Samuel ORTIZ
No sorprende a nadie este posicionamiento cuando se afirma que las cooperativas, y particularmente las cooperativas agroalimentarias, representan una gran contradicción dentro del modo de producción capitalista ya que proponen un modelo de organización del trabajo basado en unos valores y principios diferenciales, la cooperación, la solidaridad, el compromiso y la democracia participativa, pero que nacen y evolucionan dentro de un sistema altamente competitivo y egoísta, individualista y con excesivas carencias democráticas. A partir de esta existencia contradictoria inherente a las mismas, debe partir el análisis crítico sobre las cooperativas.
Cuando se habla de cooperativas agrarias stricto sensu como sociedades empresariales dedicadas a la actividad agroalimentaria, es preciso ir más allá de los principios y valores cooperativos para establecer seguidamente una introductoria reflexión acerca de su praxis cooperativa. La simple creación o constitución de una cooperativa no garantiza la existencia real de un trabajo cooperativo o la organización del trabajo de forma cooperativa. De igual manera, el trabajo cooperativo no se ejerce únicamente a través de las cooperativas.
INTEGRACIÓN DE COOPERATIVAS ¿PARA QUÉ?
La Ley de Integración Cooperativa responde a una fuerte demanda por parte de Cooperativas Agroalimentarias, organización de carácter confederal que integra al movimiento cooperativo agrario en el Estado español, desde una perspectiva expresamente de mercado. La Ley, por tanto, está destinada a aquellas cooperativas con una explícita vocación mercantil.
En el Estado español existe una gran atomización y dispersión de cooperativas agrarias con una reducida capacidad de producción a nivel particular, muchas de ellas con dificultades de autosustento. Esta realidad las hace muy vulnerables frente a los procesos de concentración de la Gran Distribución y de la transnacionalización de la producción en el ámbito de la lógica capitalista. En consecuencia, dicha Ley responde claramente a las exigencias del sector empresarial cooperativo dedicado a la producción agroalimentaria con la finalidad de lograr ser más competitivos, rentables y adaptarse a las exigencias del mercado, especialmente en la esfera de la comercialización y la concentración de la oferta.
Para este propósito, las empresas cooperativas llevan solicitando durante años un amparo legal que permita continuar y consolidar su camino hacia la creación de macrocooperativas, donde, y esta es nuestra preocupación, la contradicción histórica entre el interés del capital y del trabajo se decanta definitivamente por el primero. Esta Ley trata de reforzar el proceso de concentración empresarial y de transnacionalización de la actividad cooperativa agroalimentaria reproduciendo dinámicas que corresponden a la lógica propia del sistema capitalista.
La histórica cooperativa Fagor Electrodomésticos integrada en la Corporación Cooperativa Mondragón se ha visto dagnificada por la carrera competitiva y el crecimiento ilimitado empresarial que le llevó hace años a deslocalizar su producción hacia países como China, Marruecos o Polonia. Esta vez los mecanismos de solidaridad cooperativa de Mondragón no han funcionado y el compromiso con el trabajo y el bienestar de las personas trabajadoras antes que con los intereses privados del capital se ha evaporado.
Crecer y crecer y crecer… para caer desde más alto
SUBVENCIONES CON PRIORIDADES CAPRICHOSAS
La Ley promueve la creación de una nueva figura denominada Entidades Asociativas Prioritarias (EAPs). Las EAPs están constituidas por cooperativas (de primero o ulterior grado), grupos cooperativos, Organizaciones de Productores (OPs), Sociedades Agrarias de Transformación (SATs), o bien otras entidades civiles o mercantiles siempre y cuando más del 50% de su capital corresponda a una cooperativa, OP o SAT. Al mismo tiempo se establecen distintos criterios para integrar a productores agrarios en estas entidades prioritarias. Los productores y/o agricultores que formen parte de las mismas deberán responder a la dinámica de producción agraria destinada principalmente a las 'necesidades del mercado', cuyo compromiso y producción ha de ser total y completo. Estas estrategias prioritarias de producción agroalimentaria promueven, mediante ayudas económicas y de financiación, el establecimiento de aquellos llamados "empresarios agrícolas", en contra, por supuesto, de la pequeña agricultura, la tradicional agricultura campesina y familiar.
De modo que la Ley establece unas prioridades que son excesivamente caprichosas, y para ello se adoptan una serie de criterios en el ámbito de las subvenciones públicas, a todas las escalas, con mención especial para la nueva PAC. Las subvenciones y ayudas económicas prefieren grandes cooperativas, cooperativas de alta capacidad comercial, de elevada concentración productiva y para ello obligan a obtener unos valores mínimos comerciales que otorgue el derecho a recibir estas ayudas. Las subvenciones prefieren que el ámbito de acción de las cooperativas sea supra-autonómico, es decir, grandes cooperativas con una alta capacidad de concentración de oferta y con una clara vocación comercializadora alejadas de su compromiso territorial, olvidándose de lo cercano, de lo local, del arraigo territorial histórico del cooperativismo y del asociacionismo en el campo.
En esta dinámica mercantil el compromiso por la comunidad y por el territorio ya no es necesaria, de modo que estas 'Cooperativas Prioritarias' obtienen líneas preferenciales de financiación y de inversión para la comercialización e internacionalización de su actividad. Para ver cómo evoluciona la materialización de toda esta apuesta mercantil de las cooperativas agroalimentarias en el Estado español habrá que seguir de cerca el inminente Plan Estatal de Integración Asociativa, todavía por configurar.
La Ley es coherente con la dinámica mercantil de una gran parte de las cooperativas agrarias integradas en la lógica capitalista. Y esta coherencia queda reflejada en el discurso de las mismas, un discurso monótono que aboga por la competitividad, rentabilidad, concentración empresarial, la unión de intereses de mercado, las necesidades del mercado, la comercialización internacional y las exportaciones, los nuevos mercados, etcétera, etcétera, etcétera.
En definitiva, la Ley de Integración de Cooperativas y otras entidades asociativas del sector agroalimentario supone la materialización de un modelo concreto de sociedad y de una determinada función de la actividad agroalimentaria; una agricultura destinada a los caprichos del mercado capitalista. Esta Ley es parte y fruto de una vuelta de tuerca más en el gran complejo agroalimentario donde una gran parte de las cooperativas agrarias, en su devenir histórico y contradictorio, continúan en la senda de la capitalización de la agricultura y el desarraigo social del trabajo en el campo como forma de vida. ¿Dónde quedan los principios iniciales del cooperativismo?
TRABAJO COOPERATIVO INTEGRAL PARA UNA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Una cosa es la integración de las cooperativas agroalimentarias mercantiles y otra cosa bien distinta es la integridad del trabajo cooperativo en la construcción de una soberanía alimentaria.
Desde la concepción de una soberanía alimentaria, es precisa la práctica de un trabajo cooperativo real, comprometido y transformador, de una educación cooperativa y de una integridad de trabajos colectivos a diferentes escalas, junto con la inter-cooperación entre territorios.
La integración de empresas cooperativas recorre otros derroteros y caminos que se alejan cada vez más de una lucha por la transformación de la sociedad, por el cambio en la noción del trabajo, principal fuente de riqueza de la humanidad.
Dinámicas muy distintas son, en cambio, aquellas impulsadas por las cooperativas de movimientos sociales del campo y las Cooperativas Integrales, comprometidas con una revalorización del trabajo del campo y en el campo, con la práctica local, con la producción cercana, con la producción agroecológica, el policultivo y la diversificación productiva; cooperativas y asociaciones comprometidas con un consumo responsable y politizado, un consumo de productos naturales, cercanos y de temporada, sanos y de calidad, junto con el establecimiento de circuitos cortos de distribución, mercados locales y de intercambios directos. Cooperativas comprometidas socialmente con el reconocimiento de una vida digna en el campo, con la agricultura campesina como sustento familiar en el medio rural, y como instrumento también de organización social en las zonas urbanas.
En suma, el reto de los movimientos sociales del campo (movimientos campesinos) se encuentra históricamente en la organización y materialización de un verdadero trabajo cooperativo (rural y urbano), sobre todo en la esfera de la producción, así como la constitución de redes de inter-cooperación en la producción campesina, la distribución y el consumo entre distintos territorios. Es decir, una soberanía alimentaria en cuya raíz quede establecida la práctica real de una cooperación y la ayuda mutua cotidiana entre personas, entre colectivos, comunidades y territorios, superando el modelo patriarcal hacia la equidad de género. Esta realidad también existe y precisa de caminantes.
Grupo de Investigación en Cooperativismo, Desarrollo Rural y Emprendimientos Solidarios en la Unión Europea y Latinoamérica de la Universidad de Alicante.