Damián Copena

Parque eólico. Foto: Damián Copena

Para conocer los impactos económicos y sociales vinculados con la energía eólica en las áreas rurales, es necesario analizar cómo son los procesos de implantación, cuáles son las posibilidades de actuación y decisión que existen para los agentes rurales e identificar los impactos económicos directos que reciben las personas propietarias de los terrenos ocupados por parques eólicos. El Grupo de Investigación en Economía Ecológica y Agroecología (GIEEA) de la Universidad de Vigo ha realizado un análisis sobre estas cuestiones en el territorio gallego. A partir de este estudio de caso concreto, resulta posible introducir algunos elementos en el debate sobre las consecuencias que se derivan de la implantación de la energía eólica en el mundo rural.

   Las empresas promotoras tienen la posibilidad de solicitar al Gobierno gallego la expropiación de los terrenos necesarios, previa declaración de utilidad pública de la central renovable.   

¿QUÉ CAPACIDAD DE DECISIÓN Y DE ACTUACIÓN TIENEN LOS AGENTES RURALES?

Las políticas públicas determinan cómo es el modelo de implantación eólica. Esta cuestión resulta fundamental en lo relativo a las posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales de la eólica en el mundo rural. Ciertamente, los documentos legislativos definen las posibilidades de actuación y decisión de los agentes rurales y delimitan los posibles impactos socioeconómicos y ambientales derivados de la puesta en funcionamiento de las instalaciones renovables. En el caso de la energía eólica en Galicia, como en el resto de la península, se apostó principalmente por un modelo de planificación y puesta en marcha de las instalaciones verticales, ligado a grandes empresas y con escasa capacidad de decisión y participación de los agentes rurales. Este modelo no es el único que se podía haber desarrollado. En otros lugares del planeta, como Dinamarca, Inglaterra, Alemania, Canadá o Estados Unidos, se impulsaron los parques eólicos cooperativos o comunitarios, en los que los agentes rurales se pueden agrupar para desarrollar centrales de producción de energía eólica.

El modelo diseñado en Galicia tenía como objetivo principal garantizar la puesta en marcha de la mayor potencia eólica posible. Para ello, la normativa diseñada realizó un reparto territorial entre un conjunto de empresas imposibilitando la competencia territorial entre ellas. Del mismo modo, la legislación permitió la instalación de parques eólicos en espacios incluidos dentro de la Red Natura (con el espectacular ejemplo de la Serra do Xistral). El modelo también concedió una amalgama de derechos específicos a las empresas con la finalidad de garantizar la instalación de los aerogeneradores. Destaca el hecho de que las empresas promotoras tienen la posibilidad de solicitar al Gobierno gallego la expropiación de los terrenos necesarios, previa declaración de utilidad pública de la central renovable. Esta circunstancia, que condicionó los impactos económicos en las áreas rurales, se realizó sin que fuese necesaria la justificación de los motivos por los que se iniciaba el proceso expropiatorio.

El modelo diseñado imposibilitó a los agentes rurales desarrollar instalaciones eólicas para la venta de electricidad. Del mismo modo, las comunidades locales, que van a padecer los posibles impactos como el paisajístico o el acústico, no contaron con herramientas de participación efectiva en la toma de decisiones. Ni siquiera las personas propietarias de los terrenos pudieron decidir sobre la instalación de los parques, dadas la posibilidad real de expropiación de los terrenos y la regulación diseñada que apenas proporciona resortes para tratar de paralizar la puesta en marcha de la infraestructura energética. Finalmente, la autorización de los parques eólicos se determina mediante un proceso administrativo de carácter supramunicipal, lo que limita aún más la capacidad de decisión local.

En este contexto normativo existen conflictos socioambientales, como los de A Serra do Galiñeiro y la península de O Morrazo, donde no está garantizada la paralización de los proyectos eólicos, a pesar de la amplia oposición social y política. En estos dos ejemplos concretos existe unanimidad contra las instalaciones planeadas, sin embargo, los proyectos continúan su proceso administrativo. En otros lugares del planeta no podría suceder algo similar. Efectivamente, la existencia de mesas de planificación con la participación de agentes sociales y la propia capacidad de decisión con la que cuentan los municipios y los propietarios de los terrenos en otros países, favorece mayores niveles de aceptación en el ámbito local.

UNA OPORTUNIDAD ECONÓMICA EN UN CONTEXTO DE DIFICULTADES

La instalación de los parques eólicos se produce en un momento histórico en el que los espacios rurales se encuentran con importantes problemáticas sociales, económicas y ambientales. Los cerca de 4100 aerogeneradores instalados en Galicia, que representan una potencia de unos 3300 MW, se instalan en un contexto de crisis. La aparición de una nueva actividad económica, que factura varios cientos de millones de euros anuales, supone una oportunidad para la generación de nuevas rentas en lo local. Esta circunstancia adquiere mayor relevancia en el caso gallego dado el régimen de propiedad existente en los montes donde se localizan la práctica totalidad de los aerogeneradores. Así, apenas existe un 2 % de monte de propiedad pública. Del resto del monte, en torno al 30 % de la superficie forestal pertenece a las comunidades de montes veciñais en man común, entidades comunitarias con capacidad de dinamización de los espacios que gestionan.

Las personas propietarias de terreno interesadas en aprovechar sus aptitudes eólicas tienen que esperar a que una empresa promotora decida instalar allí un parque eólico. Si se produce esta circunstancia, la negociación entre empresa y titular de la propiedad rural es totalmente asimétrica. Ciertamente, la primera cuenta con un amplio nivel de conocimiento sobre la actividad, mientras que la segunda no dispone de esa información. Los problemas derivados de la existencia de información asimétrica se agravaron con la ausencia de asesoramiento en el proceso de negociación por parte de la Administración y otras entidades públicas o privadas. Finalmente, el miedo a una expropiación forzosa ejerció de espada de Damocles en los procesos negociatorios gallegos. Esta «amenaza» existente durante el proceso de negociación favoreció la firma de contratos con bajas contraprestaciones económicas. El trabajo de campo desarrollado por el GIEEA nos muestra que el pago medio a quienes tienen la propiedad de los terrenos eólicos era de en torno a 3150 €/MW en el año 2013, entre el 1 y el 1,5 % de la facturación bruta de los parques eólicos. Estas cantidades y porcentajes poco tienen que ver con los que se obtienen a partir de modelos de parques eólicos comunitarios o cooperativos. Estos mecanismos, fomentados normativamente en otros lugares, permiten que las personas propietarias de los terrenos y los agentes rurales participen directamente en el negocio generado y que consigan importantes cantidades de las rentas producidas por los parques eólicos.

Ciertamente, la implantación de la energía eólica en los espacios rurales cuenta con puntos de partida totalmente diferentes dependiendo del modelo diseñado por la gestión pública.

¿INICIATIVAS DINAMIZADORAS CON RENTAS EÓLICAS?

A pesar de que las cantidades de rentas recibidas por los agentes rurales son relativamente reducidas si se comparan con el negocio generado, sí que es cierto que se han producido nuevos flujos monetarios en los espacios rurales. En el caso gallego, para las entidades comunitarias, se observan cuatro ámbitos principales de destino para los ingresos derivados de los parques eólicos: actuaciones en la propiedad forestal, realización de actividades u obras con repercusión social, reparto entre las personas que forman la comunidad y, finalmente, creación o fortalecimiento de iniciativas dinamizadoras.

El destino social de los ingresos es relevante. Se han realizado actividades de puesta en funcionamiento o de mejora de servicios que resultan importantes para quienes habitan los espacios rurales. Como muestra, se puede señalar la creación de sistemas de suministro de aguas vecinales o el apoyo a la realización de actividades culturales y sociales. Del mismo modo, existen ejemplos interesantes de cómo algunas de las entidades comunitarias han iniciado experiencias dinamizadoras a partir de estas nuevas rentas. Entre ellas destacan los proyectos de ganadería caprina ecológica, la introducción de caballos de pura raza gallega (especie en peligro de extinción) para el control del matorral y la prevención de incendios o la creación de iniciativas turísticas comunitarias. En el mismo sentido, los ingresos eólicos han propiciado el fortalecimiento de iniciativas vecinales ya existentes dentro de ámbitos como el ganadero, el forestal e incluso el micológico.

Los casos inspiradores de movilización comunitaria nos indican que los ingresos eólicos cuentan con un importante potencial dinamizador local. En este sentido, un marco regulador diferente, que hubiese apostado por favorecer mayores rentas para la parte propietaria de los terrenos, podría haber contribuido decisivamente a la promoción del tejido económico de algunas zonas del mundo rural. Ciertamente, la participación directa de los agentes locales en la puesta en marcha de las instalaciones energéticas es un elemento que podría ayudar a paliar las dinámicas socioeconómicas negativas existentes en las áreas rurales con potencial eólico.

Durante estos 20 años de fuerte implantación eólica se ha perdido una oportunidad para fortalecer los espacios rurales. Aun así, la energía eólica continúa estableciéndose, por lo que un cambio de 180º en las políticas públicas podría favorecer nuevos escenarios. Por otra parte, las instalaciones que comenzaron a funcionar a finales de los noventa están obsoletas tecnológicamente y se encuentran al final de su vida útil. Actualmente se están iniciando procesos de repotenciación de parques eólicos, a partir de la sustitución de los aerogeneradores antiguos por otros más modernos, lo que va a propiciar negociaciones y una nueva ocasión para generar rentas en los espacios rurales.

En definitiva, al analizar la implantación eólica en las áreas rurales estamos hablando de justicia distributiva, de cómo un recurso existente no puede ser gestionado por las propias comunidades locales. El desarrollo eólico en el mundo rural ha sido un proceso silencioso de ocupación de las propiedades rurales por parte de empresas multinacionales durante el cual los agentes rurales no han tenido apenas capacidad de decisión ni de participación en el negocio. Esperemos que en un futuro cercano soplen nuevos vientos para la energía eólica en el mundo rural gallego.