Fernando FERNÁNDEZ SUCH

Durante la pandemia se ha denunciado la actuación de las administraciones respecto al sector productivo a pequeña escala (prohibición de acudir a huertos de autoconsumo, cierre de mercados de venta directa, etc.); sin embargo, también algunas administraciones han puesto en marcha acciones en clave de soberanía alimentaria que es importante visibilizar. En las islas Baleares encontramos una buena referencia.

 

Monocultivo turístico e insularidad

El 11 de marzo, a tres días del estallido definitivo de la crisis de la COVID-19, la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear presentó ante la Cámara de Comercio el informe La agricultura y la ganadería balear en la encrucijada. En él se explica que el monocultivo del turismo en Baleares ha dejado una estructura económica cuyo PIB depende en un 84 % de este sector; y continúa subiendo. El sector primario apenas significa un 0,6 % del PIB, que sumado al sector pesquero y al sector agroalimentario alcanza el 4 %. La insularidad condiciona el reducido tamaño de las explotaciones, la fortísima competencia con otros sectores en el acceso a la tierra o el agua y hace que las redes de comercialización sean extremadamente opacas y funcionen como embudos a la entrada y salida de puerto. Finalmente, la insularidad provoca sobrecostes en la producción que reducen todavía más los márgenes de beneficio. El resultado es que nuestra renta agraria es un 54 % de la media nacional. Solo por dar un par de ejemplos, el coste de los fertilizantes es un 17,64 % más alto que en la península y los costes de producción de una hectárea de almendro son 138,96 € más caros que en el resto del Estado español. Todo esto justifica un tratamiento diferente para la agricultura y la ganadería insular.

En este contexto estalla la crisis de la COVID-19. Tras la primera batida de consultas a todos los actores y sectores productivos, el primer análisis era evidente. El cierre del canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering), que representa entre un 50 % y un 70 % de las ventas del sector agroalimentario, arrastra de forma brusca al conjunto del sector a una caída.

En una crisis como esta, si el objetivo es apoyar a la gente, hay que ser capaz de levantar la cabeza de la realidad concreta y atender a lo que va sucediendo a nivel ministerial y europeo. Es muy importante que las medidas que se decide poner en marcha en la comunidad autónoma se articulen con las del Ministerio de Agricultura y con las oportunidades que va abriendo la Unión Europea.

 
PescadorPalma GovernBalear

Pescador faenando en la bahía de Palma (Mallorca). Foto: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear

Verdures GobBalear

Entrega de excedente de producto frescocomprado por la Conselleria con destino a entidades sociales. Foto: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear

Medidas para fortalecer el mercado interno

La Conselleria diseñó un Plan de choque para el sector agrario, ganadero, pesquero y agroalimentario de les Illes Balears. Debía estar formado básicamente por medidas de regulación de mercados y de ordenación de la oferta, ya que conviene recordar que la agricultura y la ganadería son sectores excepcionados por el derecho de competencia en la UE y eso permite plantear medidas de almacenamiento, retiradas de producción, precios de sostén o programas operativos para organizar la oferta.

En primer lugar, y ante el colapso de Horeca, el objetivo era mantener abiertos todos los canales de comercialización existentes y posibles. Se consiguió aprobar una instrucción que permitía que los puestos de alimentación de los 109 mercados semanales siguieran funcionando. De la misma manera, se ha mantenido una relación constante con la gran distribución logrando compromisos que se han visto traducidos en avances muy concretos. Se lanzaron dos líneas de ayuda específicas: la primera, de información y promoción de productos agroalimentarios en el mercado interior, dotada con 467.000 €, y una segunda línea de desarrollo, funcionamiento y promoción de cadenas cortas de comercialización, dotada con 400.000 €. La primera fue financiada con el PDR (Programa de Desarrollo Rural) y la segunda, con el Impuesto de Turismo Sostenible. Ambas dan apoyo y cobertura, además de a las experiencias y proyectos de cadenas cortas que ya existían, a las múltiples iniciativas que en estas semanas han desarrollado cooperativas, organizaciones de productores y asociaciones agrarias para impulsar la venta a domicilio. Cabe mencionar otras dos grandes actuaciones: el arranque del Observatorio de Precios y de la Cadena Alimentaria, pensado para dar respuesta a las movilizaciones de la campaña Agricultores al Límite, y una campaña de promoción del producto local dirigida al conjunto de la sociedad.

 
   La agricultura y la ganadería son sectores excepcionados por el derecho de competencia en la UE y eso permite plantear medidas de almacenamiento, retiradas de producción, precios de sostén o programas operativos para organizar la oferta.   
 

Medidas adecuadas a cada sector

Un segundo gran bloque se dirige al sector de la pesca, que en las islas sigue siendo artesanal en un 80 % y es uno de los que más rápidamente acusó la crisis. Con su dependencia del canal Horeca y el alto precio de sus productos en un momento de mucha incertidumbre para los hogares, era previsible un derrumbe del mercado. Se han arbitrado dos medidas simultáneas. Una primera línea de subvenciones se ha dirigido a mantener las estructuras de comercialización de la pesca que dependen del volumen de las capturas. Se trata de apoyar los gastos de funcionamiento de las dos lonjas y los puntos de primera venta de las islas que dependen de las cofradías de pescadores. La segunda es una línea de préstamos para la liquidez a las embarcaciones pesqueras, de hasta 24.000 €, que permita mantener la actividad hasta que el Ministerio traslade las normas que ha aprobado la UE en materia de pesca. Estas dos medidas no tendrían efecto si no se hubiera trabajado con la Organización de Productores de Pesca de Mallorca para ordenar las salidas por turnos de las embarcaciones, reduciendo los días de faena cada semana, con el objetivo de no saturar el mercado y evitar que se hundieran los precios. Actualmente, se está evaluando el impacto de las medidas, y los datos muestran que se ha logrado salvar la situación.

Un tercer bloque de medidas se dirige al sector ganadero de carne, ovino, caprino y lechón. La forma de actuar ha sido la misma, se trataba de facilitar el acuerdo, la concertación y el compromiso entre los distintos operadores de la cadena alimentaria con un triple objetivo: controlar la oferta para evitar la caída de precios, promocionar un precio mejor que anime a la compra e involucrar a los mataderos, a las empresas cárnicas y a la asociación de carnicerías. Las medidas que hemos implantado son de dos tipos: en primer lugar, apoyo económico para retirar los corderos de más de 14 kg y lechones de más de 10 kg de peso vivo para almacenamiento en congelación. En segundo lugar, un apoyo por cordero y lechón que se sacrifican para la comercialización. Con estas medidas se ha logrado reactivar el mercado y que las canales vayan saliendo al consumo a precios muy positivos. Estas líneas se han complementado con la búsqueda de mercados alternativos.

 
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Queso almacenado de la D.O.P. Maó (Menorca). Foto: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear

Raïm GobBalear

Viñedo de la Serra de Tramuntana, en la zona norte de la isla de Mallorca. Foto: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Govern Balear

Es importante tener en cuenta que estas medidas de mercados son complejas y hay que aplicarlas en el momento justo. Deben diseñarse de manera que no desincentiven la comercialización y no se pueden extender por mucho tiempo. Por ejemplo, a pesar de que el vacuno de carne daba señales preocupantes, con paciencia, al final no ha sido necesario intervenir.

Mención aparte merece el funcionamiento del sector lácteo, mucho más complejo por sus características. El operador más importante de Balears tiene forma de cooperativa de ganaderos y elabora tanto queso de Maó como leche UHT para el gran consumo. Para que el sector lácteo funcione es muy importante que el conjunto de los actores se mantenga articulado. Si una industria quesera tiene problemas, empieza a reducir la recogida de leche o a bajar el precio, y esto desata una reacción en cadena muy difícil de parar. Estamos operando con la misma lógica. La primera medida fue la ayuda a la retirada de vacas de leche de más de 5 años, lo que reduce el volumen de leche. La segunda consistió en el apoyo a los gastos de funcionamiento de las industrias y operadores lácteos que cubren costes extraordinarios para procesar cuajada o queso, congelar y almacenar producto, pero siempre con el compromiso del cumplimiento de los contratos lácteos; es decir, mantener la recogida de la leche y el precio de contrato. Por último, se tomó una medida de compensación de la renta de ganaderos y ganaderas que se activará en casos puntuales. De hecho, si las industrias y operadores cumplen, y ahora comprobamos que lo han hecho, esta medida de compensación no será necesaria.

Por último, hemos articulado un paquete dirigido al sector de fruta y hortaliza que incluye tanto una medida autonómica de retirada de producto orientado a entidades sociales, como facilidades de negociación entre las Organizaciones de Producción de Frutas y Hortalizas (OPFH) y las grandes superficies para canalizar un mayor volumen de producto local. Estas medidas se están complementando con el impulso de un proyecto de plataforma conjunta de venta del sector hortofrutícola, en el que se integran todas las OPFH, empresas del sector, SAT y Cooperativas, cuyo objetivo es articular y concentrar los esfuerzos en la fase de la oferta.

Seguimiento y evaluación

Todas las medidas de choque se apoyan de forma externa con una línea específica de crédito para circulante y liquidez de las explotaciones agrarias y ganaderas, y las pequeñas industrias agroalimentarias que cubre la totalidad de los intereses, el aval y los gastos de estudio. Esta línea abierta por la Conselleria d’Agricultura, en coordinación con Hacienda tiene capacidad para cubrir un crédito de hasta 4,5 millones de euros. De nuevo, el trabajo y el compromiso de la Conselleria en facilitar la tramitación de los expedientes y los informes de idoneidad son clave.

Para terminar, es importante mencionar el programa de Compra Pública Alimentaria con destino entidades sociales, dotado con 850.000 €. Parece mentira que algo tan sensato, haya provocado los mayores quebraderos de cabeza. La cuestión jurídica se ha resuelto finalmente con un acuerdo de gobierno y con un contrato de emergencia. El programa funciona con dos patas; el sector agrario que ha querido presentarse al programa y las entidades sociales que se han acogido a él.

El plan de choque está encauzado, pero no solo hay que dar seguimiento a cada una de las medidas y evaluarlas conforme vayan cerrando. Tenemos prevista una mirada más global con la definición del Plan de Reactivación del Sector Agrario, Pesquero y Agroalimentario, que nos permitirá trabajar en otros sectores como el del aceite de oliva o el del vino y, si es necesario, que funcione como base de trabajo en caso de que la situación pandémica se complique de nuevo.

Sin duda, en este momento, lo que no puedo dejar de pensar es que tan solo hayan pasado tres meses desde aquel 14 de marzo. Veremos lo que nos depara el otoño.

Fernando Fernández Such

Jefe de Gabinete de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació

Govern de les Illes Balears

 



Este número cuenta con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo

fundacion rosa luxemburgo

 

 

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