Eugenio Romero Borrallo

Coquinero en el bajo Guadalquivir. Foto: Francesc La Roca

Decía Azahara Palomeque en El País hace unos días que no entendía nada de lo que está pasando: «un sinsentido que se ha adueñado de tantos espacios mediáticos y sociales, sumiendo a la gente en una confusión palmaria», en relación con cómo los autodenominados «patriotas» copian al dictado lejanos discursos trumpistas basados en bulos que intentan echar por tierra las más básicas evidencias científicas. Un delirio, tituló este texto.

En la parte agroambiental la cuestión está desmadrada.

Julián Macías analiza muy bien cómo funciona esta maquinaria de creación y difusión de bulos. Normalmente comienza con una acción política perfectamente premeditada en la que el representante de algún partido de derecha o extrema derecha hace unas declaraciones en sede parlamentaria. Los medios de comunicación, en su afán democrático de emitir lo que se diga a pesar de que no tenga la más mínima carga de verdad, hacen de ello una noticia. Las redes sociales se encargan de replicar la mentira haciéndola llegar al último rincón del mundo.

El caso de las fumigaciones para que no llueva y los derribos de presas son clara muestra de ello. El problema aumenta cuando la propia televisión pública participa de esta farsa emitiendo noticias confusas sobre cuestiones que están más que claras.

Es increíble que en este país se pueda emitir sin consecuencias una noticia como la de El Español: «España permite a Portugal extraer del Tajo el doble de agua acordada mientras Murcia y Alicante se secan». Es lo más esperpéntico que he leído sobre este tema y creedme que leo mucho más de lo que debería. Desinformación pura y dura, dando a entender que el Tajo debe abastecer a la agricultura de Murcia, Alicante y Almería, pero a las doce provincias de cinco comunidades autónomas por las que pasa (además de Portugal) que les den. Ese es el resumen. Si el agua del Tajo ya tiene un 66 % de uso agrícola (datos del Ministerio), no sé si lo que pretenden es que la población a la que abastece compre el agua en el supermercado para que puedan seguir regando hasta dejarlo seco. La desinformación pretende negar realidades que son objetivas: la sobreexplotación que el modelo industrial agrario hace del agua.

Negacionismo hídrico

Pero mucho más grave que el negacionismo y los bulos «virtuales» me parecen las políticas negacionistas de partidos autodenominados de izquierdas que llevamos sufriendo décadas en determinados territorios.

Empiezo por mi tierra, Extremadura, donde el PSOE lleva años ampliando regadíos, principalmente en la provincia de Badajoz, con las reservas hídricas al 30 % a principios de junio. Ya el año pasado 100.000 personas sufrieron restricciones aquí. La situación llevó, con buen criterio, incluso a reducir las dotaciones para regadío. Este año, sin embargo, estas restricciones se han eliminado en algunos casos y suavizado en otros, han puesto el interés electoral por encima del acceso a un bien básico. A estos despropósitos se suma el aluvión de proyectos mineros que han estado tramitando. Solo el de la mina de litio de Cañaveral ha solicitado 2,6 hectómetros cúbicos anuales durante los próximos 30 años. Por no hablar de megaproyectos de ocio, como Elysium City, que consumirá grandes cantidades de agua. En la gestión del agua, por desgracia, no creo que se note mucho el cambio de gobierno extremeño.

Pasemos de Extremadura a Andalucía, donde la sobreexplotación de las reservas de agua por parte de la agricultura es también muy grave. Las reservas hídricas están a un dramático 27 %. Mención especial merece la proliferación de plantaciones de mangos, grandes consumidoras de agua, en la comarca malagueña de la Axarquía. Ya en 2017, con gobierno de Susana Díaz, exportaba más de 93.500 toneladas de mangos a Europa. Los datos son claros: entre 2002 y 2021 las tierras regables aumentaron especialmente en zonas donde precisamente falta el agua: Andalucía (33 %) hasta alcanzar los 1,12 millones de hectáreas. Le siguen Extremadura (+36 %) y Castilla-La Mancha (+30 %), tres comunidades gobernadas históricamente por el PSOE. Este negacionismo climático sí que es peligroso porque no arma ruido.

Ejemplos paradigmáticos

Está muy feo que el PP andaluz haya aprobado con VOX y Ciudadanos una proposición de ley para legalizar regadíos ilegales en el Parque Nacional de Doñana, pero que a nadie se le olvide que el PSOE andaluz se abstuvo en esa misma votación, no votó en contra de esa barbaridad y las agrupaciones socialistas de varias localidades de la provincia de Huelva se han mostrado favorables a la legalización de regadíos.

Y, siguiendo con el trío, pasamos de un Parque Nacional a otro y podemos fijarnos en el lamentable estado que presenta el Parque Nacional de Tablas de Daimiel (en Castilla-La Mancha, bajo un gobierno del PSOE). Un patrimonio de valor incalculable y múltiples beneficios ambientales está destruido. «El mayor fracaso ambiental de la democracia en Castilla-La Mancha», según Rafael Gosálvez, miembro del Patronato del Parque Nacional. O, como reza un reciente artículo de Diego Delgado en CTXT, «lo que ocurre en Doñana se queda corto si se mira a la Mancha Occidental. Grandes corporaciones y terratenientes imponen sus normas con el beneficio económico como único criterio. El resultado es un modelo de agricultura industrializada que genera un estrés hídrico insostenible».

En este recorrido también podemos pasar por Aragón, donde un gobierno del PSOE (hasta el 28M) pretendía destruir el valle de Canal Roya para unir las estaciones de esquí privadas de Formigal, Astún y Candanchú con un teleférico. Solo una gran presión social le ha obligado a dejarlo de lado, al menos de momento.

Y lo mismo nos encontramos en otros territorios donde no gobierna ninguno de estos tres partidos, como es el caso de la sobreexplotación de los acuíferos en el Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà (Girona, Catalunya), en estado crítico.

Las recientes elecciones autonómicas han cambiado el color en muchos territorios, en breve tenemos elecciones estatales, pero queda claro que en lo que corresponde a la gestión de un bien público como el agua, la gran mayoría de gobiernos responde a intereses privados. Se riega para que crezca el lucro de unos pocos. Como está ocurriendo en Francia, será la movilización popular, de nuevo, la única que pueda parar este delirio.

Eugenio Romero Borrallo

Productor e investigador agroecológico en Extremadura