Con unos cuantos ejemplos, como un vistazo a vuelo de pájaro, mostramos algunas de las iniciativas de políticas alimentarias municipales que, por su origen o su contundencia, pueden ser inspiradoras.
Mural realizado en 2016 por Xoana Almar y Miguel Peralta, en Vigo. Foto: Cestola na Cachola
Romper el localismo municipal
En Argareal Rural llevamos muchos años trabajando en el desarrollo rural sostenible para la mejora de calidad de vida de la población local a través de la participación activa. Entendemos la participación activa como sagrada, es nuestro modus operandi de cada día. Defendemos la colaboración y ayuda mutua entre los ayuntamientos y la población, pero también la cooperación entre ayuntamientos, que no siempre se tiene presente.
En el caso de nuestro pueblo, Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar (Ávila), si no se hubiera unido con otro municipio ahora mismo no podría contar con un operario todo el año al que llamamos el ángel de la guarda porque sus funciones van más allá de las habituales, se ocupa de la «ayuda humanitaria». Solo saber que hay una persona preocupada por quienes viven en los pueblos (la mayoría, de avanzada edad), produce gran tranquilidad a las ya pocas personas que pasan aquí todos los días del año.
Desde la ruptura del localismo municipal y la participación activa, por aquí han nacido muchos proyectos. Cinco municipios trabajamos juntos a partir de un programa de prevención de incendios forestales y como resultado han surgido iniciativas como la Asociación de Ganaderos del Aravalle AraVgredos, en la que cinco ganaderos comenzaron un proceso de comercialización de la carne de sus reses en tramo corto (vecindario, turistas, población flotante); la Asociación de Propietarios de Fincas Rústicas ProUmbrías, que autogestiona las fincas y sus recursos (pastos, leña, agricultura, etc.); o la Asociación Micológica Amica, donde la población local trabaja conjuntamente para lograr un uso sostenible del recurso. Asimismo, a partir de un Plan Estratégico de Desarrollo Rural Sostenible, ha surgido, por ejemplo, la Asociación de Oficios Artesanos de la Sierra de Ávila Ofyarte, que aglutina a personas de toda la comarca y organiza todo tipo de eventos, o una asociación que se dedica a la producción de huevos ecológicos y a su distribución en proximidad. Incluso otros cinco municipios de la provincia de Ávila han creado una asociación llamada Ávila en Clave Etnobotánica dedicada a la promoción, investigación y divulgación de los usos de las plantas.
Por último, se puso en marcha la Escuela de Alcaldes de Castilla y León. Trabajando codo con codo con otros municipios se advierten necesidades colectivas que de otra forma no podrían abordarse. Es fundamental dotar a cada uno de nuestros pueblos de capacitación y dar a conocer programas que están funcionando con éxito entre alcaldías, concejalías, personal técnico, etc.
En resumen, hay que romper el localismo municipal. Tan solo hay que recordar el trabajo de los pueblos de toda la vida: huebras, hacenderas, a hombro vecino, a prestación personal, a caminos, a regaderas…, que a lo largo de cientos de años dibujaron el paisaje actual de nuestro mundo rural y que ahora está cambiando a una velocidad vertiginosa por políticas alejadas del territorio.
Juan Carlos Soto
Teniente de alcalde de Manjabálago y Ortigosa de Rioalmar y coordinador de Argareal Rural
Red Terrae, impulsando la neorruralidad agroecológica
La Red Terrae se inició en 2010 y actualmente cuenta con 60 municipios. Su objetivo inicial era dinamizar los recursos infrautilizados de municipios rurales, sobre todo las tierras. Ya en 2012 se organizó un banco de tierras en línea, con un sistema de contratos de custodia agroecológica para personas emprendedoras; al año siguiente, comenzamos a diseñar una estrategia formativa y a ofrecer formación en alfabetización y emprendimiento agroecológico. Asimismo, se creó la marca Terrae Ecokm0 que garantiza la compra de productos durante unos meses a personas en prácticas de producción agroecológica por parte de restaurantes.
Pero nos parece claro que debemos ampliar nuestra estrategia, sobre todo en un momento en que la PAC va a continuar manteniendo las dinámicas que generan la actual sangría agrodemográfica. En este sentido, una de nuestras principales apuestas es el enfoque NERA que ya ensayamos en un pueblo de 100 habitantes en Salamanca en 2014, y que estamos trabajando con apoyo de la Junta de Extremadura y del Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA). NERA es una estrategia para enlazar comunidades urbanas y rurales. Comunidades de acogida en los pueblos que estén dispuestos a recibir grupos de personas urbanas que se formen trabajando la tierra, y que al acabar la formación se queden como nuevas agricultoras o ganaderas. Por eso necesitamos el apoyo de «comunidades de salida», barrios, asociaciones vecinales, universidades, etc., que quieran apoyar la salida de personas y se comprometan a comprar sus producciones agroecológicas, enlazando ciudad y campo. En este momento en Red Terrae esta línea de trabajo está suscitando el interés de muchos pueblos asociados. Hemos acumulado mucha oferta de tierras, que necesitan para ser reactivadas agroecológicamente una población neocampesina de origen urbano o no agrario, que tenemos que acompañar, formar y acoger. Este es el gran reto de la transición agroecológica que da al tiempo respuesta al reto demográfico de los extensos despoblados de la península ibérica.
francO Llobera
Responsable de formación y prospectiva de Red TERRAE
De Iniciativas populares a leyes. La Ley de la Huerta de Valencia
El pasado mes de febrero las Cortes Valencianas aprobaron, gracias a la mayoría de progreso (PSOE, Compromís y Podem) la largamente esperada Ley de la Huerta de València (Ley 5/2018). La propuesta partía de una Iniciativa Legislativa Popular del año 2001, impulsada por entidades ecologistas y vecinales. El proyecto pretende salvaguardar y dinamizar este paisaje histórico que se extiende a norte y sur de la ciudad de València y que abarca cuarenta términos municipales, un entorno agrario en el que la presión urbanística ha hecho desaparecer casi el 70 % de la superficie en medio siglo, dejando acequias históricas en estado crítico. La Ley, por otra parte, sirve como marco general para la aprobación de otros dos instrumentos legales. El primero es El Plan de Acción Territorial (PATH), aprobado en noviembre de 2018, que establece los tipos y zonas de protección, regula los usos y limita el crecimiento urbanístico. El segundo es el Plan de Desarrollo Agrario, que se centra en la regulación y el apoyo a la actividad agraria en la huerta, para garantizar que la actividad agraria predomine sobre otras como el turismo o los servicios.
Por tanto, los objetivos de la Ley y ambos planes pasan, por aportar seguridad jurídica; las personas que se dedican profesionalmente a la agricultura necesitan saber que la tierra que cultivan tiene un futuro garantizado y no va a acabar expropiada o terciarizada. Asimismo, se recoge la demanda histórica de promocionar los productos de la huerta con una marca de calidad, procurando mejorar la imagen del producto para la exportación y para obtener precios más justos. Pero además, como es habitual en muchos espacios agrarios, el abandono de cultivos se ha convertido en uno de los principales problemas debido a la falta de productividad, de relevo generacional o, en el caso de València, por las expectativas urbanísticas derivadas de la proximidad a una gran área metropolitana. En estos casos, la Ley propone el arrendamiento forzoso en favor de un tercero o la cesión al Ente Gestor de la Huerta, aunque remarcando que la «expropiación de uso» solo se daría en casos extremos y tras un proceso de mediación. Se trata de una medida que ha provocado la crítica de la oposición, pero que es muy importante para evitar las compras especulativas en la huerta. El futuro agrario de estas superficies, por tanto, pasa por potenciar el arrendamiento. Con este objetivo, ayuntamientos como el de València o la propia diputación provincial están creando bancos de tierras de gestión municipal. El objetivo obvio es facilitar el acceso a la tierra a jóvenes que apuesten por la agricultura.
Marc Ferri
Per l’Horta
Iruñea, una gestión valiente
Si estás en el tema de la soberanía alimentaria y te ha tocado batirte el cobre con ámbito municipalista, habrás escuchado mil excusas y sentido mil resistencias. Que si es un lío; que si no va a alcanzar con la producción local campesina; que no se puede adaptar tal o cual ley; que el tema alimentario es muy complicado; que lo local, fresco y de temporada es muy caro o que no les va a hacer gracia a las usuarias… Pero, en realidad, todas estas barreras se vencen con buenos ingredientes: una taza de presión de la sociedad civil, unas cucharadas de receptividad y voluntad política, buena dosis de formación y transición del personal técnico y el funcionariado, un chorrito de participación e inclusión de la sociedad y, sobre todo, fuego lento de soberanía alimentaria y corresponsabilidad entre producción campesina, consumo responsable y compra pública.
Es de esta manera como las cosas están marchando en Pamplona/Iruñea. En 2016 surge en Navarra un proceso en torno al llamado Parlamento de Soberanía Alimentaria para la construcción colectiva de Sistemas Alimentarios Locales sostenibles con criterios de soberanía alimentaria. En esa dirección, puede decirse que Iruñea está haciendo los deberes. En la última legislatura, la ciudad se adscribe al Pacto de Milán de Política Alimentaria Urbana y a la Red de Ciudades por la Agroecología. Todo ese itinerario podría resultar una ensalada de declaraciones sin aterrizaje práctico, pero fruto del trabajo constante, en 2018 se publicaron los pliegos para diseñar todo un flujo de trabajo en las cocinas y menús de las escuelas infantiles llamados Hemengoak (de aquí), adaptados a la despensa local con criterios saludables, ecológicos y nutricionales, que la asociación Menjadors Ecològics contribuyó a hacer realidad. A principios de 2019 se han publicado los pliegos de compra pública para 10 escuelas infantiles, lo que implica que 1000 menús al día serán de alimento fresco, local, de temporada y ecológico, con criterios de soberanía alimentaria.
En ese sentido, el Organismo Autónomo de Escuelas Infantiles de Iruñea ha sido audaz y ha apostado por unos pliegos con 13 lotes de pan, lácteos, frutas y verduras, con criterios de inclusión social y muy orientados a que las producciones y transformaciones campesinas puedan optar a este espacio de compra pública. La idea es que los menús Hemengoak alimenten a la población infantil y al mundo rural vivo, la despensa natural de Iruñea/Pamplona. Toda esta apuesta ha sido posible gracias a un trabajo en red y a la construcción de alianzas entre la sociedad civil y la Administración pública. La implicación del Grupo de Compra pública de Navarra (compuesto por Asociaciones de APYMAS de las escuelas, parlamentarias, productoras, sindicatos agrarios y escolares, organizaciones sociales…) y el trabajo realizado por INTIA y CPAEN han hecho que este cambio sea posible. Pero también el Ayuntamiento de Pamplona se ha dejado interpelar de modo proactivo y ha asumido de modo corresponsable un camino no exento de dificultades y vértigo para recuperar las cocinas con los colores, saberes y sabores de nuestro paisaje y paisanaje.
Jaxin G. Viniegra
Fundación Mundubat y Grupo de Compra Pública de Navarra
Municipios contra las macrogranjas
Según Daniel González, de la Coordinadora Estatal Stop Ganadería Industrial, en el último año, solo en la provincia de Cuenca se han presentado más de 30 solicitudes de licencias de explotación para macrogranjas porcinas, mientras que en años anteriores rondaban las 4 solicitudes. Este incremento se debe, principalmente, a los planes de expansión de dos de las mayores empresas cárnicas del Estado (Incarlopsa y Vall Companys), y a las ayudas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que, desde 2016, incluye el sector porcino de cebo como estratégico.
Ante esta situación, la población de las zonas rurales, movimientos ecologistas y de defensa del territorio, organizaciones de protección animal, consumidoras, ganaderas extensivas y defensoras del mundo rural, se han agrupado en diferentes plataformas para impedir que el beneficio de unas pocas empresas cárnicas destruya el entorno y el empleo de sus comarcas.
Uno de los aspectos que critican es la falta de rigor en la evaluación ambiental por parte de las administraciones competentes en el momento de aprobar la licencia para la instalación de macrogranjas. Sentencias recientes (como las de Huerta de la Obispalía y Cañete, en Cuenca) dan la razón a la posición de las plataformas, al confirmar que muchos proyectos no cumplen los requisitos exigidos por la normativa y, sin embargo, el órgano ambiental les ha dado el visto bueno.
Ante la proliferación de solicitudes, las plataformas solicitan una moratoria en la concesión de autorizaciones ambientales, pero ¿puede hacerse algo más contra las macrogranjas?
Con voluntad política se pueden aprovechar las actuales leyes y normativas para impedir su instalación. La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental estatal y la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León establecen, entre otras causas de inadmisión, el pronunciamiento de un órgano de la administración pública competente manifestando la inviabilidad del proyecto. En Cidones (Soria), el Ayuntamiento ha usado sus normas urbanísticas municipales para argumentar que el emplazamiento para la granja no es posible y, de momento, la Comisión de Medio Ambiente no permite la instalación, puesto que los informes municipales demuestran su inviabilidad desde la perspectiva urbanística y para garantizar la protección natural, paisajística y forestal de la zona.
Ahora es el momento oportuno para exigir a los ayuntamientos que defiendan el territorio y que pongan dificultades normativas a la instalación de estas macrogranjas poniendo en práctica el principio de autonomía y de una de las pocas competencias que les quedan: la gestión urbanística del municipio.
Revista SABC
Las medidas que nadie empuja
En todo el Estado español se está demostrando que desde los municipios se pueden empujar proyectos e iniciativas para llenar de vida el mundo rural. Sin embargo, por radicales, complicadas o utópicas, muchas no se llevan a cabo. Y debemos preguntarnos por qué.
Red Terrae explica que en sus municipios trabajan para enlazar comunidades rurales y urbanas y facilitar el establecimiento de personas en los pueblos. Pero, desde las propias ciudades, ¿no existen propuestas para incentivar o facilitar este tipo de prácticas, para disminuir su población? Seguramente, despoblar las ciudades es una de las mejores maneras para garantizar su sostenibilidad ambiental.
A la vez, observamos que el fenómeno de la despoblación permite que se acepten proyectos muy agresivos y dudosos para el medio rural, como las macrogranjas de cerdos o la minería. ¿Existen iniciativas municipales para declarar sus territorios libres de este tipo de proyectos? ¿La población local los respaldaría más allá de si entra o no en sus competencias?
En muchas ciudades, se consigue poner en marcha nuevas cooperativas de consumo o incluso supermercados cooperativos para favorecer otro modelo de consumo. Mientras esto ocurre, también vemos cómo se multiplican los grandes supermercados convencionales. ¿Existen iniciativas municipales para prohibir nuevas grandes superficies? Más allá del cumplimiento de las leyes europeas sobre la competencia, ¿la sociedad apoyaría medidas de este tipo? ¿Queremos seguir permitiendo que grandes cadenas de comida rápida se instalen junto a los colegios o institutos favoreciendo una mala alimentación?
Por último, la gran cuestión. Como se ha explicado en muchas ocasiones, los ayuntamientos son los responsables políticos de cada uno de los grandes mercados de abastos que centralizan la distribución alimentaria de las ciudades. Los mercas (Mercabarna, Mercamadrid, Mercavalencia) son empresas públicas con un 51 % de propiedad en manos del ayuntamiento correspondiente. ¿Favorecer un nuevo modelo de alimentación local y de proximidad no pasa por abordar el funcionamiento de los mercas que en la actualidad son, sin ningún lugar a dudas, un eslabón fundamental del sistema alimentario industrial y globalizado? ¿Por qué no evitamos que por los mercas circulen los tomates de Holanda que arruinan la producción local u otros muchos ejemplos? ¿De qué sirve promocionar la sostenibilidad alimentaria si no combatimos directamente los modelos insostenibles?
Revista SABC