Stéphanie Chiron

 

 

Desde hace casi tres años, colectivos, asociaciones y sindicatos confluyen en Les Soulèvements de la Terre (LSDLT, ‘Las Sublevaciones de la Tierra’) y, a través de sus acciones de desobediencia civil, piden cuentas al gobierno francés por su inacción climática y sus posiciones contradictorias entre enfáticos discursos mediáticos a favor de la ecología (como el «Make our planet great again» del presidente Macron el 12 de diciembre de 2017) y su apoyo a la agroindustria (intervención del 12 de marzo de 2023 en la que solicitaba “una pausa reglamentaria” para Europa en el tema de la transición ecológica). La tensión política y mediática que se vive en Francia desde la puesta en marcha de la reforma de las pensiones está llegando a niveles preocupantes con la publicación del decreto destinado a disolver LSDLT, que pone de relieve la instalación de un régimen autoritario que acaba de designar al movimiento ecologista como su principal enemigo interno.

En su comunicado del pasado 21 de junio, el sindicato campesino Confédération Paysanne precisa: «La amenaza de disolución de LSDLT es un ataque directo a la libertad de expresión, de opinión, de asociación, de manifestación, a los derechos humanos, al derecho al agua y a la alimentación y a los derechos del medioambiente. Tanto los observadores de la Liga de Derechos Humanos como los expertos de la ONU acusan unánimemente a las autoridades francesas de haber emprendido una grave deriva antidemocrática». A la vez, cientos de organizaciones y movimientos civiles han manifestado su apoyo a LSDLT.

Gracias a un importante dispositivo legal tejido a lo largo de los últimos quince años, el gobierno parece haber encontrado la manera de parar lo que calificó como “agrupación de hecho” (groupement de fait), lo que, según el artículo 212-1 y 2 de la Ley de seguridad interior (en vigor desde el 26 de agosto de 2021) le permitirá designar responsables jurídicos en el caso de LSDLT.

Lo que crece en todas partes no se puede disolver

Partiendo de esa lógica, se puede analizar la ola de detenciones que empezó el 5 de junio en varias localidades por parte de la Gendarmería francesa y la Subdirección Antiterrorista (SDAT). Quince personas fueron detenidas, entre ellas Benoît Feuillu, uno de los portavoces de LSDLT, que vive en la ZAD de Notre-Dame-des-Landes —lugar emblemático de la lucha por la defensa de los territorios agrícolas y donde sucedieron los primeros encuentros de LSDLT— y también un militante del partido Europe Ecologie Les Verts, Félix Blanc, funcionario territorial para la transición energética en Marsella. La secretaria nacional del partido, Marine Tondelier, relataba el 21 de junio en la cadena Public Sénat cómo la policía entró en la casa del militante a las 6 de la madrugada, delante de su familia, y denunciaba la arbitrariedad del proceso policial. En efecto, la SDAT acusaba a las personas detenidas de haber participado en diciembre 2022 en una acción de desmantelamiento de una cementera de la multinacional Lafarge sin más argumentos que unas fotos.

Así, estas detenciones unos días antes de iniciar el proceso de disolución podrían ser parte de una estrategia del gobierno para establecer responsabilidades individualizadas, parar así la coordinación entre los distintos grupos que conforman LSDLT e impedir la construcción de una defensa colectiva. Por otro lado, recurrir a la disolución podría crear un precedente jurídico que permita la prohibición automática de cualquier convocatoria de índole ecologista que pueda interpretarse fácilmente como una voluntad de reconstruir el movimiento disuelto.

Durante la rueda de prensa organizada por LSDLT delante del Consejo de Estado el día 21 de junio con colectivos, asociaciones y personalidades, el equipo jurídico del movimiento insistió en el proceso extraordinario que siguió el gobierno para publicar el decreto de disolución, «un procedimiento contradictorio que debería permitir a LSDLT presentar recursos, aclaraciones u alegaciones en buenas condiciones». También pusieron en evidencia lo absurdo del procedimiento, que deberá tener en cuenta que más de 141.098 personas se declararon integrantes de LSDLT en una petición lanzada en el pasado mes de abril y que deberán responder ante la justicia con 3 años de cárcel y una multa que podría alcanzar los 45.000 euros: «¿Está dispuesto este gobierno a llegar hasta el absurdo e incurrir en penas de prisión para más de 100.000 personas?», se preguntaba el abogado de LSDLT ante la prensa.

La batalla jurídica se abre con un primer recurso ante el Consejo de Estado, que actúa como tribunal supremo de justicia administrativa. Y se llegará, si es necesario, hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como señala la página web de LSDLT, donde se habilitó un formulario para sumarse a la denuncia que ya cuenta con más de 145.000 adhesiones.

En un artículo de la radio pública France Info, Romain Rambaud, profesor y autor de un reportaje sobre los decretos de disolución en la Revue des Droits et Libertés Fondamentaux, apunta que desde 1936 todos los gobiernos franceses han utilizado la disolución como una herramienta para hacer y deshacer según su conveniencia política frente a la opinión pública. Añade que el papel del Consejo de Estado no es cuestionar la decisión del presidente de la República, sino solo comprobar que el decreto de disolución se ajusta a la ley.

El papel del lobby de la agroindustria

Con esta decisión de disolución, el gobierno lanza una señal clara a favor de la agroindustria y del sindicato agrícola que la defiende, la FNSEA (Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), que lleva meses promoviendo en los medios de comunicación una campaña de criminalización contra la movilización ecologista, como señala el periódico Reporterre. Además, las relaciones de este sindicato con el Ministerio de Interior, cuyo ministro Gérard Darmanin ha impulsado la campaña de disolución, se hicieron oficiales en 2019, cuando la FNSEA participó activamente en la creación de la Cellule Déméter, una célula de inteligencia en el seno de la Gendarmería destinada a «aportar una respuesta global y coordinada para el conjunto de las problemáticas de seguridad que afectan al mundo agrícola». La creación de la célula recibió numerosas críticas por parte de organizaciones medioambientales, que denuncian que supone una herramienta en manos del sindicato para acallar a todas las personas que se opongan a su hegemonía en el mundo agrario francés. Y, precisamente, el 19 de marzo de 2022, Julien Le Guet, portavoz del colectivo Bassines, ¡non merci! descubrió una instalación de videovigilancia delante de la casa de su padre y el 19 de enero de 2023 un localizador GPS debajo de su coche. Para el colectivo y para LSDLT, se trata sin duda de una operación de la célula Déméter.

Como subraya el periódico Mediapart, con el titular publicado el 23 de junio, «después de LSDLT, la FNSEA apunta a la Confédération paysanne». El sindicato, lobby de la agroindustria, prosigue su estrategia para excluir a su rival, como intentó tras la gran manifestación del 25 de marzo de 2023 en Sainte Soline, cuando una de sus sedes departamentales pidió la exclusión de la Confédération de todos los organismos oficiales al nivel nacional y el fin de las subvenciones para sus integrantes. Recordamos que esta movilización contra las macrobalsas tuvo repercusión internacional por su magnitud, con más de 30.000 activistas, y especialmente por la dureza de la represión ejercida por los cuerpos de seguridad franceses, que causó más de 200 heridos.

La batalla mediática y las alianzas

Desde este 21 de junio, se abre también una nueva batalla mediática. Frente a la desinformación, LSDLT anuncian la creación de 170 comités locales destinados a dinamizar la movilización en los territorios en lucha. En la región de París, el colectivo por la defensa de las tierras agrícolas del triángulo de Gonesse tiene claro que hay que aprovechar la cobertura mediática para presionar a las instituciones que defienden la construcción de la estación de metro en medio de los campos de cultivo y conseguir más apoyo de la sociedad civil. Por teléfono, Bernard Loup, activista de este colectivo, nos cuenta que a unos 60 km de Gonesse, un agricultor intentó, hace un mes, construir una megareserva de agua, pero el prefecto paró rápidamente el proyecto: «Ça fait désordre après Sainte Soline» (‘no da buena imagen después de Sainte Soline’), y añade que en esta zona, dominada por la FNSEA, no se podían permitir provocar una movilización de gran envergadura. También comenta que seguirán con las reuniones mensuales con otros colectivos de la región, con los que precisamente organizaron una de las primeras acciones conjuntas apoyadas por LSDLT: las marchas por las tierras fértiles de Île-de-France en octubre de 2021. Sin embargo, Bernard concluye preocupado: «la extrema derecha progresa y decisiones políticas como la disolución de LSDLT crean las condiciones favorables a su expansión».

Sobre las herramientas de comunicación de LSDLT, el último artículo publicado advierte que cerrarán su sitio web, porque constituiría un delito para quienes la consulten, y detalla información sobre los futuros canales de comunicación. Medios de comunicación alternativos, como Basta!, Cerveaux Non Disponibles, la Relève et la peste, Contre-attaque, Le Média, Partager c'est sympa, Lundi Matin, Dijoncter.info, Terrestres, Politis y Fakir se comprometieron el mismo día del anuncio del procedimiento de disolución a reservar espacios para la difusión de sus comunicados y contenidos.

Ahora surgen muchas preguntas que, en gran parte, afectan a la juventud, como apuntaba Hervé Kempf en su editorial del 22 de junio en el periódico Reporterre: ¿Cómo va a expresarse ahora toda esta energía canalizada en acciones noviolentas, para denunciar los ataques contra la vida y la violencia generada por el capitalismo? ¿Cómo hacer frente al desarrollo del nuevo paradigma de la agrotecnología, que sigue los mismos patrones? ¿Qué formas adoptará?

Algunas preguntas quizá encontrarán respuestas en el encuentro «Les Résistantes 2023», que organizarán el colectivo Terre de Lutte y la Confédération Paysanne, entre otros, del 3 al 6 de agosto en el Plateau del Larzac, lugar emblemático de la lucha campesina por la defensa del territorio, que el estado francés intentó convertir en un campo militar de 1971 a 1981.

«Ante la persistencia de esta amenaza, os proponemos un gran juego, un juego muy serio, un juego que constituye una red de resistencia. Durante los próximos días y semanas, vamos a esforzarnos juntos para hacer que LSDLT aparezcan de mil maneras en el espacio público, en los bares y los centros sociales, en las pausas del café, en reuniones abiertas, antenas internacionales, inscripciones en las paredes, fiestas, desmantelamientos y burlas. Las Sublevaciones de la Tierra resurgirán inesperadamente en obras de construcción, en el corazón de un polígono industrial, desbordarán las calles contra el orden mercantil, echarán raíces en jardines piratas, ateneos populares o granjas resistentes. Toca a cada una encontrar su manera», transmiten en su último comunicado.

Stéphanie Chiron

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