M.ª Ángeles FERNÁNDEZ y J. MARCOS (textos y fotos)

Sentado en el porche de su casa, Miguel Sánchez López, presidente del COCODE (Consejo Comunitario de Desarrollo) de la comunidad Pajales Sector Sis, alza la mirada y solo ve plantaciones de caña azúcar allí donde antes corría el río Sis. El agua sigue pasando cerca, pero desde que fue desviada ya nada es igual. Todo ha ido a peor.

Los fuertes olores se meten en la cabeza para no salir hasta que se abandona el lugar, y eso que es temporada de lluvias, cuando mejor ambiente se respira, asegura Sánchez, que aclara de un plumazo el hedor: «El agua negra que desecha el ingenio azucarero pasa por medio de la comunidad». Moscas y zancudos revolotean a puñados alrededor de sus frases, pero la mayor preocupación de las cerca de 70 familias que viven en esta comunidad es la decadente situación de los gaviones, unas barreras rellenas de piedras que se construyeron al desviar el río para sostener la tierra y que están a punto de colapsar.

Para llegar a estos terrenos hay que adentrarse en la Guatemala profunda, teóricamente más de tres horas de viaje en dirección oeste desde la capital, con mucha probabilidad el doble por el pesado tráfico que sufre buena parte del país centroamericano. Es la zona conocida como la Costa Sur, donde la ciudadanía vive entre inmensas plantaciones de caña de azúcar. En el municipio San Andrés Villa Seca, departamento de Retalhuleu, las instalaciones industriales dedicadas a la molienda y procesamiento de la caña de azúcar Tululá y El Pilar rodean a la gente de Pajales Sector Sis.

«Engañaron a la población diciéndoles que iba a pasar agua limpia y que todo esto no tenía riesgo», explica entre insectos voladores el presidente del COCODE, quien recuerda que llevan años denunciando el problema. «El río nos los desvía porque tienen una gran laguneta donde acaparan toda el agua, mientras acá en el verano la pobre gente ya solo hace pocitos para lavar porque no hay agua. Nosotros tenemos prestado lo que nos da Pajales, una hora y 40 minutos al día de agua; eso nos sirve, aunque sea para tomar algo, pero para lavar trastes y ropa todos van al Sis, que está contaminado», continúa.

Miguel Sánchez fue extorsionado y recibió amenazas de muerte apenas unos días después de compartir su historia y la de su comunidad; así lo denunció la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala (Redsag). «Las grandes fincas tienen el poder de incidir sobre el Ministerio Público y sobre el sistema de justicia para perseguir a dirigentes y defensoras y defensores de derechos. En la medida que las comunidades se organizan, se activa la persecución judicial que desgasta a las personas y genera miedo en otros sectores de las comunidades», explica por correo electrónico el periodista y escritor Andrés Cabanas.

Apenas a unos metros de la casa del presidente del COCODE, dos mujeres con sus criaturas están metidas de cuerpo entero en el escaso caudal que corre. Una de ellas lava los cacharros para cocinar y comer, mientras la otra hace lo que puede con varias prendas de ropa; las niñas y los niños chapotean. A su frente, un poco más arriba, los gaviones parecen a punto de darse definitivamente por vencidos y caer al río a plomo. «El ingenio El Pilar no se hace responsable de lo que construyeron hace 10 años», continúa Sánchez. El miedo es que cuando acaben de vencerse completamente sobre el cauce provoquen el desbordamiento y que el agua arrase la comunidad. El ingenio El Pilar no ha contestado a las reiteradas preguntas de este medio.

«Yo no estoy contra el ingenio ni contra su desarrollo, pero el daño que nos hacen es bastante, con las fumigaciones aéreas, con los malos olores; todo esto es contaminante para nuestra salud», explica Sánchez, mientras su hijo entra y sale de la casa entre sorprendido y curioso por la presencia de personas extranjeras a la puerta de su vivienda.

Las tenues ráfagas de aire caliente y pegajoso empeoran un fétido olor que, repiten, en época de verano llega a ser insoportable. «Estas empresas nos están matando». Toma la palabra Abelino Mejía, de la junta directiva del Consejo de Comunidades de la Vida y el Territorio de Champerico -Retalhuleu. Está amenazado y criminalizado por su defensa del agua desde 2018: «No es justo que para que lleven sus productos para allá nos estén destruyendo a nosotros acá. Aquí la prioridad es la vida, y el agua es vida», añade.

Alternativas al imperio del azúcar

Guatemala es el sexto productor mundial de azúcar, el cuarto bien más exportado en el país en 2020 y uno de los principales motores de la economía del Estado centroamericano, según datos de la Asociación de Azucareros de Guatemala, que tampoco ha respondido a este medio. El año pasado entraron por esta vía 520 millones de dólares, una cifra similar en euros. Los números son grandes, pero el negocio lo acapara un puñado de empresas con ramificaciones en otros negocios y esferas de poder, compañías frecuentes en paraísos fiscales, como ha detallado una investigación periodística. «El desarrollo no es para las comunidades, es para el que tiene la caña, para los terratenientes», insiste Mejía.

La zona de la Costa Sur es un desierto verde. Regada por ríos que llevan cada vez menos agua, incluso que se secan en verano, la caña de azúcar ha colonizado el territorio. Pero siempre hay oasis, aunque haya que buscar mucho y, en este caso, acercarse a comunidades conectadas por caminos bacheados de tierra. «Trabajamos con todas las dificultades del mundo, me han amenazado, no he podido dormir en mi casa, mi familia también ha tenido que salir, pero hemos logrado retirar del área [total afectada] de Champerico diez fincas», adelanta satisfecho Abelino Mejía. El ahora líder comunitario trabajó en uno de estos ingenios en los que, denuncia, las condiciones laborales son deplorables.

El Bolas antes era un río maravilloso en el que la gente iba a pescar, cuentan en la comunidad 20 de octubre. «Con los cañeros arribita no hay agua en verano, apenas charquitos que están contaminados, y en invierno viene con lodo porque la caña no para», cuenta Reina López, integrante de una asociación vecinal que busca alternativas a los monocultivos, con el horizonte de la soberanía alimentaria.

El calor aprieta y la humedad no se esconde. Un grupo de mujeres se reúne en un porche para contar cómo ha cambiado su vida. «La gente que sigue usando el río tiene manchas y ronchas», continúa López. Los problemas de salud inician la conversación; Adán de León, uno de los pocos hombres que participan en la asociación, insiste en la falta de drenajes y sanitarios en la colonia, lo que provoca que el agua sucia se estanque. La malnutrición y el hambre centran el diálogo. Guatemala es el sexto país del mundo con peores índices de malnutrición infantil, según Unicef, un porcentaje que en algunas zonas alcanza al 80 % de la infancia.

«El Gobierno dice que combate el hambre, pero ¿cómo?, si no tenemos dónde sembrar, no tenemos tierra. Pedimos víveres, pedimos trabajar, pero no hay dónde. Hay tierras, pero los ricos las tienen agarradas». Adán de León tiene una edad avanzada, su piel, su rostro, su mirada, sus manos, su cuerpo lo confirman. «Esto es un lugar tranquilo y de paz, pero estamos padeciendo el hambre. Nuestra situación es crítica», clama quien en su día vivió de armar redes de trasmallo, solo que ahora casi no hay pesca. En la comunidad 20 de octubre han fallecido criaturas por malnutrición.

Abelino Mejía, que se conoce bien la zona porque es también de una comunidad de Champerico, recuerda que antes había muchos pescadores artesanales, sobre todo de almejas, pero con la desaparición de los mangles «ya no hay almejas ni cangrejos ni pescado; antes era más fácil alimentarse».

El esposo de Zuli Cabrera es pescador de camarones, pero tampoco ya los hay: «Con las fumigaciones de las avionetas desapareció el manglar y eso también daña a los árboles frutales y a la comunidad. Tampoco hay peces porque el agua del río la usan para los monocultivos». Enfrente del porche que sirve de sala de reuniones, Reina López tiene un huerto ecológico que da alimentos para la familia y para vender un poco a las vecinas, «barato y limpio».

Ley de biodiversidad

Guatemala es uno los 21 países del mundo catalogados como megadiversos, por lo que está hace años en la vista de las empresas de transgénicos. En 2014, tres días después de que se aprobara la llamada ley Monsanto, las movilizaciones ciudadanas tumbaron la normativa. La lucha por la soberanía alimentaria es clave en el Consejo de Comunidades que lidera Mejía. Acompaña la visita David Paredes, de la Redsag, una organización que aglutina a unos 60 colectivos y que nació en 2004 para defender y reconstruir la soberanía alimentaria en Guatemala. «Que cada país tenga para hacer sus productos evitaría este monopolio que tenemos», explica la cara visible del Consejo de Comunidades.

Desde la Redsag entienden la soberanía alimentaria como la defensa de la tierra, del territorio, del agua, de las semillas y de los bosques, teniendo en cuenta la cosmovisión de los pueblos originarios. Promueven el intercambio de conocimientos entre agricultores y productoras, y acompañan a defensores y defensoras. Entre sus últimas acciones está la promoción de la ley de biodiversidad y conocimientos ancestrales, conocida como #Iniciativa6086, elaborada de forma colectiva durante cinco años. «Pretende proteger la biodiversidad, sobre todo las semillas nativas, prohíbe el ingreso de los transgénicos en el país y también la apropiación indebida», explica Paredes.

Desde 2018, opera el reglamento de organismos vivos modificados para usos agropecuarios, que se introdujo a través de una instancia aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador. Según el experto de la Redsag, se están haciendo experimentos de lo que llaman ahora edición genética. La organización denunció a finales de agosto que CropLife Latinoamérica, la organización gremial a la que pertenecen las grandes transnacionales de semillas, ha confesado que Guatemala se encuentra en ensayos de validación para aprobar el maíz biotecnológico. «Rechazamos los intentos de patentización y privatización de las semillas nativas y criollas, especialmente nuestro maíz», dice la red.

«Se han violado los derechos de los pueblos porque no han sido consultados en ningún momento para usar esas semillas, esas variedades nativas que son propiedad de los pueblos, porque ellos las han evolucionado hasta lo que son hoy», continúa explicando Paredes. Por eso, además de la propuesta legislativa presentada en el Congreso, la Redsag trabaja con alcaldías indígenas de varios territorios mayas para que apliquen artículos de la propuesta legislativa. «Estamos dialogando, dando a conocer la iniciativa y que ellos establezcan rutas por las que por lo menos empiece a haber esas prácticas. Que si un agricultor ahorita usa ocho quintales de pesticidas que le baje a seis, y dar talleres de agroecología», relata el integrante de la red.

Existe, según Paredes, una vinculación directa entre los intentos de los transgénicos por operar en el país y los monocultivos, un sistema opuesto a la forma tradicional de agricultura, la milpa, un sistema ancestral que conjuga cultivos como el maíz, el frijol, el chile y otras hierbas, evitando así las plagas. «Y los monocultivos son lo contrario, el glifosato se usa en la caña y en la palma y hemos visto cómo contaminan las aguas y matan los suelos. Además de que acaparan tierras y necesitan agua en grandes cantidades. Como necesitan tierras, empiezan a generar políticas para despojar la tierra de los campesinos. Porque hay comunidades que están en medio de la caña y para ellos es molesto, entonces empiezan sus procesos y operaciones psicológicas, persecuciones y acosos», cuenta David Paredes.

«Defender la biodiversidad no es un delito», manifestó Abelino Mejías nada más salir de una audiencia a finales de septiembre, por el proceso de criminalización que sufre desde 2018.

M.ª Ángeles Fernández y J. Marcos

desplazados.org