Hacia sistemas alimentarios públicos, populares y comunitarios

Sofía Monsalve Suárez

¿A qué nos enfrentamos?

Estos sistemas extractivistas y orientados a la exportación y las cadenas de suministro globales tienen gran responsabilidad en la crisis ecológica y climática que vivimos, en el hambre y la creciente desigualdad en el control de recursos e ingresos, en la agudización de la explotación del trabajo tanto productivo como de los cuidados, así como en la malnutrición y las afectaciones a la salud ligadas al consumo de comida chatarra.

Necesitamos organizar nuestros sistemas alimentarios bajo otros principios sistémicos que nos permitan alimentar a todas las personas, regenerar la naturaleza a través de los procesos alimentarios, velar por el bienestar y la salud de todos los seres vivos, crear relaciones sociales y modos de  producción, intercambio y consumo justos y solidarios, reestructurar las economías alrededor del cuidado de la vida, así como seguir desarrollando nuestras tradiciones culinarias y nuestros conocimientos y culturas alrededor de lo alimentario.

Foto: Nicolás Pousthomis | Minga: Fotos libres para la soberanía alimentaria y el buen vivir

¿Cómo imaginar la alimentación más allá del capitalismo?

En diciembre de 2022, en el marco de la conferencia «Nuestro futuro es público» más de mil representantes de más de cien países, procedentes de movimientos de base, organizaciones de defensa, de derechos humanos y de desarrollo, movimientos feministas, sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil, se reunieron en Santiago de Chile virtualmente para debatir sobre el papel fundamental de los servicios públicos para nuestro futuro.

Cientos de organizaciones de todos los sectores de la justicia socioeconómica y los servicios públicos, desde la educación y la sanidad hasta los cuidados, la energía, la alimentación, la vivienda, el agua, el transporte y la protección social, se juntaron para reclamar el control público democrático y volver a imaginar una economía verdaderamente igualitaria y orientada a los derechos humanos que funcione para las personas y el planeta. Por primera vez desde que se inició este proceso hace unos 7 años, la alimentación formó parte de esta conversación. Dado que actualmente la alimentación no es un servicio público, en este encuentro exploramos las conexiones entre los servicios públicos y las políticas públicas necesarias para hacer realidad el derecho a la alimentación. Asimismo, nuestro diálogo abordó la comprensión de lo que queremos decir cuando reclamamos lo público y cómo democratizar la economía a través del fortalecimiento de la transición agroecológica.

Las reflexiones e ideas que surgieron en este encuentro, pensamos, pueden ayudar a concretar cómo hacer posible este nuevo marco político para el sistema alimentario.

Reconocer el derecho

La alimentación es un derecho humano y no una mercancía, entendida en el marco de una comprensión integral, compleja e interdependiente de los derechos humanos, donde es esencial incluir los derechos de todas las personas: productoras a pequeña escala de alimentos, trabajadoras en las distintas esferas de los sistemas alimentarios; los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales y de género. Nuestra perspectiva incluye derechos individuales y colectivos, así como el derecho a la soberanía alimentaria.

Además de los Pactos de Derechos Humanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos y Otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP); los convenios de la OIT sobre condiciones de trabajo dignas y protección social de los trabajadores agrícolas y de la alimentación, en particular migrantes; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRIP); la Convención para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) y las Directrices de la FAO sobre la pesca a pequeña escala deben ser la referencia normativa para una transición justa y las políticas públicas en torno a la alimentación y para democratizar la toma de decisión y la gobernanza de todos los sistemas alimentarios.

Los sistemas alimentarios son el vehículo para la reproducción continuada de los ciclos vivos, haciendo que la salud humana sea indivisible de la salud de la Madre Tierra. Una transición agroecológica requiere, entre otras cosas, una auténtica reforma agraria. Garantizar el control popular sobre la tierra, el agua, las semillas, los bosques, los ríos y los mares es una condición previa para unos sistemas alimentarios territoriales fuertes. Los bienes y servicios públicos son necesarios para garantizar la supervivencia de la pequeña producción de alimentos y de quienes trabajan en el sector.

Público no es sinónimo de estatal

El papel de «lo público» en los sistemas alimentarios es muy importante, pero no debe ser centralizado, sino descentralizado, de modo que quienes trabajan en la producción local y las comunidades marginadas puedan ser parte de ellos. Un buen ejemplo para analizar es el Public Distribution System (PDS) de la India, cuyo origen data de la década de los cincuenta y tiene como objetivo la seguridad alimentaria de las clases más pobres del país. Gestionado por una empresa pública, la Food Corporation of India ( FCI ) controla la distribución de alimentos básicos, a través de una red de establecimientos repartidos por todo el territorio.

Al respecto, han surgido algunas cuestiones: a) La cobertura del PDS debe servir a todas las personas necesitadas que han sido excluidas por diversas razones, por ejemplo, las migrantes, las que no tienen acceso a la identificación digital, etc.; la cobertura debe ser universal y no selectiva. b) La cesta de alimentos de los PDS debe incluir cereales y alimentos diversos, producidos localmente, no la gama estándar de cereales comercializados a nivel mundial. c) Los PDS pueden utilizarse para alejarse del monocultivo y la agricultura industrial y de la dependencia de las importaciones. Un PDS reimaginado sería descentralizado, incluiría múltiples cultivos y adquiriría alimentos de proximidad; los alimentos producidos localmente mejorarían la nutrición, el empleo y los medios de vida de las familas productoras marginales, y reducirían la destrucción medioambiental y la huella climática.

Es imperativo reconocer y fortalecer a la diversidad de agentes sociales involucrados en los sistemas alimentarios, incluyendo las dimensiones del cuidado, en la construcción de la esfera pública, repropiándose y avanzando hacia nuevas comprensiones de lo público. La incorporación de la atención al tiempo y al trabajo de los cuidados debe ir seguida de una comprensión sobre cómo redistribuirlos equitativamente entre hombres y mujeres.

Quienes trabajan en la agricultura necesitan mayor poder de negociación y cumplimiento de sus derechos, incluso en los procesos de transición justa. Del mismo modo, el sector de la pesca artesanal es un actor importante en la lucha por la soberanía alimentaria. Este reconocimiento y fortalecimiento son motores clave para democratizar lo público y los sistemas alimentarios.

También es clave fortalecer actores como, por ejemplo, las instituciones encargadas de mantener reservas alimentarias o los sistemas públicos de distribución, al mismo tiempo que hay que fortalecer los actores comunitarios y populares, como serían los sindicatos, las cooperativas y organizaciones de producción de alimentos, e iniciativas como los comedores populares. Los procesos de autonomía y autoorganización de estas entidades son fundamentales para el fomento de la economía social y solidaria y para la reorganización de una economía centrada en el cuidado de la vida.

El fortalecimiento del financiamiento y de las inversiones públicas y populares más allá del capitalismo hace necesaria la justicia fiscal, los impuestos progresivos que graven a las corporaciones y el capital financiero, de modo que se redistribuya riqueza y se desincentiven modos de producción, distribución y consumo alimentario insostenibles e insalubres.

Oportunidades

La compra pública de alimentos para las instituciones públicas (por ejemplo, la alimentación escolar) es una palanca muy poderosa de transformación de los sistemas alimentarios. Su aplicación nos debe permitir definir los principios que un sistema alimentario público/comunitario debe tener presentes, como la promoción de sistemas alimentarios territoriales; el suministro de alimentos sanos, culturalmente apropiados y adecuados; el acompañamiento de una educación alimentaria y nutricional; el apoyo a sistemas alimentarios sostenibles; la participación de las comunidades y control social; y el acceso universal y derechos humanos.

En contextos de guerra y conflictos armados, en los que la población ha perdido la confianza en el gobierno, la defensa de la esfera pública plantea retos particulares. Más que nunca, tenemos que exigir procesos de paz y descolonización como condición previa para reconstruir los sistemas alimentarios y defender el principio de que los alimentos nunca deben ser usados como arma de guerra.

Necesitamos unirnos en todos los sectores, regiones y movimientos para formular estrategias comunes y nuevas alianzas para hacer realidad la soberanía alimentaria y la transición a la agroecología en todo el mundo. Veinticinco años después de que La Vía Campesina lanzara la visión de la soberanía alimentaria, este movimiento, junto con sus aliadas, ha abierto un nuevo proceso, el Foro Global Nyéléni, para profundizar y ampliar los principios de la soberanía alimentaria e invitar a los movimientos de base mundiales a articular una convergencia interseccional hacia propuestas conjuntas de cambio del sistema, como las descritas.

Sofía Monsalve Suárez

https://www.fian.org/es/

 

---

Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo