El caso del Mediterráneo

Carlos de Castro, Alessandra Corrado y Domenico Perrotta

Almacén de manipulación de hortalizas. Foto: SOC-SAT.

En los últimos 30 años, los países mediterráneos han experimentado cambios importantes en la producción, la distribución y el consumo de alimentos. La liberalización del comercio, las reformas de la Política Agrícola Común (PAC), el predominio de la industria alimentaria y otros factores han contribuido, a ambos lados del Mediterráneo, a la expansión de una producción agroalimentaria orientada a la exportación y basada en la explotación intensiva de los recursos del territorio.

Esta reestructuración global de la agricultura también ha tenido importantes efectos sobre la mano de obra. Además de aumentar la movilidad interna, estos procesos han fomentado la migración transnacional principalmente desde Oriente Próximo y el norte de África (los llamados países MENA, por su acrónimo en inglés), pero también desde Europa oriental, África subsahariana y Asia, hacia la Unión Europea. Un número considerable de migrantes se han trasladado a las zonas rurales del sur de Europa y, frecuentemente, se han convertido en trabajadores y trabajadoras agrícolas temporales.

Así pues, la disponibilidad de mano de obra migrante barata y flexible ha representado un factor fundamental en la reestructuración del sector agrícola, tanto en el sur de Europa como en varios países MENA. En cierta medida, la reducción de los costes laborales, por un lado, ha permitido sobrevivir a un gran número de pequeñas y medianas explotaciones del sur de Europa, exprimidas por la globalización neoliberal y, por otro lado, aún más importante, ha contribuido a fortalecer el poder de los «imperios alimentarios» (una expresión de Jan Douwe van der Ploeg) dentro de las cadenas globales agroalimentarias.

En este contexto, la reproducción del estatus legal vulnerable y la condición social de la población migrante ha sido esencial en la reestructuración de la producción agroalimentaria del Mediterráneo y en su integración en las cadenas globales agroalimentarias.

EL TRABAJO MIGRANTE EN LA AGRICULTURA MEDITERRÁNEA

Mientras que en EE. UU. la migración internacional ha sido fundamental para el crecimiento y la modernización de la agricultura desde fines del siglo xix, como se ejemplifica en el caso de California, históricamente el sector agrícola en Europa se ha caracterizado más por la presencia de migración interna que por la migración internacional, aunque con algunas excepciones importantes, como los trabajadores polacos en la Alemania prusiana y los migrantes italianos y españoles en la viticultura francesa.

La presencia de trabajadores agrícolas extranjeros en países del sur de Europa no se convirtió en un fenómeno significativo hasta la década de 1990, aunque los primeros migrantes, todos ellos varones, habían comenzado a llegar en los años setenta (por ejemplo, albaneses y búlgaros en Grecia y tunecinos en Sicilia). Desde entonces, la fuerza de trabajo agrícola extranjera en estos países ha crecido constantemente. Representan el 24 % de las personas trabajadoras agrícolas asalariadas en el Estado español, el 37 % en Italia y el 90 % en Grecia, sin contar las que son contratadas de forma irregular.

En los países de Oriente Próximo y el norte de África, el trabajo asalariado también está creciendo rápidamente. Debido a la crisis de las zonas rurales, la población se ha trasladado a las zonas urbanas, al extranjero o hacia zonas de producción agrícola intensiva. Tanto las pequeñas fincas agrícolas como las familias rurales sin tierra dependen cada vez más del trabajo asalariado en respuesta a las crecientes necesidades domésticas. Una tendencia significativa es la mayor participación de las mujeres en el trabajo agrícola asalariado, que pasa del 34 % en 1995 al 45 % en 2011, y las involucra también en actividades de procesamiento, elaboración y empaquetado de productos agrícolas.

En la agricultura mediterránea orientada a la exportación se observa claramente la «inclusión diferencial», los diferentes niveles de subordinación, control, discriminación y segmentación definidos por los actuales regímenes fronterizos y migratorios que, en lugar de excluir, parecen orientados a filtrar, seleccionar y canalizar los movimientos migratorios a través de una gran cantidad de violencia. Las personas que trabajan en el sector proceden de países del Magreb, de Europa del Este, del África subsahariana, del sur de Asia y de Sudamérica. Son reclutadas a través de programas de trabajo estacionales, de empresas de empleo temporal (ETT), de redes informales o intermediarios; suelen poseer diferentes tipos de permisos y, en ocasiones, incluso han recibido la ciudadanía en el país de acogida.

Las zonas rurales del sur de Europa son ambivalentes y pueden considerarse, al mismo tiempo, como lugares de conflicto, como trampas y como escapatoria temporal. Desde el sector se requiere una mano de obra abundante, barata, flexible y a menudo estacional, y la población extranjera suele ser la mejor candidata para cubrir tales necesidades. Sin embargo, las personas migrantes generalmente consideran la agricultura solo como una fuente de empleo temporal, debido a los bajos salarios, el trabajo duro y estacional y las difíciles condiciones de vivienda, por lo que suelen abandonar las áreas rurales tan pronto como obtienen el permiso de residencia o en cuanto encuentran mejores oportunidades de empleo.

Debido a la alta rotación y al aumento de los casos de resistencia y conflicto, las empresas agrícolas a veces tienen dificultades para conseguir cubrir sus necesidades de mano de obra agrícola. Para evitar la escasez de mano de obra, los gobiernos europeos han apoyado a estas empresas de diferentes maneras.

LA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA DE LOS MERCADOS LABORALES AGRÍCOLAS EN EL SUR DE EUROPA

La informalidad fue una de las principales características del «modelo mediterráneo de migración» durante su primera fase entre los años 1970 y 1990. Sin embargo, desde entonces se han desarrollado varias formas de intermediación laboral y de contratación para asegurar una mano de obra barata y vulnerable. Por un lado, han sido muy importantes las regulaciones nacionales y europeas de movilidad transnacional y de los mercados laborales mientras que, por otro lado, y al mismo tiempo, las redes privadas de reclutamiento se han expandido a escala transnacional.

Durante la década de 1990, las políticas migratorias nacionales y europeas fueron crecientemente restrictivas. Durante la década de 2000, la situación cambió lenta y parcialmente. Los gobiernos nacionales se convirtieron en agentes activos, promoviendo programas de reclutamiento de mano de obra extranjera temporal, como la contratación en origen de España o los decretos de flujo anuales de Italia.

   La contratación formal no garantiza mejores condiciones de trabajo y de vivienda ni contratos más largos que la intermediación informal.   

Por otra parte, se han liberalizado las formas de intermediación tanto en el ámbito nacional como en el europeo, lo que ha tenido un gran impacto en las prácticas de reclutamiento en la agricultura, como se refleja en la expansión de intermediarios formales privados en el mercado laboral agrícola, como las ETT en el Estado español, Francia y, en menor medida, Italia, o como las empresas y cooperativas privadas que ofrecen servicios de subcontratación, que, a veces operan en otros países, especialmente en Europa oriental. Actualmente, la entrada de los países de Europa central y oriental en la UE en 2004 y 2007 ha cambiado radicalmente la situación legal de las trabajadoras y los trabajadores agrícolas de Polonia, Rumanía y Bulgaria, al permitirles mayor movilidad en el espacio europeo. Además, desde 2011, la respuesta represiva a las revoluciones en varios países árabes ha contribuido al crecimiento del número de solicitantes de asilo y refugiados, algunos de los cuales han recurrido al trabajo agrícola para sobrevivir y para financiar su paso a Europa central y del norte, especialmente en Italia y Turquía.

Por supuesto, las redes de reclutamiento informal no han desaparecido. El caporalato en el sur de Italia —una forma de contratación laboral que fue prohibida por el gobierno italiano en 2011— o los furgoneteros en el sur de España quizá sean los casos más conocidos. Los agentes intermediarios informales parecen ser un elemento importante incluso en la gestión de los programas estatales de contratación estacional. La contratación formal no garantiza mejores condiciones de trabajo y de vivienda ni contratos más largos que la intermediación informal, por el contrario, parece ser un medio para «frenar» y canalizar la fuerza de trabajo. Como argumentó Jean-Pierre Berlan hace más de treinta años, es precisamente la superposición de las diferentes fuentes de la fuerza de trabajo en la misma región y su diferenciación por nacionalidad, género y estatus legal lo que ha permitido que la mano de obra siga siendo barata y vulnerable. Además, el racismo, los procesos de etnicización y la segregación espacial de la mano de obra migrante que a menudo vive en el campo en guetos, chabolas o, en el mejor de los casos, en centros institucionales de acogida o en las granjas, son elementos clave para mantener la disciplina, para superar episodios de resistencia y para controlar el mercado laboral y las relaciones sociales conflictivas en las zonas rurales. Sin embargo, estas diferentes formas de disciplina laboral no han evitado la aparición de numerosos brotes de conflicto social en varios enclaves agrícolas. El Ejido, en Almería; Poscros, en el sur de Francia; Campania y Rosarno, en Italia; o Manolada, en Grecia, son tan solo algunos de los lugares de la nueva geografía de la protesta agrícola en el sur de Europa.