Lluís Pascual | La Directa

  Traducción del artículo originalmente publicado en La Directa (en català)

Una de las imágenes de la campaña de promoción del Proyecto Iberá

En la zona nordeste de Argentina, en el sur del trazado del río Paraná, se encuentra una de las zonas húmedas más grandes del mundo: los Esteros del Iberá. Situado en medio de la provincia de Corrientes, con más de 12.000 kilómetros cuadrados de extensión, constituye la segunda reserva de agua dulce más grande de América, donde se desarrolla un ecosistema diverso de gran valor ambiental. Este ha sido el escenario donde el empresario Douglas Tompkins, propietario de las multinacionales Esprit y The North Face, lanzó el ambicioso Proyecto Iberá a través de la fundación Conservation Land Trust (CLT), actualmente reconvertida en Rewilding Argentina. El objetivo es la creación de una gran reserva natural pionera en proyectos de renaturalización. Durante la ejecución tuvo un papel destacado el biólogo valenciano Ignacio Jiménez, impulsor del proyecto Maestrazgo-Els Ports. Pese a la muerte del magnate en 2015, este proyecto continúa en ejecución, con su mujer Kristine al frente y la colaboración del gobierno argentino. La reserva fue declarada parque nacional en 2018, cumpliendo un acuerdo que incluía la donación de las tierras al Estado.

Paralelamente a la historia de Tompkins discurre la de las pobladoras del Iberá, mayoritariamente comunidades indígenas guaraníes, que en muchos casos se han visto forzadas a marchar o a transformar sus usos del territorio. «No había acuerdo ni plan estratégico con el Estado, sino que todo era parte de su propio proyecto», así recuerda Cristian Piriz, miembro de la organización Guardianes del Iberá, la falta de garantías sobre la propuesta inicial de Tompkins. Emilio Spataro, miembro fundador de la organización, va más allá y denuncia que el objetivo era tomar el control político del territorio: «Las tierras que ellos compran no son un bloque continuo, están en lugares estratégicos. Una vez consolidados, empiezan a generar modificaciones de las políticas locales».

La historia de Jahaveré

Las comunidades asentadas ven peligrar su libre desplazamiento por el territorio para ir a recoger leña y paja colorada, recolectar miel, cazar o pescar. A la vez se han visto inmersas en varias luchas, no tan solo contra CLT, sino también contra la explotación de sus recursos hídricos por parte de proyectos agroindustriales, de ganadería intensiva o de plantación industrial de árboles.

Una de las principales protagonistas es Jahaveré, la primera comunidad guaraní de esta provincia reconocida a escala nacional en 2013. «A pesar de que el 90% de la población hable guaraní, no existían comunidades guaraníes reconocidas. Nosotros seríamos el primer peldaño», explica Miriam kuña pya guasu Sotelo, militante de la Federación Campesina Guaraní de Corrientes y representante provincial en el Consejo de Participación Indígena. La comunidad reclama que se les reconozcan los territorios que se encuentren detrás las alambradas de la finca El Tránsito, adquirida por CLT. Allí se encuentran casas de pobladores, zonas de pasto, tacuarales (cañaverales) e incluso el cementerio de la comunidad, actualmente inaccesible. También piden recuperar el paso Mbigua, camino ancestral de acceso al paraje reconvertido en un callejón rodeado de alambres.

Las prácticas de la fundación de Tompkins difieren en cada zona de Iberá. En el caso de Jahaveré, CLT tuvo una relación inicial de colaboración con la comunidad. Incluso se implicó a favor de la comunidad en el conflicto con la empresa ganadera Haciendas San Eugenio por la construcción de un gran terraplén y posteriormente la apropiación de tierras de la comunidad. CLT les proporcionaba recursos y la atención de un abogado. Incluso Miriam estuvo trabajando para la fundación como locutora de radio en un proyecto de educación ambiental: «Para mí, todo era bueno, lo que ellos hacían. Trabajé entre cuatro y cinco años con ellos, hasta el año 2010». Pero la buena relación se interrumpió. En 2010 el proyecto de educación ambiental en el que trabajaba Miriam se había desmantelado. Solo quedaba ella en su departamento cuando se produjo un hecho determinante para su dimisión. «Ese año, la fundación incendia la casa del poblador Roberto Veron, en la isla Lumero, vecina de Jahaveré por el sur», explica con dolor Miriam. En la comunidad se oían historias parecidas en otros lugares de Iberá poco comunicados, pero no se las podían creer. «Había lugares donde no había comunidad, había una persona en una isla y otra persona en otra zona, pero no varias familias. Entonces, fueron cogiendo los más débiles», lamenta.

Unos meses más tarde de la renuncia de Miriam, Sofia Heinonen, coordinadora de CLT, dio la orden de encerrar el ganado de la comunidad que se encontraba en sus tierras. «Ahí nos dimos cuenta de que ellos siempre nos habían vendido el cuento de que el campo sería nuestro. Nos usaron», denuncia la pobladora. Tompkins en persona les había prometido que siempre podrían hacer uso de las tierras. A partir de ahí comienzan un proceso de lucha para recuperar las tierras. Durante este tiempo, consiguen el reconocimiento estatal y establecen alianzas con organizaciones ambientales. Este empoderamiento les trae otra sorpresa al consultar el expediente judicial del conflicto con Haciendas San Eugenio. CLT no solo les facilitaba a ellas un abogado, sino que a la vez financiaba al abogado de Haciendas San Eugenio. Denuncian que todo había sido una jugada de la fundación para mantener el conflicto latente y ganarse el favor de la comunidad.

Los incidentes y las presiones a pobladoras aisladas fueron la tónica general durante la etapa de compra de tierras y establecimiento en el territorio. «En mi pueblo se hablaba de que habían sucedido hechos confusos sobre pobladores que habían abandonado sus casas en la zona de Carambola por presiones de los gestores de las fincas», explica Piriz. Las acciones eran comandadas por los antiguos propietarios, que habían quedado como gerentes provisionales, muchas veces a cargo de terceros; pero a menudo se advertía la participación de guardaparques de CLT. Los relatos incluyen vuelos rasantes, cierre de ranchos e, incluso, el incendio de una escuela situada dentro de la reserva.

Spataro, de Guardianas del Iberá, que entonces trabajaba para CLT a través de la fundación Banco de Bosques, denuncia que en la etapa posterior, cuando empiezan los proyectos de conservación, se optaba por una nueva estrategia: la presión económica. «Esta estrategia permanente de desposesión la llevaba a cabo Sofia Heinonen, de acuerdo con el criterio de técnicos como Ignacio. Él, en concreto, hacía la caracterización de qué lugares eran óptimos para los proyectos, donde no debía haber gente cerca», declara el activista.

Parques naturales al servicio del extractivismo

«Lo que vemos es una cesión de nuestros territorios y después una instalación de industrias extractivas como la minería o el turismo. Declarar un lugar parque nacional no implica necesariamente que sea preservado de los intereses del avance neoextractivista», considera Carina Jofré, investigadora del CONICET y activista del pueblo warpe. Según esta visión, el gran negocio turístico no sería sino otra manera de extraer beneficio de los recursos patrimoniales.

Con esta mirada es más sencillo entender la fuerte interrelación entre el Proyecto Iberá y las plantaciones industriales de pinos y eucaliptos que rodean la zona, las cuales explotan las reservas de agua en beneficio de la industria maderera. Precisamente fue EVASA, una empresa propiedad de Tompkins, quien introdujo las plantaciones, arrasando pastos declarados zonas de alto interés de conservación por Birdlife y WWF. Posteriormente, fueron adquiridas por la Harvard Management Company. Spataro explica que Tompkins adquirió grandes paquetes de tierras durante la crisis económica argentina de 2001 y después estableció diferentes proyectos empresariales. Según el activista, «no se trata de proyectos de conservación, sino que únicamente se conserva lo que no se puede utilizar para otra cosa. Prima el negocio».

Existen ejemplos similares en todo el territorio argentino, como el parque San Guillermo, donde ya se han establecido más de catorce proyectos mineros alrededor del área protegida. Uno de estos, explotado por Barrick Gold, produjo un gran vertido de cianuro en los ríos de la zona en 2015. Jofré denuncia que detrás de la declaración del parque Aconquija había «un programa para la captación de recursos para la inversión inmobiliaria, que fue denunciado». La historia del país americano nos enseña cómo la declaración de parques naturales puede acontecer una herramienta efectiva para sustraer el control del territorio a sus pobladoras. El asesinato de Rafael Nahuel, defensor de los territorios mapuches, en el interior del parque Nahuel Huarpi en 2017 es un recordatorio desgarrador.

La lucha por el futuro

«Reclamar la consulta libre, previa e informada, exigiendo el derecho que les da vivir en esos territorios», propone Jofré. Esta es la estrategia planteada por las comunidades afectadas por estos proyectos en toda Argentina y toda América Latina. Hace diez años que la comunidad de Jahaveré empezó este camino y su lucha ya da frutos. En septiembre de 2019, Argentina les concedía el título de propiedad comunitaria de las tierras que Haciendas San Eugenio les había arrebatado.

Para la comunidad, la solución al conflicto implica conciliar, con CLT y Parques Nacionales, una fórmula de cogestión que reconozca sus derechos. «Hace falta que CLT reconozca el territorio que nosotros reclamamos como propio, que hoy está en manos de Parques Nacionales», reclama Sotelo, para quien el proceso de donación no ha sido más que un cambio de pagador en las nóminas del parque. A pesar de haber mejorado la relación con Parques Nacionales, la dirección de CLT continúa negándose a una reunión. El abril pasado incluso volvieron a cortar el paso Mbigua, contraviniendo las medidas judiciales establecidas. Aun así, las pobladoras parecen decididas a continuar la lucha hasta el día en que, como ellas reclaman, todas las tierras robadas sean recuperadas.

Lluís Pascual

La Directa

Un reportaje de investigación de Lluís Pascual y Ester Fayos, publicado originalmente en el número 503 de la Directa.

El reportaje se completa con la pieza central que puedes leer en castellano en AraInfo: Territorio vivo contra postales de naturaleza