Alba GUITART
Las cifras no cuadran
Como apunta el estudio de la urbanización en Centroamérica del Banco Mundial de 2018, Centroamérica es la segunda región de más rápida urbanización en el mundo, solo superada por África. Apunta, además, que «hoy en día, el 59 % de la población de Centroamérica vive en zonas urbanas, pero se espera que en la próxima generación 7 de cada 10 personas vivan en ciudades, lo que equivale a sumar 700.000 nuevos residentes urbanos cada año». Así pues, el éxodo rural es un hecho en Guatemala, como en el resto de la región.
Según la teoría de la modernización, el éxodo rural se da por falta de empleo y de servicios en las zonas rurales, así como por la tecnificación de la agricultura y el aprovechamiento de las economías de aglomeración en las ciudades. Por ello, se nos ha ilustrado como un proceso voluntario y utilitarista intrínseco al homo economicus que «llevamos dentro». Asimismo, este proceso en muchos países occidentales ha sido el preludio a una transición hacia economías más industriales y menos rurales, y se ha presentado, a ojos del mundo, como la vía del desarrollo, por la que los estados empobrecidos deberían transitar. En este texto vamos a ver si este es el caso de Guatemala.
Según cifras del Banco Mundial (2017), el país ha crecido 3,72 % de media entre 2011 y 2016. Si analizamos los aportes por sectores a esta cifra, observamos que hay de promedio una contribución notable del sector agropecuario (4 %), del minero (8 %), de suministro de electricidad y captación de agua (5,35 %) y del sector financiero y seguros (10,12 %); todo ello hace de Guatemala una de las economías más dinámicas de la región. Cabe destacar que tres de las cuatro actividades se vinculan directamente con el medio rural.
Con unas cifras económicas [1] tan abrumadoras, ¿cómo puede ser que «las poblaciones rurales estén migrando a las ciudades en busca de mejores oportunidades laborales y educativas y una mejor calidad de vida»? Este crecimiento ¿no debería estar promoviendo el empleo en dichas zonas, mejorando el bienestar y, en consecuencia, frenando el éxodo rural?
Lo invisible de las teorías
El cruce de cifras no está dando el resultado lógico y esperado, entonces ¿no será que existe una correlación inversa entre ambos fenómenos? A mayor crecimiento económico del sector primario, ¿mayor expulsión de la población rural? Seguramente la respuesta tiene que ver con entender de qué tipo de crecimiento económico del sector primario hablamos.
Hay pocos datos sobre la migración interna y, además, no están desagregados ni por sexos ni por edades ni por razas, lo que no permite un análisis interseccional, pero según un estudio sobre desplazamientos poblacionales en Guatemala llevado a cabo por el Instituto de Investigación y Proyección sobre Dinámicas Globales y Territoriales (IDGT) [2] de la Universidad Rafael Landívar, las zonas de donde se desplazan la mayoría de las personas son las principalmente afectadas por proyectos empresariales a gran escala (minería, monocultivo de caña y palma aceitera, ganadería extensiva e hidroeléctricas). El estudio pone de manifiesto dos motivos más: la violencia del crimen organizado y los fenómenos naturales y climáticos. Concentraremos el resto de la reflexión en los impactos de la actividad empresarial a gran escala sobre la migración, por ser una actividad previsible, legalizada y propiciada por las autoridades locales, nacionales e internacionales.
Para conseguir imponerse sobre las poblaciones locales, estas empresas llevan a cabo distintas prácticas como el tráfico de influencias, falsas promesas, difamación, hostigamiento y criminalización de quienes se oponen a las empresas, presión para la compra de terrenos a bajo coste, violencia a través del uso de fuerzas públicas o privadas y, en un buen número de casos, el asesinato de personas que suponen una amenaza demasiado grande para la consecución de estos proyectos.
Veamos cómo se entrelazan estos fenómenos con los mapas que mostramos a continuación.
Mapa 1: Grado de conflictividad agraria y áreas con presencia de actividades empresariales de gran escala (IDGT, 2018)
Mapa 2: Agresiones a personas defensoras de DDHH por departamentos (UDEFEGUA, 2017)
En el primer mapa se muestran en rojo las zonas con alta conflictividad y el tipo de actividades asociadas a ella. En el segundo mapa, se visualizan las agresiones a civiles que se oponen a estas actividades; cuanto más grande es el punto, más agresiones registradas. En ambos mapas, hay una gran proximidad de colores y el tipo de actividades con las que se relaciona la conflictividad. En el estudio IDGT se muestra cómo parte de las personas encuestadas que han sufrido desplazamientos forzados provenían de estas zonas; así que existe una correlación entre un mayor desarrollo de proyectos empresariales a gran escala y el desplazamiento forzado de personas que se oponen al proyecto.
¿Éxodo rural o desplazamiento forzado?
En la actualidad, la presión sobre los territorios es una de las principales causas del desplazamiento de las personas del medio rural hacia el medio urbano en buena parte de América Latina. En efecto, exponer cuáles son las causas de la presión y poner en tela de juicio el significado de los desplazamientos humanos, especialmente del campo a la ciudad, es significativo para poder explicar la realidad de muchos territorios, en especial (pero no exclusivamente) en Guatemala. Una mejora en la productividad y el crecimiento económico en el sector primario, tal y como promueve el Banco Mundial, no conlleva ni conllevará una mejora en la vida de las poblaciones. En el caso guatemalteco, desde 2014, los índices de pobreza y extrema pobreza e inseguridad alimentaria se han disparado. Asimismo, la teoría de la modernización actualmente no sirve como modelo de desarrollo y deberíamos ser prudentes a la hora de usarla para explicar fenómenos complejos como los desplazamientos humanos.
Por otro lado, parafraseando de nuevo el estudio del IDGT: «Este tipo de proyectos ha sido motivo de conflictividad en los ámbitos local y municipal porque, además de acumular tierra, implica la desaparición de la diversidad biológica, destruye el suelo y sus posibilidades de producción a mediano y largo plazo, utiliza gratuitamente el agua para fines industriales y en el caso de los proyectos de minería a cielo abierto se ha fundamentado que existe el riesgo de contaminación del agua. En suma: consolida el modelo económico que profundiza la pobreza y el deterioro ambiental».
Se entiende, pues, que el desplazamiento en Guatemala de estas comunidades hacia las ciudades en una buena parte de los casos no es voluntario, sino forzado, y supone una medida para proteger la vida propia o de la familia, a pesar de las consecuencias para los lugares de origen (desarraigo, pérdida de tierras y formas de vida tradicionales, desmembramiento comunitario y rotura de los vínculos territoriales y afectivos) y de acogida (incremento de la fragilidad urbana: la urbanización desordenada, la densidad urbana, la pobreza, el aumento demográfico juvenil y las altas tasas de desempleo).
Que el estado guatemalteco no reconozca el fenómeno implica que no prevé medidas para acoger a las personas desplazadas ni exige responsabilidades a las empresas que gestionan estos proyectos a gran escala que dañan la riqueza natural y social del país. Además, la situación política de Guatemala actualmente está en un impase de alta tensión debido al intento del presidente actual, Jimmy Morales, de interrumpir los trabajos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La CICIG ha sido y es un actor clave en la lucha contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.[5] Si bien, hoy en día podemos afirmar que no todos los problemas se han resuelto con CICIG, esta ejerce de contrapeso hacia ciertas prácticas heredadas de las dictaduras militares y la injerencia internacional. En estas circunstancias, si no se consigue extender el mandato de la CICIG más allá de septiembre 2019, los pronósticos anuncian un recrudecimiento de inversiones a gran escala y en consecuencia un aumento de la violencia y los desplazamientos forzosos para las poblaciones de territorios rurales. Pongamos atención a lo que pase en los pueblos de montaña en Guatemala.
Las cifras de los megaproyectos de exportación
Según los datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, a 31 de agosto de 2018 había un total de 340 minas aprobadas en todo el país y, además, 425 nuevas licencias en trámite, entre las que cabe destacar las minas de minerales metálicos, cuyos procesos de extracción causan los mayores impactos en los ámbitos ecológico y social.
Respecto al sector eléctrico, en especial el de las hidroeléctricas, el Plan de Expansión del Sistema de Generación y Transporte 2018-2032 indica que se pretende «posicionar a Guatemala como líder en el mercado eléctrico regional y como meta a largo plazo se tiene estimado exportar 300 MW a la región». En estos momentos, en Guatemala hay más de 30 megaproyectos hidroeléctricos en marcha: 13 en construcción, 13 aprobados para iniciarse en breve y 5 más en trámites de autorización. La experiencia acumulada hoy en día es clara respecto a este tipo de proyectos que son fuente de conflicto social en las zonas de implantación en Guatemala y una de las causas del desplazamiento forzado de personas desde las zonas rurales a las urbanas.
[1] María, A.; Acero, J.L.; Aguilera, A.; García Lozano, M. (ed.), (2018), Estudio de la urbanización en Centroamérica. Oportunidades de una Centroamérica urbana.
[2] Hernández Bonilla, S. (coord.) (2018), Desplazamiento forzado interno en Guatemala: Diagnóstico 2010-2016.
Alba Guitart
Artículo redactado por la ONGD Farmamundi, en el marco de su Programa de protección de defensores/as de derechos humanos en Guatemala y El Salvador, financiado por la ACCD