Darío Aranda

 

«El calentamiento global es una mentira». «Tendrán el derecho a morir de hambre». «Los voy a mear a todos. Si siguen jodiendo, les cierro el Congreso» (en referencia a los partidos opositores). Son solo tres muestras de los exabruptos y agravios que vocifera a diario el presidente de Argentina, Javier Milei. Pero no son solo palabras. En los hechos, el país experimenta una suba récord de pobreza (afecta al 53 % de la población), el precio de los alimentos acumula una suba interanual del 190 % y profundizó las políticas para el extractivismo agrario, minero y petrolero. Movimientos campesinos, pueblos indígenas y asambleas socioambientales son trincheras de resistencia ante el gobierno de ultraderecha.

Diez meses y más pobreza

Javier Milei asumió la presidencia el 10 de diciembre de 2023. Le siguieron meses arrasadores en diversos frentes: devaluación del 118 % en su primer mes de gobierno, un salto inflacionario del 95 % en los primeros ocho meses y una baja del presupuesto para ayuda social, salud, educación y todo lo relacionado con los sectores populares. No fue novedad que, en la última medición oficial, los datos de pobreza fueron escalofriantes: 25 millones de argentinos son pobres, el 53 % de la población (un salto de once puntos desde que asumió la presidencia).

   En el otrora «granero del mundo», el hambre corroe la vida..   

La cifra más elocuente la dio, en agosto, Unicef: un millón de niños y niñas de Argentina se va a dormir sin cenar. Y 4,5 millones de adultos se salta alguna de las cuatro comidas diarias (en muchos casos, para que sus hijos puedan comer). En el otrora «granero del mundo», el hambre corroe la vida.

Argentina nunca había experimentado la llegada de alguien totalmente ajeno a la política, aunque con amplio respaldo de sectores del más rancio empresariado local e internacional. Dos de sus padrinos políticos son Eduardo Eurnekián y Eduardo Elsztain, ambos ligados a sectores de medios de comunicación y del extractivismo minero, petrolero y del agronegocio (Elsztain es uno de los mayores terratenientes del país).

Milei ha provocado lo que suele llamarse una «doctrina del shock», conocida dentro del sector de la militancia social, sobre todo desde la investigación de la periodista Naomi Klein en 2007 (basada en la teoría y práctica del economista estadounidense Milton Friedman). De forma muy simplificada, toma la referencia de las antiguas «terapias de electroshock», que aplicaban descargas eléctricas en personas y les hacían perder la capacidad de reacción, las paralizaban.

A pesar de ello, se han vivido dos paros generales —la Confederación General de Trabajadores (CGT) es muy cuestionada por su connivencia con todos los gobiernos de turno—, tres movilizaciones nacionales multitudinarias: el 24 de marzo (histórica fecha en repudio al último golpe militar) y dos manifestaciones masivas en defensa de las universidades públicas (en abril y octubre), que el Gobierno desfinanció y ataca cotidianamente.

Un modelo para pocos

El Instituto de Agricultura Familiar Campesino Indígena (Inafci) tenía 1100 trabajadores y trabajadoras en todo el país. El gobierno de Javier Milei despidió a 1000. La Dirección Nacional de Agroecología fue cerrada y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), totalmente desfinanciado. Esto es solo una muestra del desprecio de la gestión de Javier Milei para con los sectores populares del campo argentino.

La última muestra fue el 12 de octubre, una fecha muy sentida para todo el continente y, en particular, para los pueblos originarios. En la red digital X (antes Twitter), la cuenta oficial de la Casa Rosada (lugar de donde ejerce el gobierno el presidente) difundió: «Hoy, 12 de octubre, celebramos el Día de la Raza en conmemoración de la llegada de Cristóbal Colón a América, un hito que marcó el inicio de la civilización en el continente americano».

   No son políticos, no son gobernantes. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes.   

Por contraposición, Javier Milei visitó la muestra anual del agronegocio Expoagro, donde están presentes todas las multinacionales del sector. Y también la tradicional semana de la Sociedad Rural Argentina (SRA), el espacio más conservador del empresariado terrateniente del país. El presidente les prometió que iba a liberar al sector privado de los controles estatales (cree que el «mercado se regula solo») y consideró que «los días más felices de la historia argentina fueron los días más felices del campo». Y los calificó como «el alma de la economía nacional».

El sabio indígena Marcos Pastrana, del pueblo diaguita de Argentina, lo resumió: «No son políticos, no son gobernantes. Son gerentes ejecutores de las multinacionales y de los terratenientes».

Otra muestra de qué tipo de «campo» apoya es que, durante su gestión, ya se aprobaron cuatro nuevos transgénicos (dos de soja y dos de maíz). Las empresas beneficiadas: Bayer/Monsanto, BASF y Corteva. Y se mantuvo vigente el hecho más polémico de los últimos años: la comercialización para consumo humano del trigo transgénico (producido por la argentina Bioceres y la multinacional francesa Florimond Desprez), con el peligroso agrotóxico glufosinato de amonio.

En Argentina los organismos genéticamente modificados (OGM) se aprueban a partir de los propios «estudios» de las empresas. La comisión que los evalúa está integrada (y dominada) por las propias empresas que venden los transgénicos. Y los expedientes de autorización son confidenciales.

Pasado y presente del saqueo

La mayor ingeniería legal para el extractivismo en Argentina se aprobó durante la década de los noventa, durante el gobierno del neoliberalismo peronista de Carlos Menem. Son leyes que otorgan grandes ventajas a las empresas mineras, petroleras, forestales y del agronegocio. Legislaciones que se mantuvieron (y perfeccionaron) durante los distintos gobiernos, sin importar su signo político.

La llegada de Javier Milei fue por más. Impulsó un paquete con 600 proyectos de ley, titulado Ley Bases, con un apartado especial en total beneficio para las empresas extractivas. Lo llamó Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El gobierno de Milei tiene minoría parlamentaria, pero contó con el apoyo del PRO (conducido por el expresidente Mauricio Macri), la Unión Cívica Radical (partido centenario que fue aliado de Macri) e incluso de sectores del peronismo que impulsan la explotación de los recursos naturales. Dos ejemplos: la explotación de litio en las provincias de Catamarca y Jujuy (norte del país) y el proyecto minero de cobre Josemaría (en manos de la canadiense Lundin Mining Corp) en la provincia de San Juan (oeste del país, al límite con Chile).

Melina Zocchi es integrante de la Asamblea El Algarrobo, en la provincia de Catamarca (noroeste del país), donde rechazan la megaminería. En una entrevista para Agencia de Noticias Tierra Viva no tuvo dudas de lo que implica el Régimen aprobado por el Congreso Nacional: «El RIGI está hecho para atacar de manera directa y absoluta a los territorios y sus bienes comunes. Está claramente orientado a los grandes emprendimientos extractivistas, de distinto tipo, en cualquier punto de nuestro territorio. Solo las grandes corporaciones, en general extranjeras, son las que pueden llegar a ser los beneficiados por estos regímenes».

Las organizaciones campesinas, indígenas y cooperativas

«La situación social es atroz. La necesidad se nota a cada paso. Se nota muchísimo acá en el pueblo, ni te imaginás en la ciudad», explica Mercedes Ferrero, de la organización Trabajadores Unidos por la Tierra (Traut), en la localidad de Los Molinos, a 80 kilómetros de la ciudad de Córdoba (centro geográfico del país).

La organización es protagonista de un hecho inédito: recuperó 250 hectáreas que estaban en manos del ejército, donde se cometieron violaciones de derechos humanos en los años de la dictadura cívico-militar. En esas mismas tierras, ahora se trabajan de forma agroecológica, crían vacuno y gallinas, producen miel y hasta cuentan con una escuela para adultos.

«Siempre apostamos por la autogestión. Y tenemos claro que es un momento muy difícil, por eso trabajamos para sostener lo productivo, lo cultural, lo educativo, todo lo que hemos logrado hasta acá. Siempre creemos en la construcción de comunidad, es el lugar de donde siempre partimos y en el que nos refugiamos. Y hoy más que nunca», señala Ferrero.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) es una referencia de las organizaciones campesinas de Argentina. Nuclea a 22.000 familias y tiene presencia en 20 de las 23 provincias del país. Agustín Suárez, uno de sus voceros, explica que el gobierno no solo eliminó todos los programas, subsidios y créditos para el sector, sino que no existe interlocución con los ministerios y los funcionarios ni siquiera dialogan con las organizaciones, algo que no había sucedido ni en la gestión de Mauricio Macri (2015-2019).

En distintas regiones donde está presente la UTT hubo temporales que arruinaron cosechas y, en otras zonas, también sufrieron sequías. A diferencia de otras gestiones, el actual gobierno no brindó ningún tipo de ayuda. «Si no aparece algo de asistencia, va a ser una bomba de tiempo», alerta.

   Comunidad es el lugar de donde siempre partimos y en el que nos refugiamos.   

Además del presente complejo y sin cambios a la vista, Suárez advierte de cada crisis —como fue 2001 y los últimos años, con una inflación descontrolada—: «lo que hace es profundizar la desaparición del sector campesino, del pequeño productor, de las cooperativas».

Afirma que todo lleva, también, a la concentración de tierras en cada vez menos manos. Los datos del último censo agropecuario marcan que el 1 % de las explotaciones agropecuarias controla el 36 % de la tierra, mientras que el 55 % de las chacras (las más pequeñas) tiene solo el 2 % de la tierra. Otra muestra de los impactos del agronegocio implantado en Argentina: en 30 años desapareció el 41 % de las explotaciones agropecuarias.

Organización, agroecología y luchas

«Verdurazos» es el nombre de la novedosa acción de protesta que instaló hace años la UTT en las grandes ciudades de Argentina. Consiste en ir con los campesinos y campesinas que producen alimentos hasta alguna plaza muy concurrida y distribuir las frutas y verduras que cosechan. Muchas veces son entregas sin costo, otras a muy bajo precio. Es una forma muy efectiva de visibilizar la situación del sector. Lo hicieron durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, de Mauricio Macri y también de Alberto Fernández.

En lo que va del gobierno de Javier Milei, se han convocado numerosos verdurazos y acciones similares que se han replicado con otras organizaciones de la agricultura familiar.

Y se apostó por el fortalecimiento del sector rural con la creación y ampliación de la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), donde confluyen otras organizaciones nacionales, como el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-ST), la Federación de Cooperativas (Fecofe), Bases Federadas y la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf).

Han estado en las calles en las movilizaciones de estos meses (por la universidad pública y por los jubilados, ambos sectores atacados por el gobierno). Y han multiplicado los diálogos con la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), uno de los espacios gremiales que nuclean a gremios movilizados. Entienden que la lucha debe ser multisectorial.

Aun en un contexto tan adverso, la MAA apuesta por la agroecología y la soberanía alimentaria. Como muestra de eso, la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST, que integra la Mesa Agroalimentaria) consolidó el trabajo en 500 hectáreas que los campesinos y campesinas recuperaron en Mendoza (zona oeste del país, cerca del límite con Chile). Donde antes había tierra abandonada, ahora hay alimentos sanos y trabajo cooperativo.

Asimismo, como Mesa Agroalimentaria, acaban de lanzar una certificación agroecológica participativa para los alimentos que producen en las veinte provincias.

«En el marco de la situación negativa, estamos convencidos de mantener la movilización y la iniciativa. La certificación agroecológica es una muestra de eso: de fortalecer el vínculo con quienes concurren a diario a nuestros locales porque saben que ofrecemos alimentos sanos, sin venenos, y que así se fortalece el campo que alimenta al país», explica Suárez.

El 8 de octubre se conmemora en Argentina el Día del Trabajador Rural. La UTT organizó actividades en distintas regiones y precisó el contexto nacional en un comunicado: «Aunque Argentina tiene grandes extensiones de tierra, están concentradas en pocas manos. Muchas familias campesinas producen en tierras alquiladas, con contratos precarios que les impiden construir viviendas dignas o acceder a servicios básicos. Luchamos por el acceso a la tierra para que los trabajadores y trabajadoras rurales puedan producir con agroecología, construir sus hogares y comercializar a precios justos».

Y, aun en tiempos de gobiernos de ultraderecha, dejaron un aviso: «Seguiremos peleando por nuestros derechos, por la soberanía alimentaria y la justicia social».