María Arrueta

 

Vivimos tiempos convulsos, o eso creemos. Puede que no sean ni más ni menos convulsos que otros del pasado, pero se diría que existe cierta tendencia interesada en crear una atmósfera de inestabilidad y de inseguridad.

Cualquier atisbo de conflictividad social, real o interesadamente percibido, es rápidamente contestado con propuestas de «policializar» esos espacios (centros de enseñanza, sanitarios, etc.), sea con las policías existentes o creando nuevos cuerpos específicos.

También el medio rural sufre su propia problemática aunque, al menos en términos cuantitativos, poco tiene que ver con la realidad que se puede dar a diario en cualquier ciudad. La presencia de las diferentes policías en lo rural suele ser mucho más esporádica y puntual.

   El medio natural es una parte de nuestros pueblos a todos los niveles: político, social, económico, histórico, etc..   

Agentes forestales

Cuando nos referimos al mundo rural, y más aún en eso que se ha dado en llamar la España vaciada, entendemos que, a los efectos de este texto, es una realidad apenas distinguible de lo que se denomina medio natural, hasta tal punto que, en la mayor parte del territorio, podríamos hablar de una sola entidad inseparable. El medio natural es una parte de nuestros pueblos a todos los niveles: político, social, económico, histórico, etc.

Tradicionalmente, el control y la gestión de las actividades que se llevan a cabo en el medio natural así entendido ha estado a cargo del cuerpo de guardería forestal. Sus competencias han evolucionado con el tiempo, así como su denominación, que cuenta con diferentes variantes, entre las que se encuentra la de agentes medioambientales. En general, se trata de personal funcionario con la consideración de agente de la autoridad y de policía judicial genérica. Esto no lo convierte en un cuerpo policial per se, sino en algo semejante a auxiliares de aquellos otros que sí forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Por supuesto, este hecho les dota de competencias de control, vigilancia y denuncia ante posibles incumplimientos de la normativa ambiental. Sin embargo, el amplísimo rango de sus atribuciones y tareas de gestión del territorio hace que, hoy por hoy, esa “función policial” sea una más entre muchas otras que, fuera de situaciones concretas, no debería ocuparles más tiempo que el resto.

Si en cualquier agrupación humana de un cierto tamaño parece inevitable la eventual sectorización jerárquica de sus miembros, históricamente, y hasta tiempos no muy lejanos, la guardería forestal fue considerada un «colectivo de clase baja» dentro de la Administración. Aún resuenan en las casas forestales los ecos de la malsana relación clientelista y autoritaria entre guardas y la clase alta que conformaban los ingenieros forestales.

Afortunadamente, con la llegada de las autonomías, la Administración pública española comienza a modernizar sus estructuras. Los agentes y otros estratos comienzan a hacer valer sus reivindicaciones de igualdad y dignidad y se producen algunos avances notables.

No obstante, esta sensación de servilismo aún le escuece a la guardería forestal y su desagravio se ha convertido en uno de los motores principales de las demandas del colectivo incluso hoy en día. Es por eso por lo que estas exigencias de mejora no se limitan a aspectos laborales, sino que muestran una apremiante necesidad de potenciar las cuestiones referidas a la imagen y percepción social del cuerpo.

Policía, remedio para todos los problemas

En el contexto de una sociedad en la que la policía parece ser el remedio mágico para muchos de nuestros problemas, existe una tendencia más o menos implantada dentro de la guardería forestal en España que aboga por priorizar los aspectos policiales de sus funciones. Al conceder a estos atributos una importancia desmesurada, incluso excluyente del resto de funciones, parece que se quiera superar ese cierto complejo de inferioridad, herencia de un pasado cercano, a la vez que vender una imagen de mayor seguridad en el medio rural y natural.

Agrupada esta tendencia en torno a la autodenominada Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales, y sus filiales autonómicas, tiene como objetivo último la implantación en el ámbito estatal de un cuerpo denominado Policía Medioambiental, que, escindido de la Administración de Medio Ambiente, se integre dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE).

Por si fuera poco, no se trata de crear una nueva función o un cuerpo nuevo en las Administraciones, sino que, autoproclamándose portavoz de un amplio y diverso colectivo, se pretende que cada agente medioambiental actual se convierta en policía a todos los efectos, aparentemente sin consulta previa ni alternativa posible. Este detalle habla por sí solo del uso de criterios autoritarios desde un principio, como corresponde al tipo de profesión que se reivindica.

Dejando aparte las implicaciones que tal propuesta tendría a nivel laboral y organizativo de las Administraciones y la gestión del medio ambiente, nos podríamos llegar a encontrar en un futuro con un cuerpo armado de policía sin dependencia alguna de las consejerías de Medio Ambiente y sujeto a su propia jerarquía interna, supeditado en último término a una consejería propia, sea esta Interior o Presidencia y a los mandos de las FCSE. Esta policía tendría sus bases o cuarteles en núcleos urbanos y de ellos saldrían diariamente patrullas a controlar y vigilar el medio rural y natural y a sus habitantes, siendo este el patrón de su escasa interacción con el territorio.

A fecha de hoy, cada filial autonómica de la arriba mencionada asociación se erige en interlocutora única y representativa ante su correspondiente Administración, a la que presentan sus reivindicaciones con la inexplicable connivencia y apoyo de las centrales sindicales mayoritarias. Siendo harto improbable que les admitan el paquete completo de golpe, su estrategia consiste en ir consiguiendo objetivos uno a uno, algunos de los cuales hay Administraciones que van sumisamente asumiendo en la medida que coincidan con sus propios intereses.

Pero ¿es necesaria una policía medioambiental?

   Algo muy grave debe suceder en el medio rural y natural como para plantearse la creación de un nuevo cuerpo policial.   

Hemos mencionado anteriormente cómo se suele optar por las soluciones fáciles o más simples a la hora de atacar problemas o conflictos. Y decimos atacar, que no resolver. Lejos de analizar causas y buscar soluciones, la respuesta suele ser la imposición de un criterio por la fuerza.

En nuestro caso, sin embargo, resulta difícil, por no decir imposible, alcanzar a entender de qué gran conflictividad o tremenda problemática quiere defendernos esta asociación. Incluso dentro de la lógica patriarcal y autoritaria que emplea, entenderíamos que algo muy grave debe suceder en el medio rural y natural como para plantearse la creación de un nuevo cuerpo policial.

Es evidente que esto no es así y que se trata del tradicional «poner la venda antes de la herida» para justificar la propia existencia. Una policía medioambiental solo es necesaria para sí misma, nadie más la demanda. La excusa de la mejora de imagen nunca justificaría una opción del calado que se propone, con consecuencias indeseables para el colectivo al que pretenden representar y para la sociedad a la que dicen querer proteger.

Lo que estamos perdiendo

Ya es una realidad eso que podríamos denominar despoblamiento administrativo del medio rural. Se ha convertido en la norma que el personal de la Administración que trabaja en el campo o los pueblos ya no resida en estos, sino que lo haga en núcleos urbanos desde los que se desplaza diariamente a cumplimentar sus tareas. Puede ser incluso difícil para las Administraciones cubrir ciertas plazas consideradas periféricas o hacerlo al menos con una mínima estabilidad.

   Lo que fue una guardería forestal integrada y parte del territorio pasaría a ser una especie de «fuerza de ocupación» con incursiones diarias coercitivas en el mismo.   

Esto es así para el colectivo de agentes medioambientales. Por una variedad de razones, las nuevas promociones que se van incorporando no poseen los vínculos del pasado con el medio en el que trabajan y prefieren vivir en ciudades. Por su parte, la Administración, a quien se le llena la boca en época electoral con el «desarrollo rural», mira hacia otro lado y no es capaz ni siquiera de implementar políticas internas para incentivar que este personal se quede a vivir en los pueblos.

Sin embargo, lo impensable es que directamente se promueva la defección del medio rural, tal y como hace la Asociación en sus propuestas. En su modelo de futuro, contempla dos o tres «cuarteles», obviamente urbanos, donde agrupar al colectivo de agentes de cada provincia. El divorcio con el territorio está servido.

Esta ruptura posee otro aspecto que merece la pena ser al menos mencionado. El personal de la Administración que trabaja en el mundo rural es el último eslabón que conecta esas dos realidades cada vez más alejadas. Cuando la representación de la Administración en lo rural ya no forma parte de este, la relación deja de ser igualitaria e inclusiva; se convierte en invasiva, en pura burocracia. Al subir aún más la apuesta planteando las funciones de esa hipotética «policía» con una labor de puro control, vigilancia y sanción, el panorama puede llegar a ser desolador: lo que fue una guardería forestal integrada y parte del territorio pasaría a ser una especie de «fuerza de ocupación» con incursiones diarias coercitivas en el mismo.

Otro aspecto fundamental de este nuevo «contrato» entre agentes medioambientales y sociedad sería el que se refiere al abandono o dejación del resto de las funciones que desempeñan actualmente; concretamente las «no policiales». En estas condiciones, ¿quién quedaría en la Administración de Medio Ambiente para encargarse de la gestión diaria del monte: de la silvicultura, de la flora, la fauna, los incendios forestales, los espacios naturales protegidos, lo que hoy en día conforma la mayor parte de las ocupaciones de agentes medioambientales?

Sin perder la vista de la forzada informatización, automatización y consiguiente despersonalización que, de alguna de esas gestiones, ya sufre la población rural, es una realidad generalizada la supresión de cada vez más servicios públicos en aras de una campaña salvaje de privatización, de la cual no se libra la gestión del medio ambiente y del territorio con el consiguiente deterioro y desprestigio que ello conlleva. Con este panorama, lo más probable y quizá más deseable para la propia Administración es la externalización de esos servicios, servida en este caso en bandeja de plata. Es el capitalismo, amigo.

En conclusión

De esta manera se cierra el círculo: una vez que contextualizamos e insertamos la propuesta de policía medioambiental en la realidad actual del medio rural, aquella encaja como anillo al dedo dentro de la estrategia neoliberal de acoso y derribo al territorio. Convivimos con el hecho de que los poderes económicos y muchas Administraciones contemplan el territorio rural y natural como un gran campo de extracción y expolio de recursos hacia las urbes, sean estos recursos mineros, energéticos, agrícolas, de ocio… Así, el verdadero interés está en que el medio rural sea vaciado, envejecido, desmotivado. La minoría que, aun así, opte por quedarse tendrá que ser controlada y sometida para no entorpecer los dictados del crecimiento salvaje e imparable.

   La propuesta de policía medioambiental en la realidad actual del medio rural, aquella encaja como anillo al dedo dentro de la estrategia neoliberal de acoso y derribo al territorio.   

En este punto vemos a quién y para qué podrá resultar verdaderamente útil esa «policía medioambiental» que, en realidad, sería una policía rural, como ya se denomina en alguna comunidad autónoma. Una vez integrada en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no estará ahí para defender el medio ambiente ni a la ciudadanía. Se le exigirá una obediencia ciega a las órdenes de las cúpulas políticas y económicas, que la utilizarán para defender sus intereses: nada nuevo bajo el sol.

Queda, por fin, preguntarse si quien promueve esta iniciativa ignora este tipo de reflexiones o las calla; si es posible comulgar con semejantes piedras de molino solo por limpiar, fijar y dar esplendor a una imagen y un ego o puede incluso haber por detrás algún interés espurio por terminar de cargarse la muy mejorable Administración de Medio Ambiente.

Como casi siempre, el débil, en este caso el mundo rural, termina siendo un daño colateral en las peleas de otros, de las cuales no tiene ni información ni posibilidad de opinión. Esta debería ser la tarea más importante de la Administración forestal y ambiental en general y del cuerpo de agentes medioambientales en particular: la defensa del territorio de todas las tentaciones predatorias que recibe y va a recibir en todos los ámbitos. Esto solo es viable desde la total independencia de los centros de poder, que puede ser complicada dentro de la Administración, pero es del todo imposible dentro de un cuerpo policial.

María Arrueta

Activista rural y medioambiental