Juan-Felipe Carrasco

A pesar de conocerse su toxicidad, hace décadas que se viene permitiendo el uso de glifosato, un peligroso herbicida de la multinacional Monsanto. Diferentes estudios muestran que, como consecuencia, casi la mitad de la ciudadanía examinada presenta este veneno tóxico en la orina.

En marzo de 2015 la Organización Mundial de la Salud lo clasificó como «probablemente cancerígeno» tras la publicación por parte de la Agencia de Investigación sobre el Cáncer (IACR) de un amplio estudio que demuestra que esta sustancia favorece la aparición de linfoma no Hodgkin en humanos y causa daños en el ADN, además de provocar cáncer en animales de laboratorio. Igualmente, este veneno está vinculado con efectos reproductivos, neurológicos y hormonales, entre otros, tanto por su uso directo como por la exposición indirecta de la población.

Hace unos meses, se desclasificaron determinados documentos internos de Monsanto relativos al caso de personas con cáncer de sangre atribuido a su exposición al glifosato. Es el conocido caso de «Los Papeles de Monsanto», que demostró las manipulaciones llevadas a cabo por la empresa y su participación directa en el trabajo de agencias que se suponían independientes. Esto ha desacreditado el trabajo y la credibilidad de la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria), organismo que ha dado el visto bueno a la reautorización del glifosato. Por otra parte, los daños ambientales de esta sustancia, muy frecuentemente vinculada a los cultivos transgénicos, llevan dos décadas siendo documentados en aquellos países que han optado por su uso masivo.

UN MILLÓN DE FIRMAS CONTRA EL GLIFOSATO

En verano de 2016, después de una larga campaña impulsada por la ciudadanía, la Comisión Europea no renovó por diez años la licencia al glifosato sino «solamente» por 18 meses. Todo un gran logro para la sociedad civil y el medio ambiente, teniendo en cuenta la intensa actividad política de los grupos de presión de la industria química. En junio de 2017, una coalición de más de 100 organizaciones presentó a la Comisión Europea más de un millón de firmas correspondientes a la Iniciativa Ciudadana Europea «Stop Glifosato», solicitando la no renovación de la autorización del glifosato y también la reforma del procedimiento de aprobación de plaguicidas y el establecimiento de objetivos para la reducción de su empleo en toda la UE. Hay que reseñar que el millón de firmas se obtuvo en menos de 5 meses, convirtiéndola en la iniciativa de crecimiento más rápido desde que la UE introdujo esta herramienta en 2012. Esto demuestra que, si le dejan elegir, la ciudadanía europea no se deja engañar ni por los esfuerzos de la industria de los plaguicidas ni por la ciencia defectuosa que comercializa.

El pasado 6 de octubre, la Comisión confirmó que, una vez analizadas las firmas recogidas por todos y cada uno de los Estados miembros, se han alcanzado los dos requisitos: un millón de firmas válidas y un umbral de firmas mínimo en 7 países, entre ellos (y nos sentimos muy satisfechos por ello), España, que casi duplicó la cifra mínima requerida. Ahora es fundamental asegurarse de que la Comisión tenga en cuenta esta iniciativa ciudadana y nos lleve a la prohibición del glifosato y a la reducción gradual del conjunto de los plaguicidas.

LA VOTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE SU REAUTORIZACIÓN

Es muy probable que la Comisión no consiga la necesaria mayoría cualificada para reautorizarlo otros 10 años ya que actualmente entre oposiciones y abstenciones suman más del 44 % y es necesario el 65 % del «peso del voto» de los Estados miembros.

En Alemania (15,93 % del peso) existe una fuerte discrepancia entre los partidos CDU y SPD sobre este asunto, por lo que es muy probable que se abstenga. Francia (13,04 %) no apoyará la propuesta de la Comisión, pero no es imposible que pida una autorización para un periodo inferior a 10 años (los colectivos que organizaron la campaña están trabajando para que Francia mantenga su oposición total). En Italia (12,07 %) el ministro de Agricultura ha afirmado que se opondría, pero se está trabajando para que otros miembros del gobierno ratifiquen esta postura. Portugal (2,04 %) se opone a la propuesta y se está trabajando para que no se muestre favorable a un periodo más breve de autorización. Austria (1,69 %) ha realizado una votación en el seno de una Comisión de Parlamento cuyo resultado es un voto negativo (a pesar de que las elecciones están a la vuelta de la esquina, en principio esta decisión se mantendrá). En Luxemburgo (0,11 %) es muy probable que los desacuerdos internos lleven a la abstención.

Ahora, como era de esperar, la Comisión está presionando a estos países, y quiere que haya una decisión antes de primeros de noviembre, de ahí que el trabajo de los representantes de la sociedad civil se esté intensificando.

¿CUÁL ES LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL?

En el caso de España, mucho nos tememos que el gobierno apoyará la continuidad del uso de este tóxico en la UE. Nuestro país lleva décadas defendiendo los transgénicos y los intereses económicos de la agricultura tóxica e industrial. Sin embargo, la ciudadanía no se queda de brazos cruzados; existen iniciativas políticas interesantes. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre el coportavoz y portavoz adjunto de la comisión de Medioambiente del Congreso por Unidos Podemos, Juantxo López de Uralde, registró una pregunta para saber cuál sería la posición de España en la comisión de expertos y para preguntar qué medidas adoptará el gobierno para prevenir los daños derivados del uso de esta sustancia.

La solución pasa por el desarrollo de la agricultura ecológica y de pequeña escala, por el libre intercambio de semillas campesinas, por la salida de la agricultura de los tratados de «libre» comercio y de la OMC, por los circuitos cortos de comercialización, por la evolución hacia unas dietas menos carnívoras y lácteas, por el cese inmediato de la deforestación, por la soberanía alimentaria de los pueblos, por el control estatal de las actividades de las grandes corporaciones, por la reducción de la dependencia del petróleo, etc.

La clase política española debe proteger a la ciudadanía y al medio ambiente, prohibiendo este peligroso herbicida y abriendo el camino hacia un futuro sin venenos.