarios territoriales, en base al reconocimiento de representatividad establecido en cada Comunidad Autónoma.
En esta situación y sabiendo que las cámaras agrarias han quedado desfasadas y prácticamente desmanteladas, sigue siendo vital para el sector –e irrenunciable desde el punto de vista democrático– el reforzamiento de los órganos de interlocución y negociación a partir de elecciones democráticas.
LOS CAMBIOS DE CAÑETE
Con este panorama, tan diverso y confuso, se han ido buscado fórmulas a nivel estatal para medir objetivamente la representatividad en el campo. La última es la Ley de 2009 por la que se constituyó el actual 'Comité Asesor Agrario', un órgano estatal de diálogo entre la administración y el sector, donde a partir de determinados criterios objetivos (resultados en elecciones y presencia territorial) participan dos representantes de cada una de las organizaciones sindicales representativas, COAG, UPA y ASAJA.
Es una evidencia que la presencia de un sindicato reivindicativo e independiente como COAG en los espacios de interlocución, bien implantado en el campo y dispuesto a la movilización en la calle, molesta a un Ministerio que solo quiere colaboracionistas para su diseño de políticas agrarias mercantilistas, contrarias a los intereses y derechos de la economía social. Es en esta clave que debe entenderse la nueva Ley de representatividad que ha impulsado muy personalmente Arias Cañete, hasta fechas recientes Ministro de Agricultura, y que, a punto de finalizar su trámite parlamentario, será publicada para su entrada en vigor.
Con esta Ley, lo que se pretende hacer es poner en marcha una consulta electoral -que elude la Ley de Régimen Electoral General- para llevar adelante un falso proceso electoral, que mucho nos tememos corre el riesgo de acabar en un pucherazo descarado.
Tres déficits quisiera resaltar de esta Ley que explican nuestra preocupación. Primero, tal como está prevista la distribución de las mesas electorales (muy pocas y de forma muy centralizada), la consulta dificultaría la participación de las y los agricultores favoreciendo la actuación caciquil para acarrear votos. Segundo, la falta de una adecuada regulación del voto por correo, puede permitir el fraude electoral, no garantizando un voto libre, directo y secreto. Y, tercero, el censo de personas que pueden votar, no estará formado por los hombres y mujeres profesionales del campo (como viene siendo en los procesos electorales, hasta ahora), es decir por aquellas que cotizan en la Seguridad Social Agraria, sino que se abre la puerta, de forma arbitraria, también a aquellas que demuestren que reciben al menos 3000 € de ayudas de la PAC. Con este censo se dobla el número de votantes pero se diluye el de quienes realmente trabajan directa y personalmente en el sector agrario y viven de su actividad. A nuestro entender se trata de déficits que hacen que las personas más vinculadas y presentes en el campo pierdan voz, ellas que son justamente quienes defienden la agricultura social.
Aunque COAG está trabajando junto a otras organizaciones y grupos para frenar esta Ley, si finalmente las 'elecciones' se llevan a cabo, nuestra organización se presentará y dará la batalla para ganarlas, pues no podemos, de ninguna de las maneras, arriesgarnos a que el modelo que defendemos quede en inferioridad de condiciones frente a quienes están decididos a construir una agricultura de las sociedades anónimas. Y nos reafirmamos como una organización partidaria de los procesos electorales, con todas las garantías democráticas, para medir la representatividad en el campo. Esto es lo que vamos a seguir defendiendo.
El futuro del sindicalismo agrario
Nuestra organización, puedo decir, se ha caracterizado desde siempre por ser una organización puntera, de vanguardia y siempre hemos puesto atención en reorientarnos y repensarnos. Sabemos que grandes estructuras como la nuestra corren el riesgo de envejecer o quedar caducas y poco operativas pero, también, desde mi punto de vista, el campo necesita como agua de mayo una estructura organizativa sindical fuerte, independiente y reivindicativa, que sirva de oposición contundente a los oscuros lobbies que cada vez más aparecen como fórmula para influir en las decisiones políticas.
Cuando hoy nos miramos, cuando pensamos sobre nuestro devenir, vemos con claridad que el sindicalismo agrario que defiende un modelo social de agricultura debe, precisamente, abrirse a la sociedad, y entender, en reciprocidad con otros colectivos, que se deben defender los intereses profesionales de quienes hacen una agricultura sostenible, que sea garantía de una alimentación entendida como derecho universal de las personas y articuladora del territorio. Y esta defensa de nuestro modelo no la hacemos desde el corporativismo, la hacemos porque es parte de una manera de pensar y construir una sociedad global más sana, justa y democrática.