Revista SABC

 

La asociación Fresnecuida es un ejemplo de organización de reparto de ayuda alimentaria. Foto: Adriana Mateos

En el año 2015 publicamos el artículo «Banco de Alimentos. ¿Excedentes alimentarios para combatir la malnutrición?», en el que Xavier Montagut afirmaba que la partida más importante que reciben los Bancos de Alimentos procede de la Unión Europea y la gestiona el Ministerio de Agricultura. Con ella se compran alimentos calóricos fáciles de almacenar y transportar, con largos plazos de conservación y baratos. También explicaba que estos fondos solo llegan a las grandes empresas que optan a la subasta del Ministerio de Agricultura.

La ayuda alimentaria estatal se organiza a través del Programa de Ayuda Alimentaria para las personas más desfavorecidas, cofinanciado en el 85% por la Unión Europea (Fondo de Ayuda Europea para los Más Desfavorecidos - FEAD) y en el 15% por la Administración General del Estado. En 2020 estuvo dotado con un total de 80 millones de euros. Comprende la adquisición de alimentos, el suministro a los centros de almacenamiento y la distribución a las organizaciones asociadas de distribución (OAD), que los hacen llegar a las organizaciones asociadas de reparto autorizadas (OAR) para que, a su vez, los entreguen gratuitamente a las “personas más desfavorecidas” (concepto que utiliza la Administración). Es decir, participan cuatro actores: la Administración del Estado que gestiona los fondos, hasta ahora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; las empresas agroalimentarias que suministran los alimentos; las organizaciones responsables de la distribución de los alimentos (OAD) y las organizaciones de reparto (OAR). Al tratarse de fondos públicos, es obligatorio que tanto la compra de alimentos como su distribución y reparto estén regulados.

El primer paso: adquirir los alimentos

Si tomamos los datos del pasado 2020, llama la atención la lista de alimentos que la Administración ha decidido que se deben comprar para satisfacer las necesidades alimentarias de la población vulnerabilizada: aceite de oliva, alubia cocida, arroz blanco, batidos de chocolate, conserva de atún, conserva de carne (magro de cerdo), conserva de sardina, fruta en conserva en almíbar ligero, galletas, leche entera UHT, macarrones, macedonia de verduras en conserva, tarritos infantiles de fruta y de pollo, y tomate frito en conserva. ¿Son los mejores ingredientes para una dieta diaria suficiente, sana y nutritiva? Seguramente solo se ha buscado satisfacer la primera de las tres variables: «llenar las tripas».

Para adquirir los macarrones o las conservas de sardina que se ha calculado que se necesitan, el proceso abre una licitación para que las empresas interesadas puedan presentar su oferta. Entre los requisitos: ser empresas españolas o establecidas en la Unión Europea que fabriquen y comercialicen el alimento y tener capacidad de suministro a los almacenes que las OAD tienen en todas las provincias. Si tenemos en cuenta que se trata de aportar y distribuir 1200 toneladas de alubias cocidas o 34 millones de litros de leche entera, esta licitación solo está al alcance de grandes empresas.

   Este esquema, cien por cien capitalista, fortalece el sistema alimentario que está detrás de la crisis climática o la desaparición del campesinado.   

A esto hay que añadir que el criterio que prevalece a la hora de seleccionar una oferta u otra es el del precio más barato, por tanto, no solo se primará empresas muy grandes, sino también modelos productivos industrializados que minimicen costes económicos en toda la cadena; es decir, costes baratos que se externalizan a la sociedad y al medio ambiente. Es fácil concluir que este esquema, cien por cien capitalista, fortalece el sistema alimentario que está detrás de problemas como la crisis climática, la desaparición del campesinado  y la despoblación rural o la pérdida de biodiversidad y de fertilidad de la tierra.

Por ejemplo, si observamos la tabla de las empresas suministradoras de alimentos de 2020, cabría preguntarse: ¿no llegarán esas 3800 toneladas de atún de la pesca industrial que en mares africanos impide el acceso a las flotas artesanales locales como el caso de Somalia? Lo mismo nos preguntaríamos en el caso de las conservas de sardinas, ya que, según el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, una parte importante de las que consumimos llegan a nuestras casas procedentes del Sáhara ocupado, aprovechando los acuerdos de pesca entre Marruecos y la Unión Europea.

Aún más, si en lugar de adquirir las más de 3500 toneladas de alubias solo a partir de dos empresas, se primara la compra de legumbres variadas del pequeño campesinado que trabaja cuidando la tierra, ¿qué efecto tendría esa compra de más de 2,5 millones de euros?, ¿cuántas fincas se revitalizarían, cuántos puestos de trabajo se fortalecerían o crearían, cuántos costes para sanar la tierra nos ahorraríamos? Es muy grave que partidas de este volumen económico, gestionadas por el propio Ministerio de Agricultura, no reviertan en la economía local y el cuidado del territorio.

El reparto

Encontramos un esquema monopólico similar en el proceso de distribución de estos alimentos. Anualmente se convocan subvenciones para sufragar los gastos de gestión, de transporte y almacenamiento por parte de las organizaciones asociadas de distribución (OAD) responsables de hacer llegar los alimentos a las organizaciones de reparto (OAR). Para que las entidades puedan acceder a estas subvenciones, entre otros requisitos, deben ser de ámbito nacional y disponer de la estructura y capacidad administrativa, operativa y financiera suficiente para hacer este trabajo y su seguimiento. En concreto, se valora que tengan capacidad de distribuir, anualmente, al menos 14 millones de kilos de alimentos y que dispongan de una red territorial de almacenes en cada una de las provincias.

En estas condiciones y después de muchos años consolidando un modelo, desde 2011 solo hay dos OAD designadas: la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y la Cruz Roja Española. Ambas han recibido para ello 2 millones de euros de dinero público en 2020.

Las OAR, como hemos mencionado más arriba, son las responsables de entregar los alimentos a las familias, bien en forma de lotes de productos o de consumo directo (mediante la elaboración de platos preparados que se consumen en sus instalaciones). Deben estar legalmente constituidas y atender a un mínimo de 20 personas.

Entre las OAR autorizadas, nos encontramos mayoritariamente servicios sociales de la Administración, entidades religiosas católicas y de otras confesiones y asociaciones, fundaciones o asambleas y grupos locales de la misma Cruz Roja Española y de la FESBAL.

En este circuito encontramos pocas organizaciones comunitarias de base y autogestionadas, en parte por su propia naturaleza: hacer de la ayuda alimentaria un ejercicio de solidaridad y empoderamiento, no una simple entrega caritativa de alimentos. Además, este proceso implica cierta estigmatización y fiscalización, ya que las OAR están obligadas a llevar un registro del número total de personas que reciben la ayuda con nombres, documento de identidad y fecha de nacimiento, una información que muchos colectivos sociales se resisten a proporcionar para proteger a las familias receptoras.

El circuito de la ayuda alimentaria

Una compra pública que favorece a la industria

   En la cadena de la ayuda alimentaria se invisibilizan los dos actores principales: la producción de alimentos y las personas excluidas.   

En un horizonte de crisis económica y recepción de fondos europeos condicionados, parece que las situaciones de emergencia alimentaria cada vez serán más frecuentes. Es necesario abordar en toda su complejidad cómo garantizar los cuidados a las personas o familias que se encuentran en situación de exclusión y no tienen acceso a la alimentación, vivienda o trabajo. Y también es necesario y urgente romper con la ayuda asistencialista que se promueve en este programa de ayuda alimentaria y entender esta intervención social como una magnífica palanca en favor de la transformación del sistema alimentario capitalista. Debemos tener en cuenta que en toda la cadena de la ayuda alimentaria, se invisibilizan los dos actores principales: la producción de alimentos y las personas excluidas.  Y, al contrario, se beneficia a las grandes empresas agroalimentarias, con la compra de excedentes, y se da protagonismo y poder de decisión a las distribuidoras de «caridad».

Como vemos en otros artículos en este mismo número, están surgiendo muchas iniciativas con las que la sociedad civil, especialmente los sectores de los colectivos agroecológicos, demuestran que se puede reorientar el modelo. Es momento, por un lado, de dar protagonismo a las personas excluidas para que formen parte de la toma de decisiones en los programas de derecho a la alimentación. Por otro lado, es necesario abrir todo este proceso de compra pública a los proyectos productivos de pequeña escala para garantizar que la cesta esté conformada por alimentos frescos, de temporada y de producción local en lugar de alimentos enlatados sin origen determinado.

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la licitación Suministro de alimentos en el marco del Programa de Ayuda a las Personas más Desfavorecidas 2020 PO FEAD 2014-2020 

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Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo