El proyecto de Seguridad Social de la Alimentación en Francia

Stéphanie Chiron y Patricia Dopazo

¿Cómo imaginamos que se accederá a los medios de vida en el próximo siglo? ¿Cómo se compartirán? Esta son algunas de las preguntas de partida del proyecto Seguridad Social de la Alimentación. Quienes lo defienden imaginaron horizontes utópicos; pero, más allá de generar debate sobre la ayuda alimentaria y fomentar la sensibilización frente a los retos alimentarios del futuro, proponen una alternativa real y concreta.

   Está muy bien la venta directa y hacer productos de calidad, pero así solo se alimenta al 10 % de la población.   

La red CIVAM (Centres d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), creada hace setenta años, promueve prácticas para aumentar la autonomía y la sostenibilidad social, ambiental y económica de los proyectos productivos. Jean-Claude Balbot es ganadero en Bretaña y estuvo a cargo de las cuestiones de democracia alimentaria en la red. Cuenta que hace unos diez años hicieron una dolorosa reflexión: está muy bien la venta directa y hacer productos de calidad, pero así solo se alimenta al 10 % de la población y, de esta forma, es muy difícil reivindicar una agricultura sostenible. «Por extraño que parezca, para una organización profesional agraria la cuestión alimentaria no existe y esto es debido a la industrialización de la agricultura», explica Jean-Claude. «Hay una enorme brecha entre la producción y el consumo, entre los campesinos y los ciudadanos. Por eso nos propusimos investigar sobre el acceso a los alimentos: ¿cómo se alimentan las personas a las que no tenemos la oportunidad de conocer porque nos ignoran y las ignoramos? La voluntad industrial es la división del trabajo y lo que queremos es lo contrario para reconstituir vidas colectivas, queremos socializar la comida y la agricultura; y uno de los medios para conseguirlo es una propuesta como la Seguridad Social de la Alimentación».

La raíz del problema

Mathieu Dalmais es agrónomo y miembro del grupo Agricultura y Soberanía Alimentaria de Ingeniería Sin Fronteras en Francia, que trabaja en la propuesta de la Seguridad Social de la Alimentación. «Nos identificamos mucho con el texto fundacional del sindicalismo, la Carta de Amiens (1906), porque habla de dos necesidades sindicales: mejorar las condiciones de trabajo y transformar la profesión para sacarla de las garras del capitalismo y ponerla al servicio del bien común. Con esta lógica trabajamos en la Seguridad Social de la Alimentación». Enlazando con la reflexión de la red CIVAM, ven claro que la agricultura no puede transformarse sin tener en cuenta las políticas alimentarias y, sobre todo, la manera en la que se construye la demanda. «Tenemos que dejar de decir que es el consumidor quien informa de lo que quiere comer, porque sus decisiones están restringidas por el contenido de su monedero. Hay que decidir desde el punto de vista ciudadano, a través de una decisión colectiva. La alimentación es una variable que se ajusta dependiendo del presupuesto familiar y su valor puede perderse por el camino, por eso como consumidores no tomamos las mismas decisiones que como ciudadanos».

   Debemos dejar de lado los proyectos militantes de circuito corto, locales, ecológicos, etc. e intentar abrirnos a un imaginario colectivo que nos permita pensar en términos de democracia.   

Sin embargo, en nuestra condición de consumidores, creemos que somos libres. Para Dominique Paturel sería prioritario deconstruir esa idea de libertad condicionada por el sistema económico agroalimentario. Dominique es investigadora en el INRA (Instituto Nacional de Investigación Agraria), pero su perfil es particular, ya que su larga carrera previa como trabajadora social la lleva a formular preguntas que incomodan en los ambientes académicos. «En cuestiones alimentarias, somos las mujeres quienes sabemos cómo arreglárnoslas, cómo abastecer a la familia. Sin embargo» —explica—, «desde el momento en que el problema de la alimentación se convierte en un problema público, se reformula en una visión masculina que elimina los matices y enfoques basados en la vida cotidiana, que no se consideran serios en los institutos de investigación o en las universidades. La cuestión seria es una visión más técnica, más económica».

Dominique percibe preocupada que en Francia hay un renacimiento muy poderoso de la filantropía en cuestiones de acceso a los alimentos, en proyectos supuestamente alternativos que a menudo son solo tiritas que no cambian nada. «Vivimos una especialización en la lucha contra la pobreza cuyo objetivo no es eliminar sus causas. Y una cosa es cierta: no podemos avanzar en estos temas con quienes nos han llevado donde estamos hoy», afirma tajante. Para ella las experiencias de huertas en los bajos de los edificios, los grupos de compra solidaria, etc. son interesantes; pero si no se plantea la cuestión de la igualdad, seguirán bloqueados por un techo de cristal antidemocrático. «Debemos dejar de lado los proyectos militantes de circuito corto, locales, ecológicos, etc. e intentar abrirnos a un imaginario colectivo que nos permita pensar en términos de democracia». Para ella, esa es la clave de la Seguridad Social de la Alimentación.

¿En qué consiste?

Se trata de proporcionar a toda la ciudadanía una cantidad mensual para la adquisición de alimentos. «En Francia tenemos una tarjeta sanitaria (Carte Vitale) que nos permite acceder a los cuidados médicos. El usuario adelanta un pago que posteriormente el Estado le reembolsa. Partiendo de este mecanismo, se podrían abonar 150 € al mes para acceder a la alimentación» —explica Mathieu—. «La propuesta se apoya en tres pilares para repensar la organización de una economía no capitalista y alcanzar el derecho a la alimentación. El primero es la universalidad: queremos dar el derecho a todo el mundo; el segundo, el acceso a una alimentación elegida de manera colectiva; y el tercero, la financiación de este sistema a través de las cotizaciones».

Detengámonos aquí. ¿Cómo se elegiría de manera colectiva la alimentación? El joven agrónomo explica que el proceso estaría regulado en el convenio que crearían los fondos de Seguridad Social de Alimentación en cada región, donde las personas elegidas por votación o por sorteo decidirían a qué productos se tendría acceso con la tarjeta, teniendo en cuenta qué es lo que falta en esa zona, qué quiere la gente, etc. «Si, por ejemplo, en un territorio faltan frutas y verduras ecológicas, se podría llegar a un acuerdo con los agricultores locales para facilitar la transición de su producción. En ningún momento queremos imponer que todo el mundo consuma agroecológico, pero sí que pueda decidir sobre su alimentación e informarse sobre todas estas cuestiones».

La Seguridad Social de la Alimentación, entonces, transformaría también el modelo productivo.  Mathieu explica que se priorizarían los acuerdos con organizaciones de estatutos no capitalistas. «Con los campesinos, que son quienes se encuentran a menudo bajo una explotación individual, se discutiría sobre los márgenes de beneficio para establecer precios fijos y justos por su trabajo». ¿Y qué pasaría con las grandes superficies? «Si quieren que la gente pueda proveerse allí, tendrían que ser transparentes sobre qué margen sacan y de qué manera está calculado, con la finalidad de que el beneficio redunde en los trabajadores y no vaya a ninguna otra parte. Si no fueran capaces de adaptarse, no habría ningún acuerdo con ellas».

Jean-Claude, como ganadero, está convencido de que la Seguridad Social de la Alimentación es uno de los remedios a la desintegración del medio rural. «No sé cómo es la situación en España, pero en Francia es catastrófica. Es una guerra de unos contra otros por el acceso a la tierra, por el acceso a las subvenciones, por no hundirse. Podemos ver, y las cifras están ahí para demostrarlo, que el campesinado está desapareciendo». Le escandaliza especialmente que, habiendo personas jóvenes que quieren incorporarse al sector, tengan que invertir una cantidad enorme de capital para empezar a producir. Cree que poniendo en marcha este proyecto de reforma profunda se podría duplicar fácilmente el número de granjas y fincas. «No debemos conformarnos con hacer un poco de agricultura ecológica y de circuito corto; los llamamientos a los ciudadanos para que compren tierras son experiencias muy interesantes, pero tienen poco o ningún impacto en la economía agrícola general. Para nosotros, hace falta cambiar el estatus del agricultor y necesitamos que los fondos de la Seguridad Social de la Alimentación puedan invertir en la agricultura, apropiarse de la tierra, recuperarla y liberar al productor de su obligación de pagar por el trabajo».

Socializar el valor generado por el trabajo

Laura forma parte de Réseau Salariat, una asociación de educación popular que trabaja a partir de las tesis de Bernard Friot, sociólogo y economista de referencia en Francia. El trabajo de este colectivo se basa, entre otras cosas, en las conquistas de las y los trabajadores durante el siglo pasado y en una fuerte crítica a la raíz del sistema capitalista, con propuestas para sustituirlo. «La filosofía del sistema general de la Seguridad Social, tal y como lo estableció en Francia Ambroise Croisat, es realmente la idea de que toda creación de riqueza es fruto del trabajo humano. La Seguridad Social de la Alimentación se basaría también en la socialización del valor creado por los trabajadores», explica Laura.

Laura y Mathieu establecen un paralelismo con el sistema sanitario, que en Francia es universal, y consideran muy inspirador su proceso de creación. «Aquí el funcionamiento de la seguridad social, desde su creación en 1945 hasta 1967, fue de carácter anticapitalista, tres cuartas partes lo gestionaron los sindicatos de trabajadores y una cuarta parte los empresarios», explica Mathieu. «No obstante» —añade Laura—, «estamos en una sociedad en la que hay que negociar y llegar a un compromiso y a un equilibrio de poder entre las partes implicadas. Es fundamental que los fondos se gestionen democráticamente. Y, dicho esto, siempre hay profesionales que están fuera del marco, que se niegan a ser cubiertos por convenios o que no pueden serlo porque no reconocemos todos los tipos de medicina válida. Aquí se plantea la cuestión de quién decide lo que es válido, y tiene que ser la ciudadanía».

Así pues, la financiación de la Seguridad Social de la Alimentación se haría a través de las cotizaciones, unos 120.000 millones al año, que corresponden a 150 € al mes por persona. Consideran muy importante diferenciar esto de una financiación a base de impuestos, ya que estos crean una dependencia del Estado, que centraliza y recauda. «Nos independizamos. Queremos tomar directamente la cotización sobre el valor añadido que aportan los trabajadores a la sociedad. Claro que necesitamos el Estado para poder organizar todo esto, y por otras muchas cosas; no se trata de rebasarlo completamente, sino de crear un financiamiento autónomo», aclara Mathieu. Y sigue Laura: «La seguridad social, a través del sistema de cotizaciones sociales, permite socializar el dinero. Se deduciría un porcentaje del valor económico creado por todas las empresas de Francia que iría a parar a los fondos de la Seguridad Social y la Alimentación, lo que permitiría financiar a quienes trabajan en el sector e invertir en nuevas empresas coherentes con nuestros valores y apoyar la transición de otras dispuestas a evolucionar hacia un sistema de funcionamiento más virtuoso y a salir de las ataduras del sistema actual. Sería una ilusión poner a los representantes del pueblo al frente de las arcas de la seguridad social sin crear garantías que nos permitan salir del sistema capitalista».

Organización de la producción

La estrategia para poner en marcha esta propuesta se ha acelerado con la precariedad alimentaria que ha visibilizado el confinamiento, ya que su primera etapa consiste en generar debate social sobre la ayuda alimentaria y convencer a los movimientos sociales de que es una alternativa posible. «Con los equilibrios de poder en Francia y las orientaciones del gobierno, no es cuestión de ir a ver los políticos y hacer lobby para que lo pongan en marcha. Vista la ambición democrática del proyecto es importante que sea sobre todo el pueblo quien se implique», explica Mathieu, que piensa que la educación popular de hoy sobre estos temas será un criterio de éxito de una eventual puesta en marcha del proyecto mañana.

Lo cierto es que cada vez más colectivos se están interesando por la propuesta y queda por delante seguir estructurando la idea; por ejemplo, la organización de la producción. Si los fondos se gestionan a escala regional, cada región debe organizar la producción en función de su demanda. Dominique Paturel está convencida de que la autonomía alimentaria no es posible a este nivel. «Tenemos estudios que demuestran que si se cultivara todo el departamento del Hérault (región del suroeste de Occitania), solo podríamos alimentar la ciudad de Montpellier. La autonomía debe reflejarse en el ámbito de la cuenca hidrográfica o incluso en la zona interdepartamental» —explica, y habla del necesario proceso de transición—: «¿Qué poder tenemos frente a la agroindustria internacional? No mucho, excepto el poder de reapropiarnos de lo que podemos hacer en los territorios donde estamos».

   Desde Rojava hasta Chiapas, pasando por los pueblos andinos, han situado la alimentación en el centro de sus proyectos de revolución.   

Para Laura el nivel de decisión debe ser lo suficientemente cercano al territorio como para garantizar la máxima democracia directa. «Cuando hablamos de alimentos de calidad, rápidamente pensamos en los alimentos ecológicos. Creemos que hay que desconfiar de esta etiqueta porque hay toda una serie de intereses económicos tras ella. España, por ejemplo, es un gran proveedor de productos para Francia y, si vemos las condiciones de trabajo, la explotación de los seres humanos y de los recursos naturales, dista mucho de ser virtuoso y ecológico». La activista señala que todos los pueblos en resistencia, desde Rojava hasta Chiapas, pasando por los pueblos andinos, han situado la alimentación en el centro de sus proyectos de revolución. «Si en Francia llegamos a una relación de fuerzas que haga posible la puesta en marcha de un sistema de Seguridad Social de la Alimentación, espero que tenga eco en muchos otros países del mundo y que haya cosas que imaginar en términos de trabajo en red y de fuerzas transnacionales. Nuestro sistema "ideal" no evitará los conflictos, los debates y las luchas de poder; pero en eso consiste también la democracia, en estar en conflicto, en un conflicto sano, transparente y con luchas de poder equilibradas. Ya que nos permitimos pensar en la utopía, espero que sea desde una perspectiva feliz. No hemos inventado la pólvora».

 

Stéphanie Chiron

Podcast Toma la Tierra

Patricia Dopazo

Revista SABC

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Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo