Traducción del artículo publicado en el número 458 de la Directa
Laia MAS, Lluís PASCUAL y Jordi GARCIA
Foto: La Directa
Foto: Orangesbio.net
El mercado de la cosecha de la naranja en el País Valencià ha ido sufriendo una progresiva degradación en cuanto a condiciones laborales. Este trabajo se realiza fundamentalmente para dos tipos de empresas: cooperativas agrícolas formadas por las propietarias de los campos y grandes almacenes de cítricos. Tradicionalmente, eran las cuadrillas recolectoras las que se encargaban del trabajo con una relación contractual directa con la empresa, ya fuera de carácter fijo discontinuo o eventual. Progresivamente, estas empresas han dejado de lado estas modalidades de contratación para pasar a contratar por medio de empresas externas.
La externalización de este trabajo a través de las ETT es una de las causas fundamentales del empeoramiento de las condiciones laborales. Esto quiere decir que se pasa de emplear a grupos de personas cercanas a los terrenos y conocedoras de las condiciones del sector, a contratar personas individualmente, con mucha menos vinculación con el trabajo, a menudo desde otros territorios y, además, cobrando abusivamente su desplazamiento. La fiscalización que se pueda hacer por parte de las trabajadoras, de las administraciones o de los sindicatos, se vuelve mucho más complicada, y proliferan los incumplimientos legales y los abusos laborales por parte de las empresas. Así lo explica Mari Carmen Gil, trabajadora de varios almacenes de naranja en Betxí: «No tienes derecho a ponerte enferma ni a coger la baja, como ya me ha pasado las dos veces que han nacido mis nietas, cuando he entregado los papeles de la baja me han echado». Este proceso se ha acelerado notablemente desde la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, que ha facilitado este tipo de contratos. Según un informe de Comisiones Obreras, en 2014 el 84 % de los contratos agrícolas se realizaron a través de ETT y se estima que hoy las cifras serían mucho más alarmantes.
PERSONAS MIGRADAS: LAS VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES
«Desde hace dos o tres años la cooperativa ya no hace fijos a ninguno de los trabajadores eventuales, sino que contratan a través de ETT, y esto es ilegal», denuncia Ramon Soler, quien ha trabajado durante años como recolector de naranja en una cooperativa agrícola de la comarca de la Ribera. Además, explica que las ETT han aprovechado la coyuntura para imponer peores condiciones a las personas más vulnerables económica y socialmente. En este sentido, las personas migradas son el objetivo más fácil de las empresas que contratan temporeras para la recogida de la naranja: «Recogen a cualquier persona dispuesta a trabajar en estas condiciones, no importa su origen, lo que pasa es que para las personas migradas las condiciones son todavía peores», nos detalla, y lo atribuye a una mayor indefensión, puesto que son trabajadoras que «no tienen ningún tipo de vínculo emocional ni físico» y a menudo tienen más necesidades.
En el año 2016 una operación policial bautizada con el nombre de Empalador-Tepes desmanteló una red de explotación de personas recolectoras de origen rumano en Valencia. Se produjeron detenciones bajo la acusación de los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de personas y contra los derechos de las trabajadoras. Los registros confirmaron también las condiciones en que trabajan y viven muchas de las personas migradas que se dedican a la naranja: cinco personas fueron rescatadas de esta red, que las forzaba a trabajar durante jornadas muy largas y, además, vivían amontonadas en una casa en el municipio de Llíria. La misma policía lo definió como «víctimas de la recolección de cítricos».
Unos meses después, una campaña de inspecciones de trabajo volvió a poner de manifiesto la explotación que sufren las personas migradas, que en este caso eran mayoritariamente de origen centroafricano y magrebí: un sueldo de entre seis y diez euros al día —a pesar de que el convenio establece el mínimo en diez euros la hora—, ningún tipo de contrato y heridas físicas por no haber recibido el material de trabajo necesario ni en las condiciones apropiadas para cosechar. Es decir, una nueva manera de esclavitud para quienes no tienen otro remedio que aceptarlo: 300 euros a final de mes y un trabajo con dedicación exclusiva; a veces se trasladan directamente de sus países a las explotaciones agrarias.
DENUNCIAN A LAS ETT Y EL TRABAJO PRECARIO EN EL CAMPO
Las condiciones de estas cuadrillas en los campos valencianos han sido denunciadas en numerosas ocasiones. La organización Valencia Acoge alerta de que a menudo atiende personas migradas y temporeras que ven vulnerados sus derechos constantemente. También desde las instituciones se ha abordado el tema recientemente: las Cortes Valencianas aprobaron en junio de 2018 una proposición no de ley a propuesta de Compromís que pide al gobierno estatal que ponga fin a los abusos de las ETT sobre quienes trabajan en la campaña de cítricos. «Una persona que trabaja para una ETT recibe un 26 % menos de salario que la que trabaja para un almacén», apunta Josep Nadal, el diputado que presentó la propuesta a las Cortes, que también hizo hincapié en las personas migradas: «La peor parte se la llevan las migrantes. Muchas de ellas viven en condiciones insalubres, amontonadas en viviendas que les proporcionan las mismas ETT, que les cobran unos alquileres abusivos». Esta propuesta también fue aprobada el año pasado en el Congreso de los Diputados, donde se denunció que, además de pagar salarios por debajo del convenio, «se les cobran conceptos como el alquiler de las herramientas, el transporte o el lugar donde viven, incumpliendo por completo el convenio del sector, puesto que el desplazamiento tiene que ir a cargo de la empresa». Representantes políticos y sindicatos coinciden en la necesidad de derogar la reforma laboral de 2012, que permite el trabajo en estas condiciones.
A pesar de que las instituciones intentan abordar este tema —en 2016 la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana expedientó a 26 empresas por contratar a 10.000 personas para la cosecha de la naranja pagando la mitad del sueldo que establece el convenio—, hoy por hoy las condiciones continúan siendo de esclavitud moderna.
ALTERNATIVAS Y FALSAS ALTERNATIVAS
Es complicado encontrar alternativas al monocultivo agroindustrial de naranja y todo lo que se deriva de él: precariedad, racismo, degradación del medio ambiente, pérdida de soberanía de las consumidoras, etc. Quique Moscardó, agricultor de Carcaixent, explica que «el hecho de que sea una producción muy estacional hace que el mercado de canales cortos sea inviable, y más aquí en Valencia donde todo el mundo tiene naranjos». Además, hay que tener en cuenta que, desde hace aproximadamente una década, la agroindustria ha captado el mercado ecológico. Como dice Moscardó, «se ha apostado por otro modelo de agricultura ecológica. Ahora nos encontramos dos: la agricultura ecológica agroindustrial, un modelo que sigue siendo intensivo, que realiza ocho o diez tratamientos preventivos con productos supuestamente ecológicos, explotador, con grandes extensiones, que permite que el producto llegue al mercado a un precio más bajo del que muchos productores pueden ofrecer; y el artesanal, en el que tenemos en cuenta la fertilidad de la tierra, la biodiversidad, los ciclos, las personas que trabajan…». Así, el nuevo modelo ecológico solo busca un nicho de mercado y sigue perpetuando la explotación laboral.
En este contexto, Moscardó, como otras muchas personas productoras, se ve obligado a exportar la mayor parte de la producción. También produce para Naranjasecologicas.net, una empresa que se vende cítricos por internet y exporta sus productos a toda Europa. «Después de la crisis nos abrimos al mercado internacional. Creamos una web, Oranges-bio.net, y la pusimos a funcionar en Europa. Ahora prácticamente toda la venta se hace en el extranjero. Vendemos a casi todos los países», señala Jordi Alcañiz, el promotor de la iniciativa. En la empresa trabajan muchas personas migradas, que sí que cuentan con «salarios adecuados y están dadas de alta en la Seguridad Social», afirma. Sin embargo, esta es una pequeña isla que no refleja la realidad del mercado de la naranja.