Ester FAYOS

   Traducción del artículo publicado en la Directa

 

Pepe López, de Sumacàrcer (Ribera Alta), es un hombre de espíritu luchador. Durante más de cincuenta años se ha dedicado a la producción y cosecha de naranjas en el País Valencià y ha contemplado cómo agricultoras y recolectoras sufren, respectivamente, los abusos del mercado y la explotación laboral, a causa de las continuas estafas en la compraventa de fruta y hortalizas y de las vulneraciones del convenio de recolección vigente. Hace un año de la que se calificó como “la peor campaña citrícola de la historia”, cuando las pérdidas ascendieron hasta 130 millones de euros y, de media, se abandonaron seis hectáreas de cultivo cada día. El desequilibrio de precios y las inadmisibles condiciones laborales en el campo continúan poniendo al límite de la supervivencia miles de trabajadores.

López trabaja para una mujer que tiene varios terrenos repartidos por la geografía valenciana. Además, tiene su propio huerto de naranjos. “Me ha gustado mucho trabajar en el campo, porque te lo pasabas bien y, cuando empecé, los precios eran buenos”, recuerda. “Pero, ahora ha cambiado mucho, necesitas producir muchos kilos para obtener un beneficio razonable.” La causa de este bajo nivel de rentabilidad en el campo tiene nombre. Se llama gran distribución y ha provocado que agricultores y agricultoras  obtengan rentas cada vez más bajas por los productos que cultivan, hasta el punto de tener que hacer lo que en el sector se denomina venta a pérdidas, es decir, sin llegar a cubrir los gastos que comporta la producción.
El problema reside en que entre el precio de venta final de las frutas y hortalizas y la cantidad que cobra la labradora por el producto hay una gran diferencia. De hecho, una consumidora puede pagar hasta diez veces más de lo que recibe la productora. Las principales centrales de compra, como Mercadona, Alcampo, Lidl o Carrefour, que forman parte de grandes grupos europeos de distribución, son las que realmente controlan el mercado y las grandes beneficiarias de esta dinámica. “Los agricultores se han convertido en el escalón más bajo y débil de la cadena, por lo tanto, no tienen poder de decisión y quedan en una situación de debilidad, a pesar de que toda la cadena depende de nosotros”, afirma con rotundidad Ferran Gregori, productor y técnico de la Unió de Llauradors i Ramaders del País Valencià.

   La causa de este bajo nivel de rentabilidad en el campo tiene nombre; se llama 'gran distribución'.   

Las cifras dan fe de este desequilibrio de precios. Desde hace unos años, la federación de Cooperativas Agroalimentarias del País Valencià, elabora mensualmente un Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD). El pasado mes de diciembre, los productos más perjudicados por la venta a pérdidas fueron la patata, la cebolla, el brócoli y el ajo. Por cada kilo de ajo, el agricultor cobró 0,82 euros, mientras que el consumidor pagó 5,35. Esto supone un incremento del 552 %. En el caso del brócoli, el aumento fue del 607 %, al pasar de los 41 céntimos que se pagan en el campo a los 2,90 euros que se cobran en el supermercado.

Los cítricos también son las víctimas perpetuas. En diciembre de 2018, la diferencia porcentual entre el precio de origen y destino de la mandarina era de un 824 % —de 0,17 a 1,57 euros el kilo—, mientras que la de la naranja llegaba hasta el 1250 % —de 0,12 a 1,62 euros—. Este año, la campaña de producción y recogida de la naranja “no ha sido tan desastrosa”, matiza Carles Peris, secretario general de la Unió de Llauradors, pero porque “la producción ha disminuido en más de un millón de toneladas en todo el territorio” a causa de varios factores. En efecto, a los problemas estructurales que sufre el campo, como el minifundismo, el envejecimiento y la carencia de relevo generacional o el abandono de las tierras, durante la actual campaña, según Peris, se han sumado el problema coyuntural de las inclemencias atmosféricas, el desgaste que sufrieron los árboles durante la campaña de 2018, al tardar tanto en cosechar los frutos, y la falta de presupuesto para invertir en prácticas agroeconómicas . “Si tenemos en cuenta que la producción se ha reducido por estos motivos, aunque los precios hayan aumentado, podemos afirmar que la campaña ha sido nefasta”, considera el técnico. Y añade que, por lo tanto, “de manera injustificable”, la venta a pérdidas de la mandarina y la naranja ha continuado muy presente en diciembre de 2019, con una diferencia porcentual del 611 % y 574 %, respectivamente.

Comparativa de precios en origen y precios en destino de varias frutas y verduras | PAU FABREGAT

La oligarquía de la fruta

Durante los años 2016 y 2017, Lidl se ha consagrado como la principal compradora y exportadora de frutas y hortalizas. Según datos de la sociedad Alimarket, especializada en publicar contenidos económicos sobre varios sectores en el Estado español, en 2016, Lidl incrementó en un 16 % la compra de frutas y verduras, hasta conseguir un volumen de 1.400.000 toneladas, que representa un 7 % de la producción en el Estado español. La compañía exportó el 85 % de este total, es decir, 1.200.00 toneladas, a las más de 10.000 tiendas del grupo en 28 estados europeos. Socomo, una empresa filial de Carrefour con sede en Castelló de la Ribera (Ribera Alta), y Mercadona son también adalides en la compra y exportación de fruta.

Tanto la Unió de Llauradors i Ramaders como la Federación de Cooperativas Agroalimentarias, han denunciado en múltiples ocasiones el poder que tienen estas oligarcas del sector hortofrutícola. “En ciertos momentos, recibimos mucha presión para vender por debajo de los costes de producción, puesto que son productos perecederos que necesitamos vender cuanto antes para que no se echen a perder”, subraya Gregori. En esta línea, Peris también hace hincapié en las ofertas especiales que lanzan los supermercados: “Son reclamos comerciales que se hacen a expensas de los productores, que siempre acaban perdiendo”.

La lucha permanente para ilegalizar la venta a pérdidas

   Las ofertas especiales que lanzan los supermercados son reclamos comerciales que se hacen a expensas de los productores, que siempre acaban perdiendo.   

Hace décadas que desde el sector agrario se exige, sin éxito, la absoluta prohibición de la venta a pérdidas, que entre 2014 y 2018, supuso la formulación de 67 denuncias ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), el que representa un 29 % de la totalidad de las denuncias. El año 1996, a través de la ley de Ordenación del comercio minorista (LOCM), se consiguió prohibir las ventas con pérdidas. Aun así, en noviembre de 2017, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lejos de proteger la actividad agrícola y ganadera y revertir el desequilibrio en la cadena agroalimentaria, declaró en una sentencia que la prohibición de esta práctica establecida en el artículo 14 de la ley española “es contraría al Derecho de la Unión Europea” y que “los Estados miembros no pueden adoptar medidas más restrictivas que aquellas previstas en la normativa europea, ni siquiera con el objetivo de garantizar una protección mayor de los consumidores”.

A raíz de esta sentencia, el Gobierno español legisló mediante Real Decreto que la venta a pérdidas solo sería ilegal si se consigue demostrar que “es desleal”, es decir, “cuando sea susceptible de inducir a error a los consumidores sobre el nivel de precios de otros productos”, “cuando tenga por efecto desacreditar la imagen de un producto o de un establecimiento”, “cuando forme parte de una estrategia para eliminar un competidor o grupo de competidores”, o “cuando forme parte de una práctica comercial que contenga información falsa sobre el precio o su modo de fijación”. Para la Unió de Llauradors i Ramaders, con esta legislación todavía es más difícil que se impongan sanciones, puesto que “se tiene que evidenciar algo tan subjetivo como que la práctica tiene carácter desleal o puede inducir a error”.

La Ley de la cadena alimentaria es otra de las normativas “con las que se podría regular la venta a pérdidas”, explica Gregori, puesto que se aprobó con el objetivo de dotar de transparencia y rigor a la cadena alimentaria, también en cuanto a los precios. Sobre el papel, la ley establece nuevos derechos y obligaciones para las grandes superficies y permitió crear la AICA, una de cuyas funciones es garantizar la existencia de contratos de compraventa por escrito y con un precio determinado. Sin embargo, en realidad, los abusos en el campo continúan, aunque se ha conseguido abrir varios expedientes sancionadores contra algunos comercios citrícolas y contra Alcampo y Día. En el caso de las cadenas de supermercados, las denuncias se produjeron, respectivamente, a raíz de unas ofertas de una malla de cinco y cuatro kilos de naranjas por 1,99 euros, una cifra por debajo de los costes de producción y que incumplía el umbral de rentabilidad mínima para las productoras, situado en 1,08 euros por kilo y fijado por el Ministerio de Agricultura en 2013.

La estafa de la venta a resultas

Los abusos, sin embargo, no acaban con la venta a pérdidas o el desequilibrio de precios. En la actualidad, en una buena parte de las operaciones de compraventa de fruta no existe un contrato que fije el precio y asegure que quien la produce recibirá una cantidad determinada por su venta. Por lo tanto, cuando se vende la cosecha a una empresa distribuidora, no recibe dinero ni ninguna seguridad de que lo recibirá en el futuro. La persona productora ofrece su producción al intermediario, que la vende y, al final, se la pagará de acuerdo con el precio al cual la ha vendido, que en muchos casos es inferior al acordado en un principio. Este modus operandi es el que se conoce como venta a resultas o venta a comercializar.

Pérez recuerda que antes, si los contratos eran de palabra, “se cumplían”; y a diferencia de hoy en día, “también se podía hacer un papel en el que se fijaba la cantidad y la fecha del cobro, por lo tanto, tenías una seguridad”. Aun así, “ahora —continúa— la palabra entre agricultor y comerciante ya no tiene ningún valor o los contratos tienen mucha letra pequeña y se nos estafa”. En este sentido, Gregori subraya: “Muchos agricultores, bien porque no leen o porque no ven bien la letra pequeña, acaban firmando que están de acuerdo con un retracto del precio. Por lo tanto, aunque hayan fijado un precio, después la empresa se puede desdecir y pagar menos aunque sea ilegal”.

La venta a resultas está prohibida en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta establece que, para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, se debe formalizar “por escrito un contrato de suministro, de compraventa o de integración”. Asimismo, implanta la obligación de incorporar expresamente en el contrato una serie de elementos esenciales: identificación de las partes, objeto, precio, condiciones del pago, entrega de productos, derechos, obligaciones, duración, y causas y efectos de la extinción. A pesar de ello, continúa siendo una práctica bastante habitual, según Gregori, porque “el productor tiene miedo de que, si se niega a vender a resultas, se extienda la idea de que es ‘conflictivo’ y que, por lo tanto, nadie le compre la cosecha”. “Hay cierta mafia aquí, que te mete presión para vender a cualquier precio y bajo cualquier condición”, critica.

Uno de los casos más conocidos de estafa a través de esta práctica fue la operación Scalibur, en el marco de la cual en 2016 la Guardia Civil detuvo a siete personas que pertenecían a una organización criminal que había estafado a más de 300 agricultores por un valor de casi 4 millones de euros. Los detenidos, con sede en varios domicilios de Alzira (Ribera Alta), Gandia (la Safor) y Llaurí (Ribera Baixa), se dedicaban a la compraventa de naranjas de manera fraudulenta, mediante la compra de cítricos y su venta a un precio muy superior al del mercado. Posteriormente, a través de un entramado empresarial, la organización ocultaba los beneficios obtenidos, dejando sus empresas en una situación de insolvencia para que no las detectaran una vez fueran denunciadas por impagos.

La patronal de los cítricos pone freno a la ley autonómica contra la venta a resultas

En el año 2013, el Consejo aprobó la ley de los contratos agrarios, con la cual se pretendía dar más “seguridad jurídica a la agricultura valenciana” y poner punto final a las estafas, mediante un texto normativo que recogiera y regularizara las diferentes figuras contractuales tradicionales del campo. Sin embargo, esta ley todavía dejaba vía libre a la venta a resultas, puesto que, a pesar de que se introducían “mecanismos de garantía para el cobro del precio, como la exigencia de la forma escrita” o “pagar antes de recoger”, mantenía la libertad de forma para formalizar los contratos. El año 2010, la Conselleria de Agricultura también comenzó una campaña de divulgación para extender el uso del contrato. Aun así, siete años después, este documento continúa sin utilizarse.

En febrero de 2019, el pleno de las Cortes Valencianas aprobó una reforma de la ley de contratos agrarios. La nueva ley fijaba la creación de un registro de contratos de compraventa agrícolas, en que los compradores tendrían que inscribirlos obligatoriamente, así como un régimen sancionador que alcanzaba desde los 5.000 euros hasta un millón. Tal como apuntaba el diputado de Compromís Josep Nadal, la ley “protegerá al agricultor frente a prácticas abusivas, como la venta a resultas, de la cual se aprovechan piratas que cambian los términos del acuerdo verbal y algunos comercios caraduras a expensas del más débil y queda prohibida de una vez por todas”. Por ahora, sin embargo, la ley no ha entrado en vigor, puesto que ha sido recurrida por la patronal de cítricos. “Que la gente que quiere incumplir la ley la haya recurrido puede significar que la ley será eficaz. Solo queremos que entre en funcionamiento”, apostilla Peris.

Despidos por exigir el cumplimiento del convenio

Las agricultoras no son las únicas que sufren los abusos que se producen en el campo. Las condiciones laborales de quienes recolectan la fruta están marcadas por la explotación, la inestabilidad, las irregularidades y las vulneraciones del convenio laboral vigente. Tras meses de negociaciones entre las organizaciones representantes de las empresas intermediarias —Comité de Gestión de Cítricos (CGC) y Cooperativas Agroalimentarias— y los sindicatos mayoritarios —Comisiones Obreras (CC. OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT)—, el verano pasado, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el nuevo convenio laboral. La subida de un 8 % del sueldo que proponían los sindicatos se quedó solo en el 1 %, un incremento fijado para cada uno de los cuatro años de vigencia del acuerdo y mínimamente superior al pactado en el anterior convenio, establecido en el 0,5 % para las dos últimas campañas. Con su publicación, las empresas tenían que empezar a asumir los incrementos de los salarios y pagar los atrasos, puesto que la entrada en vigor del nuevo marco laboral, como se retrasó nueve meses, tiene carácter retroactivo. Aun así, muchas empresas han eludido la obligación.

Jordi Martín y José Manuel también son trabajadores del campo, de los que se plantan ante los abusos y luchan por sus derechos. Durante las últimas campañas de recogida de naranja, trabajaron a destajo para la empresa SAT la Plana-BAGU de Burriana (Plana Baixa). Trabajaban más de ocho horas al día y cobraban unos 750 euros netos al mes. “Hay días que estamos 12 horas. El trabajo en el campo es muy relativo, porque las horas trabajadas no solo son la cosecha, sino esperar a que vengan los camiones, cargar las cajas, esperar a que los árboles se sequen, si están mojados…”, explica Manuel.

Martín y Manuel ya no forman parte de las cuadrillas recolectoras de SAT la Plana. Al inicio de la actual campaña citrícola, la empresa los despidió. La razón: reclamar que la mercantil pagara a los trabajadores los salarios de la campaña anterior, conforme establece el convenio colectivo actual de la naranja, con carácter retroactivo. “Como habían pasado los tres meses de verano, el convenio ya estaba en marcha y no se nos pagaba nada, decidimos denunciar a la empresa”, relata Manuel. “Se intentó llegar a un acuerdo con SAT la Plana, a través de la Sección de Mediación, Arbitraje y Conciliación —continúa—, pero no nos quiso pagar”. El pasado 28 de octubre, Martín y Manuel acudieron a la planta para iniciar la campaña de recogida y actualizar los datos laborales, “pero, para sorpresa nuestra, supimos que la empresa nos había despedido y que, explícitamente, no nos volvía a contratar por haberla demandado”, añade Martín. Ambos trabajadores han presentado una segunda denuncia, para conseguir la nulidad de los despidos, que la empresa reconoce improcedentes; y su reincorporación inmediata.

Los incumplimientos del convenio en SAT la Plana-BAGU vienen de lejos. Por ejemplo, según cuentan los trabajadores afectados, siempre se ha pagado la misma cantidad por el kilo de cada variedad recogida, aunque el convenio fija hasta siete retribuciones diferentes por cada una de las variedades. La empresa, además, está pagando 0,0962 euros por cada kilo de clemenules, 0,021 menos de lo que se indica al convenio. “A lo largo del día y de los meses, es mucho dinero lo que se ahorran a costa nuestra”, critica Manuel. Tampoco se cubren los desplazamientos, lo que también contradice el convenio y supone un coste adicional para las personas trabajadoras, ni se abona el tiempo de espera desde que finaliza la jornada laboral hasta que se carga la fruta en los camiones.

A las malas condiciones económicas del mercado agrícola, hay que sumar los efectos nocivos de la última reforma laboral, implantada por el gobierno del Partido Popular en 2012. La reforma favoreció la creación de ocupación temporal, de forma que permitió la entrada masiva de las empresas de trabajo temporal (ETT). “Este factor es una de las principales causas de la precarización que se vive en el campo, puesto que las ETT se crean y desaparecen a su antojo y resulta mucho más difícil fiscalizar las condiciones de sus trabajadoras”, destaca Vanessa Almela, miembro del sindicado Confederación General del Trabajo (CGT) de Castelló, que ha apoyado a los trabajadores despedidos de SAT la Plana.

Estas circunstancias afectan al conjunto de las trabajadoras agrícolas, pero, sobre todo, perjudican a las personas más vulnerables, bien por su procedencia o por su situación económica, que acaban aceptando las condiciones que las ETT imponen. En palabras de Almela, “es un sector en el que mucha gente no da el paso de denunciar por miedo a la reacción de la empresa y del mismo mercado”. El miedo, el desconocimiento de los propios derechos, así como la falta de apoyo y de estructuras sancionadoras contribuyen al mantenimiento de las estafas, abusos y vulneraciones que se sufren en el campo.

 Ester Fayos