Denuncias y aprendizajes de la sobreexplotación del acuífero Aguas

Plataforma en Defensa del Acuífero del río Aguas

El Estado español sigue siendo el mayor productor de aceite del mundo, con miles de hectáreas dedicadas al monocultivo del olivar en Andalucía, que ocupan dos terceras partes de su tierra cultivada. En los últimos años, la expansión y la industrialización del olivar van de la mano de nuevos sistemas de cultivo, en los que el olivo se planta a modo de seto, con una densidad mucho mayor y mecanizando buena parte de las tareas, lo que desplaza mano de obra. Se trata de una progresión evidente en la que un cultivo de secano se está transformado en un cultivo de regadío, con un uso importante de fertilizantes y agroquímicos que alteran la fertilidad del suelo y disminuyen la biodiversidad. En realidad, como dice el profesor Manuel Delgado Cabeza, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, hoy en día «el olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que en el territorio andaluz cuenta con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios, trasladando los costes hacia el primer eslabón de la cadena, poniendo en jaque la sostenibilidad social y medioambiental de las zonas productoras».

   El olivar funciona al servicio de los intereses del capital global, que cuenta en el territorio andaluz con una gran plataforma agroexportadora de la que extraer beneficios.   

Tortuga en el río Aguas. Foto: Plataforma en Defensa del Acuífero del río Aguas

Plantaciones de olivos en superintensivo. Foto: Plataforma en Defensa del Acuífero del río Aguas 

ACUÍFERO AGUAS, EL MÁS SOBREEXPLOTADO DE ANDALUCÍA

El acuífero Aguas se sitúa en el centro de Almería, en la zona más árida de Europa, y abastece a numerosas localidades, entre ellas, Sorbas y Tabernas. Pese a ser un desierto, en los últimos años se han transformado en regadío varios miles de hectáreas, sobre todo de olivos, aunque también de almendros y en mucha menor medida, de invernaderos de hortícolas.

Para mayor gravedad, normalmente los cultivos que se implantan son en régimen superintensivo, mucho más rentables para la empresa porque reducen costes de recolección, pero más agresivos con el medio. En el caso de los olivos, se están implantando los llamados cultivos en seto, que permiten plantar entre 1500 y 2500 plantas por hectárea, con un consumo de agua de alrededor de 5000 m3/ha/año. Esto supone un aumento espectacular de densidad, no ya del olivar tradicional, normalmente de secano, en el que hay entre 80 y 120 plantas por hectárea, sino del intensivo, con entre 250 y 400 plantas por hectárea y un consumo de agua que la Junta de Andalucía estima en 2500 m3/ha/año.

A pesar del elevado consumo de agua, los cultivos en seto mantienen a la planta en un estrés hídrico constante para evitar que crezca demasiado y pueda manejarse la plantación de forma totalmente mecanizada. Se trata de un cultivo que apenas necesita mano de obra y con un ciclo de vida de en torno a los quince años; pasado este tiempo, los olivos se arrancan para volver a comenzar. Por otro lado, se aplican abonos de síntesis y herbicidas que alteran la fertilidad y la estructura del suelo, generando importantes problemas de contaminación hídrica y erosión.

Aunque la rentabilidad sea bastante alta, la inversión necesaria para llevar a cabo una plantación en superintensivo también lo es; no está al alcance de cualquiera. Son grandes empresas y terratenientes los que disponen del capital necesario para hacer frente a esta trasformación. Estas inversiones se están haciendo sin tener en cuenta factores que las limitan, como el agua disponible, por lo que pueden tener problemas de viabilidad. El mercado, sin embargo, no es tan limitante porque al ser más rentables que las fincas tradicionales o más pequeñas, suelen tener menos costes de producción. Esto tiene el riesgo de dejar fuera del mercado a las personas agricultoras de toda la vida, pues además de quedarse con su mercado se quedan progresivamente con su agua. En el mejor de los casos, acabarán convertidas en asalariadas de las grandes empresas, fenómeno que ya se está produciendo en zonas como Murcia y País Valencià.

¿CÓMO SE HA PERMITIDO ESTO?

   La ciudadanía no entendemos por qué tenemos que pagar unas costosas obras para llevar agua a unas empresas que están realizando una actividad para la que saben que no hay recursos naturales suficientes.   

Nos encontramos ante un problema bastante generalizado y peligroso que nadie se atreve a solucionar: las cifras de las concesiones y los derechos de agua son muy superiores a la disponibilidad.

En nuestro país el agua es un bien público, por lo que es la Administración quien debe otorgar una concesión para poder usarla. Esta Administración, inexplicablemente, ha dado más concesiones que recursos existen. Esto se agrava por la gran cantidad de sondeos, captaciones ilegales y pozos reprofundizados que extraen un volumen más alto del autorizado, además de todo un cúmulo de irregularidades que apenas se controlan. En Andalucía, la Junta no ha inspeccionado las macrofincas de olivos hasta que la situación se ha hecho prácticamente insostenible y ha ocasionado un movimiento social que exige que el problema se solucione.

La ciudadanía no entendemos por qué tenemos que pagar unas costosas obras para llevar agua a unas empresas que están realizando una actividad para la que saben que no hay recursos naturales suficientes y que, además, tiene un claro impacto negativo en lo social y medioambiental.

Las cifras del acuífero Aguas son muy claras: los recursos disponibles estimados son de 5,6 hm³ anuales. Aproximadamente con 1 hm³ se pueden regar unas 200 ha, por lo que con esos recursos se podrían regar algo más de 1.000 ha (hay que tener en cuenta que el agua no es solo para el regadío, también hay que dar de beber a las poblaciones dependientes del acuífero).

Pues bien, en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, elaborado en 2010, las extracciones eran de 16,8 hm³ por lo que la sobreexplotación era del 303 %. Las previsiones indicaban que en 2015 la sobreexplotación bajaría al 105 %, pero la realidad es que las extracciones no han disminuido, sino que han aumentado al igual que la superficie regada. En 2015 había más de 5000 ha en regadío, y según nuestros cálculos las extracciones en la actualidad alcanzan un volumen de más de 20 hm³ lo que situaría la sobreexplotación por encima del 400 %. Se calcula que se están extrayendo entre 100 y 300 hm³ de las reservas, por tanto, al acuífero le quedan menos de diez años para agotarse.

UN CALLEJÓN SIN SALIDA

Actualmente en Sorbas ya hay pedanías y núcleos de población que se encuentran en riesgo inmediato de abandono. En Gochar apenas queda gente porque ya se han quedado sin agua y, de no tomarse medidas urgentes, es el más que probable destino de Los Molinos del Río Aguas, Los Perales, La Herrería… pedanías que se encuentran a lo largo del río Aguas, que se abastecen del acuífero Aguas y dependen de antiguas acequias de origen árabe para regar sus huertas y proveer sus casas.

El río Aguas era el único río de toda la provincia que llevaba agua permanentemente y en la actualidad muchos de sus tramos ya están secos. Da vida a todo el ecosistema del paraje natural del karst en yesos de Sorbas, un lugar declarado zona de especial protección para las aves por la Red Natura 2000, por su extraordinario valor geomorfológico y por ser el refugio de gran variedad de flora y fauna.

La solución que apunta el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas al agotamiento del acuífero Aguas, lejos de cuestionar el modelo de agricultura superintensiva, propone traer más agua, esta vez de la desalinizadora de Carboneras. Pero Tabernas y Sorbas están lejos del mar, por lo que al coste de la desalación habría que añadir el coste del transporte del agua a la zona. Si esta alternativa fuera posible, al coste del agua desalada, que se estima en unos 0,60 €/m³, habría que sumarle el coste del bombeo, por lo que el precio del agua se situaría por encima de 1 €/m³. Los usos urbanos no tendrán otro remedio que pagarlo, pero en el caso de los usos agrícolas solo estaría al alcance de los grandes propietarios. Las personas que viven de la agricultura en esta zona, ante la pérdida de rentabilidad, se verán obligadas a vender sus terrenos a empresas más grandes que puedan hacer frente a esos costes, con el impacto social que esto tiene al incrementar las desigualdades, acabar con el tejido agrario tradicional, aumentar el despoblamiento, etc.

De todas maneras, esta mala solución está en entredicho. En unas recientes jornadas sobre el agua, el representante de ACUAMED, empresa pública que debería ejecutar las obras, manifestó que en la actualidad no hay ningún proyecto para llevar agua de Carboneras al Campo de Tabernas pues nadie, ni el gobierno, ni el tejido empresarial, está dispuesto a asumir unos costes económicamente inviables. Además, aunque se encontrara financiación, la desalinizadora de Carboneras funciona al 100 % de su capacidad. Los riegos de la zona de Murcia y el País Valencià se llevan toda el agua disponible, por lo que sería necesario llevar a cabo la ampliación de la planta de desalación, un proyecto a largo plazo.

Es decir, esto supone que al ritmo de explotación actual, sin detener los modelos agrarios intensivos, el acuífero se agotará irremediablemente condenando a quienes habitan la zona.