Artículo publicado originalmente en La Directa (en català)

Un nuevo modelo de Banco de Alimentos nace a raíz de la COVID-19, una alianza entre las redes de apoyo vecinal y el campesinado agroecológico

Laura Solé Martín

 

La malnutrición, una forma más de violencia

Como tantos otros barrios y pueblos de Catalunya, desde el confinamiento, las vecinas del Congrés Indians y Nou Barris de Barcelona se han organizado para llegar allá donde la Administración pública no lo hace. «Estamos supliendo el trabajo de servicios sociales asistiendo a personas y, para seguir, necesitamos más implicación del barrio y, sobre todo, de las instituciones», advierte Miquel Ruiz, miembro de la red de apoyo vecinal del Congrés Indians.

Una de las acciones ha consistido en colocar puntos de recogida de alimentos en las tiendas de barrio, que después se centralizan en diferentes espacios del distrito, como por ejemplo el Casal Popular 3 Voltes Rebel, donde se entregan a las familias. «Fomentamos que las personas que nos ayudan compren en el pequeño comercio de proximidad en lugar de en los grandes supermercados», señala Ruiz. «El modelo del Gran Recapte no es el nuestro», indica Carles Miró, de la red de apoyo del 3 Voltes Rebel. El Gran Recapte es la gran campaña del Banco de Alimentos, principal red mayorista de suministro a organizaciones sociales, que en 2019 distribuyó 25 millones de kilos de alimentos en Catalunya. Aun así, el modelo es blanco de varias críticas que denuncian que enriquece a las grandes multinacionales de la alimentación y maquilla el despilfarro que generan estas empresas, a la vez que cronifica la pobreza. El modelo también deja fuera de las exoneraciones fiscales a los campesinos productores.

Otra de las deficiencias del Banco de Alimentos es la baja presencia de alimentos frescos en las entregas a las familias (el producto ecológico es casi inexistente). Una situación que se añade al hecho de que, en tiempos de crisis, los alimentos frescos son los primeros en caer de la cesta de la compra, por el coste elevado si se compara con los productos procesados del supermercado. De hecho, en Catalunya, la pobreza alimentaria va más ligada a la malnutrición que a la desnutrición. A raíz de la crisis del 2007, muchas personas tuvieron que adoptar dietas inadecuadas por motivos económicos. Es la llamada hambre oculta, que tiene consecuencias en la salud, el rendimiento escolar y la igualdad de oportunidades. Un mal que con la actual crisis no hará más que agravarse. «Obligarlas a malnutrirse es una de las múltiples formas de violencia que sufren las personas empobrecidas. Nosotros repartimos lotes que, por su calidad, tanto podrían ser para un multimillonario como para una persona empobrecida», observa Alejandro Guzmán, uno de los artífices de AlterBanc.

 

El empoderamiento alimentario

Guzmán es el responsable de EcoCentral, una central de compras agroecológica que alcanza a comedores escolares con producto local y ecológico de una cincuentena de campesinos y campesinas de proximidad. Fue durante el confinamiento cuando, con las escuelas cerradas, Ecocentral con el apoyo de entidades como Arran de Terra, El Pa Sencer y la Fundación Ana Bella, empezó a repartir productos a mujeres supervivientes de la violencia machista y a las redes vecinales de Nou Barris y Congrés Indians. Esta fórmula permitió mantener viva la actividad del campesinado y de la empresa durante el confinamiento y, a la vez, distribuir alimentos frescos, de calidad y ecológicos (fruta, verdura, lácteos y huevos) a personas vulnerabilizadas. Así nació el AlterBanc. Con la ayuda de una donación de la Fundación Carasso, hasta ahora se ha podido dar apoyo alimenticio a más de 250 personas durante más de dos meses. «Cuando en septiembre reabran las escuelas, pretendemos seguir repartiendo alimentos frescos a las redes vecinales, pero harán falta fondos», manifiesta Guzmán.

El empoderamiento alimentario supone dotar de instrumentos a las personas vulnerabilizadas para que puedan nutrirse. De hecho, las familias beneficiarias se implican en la recaudación y el reparto de los alimentos en la red vecinal de Congrés Indians. «Proporcionamos alimentos de calidad, que permiten una dieta variada y sostenible, a personas del barrio afectadas por las crisis del sistema. Tratamos de huir de una lógica asistencialista y nos organizamos de forma autónoma entre vecinas», nos explica Berta Carreras, de la red de apoyo del barrio de Porta de Barcelona. Fabiola López también participa en la red de Congrés Indians a la vez que es beneficiaria. Está de baja laboral y su pareja perdió el trabajo a causa de la pandemia, tienen dos hijos y, por primera vez, el dinero que entra en casa no es suficiente para pagar todas las facturas. «Hemos tenido que elegir de dónde recortamos: pagar el alquiler, los suministros o las comidas. Como no podemos quedarnos sin casa, agua ni luz, hemos recortado en la alimentación», explica.

 

Cestas agroecológicas, receta de ayuda mutua

Una de las claves del proyecto es repetir la fórmula que Ecocentral utiliza con la distribución a comedores escolares. «No cobramos nada a los campesinos por distribuir su producto, ni especulamos sobre el precio de los alimentos. Cobramos una cuota a los clientes por la logística y ellos pactan los precios y pagan al campesinado». Así llega a más de 80 escuelas y 17.000 niños y niñas de Catalunya. «Alimentar a las escuelas con producto agroecológico a precios públicos era un reto y lo hemos logrado. Ahora se podría replicar el modelo para dar respuesta a la pobreza alimentaria».

L’Hort de l’Eriçó es uno de los proyectos que forman parte del AlterBanc. Jonas de Abreu es su propietario. Como la mayoría de los proyectos agroecológicos, subsiste sin apoyo económico de la administración y presionado por las reglas del juego del sistema alimentario global. El negocio se sostiene gracias a los pedidos de tres cooperativas de consumo, las ventas directas en la finca y mucha cooperación con otros campesinos del Llobregat. De Abreu destaca la relevancia que tienen las consumidoras organizadas (en cooperativas, AFA o redes vecinales). «Nos permiten planificar los cultivos, pactar precios justos y hacer un transporte eficiente. Sin ellas, no nos podríamos haber incorporado al mundo campesino, ni estaríamos trabajando desde el modelo alimentario que defendemos».

«La compra pública agroecológica destinada a servicios sociales (comedores sociales, comidas a domicilio y ayuda alimentaria) permitiría mantener con dignidad buena parte del pequeño campesinado catalán», apunta Gustavo Duch, miembro de El Pa Sencer, una de las cooperativas impulsoras del proyecto. «Es el momento de que las administraciones y las consumidoras tomemos posicionamientos claros respecto a qué agricultura queremos apoyar. ¿Con qué argumentos crea la administración campañas de sensibilización para que la población compre producto local y ecológico, mientras destina partidas millonarias a empresas como Clece, de Florentino Pérez, o Serunion en las licitaciones de compra pública, como los comedores escolares o los de las prisiones?».

«No tendríamos que aceptar alimentos locales producidos utilizando pesticidas o explotando los derechos de las trabajadoras, del mismo modo que no podemos aceptar productos ecológicos que llegan recorriendo miles de kilómetros. Tampoco en la compra de alimentos destinados a la ayuda social. Ahora que las administraciones hablan de soberanía alimentaria tienen que entender que este paradigma solo puede andar de la mano de las prácticas agroecológicas», sostiene Duch. La red de apoyo del 3 Voltes Rebel destaca la voluntad de mantener las cestas agroecológicas como modelo de ayuda mutua: «Han sido una fórmula provisional, pero queremos que se conviertan en un modelo de futuro en la ayuda alimentaria», plantea Carles Miró.

Laura Solé Martín