Entrevista a Federico Pacheco, del Sindicato Andaluz de Trabajadores/as (SAT)

Revista SABC

 

  Hay mucha población migrante que se dedica a la agricultura, sea como jornalera, operaria, manipuladora de frutas, etc. ¿Qué puede aportarles estar en una organización como la vuestra? ¿Qué presencia y participación tienen en el sindicato?

El SOC promueve una agricultura campesina que respete los derechos de los trabajadores de forma exquisita. Creemos que eso es posible y apostamos por ello. Llevamos más de 40 años defendiendo los derechos laborales pero también los sociales, como la salud, la vivienda y la educación, también los subsidios agrarios y luchando por la tierra y la reforma agraria, con ocupaciones de fincas, creación de cooperativas... Cuando creamos el sindicato en Almería se empezó un trabajo muy fuerte con la población jornalera migrante también en Huelva, algunas partes de Granada y en las distintas campañas en toda Andalucía. El 90 % de los afiliados en Almería son trabajadores migrantes, así que siempre ha estado muy relacionado el trabajo sindical aquí con las luchas contra el racismo y las discriminaciones establecidas por la ley de extranjería.

El hecho de que trabajadores agrícolas migrantes estén en la agricultura industrial andaluza sigue estando muy relacionado con el colonialismo y el pillaje de recursos que aún se da en países del sur que les obliga a dejar sus territorios. Pensamos que la gente debe tener el derecho a quedarse en su país y por eso es central acabar con políticas como los tratados de libre comercio y el acaparamiento de recursos. Al mismo tiempo, defendemos la libertad de circulación y condenamos la represión en las fronteras. En La Vía Campesina apoyamos tanto la resistencia campesina en nuestros países de origen como la resistencia y denuncia que significa traspasar las fronteras y buscar una vida mejor en otros territorios, representadas por los harraga.

   El 90 % de los afiliados al SAT en Almería son trabajadores migrantes.   

Curso de formación del SAT a trabajadores del campo. | Foto: Florián Horn

  Recientemente habéis estado trabajando para ampliar la formación en derechos laborales y activismo sindical de esta población. ¿En qué han consistido estas acciones? ¿Qué valoración hacéis?

En 2005 pusimos en marcha programas de formación en contenido laboral y sindical en castellano, y desde entonces hemos ido trabajando en la mediación, formación en género, pequeña empresa, etc. y aprendiendo de las dificultades. Tras todos estos años de formación en nuestros tres locales (El Ejido, Níjar y Almería), a veces junto a asociaciones aliadas de migrantes, hemos creado un precedente. A las dificultades de tener varios idiomas, religiones y culturas, se suma el propio trabajo jornalero. A veces se trabaja hasta los domingos, con lo cual es muy complicado sacar horas para poder ir a la formación o leer documentos. Por otro lado, nos cuesta juntar a la gente para la formación porque hay mucha dispersión entre los trabajadores que viven en núcleos alejados, en fincas, barrios o asentamientos y sin servicio de transporte. Por otro lado, por la situación de precariedad, la gente más capacitada intenta huir de esta situación y del campo. A veces es una satisfacción que personas que se han formado aquí te llamen desde Francia o Catalunya, donde están cumpliendo funciones importantes de mediación y liderazgo.

Pero sí, efectivamente, a partir de 2016 con la Fundación Rosa Luxemburgo pusimos en marcha un programa específico de formación de mediadores sindicales, destinado a delegados y militantes activos. Hoy en día hemos aumentado nuestra fuerza, contamos con 20-30 delegados sindicales en distintas empresas del campo y de manipulado, y más de 30 secciones sindicales, que son grupos de afiliados en las empresas. Esta nueva realidad ha hecho que la formación tenga más estabilidad y continuidad. Cuando se sale elegido delegado, de acuerdo con la legislación laboral, se tienen 15 horas semanales retribuidas para actividades sindicales. Nosotros tenemos un acuerdo según el cual al menos 5 de esas horas se dedican a la formación.

  ¿Cómo enfocáis el trabajo sindical en estas empresas agroexportadoras?

El desafío es grande porque queremos que nuestros delegados en las distintas empresas se conozcan, se apoyen en sus luchas y sean capaces de apoyar a trabajadores que no tienen representación sindical, como los temporeros o los pequeños invernaderos, así como construir el sindicato de abajo arriba, con la mayor participación e implicación posible. Nos organizamos a distintos niveles: por empresa, también reunimos a delegados de las distintas empresas del campo y del manipulado, de empresas de distintos sectores, y por territorio, porque la organización territorial es una característica tradicional del SOC-SAT. El año pasado tuvimos un encuentro muy importante en Almería con todos los delegados y militantes para dar a conocer lo que hacemos, donde también estuvo el sindicato marroquí FNSA, que están en LVC, con quienes tenemos una colaboración directa.

   Es fundamental relacionar la lucha campesina por la reforma agraria con la situación de los trabajadores agrícolas.   

  ¿Qué trabajo realiza La Vía Campesina en materia de migración?

Tenemos un grupo de trabajo en el ámbito europeo. Denunciamos, por ejemplo, el trabajo desplazado fomentado por las ETT y el sistema de contratación en origen, donde por acuerdos de contingente entre los países, se organiza el desplazamiento de miles de personas. Es un modelo que crea mecanismos de vulnerabilización porque la persona necesita que el empresario le llame al año siguiente para volver, entonces no quieren generar problemas. Y aunque quieran reivindicar sus derechos, están confinados en fincas sin conocer el idioma, sin poder tener contacto con el sindicato… Es muy fácil que se den abusos de todo tipo. Y esto ocurre en Huelva con desplazamientos de casi 20.000 trabajadoras marroquíes al año, como en el sur de los Estados Unidos con migrantes latinoamericanos.

También es fundamental relacionar la lucha campesina por la reforma agraria con la situación de los trabajadores agrícolas. Desde nuestros inicios a finales de los setenta, en el SOC reivindicamos como eje fundamental la tierra para quien la trabaja y la reforma agraria. La reforma agraria de principios de los años ochenta que hubo en Andalucía no fue muy eficaz, pero para nosotros sí que fue una oportunidad de lucha por la tierra a través de ocupaciones y movilizaciones jornaleras. Se logró que una parte de esa tierra pública o en manos de terratenientes —muchas de ellas expropiadas durante la II República y devueltas a los latifundistas en la dictadura— pasara a manos de jornaleras organizadas en cooperativas.

  ¿Cómo ha cambiado el trabajo temporero con la pandemia?

Durante la pandemia y el confinamiento, el sindicato ha seguido a pie de tajo, con los locales abiertos y las sindicalistas visitando las empresas, se aumentó la atención telefónica, etc. Lamentablemente muchas empresas han usado la pandemia para despedir a personas o exigirles más prestaciones laborales. Esta crisis ha servido para visibilizar lo imprescindibles que son los trabajadores agrarios, y entre ellos los migrantes, y sobre todo, los irregularizados. El sector no ha parado, durante la pandemia se ha mantenido o incluso aumentado la producción, pero se ha agravado aún más la situación previa de explotación y precariedad que venimos denunciando. No solo situaban a los trabajadores en situaciones de riesgo y contagio, también sucedía que las compañeras sin papeles no podían justificar sus desplazamientos durante el confinamiento, por eso era prioritario exigir su regularización extraordinaria, para garantizar su salud y las ayudas que necesitaban. La regularización implementada por el Gobierno fue muy limitada, ya que solo benefició a personas que ya tenían autorización de residencia y a menores acogidos, sin cubrir a los miles de jornaleros agrarios «sin papeles» que sacan adelante una parte importante de la producción agraria en Andalucía y el resto del Estado.

A nuestro trabajo sindical habitual, hemos tenido que añadir el reparto de alimentos en los asentamientos (con ayuda de la asociación de consumidores inglesa Ethical Consumer) y demandar y dar seguimiento a la actuación de la Administración. La Junta de Andalucía lleva años incumpliendo su promesa y su responsabilidad de crear albergues de temporeros suficientes y dignos.

  Sois un sindicato que defiende y trabaja por la soberanía alimentaria desde el corazón del sistema alimentario industrial.

Son las contradicciones en las que nos movemos. Exigimos al máximo el respeto de los derechos laborales en esas empresas y a la vez hacemos una crítica permanente y radical al modelo agrario que representan. En un inicio se trataba de una agricultura familiar intensiva que, por la presión de los intermediarios, impuso un modelo según el cual se debe producir cada vez más a menos precio, y que acabó transformándose en empresas agrícolas que tienen que generar un movimiento de dinero y de producto enorme. En sus cuentas la mano de obra representa una parte importante de sus costes y tiene que ser barata, flexible y que no cree problemas. Entonces se reproduce un sistema de explotación tanto en la empresa grande como en la pequeña. Con las grandes empresas tenemos la facilidad de presionar a través de los consumidores en Europa, especialmente si son ecológicas. Una empresa que hace marketing con el respeto al medio ambiente y a las condiciones de sus trabajadores, pero que en realidad tiene conflictos que demuestran lo contrario, provoca mucho malestar en los consumidores.

  ¿Qué otras estrategias de lucha ponéis en práctica, además de la formación y organización de los trabajadores para el respeto de sus derechos?

Para nosotros es un desafío unir la soberanía alimentaria y la producción agrícola con el mundo laboral. En La Vía Campesina hablamos de una estrategia en diagonal con la que luchamos por las condiciones laborales en las empresas y las plantaciones promoviendo su transformación hacia la agroecología, la reforma agraria y el acceso a la tierra de los trabajadores, a la vez que defendemos las economías campesinas es sus países de origen. En Europa llevamos mucho tiempo con propuestas de condicionalidad social de la PAC y de otras ayudas públicas: que para cualquier subvención o política de apoyo se exija que la empresa cumpla las condiciones laborales, no solo las legales, que son muy básicas, sino las que llamamos buenas prácticas, como es el caso de la estabilidad en el empleo o un salario digno y suficiente. Y, por otro lado, presionamos para que las cadenas de supermercados y las asociaciones certificadoras de productos biológicos, apliquen realmente en sus etiquetas y certificaciones una política de exigencia de garantías sociales. El papel de los consumidores es clave para apoyar nuestras luchas.

  ¿Hacia dónde evoluciona la agroindustria en Almería?

La concentración de grandes empresas está atrayendo cada vez más fondos de otros sectores que invierten en el campo, como empresas de la construcción. Estos últimos años se nota una presencia muy fuerte de fondos de inversión multinacionales, ya sean de pensiones o de la banca en general y eso crea una situación todavía peor, porque se aleja más de esa idea de empresa productiva en el terreno, ya que el único interés es la pura y dura especulación. Eso, sumado a que cada vez más se utilizan formas de contratación a través de terceros, como las empresas de trabajo temporal, acaba generando una situación enorme de vulnerabilidad a los trabajadores, el eslabón más débil. Tiene que haber un cambio de modelo completo y que solo es posible si la comercialización está también en manos de los productores, aumentando las ventas en el mercado local y transformando el modelo productivo hacia prácticas agroecológicas, fomentando la soberanía alimentaria, tan necesaria frente a crisis como la que estamos viviendo actualmente. Creemos que es posible.

Revista SABC

 

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Este artículo cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo