Josefa Sánchez Contreras, Álvaro Campos-Celador y Alberto Matarán Ruiz
Foto: Teruel Existe
Cuando señalamos que el despliegue de megaproyectos eólicos y fotovoltaicos a gran escala son parte de un colonialismo energético global, partimos del hecho de que es necesaria una transición que supere el régimen de combustibles fósiles.
En Europa, la prisa por una transición energética está deviniendo en tragedia y la tragedia en farsa. Gran parte de los planes de transición ecológica se han promovido a la luz de la crisis sanitaria y de los múltiples conflictos que esta alimenta en todas las latitudes. Al mismo tiempo que se alcanzaban consensos más o menos amplios en torno a la urgencia de descarbonizar nuestras sociedades, se iban construyendo discursos a la medida de las necesidades de poder económico que, con el sello de lo verde y lo digital, celebraban como oportunidad los últimos estertores de un crecimiento ilimitado imposible. Esta es la música que actualmente marca el baile de nuestro tiempo y que, con ligeras diferencias, también marca la agenda de transición energética de los estados y de las entidades supraestatales.
En esta nota nos centraremos en las formas específicas que la transición ecológica está tomando en Europa, su materialización en el Estado español y los distintos movimientos populares que han surgido como respuesta a un plan que no los representa ni beneficia, pues solo se apoya de facto en las ansias de enriquecimiento del poder económico.
La transición energética en el viejo continente
Desde que, a finales de los noventa, Europa pusiese a andar su plan de integración de los sistemas energéticos de los Estados Miembros han pasado muchas cosas. Así, al calor de Maastricht y mediante la Directiva 96/92/CE, se ha ido dando forma a lo que posteriormente se llamaría la Unión de la Energía y que sería el marco de todo lo que posteriormente ha ido mostrándose sin tapujos según las distintas coyunturas lo iban permitiendo. Aspectos como la crisis financiera de 2008, la crisis sanitaria del COVID-19 en 2020 y la guerra entre Rusia y Ucrania desatada en febrero de 2022, han permitido ir sacando sin complejos un recetario de medidas que, si bien ya estaban en el espíritu de la Unión, esperaban las condiciones idóneas para tomar forma, mediante la identificación con el bien común de la ciudadanía.
La materialización de este plan reduce la transición energética al desarrollo masivo de tecnologías renovables a gran escala, sin cuestionar el modelo energético bajo el que operan, la disponibilidad de materiales para asegurar este despliegue, ni los niveles o modos de consumo que vamos a poder mantener con ellas. Así, lejos de hacer frente al problema que nos ha llevado hasta aquí, i.e. la brecha metabólica entre la actividad humana y la biocapacidad de nuestro planeta, este se agrava aún más. Estamos ante una transición de carácter corporativa, tal como la ha denominado un equipo de investigación en Argentina (Bertinat, Svampa, 2022), cuyas características son: la profundización del acaparamiento territorial, la necesidad de energías fósiles, la mercantilización del viento y el sol (y de los cuerpos), la preponderancia urbana, los nuevos extractivismos, etc. Uno de los aspectos clave para entender la nueva geopolítica que se abre con este plan de transición son las necesidades de territorio que conlleva, sobre todo, al tratar de llevar a cabo una sustitución de lo fósil mediante la ominosa figura del megaproyecto energético.
El colonialismo energético en el Estado español: Quijote contra los molinos de viento
Pero ¿cómo podemos hablar de colonialismo en el interior de la Unión Europea? Lo que aquí aseveramos es que el colonialismo histórico fundado en el siglo XV no ha concluido y, por el contrario, se agudiza en la medida que las relaciones capitalistas se vuelven más onerosas en un contexto de profunda crisis climática.
Pero, ¿cuál es la relación entre colonialismo y energía? Lo cierto es que el colonialismo histórico hizo posibles los procesos de acumulación originaria que dieron nacimiento a la Revolución Industrial. Con las extracciones de minerales en América y el mercado de esclavitud, la mano de obra extraída de África llevada a América y a Europa pudieron fundar en las metrópolis sociedades industrializadas, que posteriormente en el siglo XX pasaron a ser dependientes de los combustibles fósiles. Todo ello ha constituido la desigualdad en el acceso energético a nivel global. En palabras llanas, mientras unas pocas sociedades se industrializaban, muchas otras estaban siendo despojadas de sus recursos. Bajo esa lógica, los modelos energéticos de las sociedades, el colonialismo y el capitalismo han estado profundamente vinculados. Actualmente, en un contexto de crisis, esta lógica se agudiza y se ejerce no solo en la relación de dominación que históricamente ha privado entre los países del norte sobre los países del sur global, sino también se ejercen en las periferias del mismo norte. Se trata de un colonialismo interno, por retomar un término postulado por Antonio Gramsci (1952) y que nos permite analizar el papel del Estado español como periferia de Europa.
Frente a ello introducimos la categoría de colonialismo energético, la cual nace del vínculo entre el movimiento social y la academia, se trata de una producción de conocimiento situado (Haraway, D.; 1988) de una propuesta teórica que nace desde las resistencias de los pueblos indígenas y de poblaciones rurales que se niegan a ser despojados.
De ahí que hemos definido esta categoría a partir de 6 dimensiones: 1) geopolítica, 2) económica, 3) del poder, 4) territorial, 5) impactos a la biodiversidad y 6) resistencias (Sánchez y Matarán, 2023). En esta nota aplicaremos esta categoría para analizar la forma concreta que la transición energética corporativa está tomando en el Estado español y cómo y quiénes se resisten a ella.
1. La dimensión geopolítica: ¿dónde se genera la energía y dónde se aprovecha?
La península ibérica posee una gran biodiversidad, donde el 27 % del territorio está protegido y el 12 % constituye reservas de la biosfera. Su situación geográfica la dota de grandes niveles de radiación solar, pues alcanza los 2000 kWh/m2 en algunos puntos y solo desciende por debajo de 1200 KWh/m2 en la franja norte del país. A su vez, su condición de península supone un importante recurso eólico, superando los 10 m/s de media en la zona costera. Esto la convierte en un territorio de gran valor para el despliegue de megaproyectos renovables, especialmente si se tiene en cuenta el TEN-E, que, dentro del plan de la Unión de la Energía, busca de facto la especialización de los territorios donde las inversiones son más rentables y la interconexión de los estados mediante una maraña de cables de alta tensión.
Hoy en día, los permisos en tramitación para el desarrollo de nuevos megaproyectos renovables exceden los 200 GW, mientras que el consumo medio de electricidad, en descenso desde 2008, ronda los 30 GW. Esta sobreproducción se justifica por la construcción en paralelo de una red para la ubicación de los excedentes mediante interconexiones. En la actualidad está en fase de autorizaciones la interconexión eléctrica con Francia a través del golfo de Vizcaya, y la previsión de dos proyectos de interconexión más, a través de Navarra y Aragón. Esta infraestructura de líneas de alta tensión permite deslocalizar la producción y supone una precondición para el proyecto colonialista que genera una brecha entre zonas productoras, eminentemente rurales, y los grandes núcleos urbanos de consumo.
2. La dimensión económico-financiera y las desigualdades: ¿para quién es la energía?
Un elemento clave de esta dimensión es el proceso de privatización de gran parte de las actividades energéticas finalizado en 2008. Como resultado, el 80 % del sector eléctrico está en manos de grandes corporaciones privadas, mientras que las familias dedican una media del 17 % de sus ingresos al pago de las facturas. Es importante destacar el papel de la operadora de la red de transporte (alta tensión), Red Eléctrica de España (REE), que, con una participación privada del 80 % y siendo una de las empresas transnacionales más importante del IBEX35 (índice bursátil de referencia de la bolsa española), se encarga del desarrollo del transporte de la electricidad, en el difícil equilibrio de asegurar un suministro de calidad y unos máximos beneficios para sus accionistas. Cabe añadir que la implantación de megaproyectos renovables como herramientas financieras del capital privado trae al sector de la energía prácticas especulativas propias de otros sectores como el de la construcción, que dio lugar a la crisis económica que sacudió al país en 2008.
3. La dimensión del poder, las violencias y la toma de decisiones: ¿quién decide dónde y cómo se produce y consume la energía?
En esta dimensión cabe destacar el propio TEN-E que, mediante el Reglamento 347/2013, impuso a los Estados de la UE unas tasas de interconexiones de al menos el 10 % de la capacidad instalada (en 2022 esta tasa se aumentaría hasta el 15 %), desoyendo los condicionantes geofísicos que determinaban ciertos niveles de aislamiento; en el caso del Estado español: su condición de península y la barrera física que suponen los Pirineos. Así, mediante un refuerzo de la alta tensión a través de planes quinquenales (Planificación de la Red Eléctrica de Transporte), se favorece la penetración renovable mediante megaproyectos, cerrando el paso a otras alternativas de desarrollo tecnológico. Esto explica que, en 2017, más del 80 % de los proyectos fotovoltaicos superasen el MW de potencia. Las violencias ejercidas para cumplir este plan, hasta la fecha, son de baja intensidad; en gran medida debido a que gran parte de los desarrollos posteriores al año 2020 se encuentran aún en fase de tramitación y son muy pocos los que han llegado a la fase de construcción.
4. La dimensión del acaparamiento y el despojo de tierras: ¿cómo se sacrifican los territorios?
Como introdujimos, las tecnologías renovables requieren de muchísima más superficie para producir la misma potencia que una central térmica convencional, lo que aumenta en, al menos, una orden de magnitud la presión sobre el territorio. La propiedad del suelo condiciona de gran manera cómo se realiza esta desposesión. En los casos en los que los promotores se encuentran con oposición de los propietarios (privados, comunales o individuales), se está recurriendo a la designación de utilidad pública de los proyectos, amparados por la ley franquista del 16 de diciembre de 1954 de expropiación forzosa; a pesar de tratarse de iniciativas para el lucro privado.
5. La dimensión de los impactos territoriales y sobre los bienes comunes: ¿cuál es el sacrificio de los territorios?
Actualmente se está evaluando la ocupación de casi 3 millones de hectáreas, en torno al 6 % del territorio, lo que supone unos enormes impactos sobre las vidas humanas y no humanas. Hoy en día no existe ninguna planificación vinculante que gobierne estos desarrollos; la iniciativa privada designa el qué, el dónde y el cómo de los desarrollos. El conflicto desencadenado en Ucrania y las consecuencias energéticas derivadas han causado que, bajo ciertas condiciones, desaparezcan los estudios de impacto ambiental y la participación ciudadana en la evaluación de estos, generando una mayor desprotección frente a esta avalancha.
6. La dimensión de las resistencias y los conflictos socioterritoriales: ¿cómo se defienden los territorios?
Los colectivos que se oponen al despliegue de fotovoltaicas y eólicas a gran escala denuncian la dinámica colonialista y al mismo tiempo se enfrentan a la etiqueta de NIMBY (not in my backyard en inglés), utilizada por los medios, políticos y promotores para deslegitimar la resistencia.
En los últimos años, han surgido numerosas plataformas y colectivos que han puesto todos sus recursos en defensa de la tierra. Entre las acciones desarrolladas destacan la construcción de redes interregionales para coordinar acciones, acciones de resistencia no violenta, la lucha judicial, acciones de información y concienciación, cajas de resistencia y encuentros donde compartir el conocimiento generado y las herramientas de lucha. A modo de ejemplo, cabe destacar la Plataforma en Defensa de la Cordillera Cantábrica o la red de trabajo Macrorrenovables NO.
En 2018, en Andalucía, el sur de España. En Granada y en los pueblos de la zona de Alpujarras-Lecrín comenzaron a movilizarse y constituyeron la plataforma «Di no a las torres» en el valle de Lecrín y Alpujarras, tras conocer que la Diputación de Granada había firmado, junto con ocho municipios del valle de Lecrín, un acuerdo con la Red Eléctrica de España, por el que la promotora se comprometía a destinar 700.000 euros para promover la sostenibilidad ambiental ante el impacto de la construcción de una línea de alta tensión y una subestación en el valle de Lecrín que atravesaba estos territorios granadinos donde se pretende instalar megaproyectos de energía renovable.
En diciembre de 2019 se produce una primera articulación de un movimiento estatal a través de la Plataforma Ciudadana para una Transición Ecológica Justa, creada por asociaciones de Andalucía y Castilla-La Mancha tras un encuentro en Dúrcal (Granada) con activistas del Istmo de Tehuantepec (Oaxaca, México) que denunciaron el colonialismo energético en sus territorios.
Posteriormente, en noviembre de 2020, se crea la Plataforma Alianza Energía y Territorio (ALIENTE), donde confluyeron decenas de colectivos, organizaciones y municipios que llevan años defendiendo sus territorios. En la actualidad, ALIENTE lo conforman 220 organizaciones y colectividades. El 16 de octubre de 2021, ALIENTE convocó una gran manifestación en Madrid, donde más de 15, 000 personas de distintas provincias del Estado español se dieron cita en la capital para manifestarse contra el colonialismo energético. Las consignas ¡Renovables Sí, pero No Así!, ¡España no quiere ser el granero energético de Europa! y ¡No al colonialismo energético! expresaron que la oposición no es de un negacionismo al cambio climático, por más que el negacionismo del partido ultraderechista Vox quiera capitalizar estas resistencias.
Por el contrario, las manifestaciones suscitadas en las periferias del norte global advierten de que el colonialismo es global y se expande, también sugieren que no se puede resolver el problema energético con las mismas dinámicas que generaron la crisis; es decir, una verdadera transición energética no puede erigirse sobre genocidios, despojos y violencias.
Sin embargo, no hay que perder de vista que los niveles de violencia ejercidos en el sur global no son los mismos que en España, por muy periferia que sea. Los niveles de consumo tampoco son equiparables. Cuando nos referimos a un colonialismo energético global, debemos advertir que lo atravesamos también de forma diferenciada y es desde estas diversas condiciones desde donde debemos partir para proponer una transición energética que apueste por la energía redistribuida y por la justicia climática.
Conclusiones
El enorme despliegue de proyectos eólicos y fotovoltaicos en España supone una producción cinco veces mayor que la energía eléctrica demandada en este país, con el horizonte evidente de su exportación obligada al centro y norte de Europa, lo cual genera una continuidad de otros colonialismos internos, previamente existentes en los territorios del sur de Europa, como la producción de commodities agroalimentarias (Delgado et al., 2014; Delgado, 2016). La instalación de renovables se produce de manera desigual también dentro del Estado español, donde encontramos zonas históricamente ganadoras de los procesos de desarrollo con muy pocos megaproyectos como en el País Vasco (Felipe-Andreu et al., 2022), Madrid y la mayor parte de los contextos metropolitanos, mientras las áreas que han jugado un papel subalterno en el último siglo se configuran ahora como territorios de sacrificio para la producción de energías renovables, tal es el caso de Andalucía.
Frente a ello, muchos de los colectivos y plataformas en resistencia, lejos de negar la necesidad de una transición ecológica, nos advierten del uso interesado por parte del capital de nuestras urgencias para garantizar sus inversiones. Ante esta visión atomizadora de la cuestión energética como negocio, proponen una transformación radical de nuestros modos de vida, entendiendo que las renovables no pueden ser el fin, sino un medio al servicio de una transición energética popular y emancipadora. Solo así podremos evitar que la tragedia devenga en farsa.
Todo ello pone de manifiesto que la cuestión central no es si se quiere o no infraestructura renovable y que la postura de las defensas territoriales no es NIMBY. Más bien al contrario, lo que se plantea es que para arribar a una transición energética es necesario partir de puntos tan sustanciales como la redistribución energética para los pueblos y poblaciones, y desde las preguntas claves: ¿energía, para qué?, ¿energía, cómo? y ¿energía, para quién?
Josefa Sánchez Contreras
Investigadora del Departamento de Sociología, Universidad de Granada | Activista socioambiental del pueblo zoque de Chimalapa, Oaxaca, México
Álvaro Campos-Celador
Profesor de Ingeniería Energética en la Universidad del País Vasco (UPV-EHU) | Miembro de la Red de Apoyo Mutuo en Respuesta a los Megaproyectos Energéticos
Alberto Matarán Ruiz
Profesor de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Universidad de Granada | Activista socioambiental
Bibliografía
Bertinat, P.; Svampa, M. La transición Energética en Argentina, 1st ed.; Siglo XXI Editores: Buenos Aires, Argentina, 2022.
Gramsci, A. (1952) [2002], La cuestión meridional. Introducción de Giuseppe Fiori. Argentina, Quadrata Editor.
Sánchez Contreras, J.; Matarán Ruiz, A., 2023, Colonialismo energético. Territorios de sacrificio para la transición energética corporativa en España, México, Noruega y el Sahara Occidental, España, Ed. Icaria.
Haraway, D. Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. Fem. Stud. 1988, 14, 575–599.
Delgado, M. (2016). «Los megaproyectos como forma de apropiación de riqueza y poder en Andalucía». En Delgado, M. y del Moral, L. (Coords.). Los megaproyectos en Andalucía. Relaciones de poder y apropiación de la riqueza. Sevilla: Aconcagua Libros.
Delgado, M., Carpintero, O., Lomas, P. y Sastre, S. (2014). «Andalucía en la división territorial del trabajo dentro de la economía española. Una aproximación a la luz de su metabolismo socioeconómico. 1996-2010». En Revista de Estudios Regionales, núm. 100.
Felipe-Andreu, J., Valero, A. y Valero, A. (2022). «Territorial inequalities, ecological and material footprints of the energy transition. Case study of The Cantabrian-Mediterranean Bioregion». Land Journal, 11.