Las demandas presentadas al gobierno nacional, y las movilizaciones que por momentos llegaron a tener el carácter de un levantamiento popular demuestran que no se trata de un descontento coyuntural, sino que, por el contrario, es el resultado de problemas estructurales relacionados con el modelo productivo, el sistema político y la propiedad de la tierra, conflictos que se han intensificado especialmente en los últimos años a partir de la entrada en vigencia en 2011 del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Canadá y en 2012 con Estados Unidos. Esta situación presenta una clara perspectiva de los posibles impactos del TLC con la Unión Europea, que se implementó provisionalmente a partir de julio de 2013.

LA COMBINACIÓN DE FACTORES ESTRUCTURALES DETRÁS DE LAS CRISIS Y LAS RESISTENCIAS

Históricamente ha existido una profunda concentración de la tierra en Colombia, que se exacerbó durante los últimos años por una contrarreforma agraria que, a través de la acción paramilitar, agenciada con mayor rigor entre los años 2002 y 2010, desplazó a 4 millones de personas de sus territorios, y despojó a sangre y fuego, 8 millones de hectáreas en las que ahora se imponen los principales megaproyectos de empresas trasnacionales y privadas nacionales. De acuerdo con datos oficiales, en los años 50 cerca del 55% de los propietarios tenían menos de 10 hectáreas y ocupaban alrededor de 7% de la superficie del país; en 2010 la situación es aún peor, el 77.6% de los propietarios posee el 13,7% de la tierra.

La política agraria en Colombia ha privilegiado la producción agroindustrial frente a la campesina, a través de subsidios y promociones a los grandes poderes industriales del agro, lo que a su vez ha favorecido el acaparamiento de tierras por parte de capitales transnacionales. La producción agrícola se enfrenta a una de las mayores crisis en los últimos años, ante el incremento de las importaciones a bajos precios con los que no puede competir la producción nacional. En consecuencia, las y los productores campesinos han solicitado al gobierno políticas de protección a la producción interna, subsidios y control de precios tanto de los insumos como de los productos finales.

De la misma manera, y en directa relación con las complejidades antes presentadas, la política minero–energética del gobierno Santos, que promueve proyectos extractivos a través de incentivos y medidas de protección a la inversión extranjera, y que se garantizó con el despojo legal y violento de los años anteriores a su mandato y cuando él ejercía como ministro de defensa, ha tenido una férrea oposición por parte de las comunidades, organizaciones y movimientos territoriales.

Aunque el gobierno ha pretendido presentar esta política como una de las locomotoras del desarrollo y la gran innovación económica para el país, el empobrecimiento de las zonas mineras, los conflictos ambientales y los desplazamientos forzados enfrentados por las poblaciones aledañas a las zonas de influencia de estos emprendimientos hablan por sí mismos.

La política minero – energética actual en Colombia desconoce la vocación productiva del país, ejerce presión sobre los ecosistemas esenciales que regulan el ciclo hidrológico y atenta contra los principios constitucionales que instan a la garantía de un ambiente sano.

En este contexto, la combinación de las políticas minero-energética, de restitución de tierras y agraria han ocasionado una crisis en el sector rural que se expresa también en diferentes sectores de la estructura social y económica colombiana, que se convierte en elemento de agudización del conflicto social, político y económico y se suma a la ya precaria situación del agro y la tenencia de la tierra en Colombia. Los Tratados de Libre Comercio y la agudización del conflicto social. La estructura productiva de Colombia se ha basado históricamente en la producción de bienes primarios, principalmente para la exportación. En ese sentido, los productos que tradicionalmente impulsaron la economía colombiana eran el café y sus derivados, mayor producto de exportación hasta los años 90. Igualmente, la producción para la exportación de petróleo, carbón y banano ocuparon un lugar central en la matriz productiva del país.

Si bien se presentó un desarrollo de industria manufacturera y de industria liviana entre los años 50 y 80, ligado a las élites productoras de café, el crecimiento de la producción industrial se detuvo a partir de los años 90, con la implantación de políticas de liberalización comercial, que ocasionaron un proceso de desindustrialización, con el consecuente deterioro de las condiciones de trabajo e incremento del desempleo y la mayor dependencia del mercado interno frente a las importaciones tanto de bienes de capital como de consumo.

Así, la década del 2000 culminó con una economía reprimarizada, entendida como una nueva explosión de la agricultura exportadora de recursos naturales usando mano de obra barata, lo que intensificaba los problemas sociales y la desigualdad históricos. En este contexto, el gobierno de Álvaro Uribe, y posteriormente de Juan Manuel Santos, negoció TLCs con diferentes bloques de países, en los que la regla general fue la asimetría entre las economías de los países. Negoció, por ejemplo con Estados Unidos, Canadá, EFTA y la Unión Europea, y actualmente está negociando, entre otros, con la Alianza del Pacífico, Corea del Sur e Israel.

Un año después de la implementación del TLC con Estados Unidos y dos años después de la del acuerdo con Canadá, es posible identificar algunos de los perdedores del modelo que se impulsa a través de estos acuerdos. Son precisamente quienes han iniciado una de las más grandes protestas en las dos últimas décadas en Colombia, bajo la denominación de Paro Nacional Agrario y popular.

LAS SEMILLAS Y EL PARO NACIONAL AGRARIO

A pesar de que se presentaba el TLC como la oportunidad para incrementar las exportaciones de bienes agrícolas que tradicionalmente se habían producido en el país, el sector rural se enfrenta a una de las mayores crisis en los últimos años, ante el incremento de las importaciones de productos agrícolas a bajos precios, generando una situación de desigualdad y desequilibrio en la cual no puede competir la producción nacional. Los productores de café, papa, frutas, leche, arroz y hortalizas han sido los más afectados. Se trata de productos esenciales en la canasta colombiana, lo que implica que hay cada vez una mayor dependencia del comercio exterior para garantizar la provisión de comida en el país.

Uno de los temas más polémicos en la negociación de los TLCs en Colombia está relacionado con las llamadas medidas sanitarias y fitosanitarias, que reglamentan las condiciones de salubridad para la producción y exportación de bienes agrícolas. En seguimiento a los acuerdos en esta materia, el gobierno nacional promovió el decreto 9.70 que reglamenta el uso de semillas y prohíbe la reutilización de las provenientes de cosechas anteriores por parte de las y los agricultores, y los obliga a comprar semillas certificadas (normalmente producidas por corporaciones agroindustriales), con sanciones que pueden llegar a la privación de la libertad para quienes incumplan dicha ley.

CONCLUSIONES Y PROYECCIONES

La política de desagrarización del campo para permitir la entrada de productos extranjeros y la territorialización del capital trasnacional ha generado conflictos e impactos contundentes para la población campesina. Esto, combinado con la política minero – energética y los conflictos que genera con el despojo territorial que le es correlativa, lleva a un escenario de malestar social, de presión en los territorios, violación sistemática de los derechos y precarización de las condiciones de vida de la población étnica y campesina.

Vale la pena señalar que las movilizaciones agrarias y populares dan cuenta de un doble movimiento que se registra en la sociedad colombiana. Por una parte, la visibilización del campesinado para sectores urbanos y para capas de la sociedad que nuevamente comprenden la importancia del sector respecto a la garantía de la vida en el país. Al mismo tiempo y como la otra cara de la misma moneda, la comprensión por parte del campesinado de ser sujeto político con el derecho a defender la soberanía alimentaria, los controles territoriales que la garantizan, y con la capacidad de desplegar poder en relaciones que históricamente han sido controladas por los terratenientes, las burguesías y las élites nacionales.