Caso de estudio de un relato bajo las aguas que se construye entre imposiciones de poder y concesiones opacas

J. MARCOS y M.ª Ángeles FERNÁNDEZ

Jánovas. Foto: J. Marcos y M.ª Ángeles Fernández

El río Ara discurre libre por la provincia de Huesca. Entre 1911 y 2001 pesó sobre sus aguas una sentencia para doblegar su caudal y someterlo a la mordaza de la energía eléctrica. Nunca llegó a ejecutarse ningún proyecto sobre el mayor río virgen del Pirineo, pero las consecuencias sociales de aquella amenaza aún perduran.

«Yo tenía allí todo, estuviera mejor o estuviera peor, son mis raíces y es mi amor». Josefina Muro Morer tiene 85 años y sueña, detrás de una sonrisa enorme que deslumbra esperanza, con volver a Lacort, a su pueblo. «A mí solamente que me lo devuelvan y que podamos llegar», pide. Hoy vecina de Sabiñánigo, a unos 40 kilómetros de su municipio natal, mientras se escriben estas líneas acaba de recibir la carta para poder acceder a la reversión de su casa familiar y de los terrenos que les expropiaron. Todo para construir un pantano que ya no es más que una pesadilla para mucha gente. «Y ¿ahora por qué? ¿Le falta dinero a Endesa? Nosotros les tenemos que dar ahora millones. Que nos lo devuelvan, que es lo único que pedimos. ¡Qué les va a faltar!... Yo tengo una ilusión grandísima... Quiero que me entierren allí», aduce en una conversación llena de recuerdos, a medio camino entre la esperanza y el enfado.

La población de los municipios de Jánovas, Lavelilla y Lacort, 964 personas en total según el censo de 1960, fue expulsada de forma brutal. Ahora sus familias luchan por recuperar en unas condiciones justas aquel patrimonio perdido. «Si todos los pantanos son traumáticos por sus efectos sobre el territorio y la población afectados, más lo serán aquellos que, provocando los mismos efectos, no han producido, a cambio, por las razones que sean, los beneficios que los justificaron», escribe Julio Llamazares en el prólogo del libro Jánovas. Víctimas de un pantano de papel. [1]

El 10 de febrero de 2001, el Boletín Oficial del Estado publicaba lo siguiente: «Este proyecto tendrá impactos adversos significativos sobre el medio ambiente, por lo que el órgano ambiental, a los solos efectos ambientales, no considera pertinente su construcción» [2]. Aquello, aparentemente el fin de 50 años de lucha (fue el 14 de abril de 1951 cuando el BOE publicó la autorización de las obras, dando mención de utilidad pública a Iberduero sobre el valle), supuso en realidad el inicio de un proceso de reversión tan complicado y doloroso como la expropiación, explican varias de las personas entrevistadas.

«Si Iberduero en su día tenía la sartén por el mango, ahora pasa exactamente lo mismo. No hay nadie que quiera enfrentarse a Endesa. Al final, en la reversión están haciendo lo mismo que en la expropiación: aprovechándose de la gente, dándonos precios que en realidad no corresponden, no reconociendo que ha habido un menoscabo y que devuelven ruinas porque nadie quiere meter mano a Endesa, a la que le permiten todo», resume Eva Muñoz Buisán, nieta de uno de los dos últimos matrimonios que resistió en Jánovas los envites de la compañía. Habla de la situación actual de la lucha de Jánovas junto a varios miembros de la otra familia, los Garcés. Emilio Garcés y Francisca Castillo resistieron más de 20 años en su pueblo, hasta 1984. Hoy son las hijas e hijos, así como las nietas y nietos de ambas familias quienes continúan con la lucha por lograr «justicia».

«Estuvimos 22 años en Jánovas. Ya se habían ido todos. Ni había televisión ni nada y aguantamos muy bien», apunta Francisca Castillo desde Campodarbe, el pequeño municipio al que fueron, «engañados», tras la expropiación. Se encontraron con que allí no había nada de lo prometido y cuando volvieron a Jánovas ya habían dinamitado su casa. Hay luchas, como la de Jánovas, que unen tanto como dividen.

Tras la resistencia frente a Iberduero, ahora las nuevas generaciones de familiares se enfrentan a Endesa, empresa propietaria de 2.700 hectáreas y varias decenas de edificaciones expropiadas tras absorber Eléctricas Reunidas de Zaragoza, que a su vez había comprado los derechos de explotación a Iberdrola en 1993. Lo hacen negociando de forma individual, es decir, cada casa necesariamente por su cuenta, sin posibilidad de aunar fuerzas frente a la transnacional italiana Enel, actual propietaria de Endesa. «El dolor humano también se comercia», afirmó al respecto el exdiputado de Unidos Podemos Pedro Arrojo, al llevar el tema al Congreso [3]. «A mí me dan fuerza las figuras que hemos tenido por delante: si mi abuela, Emilio y Paca estuvieron, frente a una dictadura que era mucho más dura, resistiendo con pocos medios y sin el apoyo de nadie, creo que nuestra obligación ya es no una obligación, sino una deuda. Tenemos que saldarla», añade Eva Muñoz.

El eje principal de la lucha es lograr una reversión justa, proceso que comenzó en 2008 y que aún no se ha cerrado [4]. Según relatan diferentes familias afectadas, Endesa les exige elevadas cantidades de dinero por unos terrenos destrozados y unas casas en ruinas. «Mi madre vive con la angustia de decir que no podemos gastar dinero porque si nos devuelven Lacort hay que pagarlo. Es como una sensación de angustia. Tienes que recomprar lo que es tuyo y encima te lo devuelven en un estado cochambroso, pero no puedes decir ‘no lo cojo’. A mi madre la matas», añade Inma Muro, hija de Josefina Muro Morer, mientras recuerda que es «un regalo envenenado», porque, al estar las casas en ruinas, si sucede algún accidente, la responsabilidad recae en las personas propietarias.

Acceder a Lacort y Lavelilla es prácticamente imposible. Desde la carretera se observa la silueta de ambos municipios, pero acercarse a las ruinas de estos pueblos supone caminar por senderos que hace tiempo dejaron de existir, pasto del paso del tiempo; supone esquivar piedras de lo que en otra época fueron hogares; y supone sortear los enganchones de matorrales que pueblan el paraje.

Al otro lado de la carretera y del río Ara, se perciben las ruinas de Jánovas, el municipio más grande de los tres. Acercarse a este rincón de lucha, foco mediático en algunos momentos y lugar de olvido en otros muchos, provoca una sensación extraña: a la ruina de unas casas antaño dinamitadas por la empresa (para evitar que las familias volvieran y amedrentar a las que resistían, según diversos testimonios), se unen hoy las obras de reconstrucción en algunos edificios.

Lo que se proyecta como un hospedaje turístico rural da la bienvenida a un pueblo de calles bien marcadas, de casas esqueléticas de varios pisos, de mucho frío a la sombra y de una luz que deslumbra. Hace ya mucho que el tiempo se paró en Jánovas. El mismo tiempo que hoy se mueve puntualmente a bandazos: algunas obras de adecuación de alcantarillado por aquí, la reconstrucción de lo que fue la escuela por allá, además de la casa de la maestra, de donde desalojaron al alumnado y a la profesora de manera violenta, según cuentan varias crónicas, indican que también hay mucha vida en Jánovas, aunque todavía sea de manera esporádica.

«Endesa los edificios los vende baratos, pues lo que quiere es que compres y asumas la responsabilidad. Lo que no vende tan barato son los terrenos, que están a precio más o menos de mercado», explica Antonio Buisán, vecino de Jánovas y que emigró a Barcelona, mientras hace de anfitrión y muestra la casa donde nació su madre, hoy en ruinas, cerca de un horno rehabilitado. «Las expropiaciones que hizo Iberduero se hicieron con mala fe. Nos echaron con un dinero que no era justo. Hemos sido perjudicados dos veces: cuando se hizo la expropiación y ahora que Endesa primero nos pidió el IPC [Índice de Precios al Consumo] y había que pagar como 30 veces más, aunque luego lo ha rebajado y se habrá quedado en 12 veces o así», añade.

La conversación fluctúa entre la memoria, la identidad, la justicia y la albañilería. «Los recuerdos que tengo de cuando vivía aquí suelen ser buenos, los que ha habido después suelen ser peores»; «esto era un pueblo con mucha vida y con unas praderas preciosas, todo el entorno de alrededor era como un jardín, por todos los cantos de las calles bajaba agua…», finaliza la conversación al pie del río Ara, que hoy circula libre.

Porque hablar de Jánovas no es solo hablar de un pueblo en ruinas, de un paraje espectacular o de un pantano que nunca llegó a ser pantano. Decir ‘Jánovas’ es acordarse de Iberduero (hoy Iberdrola) antes y de Endesa después, ahora bajo el mando de Enel. Es poner encima de la mesa lucha, memoria, arraigo y también desalojo. «Hemos sido desplazados, expulsados, nos han echado de lo que es nuestro y nos han arrancado lo que pertenecía a mi familia», sostiene Inma Muro.

El relato de Endesa es bien diferente. Habla incluso de una actuación «transparente», afirmando que «han sido muchos años de negociaciones y al final se ha alcanzado un acuerdo satisfactorio para todas las partes. Por nuestra parte ya está cerrado el tema», sentencian por teléfono, para después enviar poco más de un folio de explicación del proceso.

Conocedor privilegiado de la firma de la declaración de impacto ambiental negativa por parte de la ministra del Partido Popular Isabel Tocino en su último día en su puesto, asunto que daría para un relato de juegos de poder y traiciones, Pedro Arrojo afirma contundente que «Endesa está racaneando». Y describe algunos «negocios feos» con la reversión: «A ti te doy las obras, a ti te contrato no sé qué, contrato a uno de Jánovas y así tú repartes privilegios; al que sea bueno Endesa le va a dar más dinero, al que sea malo ni agua, ni pan, ni sal. Miserias, miserias, para una empresa como Endesa. Ahora el ingeniero de turno, el que controle esto y aquello, va a generar poder en la zona».

Arrojo, una de las voces más solventes a la hora de hablar de agua, llevó el proceso de reversión al Congreso [5] y se emocionó al relatar las «amenazas y humillaciones» que sufrió la gente de Jánovas y al recordar «el ejemplo de dignidad» de las familias Garcés y Buisán. Critica también el papel de la Administración, «que fue diligente en sacar patadas a la gente y que no está siendo diligente en cómo se lo devuelven y en cómo supervisa para que el proceso no sea abusivo por parte de la empresa concesionaria». Tampoco se olvida del deterioro que han sufrido los bienes públicos: «Ahí había una línea eléctrica, un puente, viarios y alcantarillados… Eso lo está poniendo el Estado limpio para Endesa», lamenta.

‘Menoscabo’. Esta palabra con alto contenido jurídico recogida en la Ley de Expropiación Forzosa [6], que data en origen de la dictadura franquista, retintinea en la cabeza de muchas de las personas afectadas. El Artículo 55.1 recoge que el derecho a la indemnización debe estar actualizado «conforme a la evolución del Índice de Precios al Consumo (IPC)».

Apenas un párrafo después, el Artículo 55.2 reza que «si el bien o el derecho expropiado hubiera (…) sufrido menoscabo de valor, se procederá a una nueva valoración del mismo». «¿Nadie se lo ha leído? ¡Claramente hay menoscabo, se tiraron las casas! y nos devolvieron todo en ruinas. ¿De verdad nadie se ha parado a leer el párrafo siguiente?», reclama Miguel Muro, hijo de Josefina Muro Morer. Cualquier paseo por Lavelilla, Lacort y Jánovas confirma el menoscabo de valor de los bienes expropiados; apenas hay que recordar que muchas de las casas fueron dinamitadas.

«El menoscabo es la desvergüenza», sentencia Teresa Garcés en Campodarbe. «Si yo me quiero hacer la casa me tengo que gastar 300.000 euros que, si estuviera en pie, no me tendría que gastar. Ese es el menoscabo real», calcula a modo de ejemplo su hermano Toni. «Ellos ponen el precio y a unos se las dan a tres pesetas, pero a otros a 500. Es una vergüenza. A mí la única palabra que se me ocurre es ‘humillación’», añade con dureza y un dolor ya enquistado por el paso de los años.

Las personas afectadas apuntan directamente a la Confederación Hidrográfica del Ebro, es decir, a la Administración. La acusan de quedarse en el 55.1 (en el IPC) y no pasar al 55.2 (el menoscabo). «En un papelillo escrito que Endesa elevó a la Confederación, les dijo que querían aplicar el 55.1, aunque, palabras textuales, el valor de mercado era superior aun reconociendo el menoscabo. La Confederación tragó con eso», explica Eva Muñoz, quien repite que cada familia se debe poner de acuerdo con Endesa de manera particular. «Entras a negociar con una mercantil, es un mercadeo absoluto. Si eres ‘amigo de’, igual te rebajan, pero si no, nada. Al final la gente acaba pagando porque son sus tierras y son sus casas. No quieres acabar renunciando a algo que te pertenece, pero en realidad es pasar por el aro», añade.

Las personas consultadas confirman que la carta de reversión llega ya con un precio fijado únicamente por una de las partes. Incluso hay familias que tienen claro que «Endesa no va a negociar. No hay esperanza de que el Jurado Provincial de Expropiación Forzosa de Huesca abarate el precio y lo único que van a conseguir es prolongar la agonía».

Eva Muñoz relata el caso de la familia Buisán: «Fuimos al Jurado de Expropiación Forzosa, que se supone que es imparcial, porque no estábamos de acuerdo. Endesa defiende que son tierras de regadío y, por lo tanto, sube el precio. Y el juez cree a Endesa, que dice en un informe acredita que hay accesos en buen estado, como si Jánovas fuera un pueblo en el que llegas al a puerta de tu casa en coche. Eso sirve para dictaminar que es una finca de regadío, cuando en su día Iberduero hizo la jugada contraria, pidiendo que se bajara la calificación [7] de la finca para pagarles menos a mis abuelos. Pero ahora les interesa lo contrario, que sean de regadío para cobrar más».

Agonía, humillación, vergüenza, injusticia permanente, falta de voluntad política, deuda histórica… Son algunos de los términos que, con diferente tono y énfasis, se repiten en las conversaciones con la población desplazada. Y también la desigualdad de trato, porque existe la sensación unánime de que la empresa siempre ha sido beneficiada. «No nos oirás decir una palabra a favor de Endesa y de la CHE. Nos han humillado, nos han vejado, nos han estafado», sostiene con enfado Toni Garcés.

La Confederación asegura no saber nada y Endesa no opta por el silencio, pero son varias las fuentes que confirman que se va a indemnizar a la multinacional con dinero público por el fin de la concesión. De hecho, el Consejo de Estado reconoce en un dictamen «el derecho a una indemnización económica (aún sin cuantificar) por haberse afectado a la empresa concesionaria por una acción pública fallida» [8]; también se reconoce que Endesa trató de alargar la concesión de explotación de Lafortunada como compensación.

«Le advertí a la presidenta que a Endesa le habían firmado una carta en blanco, mientras que a los vecinos les piden que negocien con la empresa», critica Pedro Arrojo. Toni Garcés resume, con un sentido del humor que dice que le ha ayudado a afrontar tanto dolor, las pretensiones hoy, más de 50 años después de las primeras expropiaciones: «Que los herederos de Jánovas puedan optar a recoger lo que es suyo. Nos arruinaron y nadie se pone en nuestra piel. Queremos que no quede impune». Tanto la familia Garcés como Buisán han llevado su lucha al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y está admitida a trámite.

 J. Marcos y M.ª Ángeles Fernández

  www.desplazados.org/memorias-ahogadas

 

[1] MENJÓN RUIZ, María Sancho: Jánovas: víctimas de un pantano de papel. Jaca: Pirineum, 2006, p. 11.

[2] Ver Ministerio de Medio Ambiente: Resolución de 15 de marzo de 2000, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto del Salto de Jánovas, en la provincia de Huesca, de la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas. Boletín Oficial del Estado n.º 36: 10 feb. 2001. Disponible en: www.boe.es/boe/dias/2001/02/10/pdfs/A05188-05195.pdf.

[3] ARROJO, Pedro: Intervención en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Congreso de los Diputados: 10 abr. 2018 Disponible en: www.youtube.com/watch?v=vtpUmrGSx_0.

[4] Según los datos aportados por la Confederación Hidrográfica del Ebro, a fecha 20 de noviembre de 2018, se han iniciado 123 expedientes, hay 81 resueltos (que representan 613 fincas) y restan 34 por resolver (395 fincas).

[5] La Comisión del Medio Ambiente aprobó una iniciativa para instar al Gobierno el desbloqueo del proceso de reversión de propiedades. Ver Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: Proposición no de Ley relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas. 17 nov. 2016. Congreso de los Diputados. Disponible en: www.congreso.es

[6] Ver Jefatura del Estado: Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa. BOE n.º 351: 17 dic. 1954. Disponible en: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1954-15431.

[7] Toni Garcés confirma esta versión: «Un año antes de la expropiación vinieron desde el catastro de Huesca, porque decían que pagábamos mucho por las tierras. Nos dijeron que, si ponían las de primera de segunda y las de segunda de tercera, pagaríamos la mitad. Al año siguiente llegó la expropiación».

[8] Consejo de Estado: Extinción y reversión a la Administración del Estado de la concesión por Real Orden del 04/07/1927, para el aprovechamiento hidroeléctrico de 12.000 (l/s) de aguas del río Cinqueta, en los términos municipales de Plan, Tella Sin y Salinas de Sin (Huesca). Central de Lafortunada-Cinqueta. Titular: Endesa Generación, S.A. Consejo de Estado. Dictámenes n.º 711/2017: 14 sep. 2017. Disponible en: www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-711.