Daniel GONZÁLEZ
Desde hace dos años okupo una finca abandonada y gestiono una pequeña producción diversificada, con huerto, gallinas, pollos camperos, cabras, cerdos, conejos y colmenas. Produzco lo que necesito y vendo los excedentes a mis vecinas y vecinos de Jábaga (Cuenca) y poblaciones cercanas, pero el banco me quiere echar.
UN DESALOJO RURAL
La política antirural existe desde que surgieron las ciudades y se concentró en ellas el poder, pero en los últimos 50-60 años ha dado un golpe muy duro a nuestros pueblos. La emigración de muchísima gente del campo a la ciudad no fué voluntaria, la agricultura y la ganadería se han industrializado destruyendo a su paso muchos puestos de trabajo y recursos naturales, mientras se ofrecía empleo precario en fábricas y servicios en las ciudades. Fue una emigración forzada por razones económicas. Actualmente, las políticas antirurales prosiguen su marcha, como la llamada Ley Montoro, que pretende aumentarel poder de las ciudades sobre los pueblos, quitando competencias a los ayuntamientos más pequeños; en Castilla-La Mancha, y en Cuenca especialmente, la política antirural se plasma en el cierre de centros de salud y escuelas. Las necesidades de transporte público rural son ignoradas, priorizando la conexión entre ciudades a alta velocidad mientras se cierran las líneas de tren tradicional que permitían una mejor movilidad a la población rural.
SE IMPONE LA REVOLUCIÓN VERDE
A pesar de toda esa política antirural, el proceso de re-ruralización, especialmente por gente joven, avanza, queremos vivir bien y ser útiles, y la alimentación es una necesidad básica que no podemos dejar en manos de unas pocas multinacionales que provocan hambre y sobrepeso, problemas cardiovasculares y cáncer.
Lo que yo no sabía es que la administración de justicia también es antirural, o al menos en mi caso así me lo parece. A mediados del año 2012 okupé una granja que desde hacía diez años estaba abandonada, propiedad de una agencia inmobiliaria y que tras un reciente proceso de ejecución hipotecaria, ahora es propiedad de Caixabank, que ha solicitado su posesión al Juzgado. Son complicadas de explicar las dificultades judiciales que en esta situación tengo para defenderme pero les resumo que el sentimiento es claro: la justicia, si existe, va por asfalto. En definitiva, Caixabank me quiere echar, -es un desalojo rural- y yo me quiero quedar. Pero lo que bien me sorprende es que mientras tanto, Caixabank presume de promover soluciones para el campo.
SOLUCIONES BANCARIAS PARA EL CAMPO
Tras una mesa, sonrientes con sus plumas en la mano, veo fotografiados en los periódicos a Isidre Fainé, presidente de Caixabank, y Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, con corbata y reloj caro, en el acto de firma de un acuerdo por el que Caixabank establece "líneas preferentes de financiación (lo de "preferentes" ya suena mal...) para el sector agroalimentario con la finalidad de impulsar su innovación tecnológica".
La verdad es que yo no necesito una ordeñadora ni el grupo electrógeno que haría falta para hacerla funcionar a gasolina. Lo que verdaderamente necesito es tierra y que me dejen en paz. Tierra y libertad.
Caixabank también se presta, en el acuerdo firmado el pasado 5 de febrero, a gestionar y anticipar las ayudas al sector, entre ellas la PAC (Política Agraria Común), que ha resultado estupenda para el campo: en 1994 existían en España 140.000 pequeñas granjas, hoy son 20.000, es decir, ¡ha cerrado una media de 16 granjas al día en los últimos 20 años! Ya digo, yo me apaño bien ordeñando las cabras a mano, pero no puedo aprobar que los mayores beneficiarios de la PAC en España sean empresas como Ebro Foods, Mercadona, Nestlé, Campofrío o Leche Pascual y terratenientes como la Duquesa de Alba, la familia Domecq o la propia esposa del ministro Cañete. ¿Qué ocurrirá antes, que Caixabank les anticipe sus ayudas de la PAC o que Caixabank me desaloje?