Éxitos y fracasos de la protesta campesina más multitudinaria y prolongada de la India

Afsar Jafri

 

Agricultoras de la organización campesina BKU Ekta Ugrahan (Punyab) en la protesta en Delhi (enero de 2021). Foto: Nawaz Hassan, LVC South Asia

Pocos días antes, el 2 de diciembre, el gobierno había derogado las tres polémicas leyes agrícolas que dieron origen a las protestas y que introducían reformas favorables a las empresas. Además, el gobierno aceptó el resto de demandas de los agricultores: (i) retirar las denuncias contra los manifestantes, (ii) compensar a las familias de los agricultores agitadores (alrededor de 702) que murieron durante la protesta, (iii) eliminar la responsabilidad penal en los casos de quema de rastrojos, (iv) no presentar el proyecto de ley de enmienda de la electricidad en el Parlamento hasta haber debatido sus disposiciones con los agricultores afectados, (v) crear un comité para discutir la promulgación de una ley que asegure la garantía legal del precio mínimo de apoyo (MSP, por sus siglas en inglés) para los productos agrarios (vi) y, por último, que la política actual sobre el MSP y su adquisición en el país continúe como hasta ahora.

Hasta la fecha, la mayoría de estas promesas no se han cumplido y el campesinado está planeando movilizarse de nuevo no solo para recordar al gobierno sus promesas, sino también para hacer constar su indignación contra la creciente penuria económica y agraria del país. El 22 de agosto de 2022, miles de personas campesinas de diferentes estados se reunieron en el corazón de Delhi para manifestarse pacíficamente. El 2 de octubre de 2022, otro grupo se reunió en la puerta de Delhi, en la frontera entre Delhi y Uttar Pradesh, para exigir que el gobierno cumpliera sus promesas y para rendir homenaje a los agricultores que murieron durante la agitación. Sin embargo, uno de los objetivos principales de estas movilizaciones puntuales era lograr que todas las facciones del Samyukt Kisan Morcha (Frente Unido de Agricultores) volvieran a encontrarse.

Una movilización campesina sin precedentes

¿Por qué y cómo comenzó esta histórica protesta? Aprovechando la pandemia del COVID-19 y el confinamiento, el gobierno de la India promulgó el 5 de junio de 2020 tres ordenanzas que entraron en vigor el mismo día e introdujeron cambios fundamentales en el sistema de comercialización agrícola de la India. A pesar de que la agricultura es una cuestión de Estado según la Constitución india, no se consultó a los gobiernos de los estados ni se debatió con ninguno de los sindicatos agrarios. En septiembre de 2020, estas ordenanzas se convirtieron en proyectos de ley en el Parlamento, recibieron la aprobación presidencial y el Punyab fue testigo de un levantamiento campesino que posteriormente se extendió por todo el país. Los agricultores emprendieron una marcha desde Punyab, Haryana y Uttar Pradesh hacia Delhi y, desde el 26 de noviembre, formaron piquetes en las principales carreteras, dando inicio a una protesta campesina sin precedentes en la India moderna.

Para impedir la entrada de las marchas en Delhi, se utilizaron cañones de agua y gases lacrimógenos, se cavaron barricadas, se levantaron alambres de espino y vallas, se colocaron clavos de hierro y sacos de arena y se estacionaron autobuses y grandes contenedores de carga para bloquear las carreteras. Más tarde, a estos manifestantes se les unieron agricultores de toda la India, por encima de las diferencias religiosas e ideológicas; marxistas y centristas, socialistas y defensores del libre mercado, partidarios de la agricultura comercial y de la agricultura sostenible, además de personas de casi todos los sectores de la sociedad —sindicatos, activistas, estudiantes, abogados, obreros, transportistas, asociaciones de mujeres, ecologistas, científicos, actores, deportistas…— mostraron su apoyo a la huelga.

Las muestras de apoyo no solo provenían del ámbito nacional, sino también de organizaciones internacionales como La Vía Campesina, el Movimento dos Trabalhadores Sem Terra de Brasil, la Federación Sindical Mundial, la Internacional Sindical de la Agricultura…, así como muchas personalidades destacadas, como Justin Trudeau, Jeremy Corbyn, Noam Chomsky, la cantante Rihanna o la activista contra el cambio climático Greta Thunberg, que expresaron su preocupación por la respuesta del gobierno a las manifestaciones.

Agricultores de Uttar Pradesh en la frontera de Ghazipur. Foto: Nawaz Hassan, LVC South Asia

Leyes para acabar con el campesinado

Más de un millón de campesinos, mujeres y hombres, acamparon día y noche en las carreteras de alquitrán o durmieron en refugios improvisados en los remolques de los tractores, en medio del frío intenso y en plena pandemia. Frente a represiones policiales de todo tipo y ante las tergiversaciones de los medios de comunicación y de los dirigentes del partido en el poder, estas familias campesinas humildes con pequeñas propiedades (el 86 % de los agricultores indios poseen menos de 2 hectáreas de tierra) consiguieron exponer al mundo el entramado que se teje entre las empresas agrícolas y el gobierno, con tres leyes concebidas para beneficiar a las grandes corporaciones agrícolas de la India. A pesar de que el gobierno se vanagloria de que India es la economía con el crecimiento más rápido, lo cierto es que uno de cada dos agricultores del país está endeudado y la media de ingresos mensuales por hogar agrícola (con una media de 5 personas) es inferior a 6426 rupias (menos de 80 dólares estadounidenses), mientras que sus gastos ascienden a 6.223 rupias. La oposición a las leyes agrarias era una cuestión de vida o muerte para estas familias, ya que casi el 50 % de los 1.300 millones de habitantes de la India dependen de la agricultura y de trabajos relacionados con ella.

El campesinado se opuso a las tres leyes por considerarlas parte del plan capitalista del gobierno para dejar la agricultura en manos de las grandes empresas. Por ejemplo, la Ley de Promoción y Facilitación del Comercio de Productos Agrícolas (Farmers' Produce Trade and Commerce) de 2020 pretendía desregular el mercado agrícola y facilitar el comercio de productos fuera de los límites físicos de los comités de mercados de productos agrícolas de gestión pública (APMC o mandis [1]), promoviendo mercados privados no regulados, en los que no se aplicaría el mecanismo de control de precios. Esta ley permitía a cualquier persona con una tarjeta de identidad oficial (PAN) establecer y operar una plataforma de comercio y transacciones electrónicas para comerciar con productos agrícolas.

Agricultores de BKU Ekta Ugrahan (Punyab) en la frontera Tikri-Bahadurgarh en los primeros días de protesta en Delhi (enero de 2021). El amarillo simboliza los campos de mostaza. Foto: Nawaz Hassan, LVC South Asia

El campesinado también temía que se suprimiera el MSP y, por tanto, exigieron que el gobierno central lo convierta en un derecho legal para que productores y productoras obtengan un precio justo por su género y no acaben sufriendo la explotación de comerciantes privados y empresas minoristas a causa de la fluctuación de los precios. El estado de Bihar abolió el sistema APMC en 2006 y desde entonces ha experimentado la desregulación del sistema APMC, ya que generalmente el campesinado vende sus productos por debajo del MSP. 

Además de a la gente del campo, la nueva ley habría afectado a los miles de personas empleadas y funcionarias que se encargan del pesaje, el envasado, la limpieza, la carga, la descarga y la subasta de las cosechas agrícolas en los centros APMC, que también protestaron contra esta legislación por temor a perder su medio de vida.

La segunda legislación a la que se opuso el campesinado era la Ley de Acuerdo de Garantía de Precios y Servicios Agrícolas de los Agricultores (Empowerment and Protection), de 2020, que facilitaba un marco legal para la agricultura por contrato. Algunos estados indios ya practican la agricultura contractual, pero la nueva ley presentaba un modelo a escala nacional que facilitaba acuerdos agrícolas con empresas y grandes comerciantes minoristas para la venta a un precio preestablecido por ambas partes. Los manifestantes alegaron que esta ley favorecía el control empresarial sobre la agricultura india.

Y la tercera normativa que se rebatía era la Ley de Productos Esenciales (Enmienda) de 2020, que pretendía legalizar el acaparamiento de productos agrícolas eliminando los alimentos de la categoría de productos esenciales. Durante la pandemia de covid-19, fuimos testigos de cómo los grandes distribuidores obtenían enormes beneficios a través del comercio electrónico. De haber estado vigente, esta ley les habría proporcionado aún más facilidades para acaparar productos alimentarios esenciales.

Independientemente de la cantidad de días en que estas tres leyes estuvieron en vigor antes de ser revocadas, el impacto aún es visible en algunos mandis. Por ejemplo, en Karnataka, hay una caída del 70 % en el volumen de entradas, mientras que en Maharashtra, se reducen de 214,7 millones de quintales en 2019-2020 a 174,9 millones en 2020-2021. Esta enorme diferencia también demuestra que las transacciones que tienen lugar fuera de los mandis no se notifican ni hay ningún mecanismo que las registre, lo que ocasiona la pérdida de ingresos para estos mercados locales. En Gujarat, varios mandis han cerrado o están a punto de hacerlo debido a la caída de la recaudación de impuestos, lo que pone alrededor de 3000 empleados al borde del despido.

¿A qué se debe esto? Varios estados como Himachal Pradesh, Uttarakhand, Karnataka, Gujarat, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh y Tamil Nadu aplicaron las leyes estatales en 2020-21 con la intención de abrir el mercado a los comerciantes privados. Aunque el gobierno central derogó posteriormente las tres leyes, estas siguieron en vigor en estos estados y acabaron creando dos mercados paralelos para los productos agrícolas, el mandi, bien regulado, y el privado, no regulado, en el que los comerciantes no se registran y no hay supervisión, control ni pago de tasas o cánones. A dos años de la entrada en vigor de las leyes agrícolas, aumentan los casos de incumplimiento de pago a los agricultores y, a falta de un marco de regulación, estos se encuentran a merced de los comerciantes.

Esta situación preocupaba mucho al campesinado y sus recelos se han hecho realidad. Ahora su mayor temor es que acaben con los mandi, dejándolos para siempre a merced de las grandes empresas y de los distribuidores. En efecto, hay quien dice que, a falta de una seguridad de precios justos para sus productos, algunos agricultores se ven obligados a tirarlos a los caminos o a los ríos, o bien a dárselos a comer al ganado.

Consecuencias positivas y negativas

Otro de los problemas que se observaron tras la derogación de las leyes fueron las luchas internas del frente unido de agricultores, el Samyukt Kisan Morcha (SKM), que había encabezado las protestas en Delhi. Tras las movilizaciones, el SKM entró en discordia cuando algunos de sus integrantes decidieron entrar en política y se presentaron a las elecciones estatales del Punyab, violando el principio básico de la entidad de mantenerse apolítica. Ahora, el SKM se divide en dos facciones, política y apolítica, aunque se está trabajando para que vuelvan a estar unidas.

Con la victoria temporal de la derogación de las leyes, se frenó el ritmo de la privatización de los alimentos, pero la tendencia al monopolio no cesa. Desde el comienzo de las protestas era evidente que el agronegocio eran el beneficiario final de todo el proceso.

Poco después de la promulgación de las tres ordenanzas, Reliance, un grupo empresarial indio, recibió una enorme inversión extranjera de aproximadamente 25.000 millones de dólares, y además adquirió la segunda cadena de supermercados más importante de la India, Big Bazaar, por unos 3.500 millones de dólares. Adani Agri Logistics, por su parte, ha hecho grandes inversiones en la construcción de almacenes de grano y ya gestiona los de la Food Corporation of India (FCI) y ha ampliado la red de líneas ferroviarias privadas, las plantas automatizadas de procesamiento de grano y otras infraestructuras cercanas a los silos.

La subida de la inflación y la emergente crisis alimentaria son consecuencias de la creciente influencia de las grandes empresas en el sector alimentario de la India, algo que afecta no solo al campesinado sino a la población en general. Es el momento de que las diferentes facciones campesinas del país se unan para fortalecerse en la lucha contra el monopolio empresarial sobre la alimentación y la agricultura.

Afsar Jafri

GRAIN

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[1] El mandi es un sistema de mercado dependiente de los estados indios. En estos mercados los agricultores venden sus productos de forma directa, generalmente mediante subasta, pero con un «precio mínimo de apoyo» (MSP).