El territorio de las reivindicaciones por el derecho a la ciudad que planta cara al capital va más allá de los centros urbanos y los barrios periféricos.
Llorenç PLANAGUMÀ I GUÀRDIA
Acción "Ocupem Les Rambles" contra el turismo masivo en Barcelona. Foto: Victor Serri/La Directa
Las previsiones señalan que las ciudades serán las grandes protagonistas en el futuro. Las áreas urbanas continuarán creciendo sustituyendo soberanías propias de los estados-nación y un tercio de la población del mundo vivirá en ellas. Estas ciudades tendrán un funcionamiento de grandes comunas autónomas y serán espacio de conflicto democrático entre lo comunitario y lo privado. Ya hay debate y tensión en la defensa del derecho a la ciudad que promueve que las ciudades son de quien vive en ellas y no de los intereses del capital. Aceptando estas premisas como ciertas es cabal definir cuáles son los límites de estas ciudades para poder hacer planes de sostenibilidad social y ambiental y gestionar sus soberanías. Se tienen que planificar las metrópolis para que su riqueza y bienestar no se generen a expensas del territorio, ni de otros territorios, mediante la acumulación de poder y riqueza.
En el caso de Barcelona y su región metropolitana, la definición de los límites es vital en el planeamiento hacia una ciudad o metrópoli saludable. Corregir las relaciones asimétricas que tradicionalmente se han dado entre Barcelona y el resto del territorio es clave para un futuro sostenible. Debe plantearse otro concepto de límites; los límites administrativos poco o nada tienen que ver con los límites ecológicos y esto debe tenerse en cuenta. Para que Barcelona pueda hacer frente a algunos de los retos de la nueva Agenda Urbana marcada por la ONU, como favorecer el derecho a la ciudad, combatir el cambio climático o crear entornos urbanos más saludables, tiene que afrontar un doble reto: la ciudad es de quien la habita, pero también del territorio que genera los recursos vitales para habitarla. Por esta razón, el planeamiento y el marco regulatorio son vitales para el crecimiento de Barcelona; se deben tener en cuenta los servicios ecosistémicos sobre los cuales se fundamenta la ciudad para asegurar el mínimo vital, como el acceso al agua, la energía, el suelo (agricultura sobre todo), el aire y la naturaleza.
En el caso del agua, los límites se extienden más allá de Barcelona y su propia región metropolitana, definida erróneamente en términos solo económicos. La región se nutre en gran parte de las captaciones de agua en el río Ter y el río Llobregat, por tanto, es lógico que estas cuencas entren en los límites de la ciudad. Un compromiso con la conservación de sus ecosistemas y la planificación para un desarrollo sostenible en estos territorios no pueden ser ajenos a la metrópoli si quiere liderar la soberanía en lo referente al derecho al agua. Promocionar en exceso el turismo supone una carga añadida en el consumo que puede afectar ecosistemas esenciales para el futuro de la ciudad. En cuanto a la desalinización, la definición de los límites ecológicos se complica, pues la energía necesaria para generar agua potable requiere una enorme superficie de terreno para placas fotovoltaicas o parques eólicos.
Respecto a los alimentos, los límites actualmente son globales, pero para lograr la seguridad alimentaria y un futuro más sostenible la mayoría de los productos deberían ser de proximidad. Una alimentación segura, ecológica y saludable pasa por la soberanía alimentaria y por definir políticas agrarias ajustadas a la zona, que faciliten los bancos de tierras, la repoblación del campo y las cooperativas que abastezcan todo el territorio incluyendo la metrópoli. En el caso de la región metropolitana de Barcelona, los límites de tierra fértil y cultivable para abastecerla con productos de proximidad sobrepasan en mucho el municipio y la región metropolitana. Se necesitan varios centenares de miles de hectáreas lo que trasciende la superficie agraria productiva de Catalunya y habría que contemplar producciones de territorios vecinos, desde Pirineos hasta parte de Aragón o el País Valencià.
La ciudad es de quien la habita, pero también del territorio que genera los recursos vitales para habitarla.
En el ámbito de la energía los límites se vuelven aún más globales; la dependencia energética de otros territorios es muy elevada y las políticas llevadas a cabo hasta ahora en contra de la transición energética a renovables no ayudan. Pero aun planeando una agenda de futuro basada en una reducción de la demanda de energía y una verdadera implantación de renovables, la región metropolitana de Barcelona necesitaría un territorio más extenso. La soberanía energética solo se puede conseguir mediante acuerdos con otros territorios para instalar huertos solares, parques eólicos, etc.; este planteamiento requiere programas de cogestión en energía que faciliten la alianza entre comunidades de la metrópoli y territorios con disponibilidad para instalar infraestructuras energéticas renovables cuyo excedente sea gestionado por cooperativas de consumo vecinales de Barcelona.
Por eso, es cierto que el derecho a la ciudad es uno de los marcos de lucha contra los intereses del capital; lo que es menos cierto es el territorio de lucha que se suele imaginar: los centros de las ciudades, barrios periféricos, etc. El espacio de lucha es operativo si va más allá del entramado urbano o periurbano, ya que los límites metabólicos de la ciudad también son las cuencas hidrográficas, los suelos agrícolas, los espacios naturales protegidos y no protegidos, y la alianza con la gente que vive en estos lugares. El planeamiento de la ciudad debe tener en cuenta su territorio de influencia metabólica para no caer en la contradicción que supone defender el derecho a la ciudad al tiempo que se genera la desposesión de recursos naturales en otros lugares.
Llorenç Planagumà i Guàrdia
Centre per a la Sostenibilitat Territorial