Ana Felicien
Josefa Zapata y las mujeres de su familia cosechan cebollin para las escuelas.
Secado de semillas de la parcela Yolimar Cuyagua. Fotos: Plan Pueblo a Pueblo
En los últimos años, las noticias internacionales sobre la situación de la alimentación en Venezuela son sinónimo de hambre y crisis alimentaria. En estas narrativas, dos elementos que les dan contorno a las tensiones, crisis y fortalezas del sistema alimentario venezolano quedan fuera. En primer lugar, se trata de un país tropical megadiverso y, en segundo lugar, es el país que cuenta con las mayores reservas de petróleo en el mundo.[1]
El conuco como resistencia
La diversidad de cultivos tropicales fue la base de la alimentación de las poblaciones originarias que habitaban este territorio antes de la colonización española, momento en que se transforman los procesos de producción, distribución y consumo de alimentos. Así, Venezuela se inserta en el circuito colonial agroexportador con la monoproducción de rubros tropicales de plantación, cacao y café principalmente, junto a otros rubros introducidos por los europeos y por la población africana esclavizada. Sin embargo, la alimentación seguía basada en la diversidad tropical.
Con la colonización, la variedad de sistemas de producción originarios que estaban adaptados a la diversidad de paisajes y culturas de este territorio fue desmantelada, y fue el conuco[2] el que logró perdurar hasta el presente. En él se producen diversos tubérculos, frutas y legumbres tropicales como yuca, ñame, batata, plátanos, frijoles y maíz, el principal alimento consumido en el país. Todos estos alimentos subsidiaron la fuerza de trabajo, y la reproducción de la vida de las comunidades originarias y afro que sostuvieron la economía de la agroexportación, comunidades antecesoras del campesinado venezolano. Así, estos alimentos fueron reorganizados en el sistema agroalimentario colonial de manera jerárquicamente racializada, al igual que la población que los consumía.
Neocolonización petrolera
La uniformización de la dieta y la reproducción de patrones alimentarios foráneos están íntimamente vinculadas al negocio del petróleo.
Una segunda transformación del sistema alimentario venezolano ocurrió a inicios del siglo xx con la aparición del petróleo. El establecimiento de una «industria petrolera» totalmente dependiente de tecnologías extranjeras, principalmente estadounidenses, configuró las relaciones neocoloniales que moldearon la agricultura venezolana, los patrones de consumo y la distribución de la población. Un masivo éxodo del campo llegó a las ciudades donde se concentraron capitales y políticas públicas. El campesinado y todas sus prácticas agrícolas y alimentarias fueron mayoritariamente excluidos del proyecto de país que emergía en este escenario neocolonizado y solo algunos sectores se incorporaron a la modernización agrícola que se impulsaba con propulsión a petróleo.
La creciente clase media y los técnicos extranjeros que llegaban a la industria petrolera consumían nuevos alimentos,[3] y en el campo aparecieron las semillas híbridas, principal dispositivo de los paquetes tecnológicos agrícolas importados. De igual modo, las formas de cultivo de rubros autóctonos, como el maíz o la papa, se transformaron intensamente. El riego y la mecanización se hizo común en los enclaves de la modernización agrícola y, con la dependencia a las nuevas semillas, llegaron los agroquímicos para controlar los ataques de las nuevas plagas que estas variedades foráneas atraían. Todo esto cambió radicalmente el paisaje agrario venezolano. En el plato, el paisaje también se transformó. La uniformización de la dieta y la reproducción de patrones alimentarios foráneos están íntimamente vinculadas al negocio del petróleo. En 1939 Venezuela firmó el Tratado de Reciprocidad Comercial con EE. UU., a partir del cual se instalaron en el país los supermercados con sus marcas y alimentos procesados, como Coca-Cola, Kellogg's, Kraft o Campbell's. Sin embargo, la incapacidad de este modelo para alimentar a las mayorías quedó en evidencia. En 1989, el Caracazo fue la contundente respuesta popular al ajuste estructural que se aplicó en el país siguiendo orientaciones del FMI y que disparó los precios de los alimentos. Este momento fue un punto de giro en la historia reciente del país que puso los alimentos en el centro del debate político.
La llegada de Hugo Chávez
Marcado por la participación popular y una compleja interacción con el Estado, con el liderazgo del presidente Hugo Chávez se inició un proceso de democracia participativa y protagónica. En lo agroalimentario, este proyecto implicó la lucha contra el latifundio, políticas de distribución de alimentos en comunidades vulnerables, financiamiento agrícola para el campesinado, creación de empresas estatales agroindustriales y programas de agroecología.
A pesar de los avances, todo esto no estuvo libre de contradicciones y tensiones. Mientras la FAO reconocía los logros de estas políticas en la erradicación del hambre, también se reforzaban los patrones de producción y consumo de alimentos agroindustriales. La harina precocida de maíz se mantuvo como el principal alimento de consumo nacional, monopolizado por una empresa transnacional de origen venezolano.
Todas estas contradicciones quedaron expuestas con el colapso del mercado petrolero, que, junto a un agudo bloqueo económico,[4] impactó gravemente en el sistema alimentario venezolano, altamente dependiente y articulado al agronegocio. En medio de este colapso, las agencias multilaterales han declarado una emergencia humanitaria en Venezuela y, por primera vez en la historia, la población venezolana se suma a las masivas marchas migrantes de los pueblos latinoamericanos. La crisis de alimentos es un elemento central de esta emergencia.
Bloqueo por un lado y ayuda humanitaria por el otro
Aunque una relatora de la Organización de Naciones Unidas cuestionó estas medidas coercitivas y sus devastadores efectos, en paralelo al bloqueo se ha puesto en marcha una agenda humanitaria multilateral. Igualmente, diversas organizaciones de derechos humanos han cuestionado el uso de la ayuda alimentaria en el conflicto político venezolano,[5] que tiene el hambre como uno de sus principales dispositivos de poder. Sin embargo, los Gobiernos responsables de dichas medidas han suspendido el bloqueo revelando el verdadero rostro de la llamada comunidad internacional.
En el contexto actual de pandemia, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) es una de las principales acciones de esta agenda humanitaria multilateral. Este programa tiene entre sus objetivos actuar en la alimentación escolar venezolana y cuenta con aproximadamente 30 millones de dólares para mantener sus operaciones tan solo para este año 2021. Hasta ahora, las raciones que han distribuido en las escuelas han sido paquetes de lentejas y arroz, aceite y sal. Sin embargo, en medio de la crisis, el campesinado no ha dejado de abastecer los mercados locales y nacionales, y ahora está invisibilizado por los discursos y políticas humanitarias.
Lo que revela la experiencia venezolana es la magnitud del control que el modelo del agronegocio ejerce sobre los pueblos.
La alimentación escolar: un plato en disputa
Dada la complejidad de todo este escenario, proponemos un recorrido para comprender la realidad alimentaria más allá de la intensa polarización que existe en los debates sobre Venezuela: el plato de alimentación escolar. En él se sintetizan las principales contradicciones de la construcción de la soberanía alimentaria venezolana.
Para los movimientos sociales, la alimentación escolar ha sido históricamente un tema central. La experiencia de los comedores escolares del Black Panther Party en EE. UU. y el lanzamiento de un observatorio de alimentación escolar por movimientos populares en Brasil son muestras de ello. En Venezuela la alimentación escolar también ha tenido transformaciones importantes en los últimos 20 años. Creado en 1969, el programa de alimentación escolar pasó de atender solo a la población vulnerable a ser un programa para toda la población escolar en 1999. Actualmente, atiende alrededor de 6 millones de escolares, pero se ha visto muy afectado por la crisis actual. La calidad de las raciones ha disminuido enormemente y predominan los carbohidratos procesados como pasta y harina de maíz. Los rubros frescos apenas se sirven en los platos escolares. Con muy poca diversidad y mala calidad, estos provienen de los mercados controlados por intermediarios. Su errática distribución ha marcado el ritmo de la asistencia a clase en las comunidades más vulnerables.
Frente a eso han surgido múltiples respuestas desde abajo, una de ellas es la experiencia del Plan Pueblo a Pueblo. Desde el 2015, con la consigna «Los alimentos son un derecho humano, no una mercancía», este plan articula organizaciones populares del campo y la ciudad de manera autogestionada para enfrentar la especulación alimentaria y promover la transformación de los patrones de consumo. Tiene como objetivo la planificación de la producción, distribución y consumo de alimentos principalmente de producción campesina. Cada jornada de distribución implica un esfuerzo de asambleas, planificación y trabajo de las comunidades organizadas en la ciudad que identifican sus necesidades. Mientras, las redes de familias productoras en el campo planifican la producción a partir de las necesidades de consumo y calculan los precios con base en la estructura de costos y no con las referencias especulativas del mercado.
Con estos principios y esta metodología, en el 2018 el plan logra un convenio de compras públicas de vegetales, frutas y hortalizas para atender las 42 escuelas en las comunidades articuladas en el plan.[6] Entre el 2018 y 2020 se distribuyeron 207 toneladas de alimentos y se atendieron alrededor de 11 930 niños y niñas, y cada familia campesina que participó produjo en promedio 1,3 toneladas de más de 15 rubros.[7] El presupuesto público que permitió alcanzar estas cifras equivale al que los intermediarios requieren para solo 400 escolares. La magnitud de esta diferencia revela el nivel de usura y especulación que hay alrededor del plato escolar.
Algunas claves que nos deja esta experiencia de control popular de la alimentación escolar son, en primer lugar, la capacidad de la producción campesina venezolana: el Plan Pueblo a Pueblo ha llevado a cabo una serie de acciones de transición a la agroecología a fin de sostener y transformar los procesos productivos que fueron dependientes de las importaciones. En segundo lugar, la experiencia organizativa acumulada en los últimos 20 años: en medio de la emergencia, la organización popular venezolana está generando respuestas políticas y económicas que logran atender necesidades concretas y mantienen la soberanía alimentaria como uno de sus pilares. Esta experiencia interpela desde la práctica al modelo corporativo y especulador que ha acaparado las políticas de distribución de alimentos por medio de las cadenas de intermediación. Y, finalmente, más allá de las coyunturas políticas, sanitarias y económicas, lo que revela la experiencia venezolana es la magnitud del control que el modelo del agronegocio ejerce sobre los pueblos. El hambre funciona como un dispositivo de opresión de este poder corporativo, que, en las condiciones más críticas, consigue sostener su ritmo desenfrenado de acumulación por desposesión. Frente a eso, las resistencias populares desde abajo tienen potencia para contener este desenfreno y defender el derecho a la alimentación, a la autonomía y, en esencia, el derecho a la vida.
[1] Las reservas probadas y certificadas de petróleo en Venezuela ascendieron a 303.805.745 millones de barriles, según el Ministerio del Poder Popular de Petróleo
[2] El conuco es un sistema agrícola diversificado, históricamente manejado por comunidades originarias y campesinas venezolanas, que está basado en el conocimiento tradicional y es un espacio clave de diversidad biocultural. Ha sido reconocido en diferentes documentos legales, como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que establece el marco legal para la reforma agraria y reconoce al conuco como fuente histórica de agrobiodiversidad, y el plan nacional de desarrollo llamado Plan de la Patria 2013-2019, que lo distingue como reserva de germoplasma.
[3] Algunos vegetales, como berenjenas, brócolis, zanahoria, acelgas, betabel o cebolla, llegaron con la modernización agrícola.
[4] Principalmente los Gobiernos de Estados Unidos y algunos países de Europa han implementado este bloqueo a través de un conjunto de Medidas Unilaterales Coercitivas. Más información en sures.org.ve
[5] Comunicado Against the weaponization of food aid and the undermining of food sovereignty in Venezuela
[6] Las escuelas atendidas están localizadas en el municipio Carache en el estado Trujillo en la región andina venezolana, principal núcleo de producción campesina del Plan Pueblo a Pueblo y en las comunidades populares de Caracas 23 de Enero, San Agustín del Sur y Coche.
[7] Los rubros principales fueron: ají, batata, cebolla, cebollín, guayaba, melón, naranja, papa, patilla, plátano, tomate, junto a otros rubros que están disponibles en las distintas épocas del año.
Ana Felicien
Plan Pueblo a Pueblo Venezuela
Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo