Andrés Muñoz Rico
Uno de los ámbitos más afectados por la pandemia en todo el mundo ha sido el alimentario. Las primeras medidas adoptadas junto al aislamiento domiciliario consistieron en el cierre de mercados locales, las trabas al acceso a huertos y granjas, así como la prohibición de exportaciones por miedo a un desabastecimiento alimentario nacional. Los sistemas alimentarios locales demostraron en todas las latitudes ser los más resilientes.
La producción local de temporada asegura la resiliencia de los sistemas alimentarios. Foto: Alterbanc
Trueque en Tungurahua (Ecuador). Foto: Movimiento Nacional Campesino
A diferencia de lo que sucedía en el pasado, actualmente en la mayor parte de las ciudades y los países del mundo no se tienen reservas suficientes de alimento ante eventualidades. Los gobiernos han legislado para favorecer un sistema económico globalizado, que deja la provisión de alimentos en manos de grandes intereses comerciales, en detrimento de los sistemas alimentarios locales. Eso hace que a nivel global buena parte de la comida que se consume llegue a los mercados nacionales con menos de una semana de antelación. Esta falta de planificación pública alimentaria a escala regional ha hecho que las barreras a la producción y comercialización locales de alimentos, así como el cierre de fronteras por la COVID-19, hayan puesto en grave riesgo la seguridad y la soberanía alimentaria de muchas personas y comunidades.
Paradójicamente, y en paralelo, los intereses económicos que apuestan por aumentar aún más la globalización del sistema alimentario han intensificado su presión política. En concreto, la Unión Europea ha aprovechado que la atención mediática y social está puesta en la pandemia, para intentar acelerar la aprobación de nuevos acuerdos comerciales, como el de Mercosur, o la revisión de acuerdos, como el de Chile y México, que tendrán graves impactos en los sistemas alimentarios locales, además de contribuir a agravar la emergencia climática, la deforestación y la vulneración de derechos humanos.
Pandemia global en un mundo con hambre
Los impactos de la emergencia alimentaria en tiempos de la COVID-19 tienen una incidencia diferente según la zona geográfica, el género y la condición social. De acuerdo con la estimación más reciente de la FAO, antes de la pandemia casi 690 millones de personas, el 8,9% de la población mundial, sufrían «hambre crónica».[1] Las perspectivas económicas derivadas de la pandemia pueden haber añadido entre 83 y 132 millones a la población inicialmente estimada. Además, se calcula que dos mil millones de habitantes del planeta, el 25,9% de la población mundial, no tiene en la actualidad «acceso regular a alimentos nutritivos y suficientes». A ello habría que sumarle las personas empobrecidas que no se pueden permitir «dietas saludables»,[2] y las estimaciones más prudentes indican que se trata de más de 3000 millones[3] de personas en todo el mundo.
A su vez, los efectos de la pandemia tienen especial incidencia en las mujeres. Las mujeres y las niñas son la mayoría de las productoras de alimentos y proveedoras de sus hogares; y además ocupan roles centrales como enfermeras, trabajadoras sociales y de cuidados, maestras, así como trabajadoras agrícolas y de la alimentación. Sin embargo, según denuncia el Grupo de Trabajo de Mujeres del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSM) de la ONU, han sido sistemáticamente ignoradas e invisibilizadas en la investigación y en las respuestas políticas a la crisis de la COVID-19.
Dado este contexto global y el alcance de la emergencia alimentaria, cabe preguntarse cuál está siendo el papel de la producción y comercialización local de alimentos para reducir los impactos negativos de las medidas adoptadas para hacer frente a la pandemia. Para ello, podemos apoyarnos en algunas investigaciones que la FAO ha llevado a cabo durante el 2020.
La vulnerabilidad de las ciudades
La encuesta mundial de la FAO sobre la COVID-19 pone en evidencia que las restricciones en el uso del transporte público y en la venta de alimentos en espacios públicos como parques, plazas y calles han tenido un gran impacto en la accesibilidad local a los alimentos. Si se tiene en cuenta el tamaño de las ciudades y pueblos, se constata que los sistemas alimentarios de las aldeas (menos de 5000 habitantes) y los pueblos pequeños (entre 5000 y 25.000 habitantes) se vieron menos afectados que las ciudades (más de 500.000 habitantes). Ello se debe a las medidas de restricción más severas y a las cadenas de suministro de alimentos más largas en las ciudades más grandes.
Según la FAO, los efectos observados de la COVID-19 ponen de relieve la necesidad de asegurar y fortalecer las interrelaciones entre las zonas urbanas y rurales en tiempos de crisis.
La accesibilidad de los alimentos también se ha visto muy afectada por el cierre obligatorio de escuelas, restaurantes, comedores y establecimientos de venta de alimentos en la calle, que ha alterado las pautas de alimentación de millones de personas vulnerables en todo el mundo, en particular, niños y niñas. Además, las medidas restrictivas a la movilidad, a las reuniones de personas y a la importación de alimentos para contener la propagación del virus han generado una amplia gama de efectos a corto y largo plazo en la producción y el suministro que afectan principalmente a la agricultura de pequeña escala. Se teme el colapso de muchas de estas fincas, con el consiguiente aumento de pobreza generalizada entre el campesinado más vulnerable.
Es significativo que las medidas restrictivas a la movilidad humana adoptadas han dado lugar a su vez a una escasez de mano de obra y a la precariedad de las condiciones laborales en actividades vinculadas con la agricultura y la alimentación. Esta situación ha causado una enorme cantidad de desperdicio alimentario, pérdidas económicas en la agricultura y la vulneración de los derechos laborales y sanitarios en muchos países. También el acceso limitado al suministro de semillas ha afectado a la capacidad de las productoras para plantar y se prevé una escasez de alimentos y un aumento de los precios en los mercados locales. Esto restringirá aún más el acceso a los alimentos de las personas vulnerables y provocará inseguridad alimentaria y nutricional. La Vía Campesina afirma que ahora más que nunca se deben poner en práctica y defender los principios de soberanía alimentaria, a través de la promoción de las semillas nativas y la construcción de sistemas alimentarios locales, diversos y agroecológicos. Para lograrlo exigen reformas agrarias reales y la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas campesinas (UNDROP).
Una transformación radical y urgente
Las desigualdades estructurales preexistentes a la pandemia determinan en muchos países cuáles serán los colectivos más afectados y cuáles se aprovecharán de la crisis de la COVID-19. Para el Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas (CSM) de la ONU no son aceptables las escandalosas desigualdades de renta y riqueza a nivel global y dentro de los países, en un contexto en el que cientos de millones de personas se están quedando sin trabajo y en el que países de bajos ingresos y con déficit alimentario se enfrentan a catástrofes económicas, sociales y políticas. Destaca las desigualdades que conducen a la discriminación cotidiana y estructural de las mujeres, pueblos indígenas, minorías étnicas, personas trabajadoras, campesinas, migrantes, sin tierra, sin techo, desempleadas, trabajadoras informales y población empobrecida de las ciudades, cuya situación debe abordarse ahora como una cuestión de emergencia mundial.
Según la FAO, los efectos observados de la COVID-19 ponen de relieve la necesidad de asegurar y fortalecer las interrelaciones entre las zonas urbanas y rurales en tiempos de crisis y, además, subrayan la importancia de acortar las cadenas de suministro e incorporar la producción de alimentos en las zonas urbanas y periurbanas. Ello parece cada vez más necesario en un contexto global en el que la población que vive en las ciudades sigue en aumento, representando en la actualidad el 55% del total y con la perspectiva, según la ONU, de aumentar hasta un 68% para 2050.
La emergencia alimentaria propiciada y acelerada por la pandemia de la COVID-19 parece indicar la necesidad de apostar por los sistemas alimentarios locales, que no solo deben ser apoyados por los gobiernos municipales, sino también por los estatales y supranacionales, como la Unión Europea. Es el momento de prescindir de acuerdos comerciales como el de la UE-Mercosur y apostar decididamente por una transformación radical y urgente de la forma en que se producen y distribuyen los alimentos. Los apoyos económicos, como los de la PAC, deben ir en esa línea. No hay más tiempo que perder, vivimos una emergencia sanitaria, social, climática y medioambiental sin precedentes que requiere respuestas comprometidas con el planeta y con las personas.
[1] La subalimentación o hambre crónica es la incapacidad de las personas para consumir alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de energía alimentaria. Fuente: FAO.
[2] La calidad de la dieta comprende cuatro claves: la variedad, la idoneidad, la moderación y el equilibrio general. Según la OMS, una dieta saludable protege de la malnutrición en todas sus formas, así como de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, la diabetes, las cardiopatías, los accidentes cerebrovasculares y el cáncer.
[3] La FAO estima que, de media, las dietas saludables son cinco veces más costosas que las dietas que solo satisfacen las necesidades de energía alimentaria mediante alimentos basados en cereales y almidón.
Andrés Muñoz Rico
Responsable de Soberanía Alimentaria de Amigos de la Tierra
Alimentación local frente a la pandemia
Según la encuesta mundial de la FAO sobre la COVID-19, cabe destacar algunos ejemplos internacionales paradigmáticos sobre como afrontar adecuadamente el reto y las potencialidades de los sistemas alimentarios locales frente a la pandemia. Destacan las siguientes experiencias:
-
- Antananarivo (Madagascar). El Gobierno ha establecido la estrategia de la cadena de suministro de alimentos como una de las principales prioridades durante el período COVID-19, haciendo hincapié en la producción y comercialización local. Por ejemplo, se han identificado las posibles zonas de producción dentro de la región de Antananarivo y se ha creado un diagrama de flujo de productos con las necesidades territoriales. Se ha procurado aumentar las ventas en línea de productos locales para suministrar alimentos a la población más vulnerable y a las regiones que se enfrentan a la escasez de alimentos.
- Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del Pacífico (PEIDP). La población de las zonas urbanas de los PEIDP depende en gran medida de los alimentos importados. Para mitigar los efectos de la pandemia, en Fiyi, Samoa, las Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Vanuatu, los gobiernos han distribuido material de siembra e insumos agrícolas a los hogares urbanos y periurbanos, y han fomentado la producción de alimentos, especialmente de cultivos de ciclo corto. En Vanuatu, para garantizar el suministro de productos locales a los hogares a un precio asequible, el Plan de respuesta de seguridad alimentaria COVID-19 dio prioridad a la iniciativa «Commercial food basket», en la que el Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural colaboró con el campesinado local en la recogida de productos y su venta en su almacén a un precio asequible.
- Nantes (Francia). El proyecto «Paysages nourriciers» se creó para cultivar hortalizas en las zonas urbanas a fin de proporcionar alimentos gratuitos a mil hogares vulnerables. Los lugares de producción están dispersos en 11 distritos de toda la ciudad, con prácticas agrícolas totalmente ecológicas, utilizadas por un total de 250 jardineros urbanos con el apoyo de los especialistas locales. Entre julio y octubre de 2020, tenían previsto cosechar 25 toneladas de hortalizas, que luego se distribuirían directamente a las familias afectadas.
- Davao (Filipinas). El programa de la ciudad puesto en marcha durante la pandemia de COVID-19 «The Buyback Repack and Distribute» ha beneficiado tanto a los proyectos productivos urbanos que tenían dificultades para vender y distribuir sus alimentos como a las familias con bajos ingresos, cuyas economías se habían visto gravemente afectadas durante el cierre. Gracias al programa, el gobierno municipal compró alimentos frescos a la pequeña producción local a precios de venta más altos de lo normal y los distribuyó entre 12.000 familias vulnerables de Barangay Tibungco.
Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo