Tatiana Roa Avendaño

La agricultura ha sido un importante eje de negociación de el Acuerdo de Paz. Foto: CENSAT Agua Viva

El país esperaba que 2016 trajera a la mayoría del pueblo colombiano una esperanza de cambio, después de 4 años largos de conversaciones entre el gobierno y la organización insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en las que además de la finalización del conflicto armado con la guerrilla, se promovía «la construcción de una paz estable y duradera». Esas conversaciones abordaron, junto a otros particulares de las partes sentadas a la mesa, otros asuntos propios de la vida de las mayorías, como la tierra y la inclusión de sectores siempre excluidos. Aunque los diálogos tenían lugar en una isla del Caribe, Cuba, y poco se vivía en Colombia el día a día de lo que sucedía allí, sí se percibía con mayor o menor intensidad una promesa de transformaciones.

Lo más aturdidor ocurrió el 2 de octubre. Unos días antes, en Cartagena, gobierno e insurgencia habían firmado el acuerdo y se esperaba su refrendación por parte de la sociedad colombiana mediante un plebiscito. La pregunta que se hizo para votar 'sí' o 'no' fue: «¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una paz estable y duradera?». Ese día triunfó el 'no'. Un resultado incomprensible fuera y dentro del país.

El resultado del plebiscito obligó a gobierno e insurgencia a revisar lo acordado. Después de casi dos meses, el 24 de noviembre, el presidente Juan Manuel Santos y el máximo comandante de la organización guerrillera firmaron el que se llamó «nuevo acuerdo», esta vez, en Bogotá.

¿QUÉ PASÓ EN EL PLEBISCITO?

En agosto de 2016 se llegó al cese bilateral y definitivo de las hostilidades entre el gobierno y las FARC, con el que se tuvo la seguridad de que se firmaría el acuerdo. Para refrendarlo se pactó la convocatoria de un plebiscito y durante dos meses tuvo lugar la campaña para ganar adeptos de uno y otro bando. Pero entre las dos campañas hubo una gran diferencia: la del 'sí' fue dispersa, mientras la del 'no' se montó y afianzó sobre la mentira y el miedo. El Centro Democrático, el sector político más retrogrado del país, encabezado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y las iglesias desempeñaron un gran papel entre sus seguidores, a quienes auguraban un futuro tenebroso en caso de aprobarse ese acuerdo.

Otra razón para explicar la victoria del 'no' fue la enorme abstención, en buena medida porque la mayor parte de la gente desconocía el contenido de lo acordado y tampoco había existido ninguna labor de acercamiento permanente a la ciudadanía para que conociera y asimilara lo que estaba sucediendo en Cuba. También hubo personas que votaron 'no' al acuerdo porque denunciaban así la falta de una participación social efectiva en el proceso de negociación y reclamaban su derecho a haber tomado parte de él; otras criticaban su alcance porque no atendía a las reivindicaciones y exigencias de la sociedad para llegar a una paz con justicia social. Por último, entre los motivos del 'no' estaba la baja popularidad del presidente Santos en ese momento, quien con sus políticas y programas ha contradicho su discurso por una paz como camino hacia un cambio real en favor de los sectores populares. En sus dos periodos presidenciales, ha impulsado la llamada locomotora minero-energética, brindando incentivos a la inversión extranjera en detrimento de los bienes naturales del país, y ofreciendo bloques mineros y petroleros por toda la geografía colombiana, con las consecuencias que esto ha traído a las poblaciones, a los territorios y a la nación en general.

LO QUE QUEDÓ SOBRE LA TIERRA EN EL NUEVO ACUERDO

La propiedad de la tierra ha estado en el centro de las causas de la guerra en el país. 

A pesar de las alertas lanzadas por las movilizaciones y otros sectores de opinión, las negociaciones para reformular el acuerdo definitivo acabaron consolidando un pacto entre élites. Esto puede verse con claridad en el texto definitivo del acuerdo sobre el campo colombiano.

Todo lo concerniente a la tierra había sido el eje central de las conversaciones entre las FARC y el gobierno en La Habana. Se trató como primer punto del acuerdo y su importancia obedece tanto a las implicaciones de este tema en la historia de la organización insurgente como al hecho de que la propiedad de la tierra ha estado en el centro de las causas de la guerra en el país. Sobre este punto, en el nuevo acuerdo se hicieron concesiones decisivas a los promotores del 'no' en el plebiscito que cambiaron en buena parte la naturaleza de lo originalmente aprobado.

Los defensores del 'no' exigieron y lograron que el nuevo acuerdo señalara explícitamente el respeto a la propiedad privada y el reconocimiento a la producción empresarial de gran escala: «nada de lo establecido en el acuerdo debe afectar el derecho constitucional a la propiedad privada», dice el nuevo texto. Esto significa que en el nuevo acuerdo el Fondo de Tierras solo prevé la restitución de 3 millones de hectáreas de las 8 millones que se estima que les fueron arrebatadas a sus propietarios durante el conflicto armado y que se conformarían principalmente con terrenos baldíos (extensiones de tierra pública y no titulada, tierras provenientes de reservas forestales o de extinción de dominio), seguramente sin tocar a los señores de la tierra, nombre dado a los terratenientes colombianos, unos de los principales responsables del despojo.

El nuevo acuerdo introdujo también el principio de «desarrollo integral del campo», entendido como el «balance entre las diferentes formas de producción existentes: agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala». De esta forma, se concibe un campo donde deben coexistir la agricultura campesina y la agricultura comercial de gran escala, pero bajo la óptica de «la inversión en el campo con visión empresarial» y la promoción de la asociatividad entre ambas, lo que pone en desventaja a la agricultura campesina, olvidada desde hace décadas en las políticas agrarias y los programas gubernamentales orientados a favorecer a la agricultura comercial.

El nuevo texto incluye y prioriza como beneficiaria del Fondo de Tierras a la «población rural victimizada, incluyendo sus asociaciones de víctimas», y ya no se extenderán los beneficios exclusivamente a «los trabajadores y trabajadoras con vocación agraria sin tierra o con tierra insuficiente, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia y a la población desplazada», como decía el texto original. Hablar de «población rural victimizada», además, incluirá a medianos y grandes propietarios que son considerados víctimas de la guerra.

Otro aspecto polémico del nuevo acuerdo es que se incluyó la formalización de la legalización de unos 7 millones de hectáreas de tierra pues ello significa «regularizar los derechos de propiedad» de los propietarios y ocupantes, «siempre que no haya despojo o mala fe». Esto se ha utilizado para presionar a que se legalicen las tierras usurpadas durante el conflicto porque ahora sus propietarias son personas que, sin ser directamente las victimarias, las adquirieron después. Esto ha venido entorpeciendo la recuperación por parte de quienes fueron despojados de sus tierras en el conflicto.

PAZ CON JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL

   En este momento, este desafío tiene un centro de atención: conseguir que cesen los asesinatos sistemáticos de líderes sociales que defienden los territorios.   

LA MOVILIDAD ES CLAVE

El triunfo del 'no' hizo palpables los intereses de la élite ligada a la tierra y, por ende, los de los sectores afines a la guerra, con la que pueden mantener mejor sus privilegios. Entre estos grupos de poder y el representado por el presidente Juan Manuel Santos, pudiera estar trazándose un puente, más aún cuando han logrado un acuerdo para desarmar a la organización guerrillera y cuentan ahora con un contrincante menos peligroso. Esto no significa que no se está porque se acabe la confrontación armada, sino que hay un escenario nuevo para las élites.

El reto de las organizaciones sociales y políticas que jalonan la construcción de la paz está en impedir la consolidación de un pacto de élites y, con el tiempo, en fortalecer las propuestas desde el campo popular en distintos escenarios. En este momento, este desafío tiene un centro de atención: conseguir que cesen los asesinatos sistemáticos de líderes sociales que defienden los territorios.

El pasado 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, diversas organizaciones ambientalistas colombianas expresamos al estado colombiano y a la ciudadanía nacional e internacional nuestra preocupación por esos asesinatos. Porque mientras se habla de paz, se agrava la situación de derechos humanos de quienes defienden la tierra y el territorio. Más de 96 personas líderes sociales y ambientalistas han sido asesinadas y más de 200, amenazadas en el último año. Nada más contrario a la construcción de paz en el país.

No obstante, es preciso continuar respaldando el espíritu del acuerdo recientemente firmado entre el gobierno y las FARC, lo mismo que la búsqueda de un proceso serio y definitivo de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda fuerza insurgente colombiana.

En la perspectiva de construcción de paz, estas organizaciones proponemos lo siguiente:

• En el camino de construcción de la paz, tenemos que llegar a lo más profundo: nuestra reconciliación entre hermanos y hermanas de una misma nación, al tiempo con la reconciliación como especie y como sociedad con la naturaleza, nuestra madre que nos alberga en la supervivencia y en la vida.

• La vida es sagrada y solo sobre ese principio ético y moral podemos construir la paz, de ahí que sea fundamental ofrecer garantías de protección inmediata a la vida en todas sus formas, haciendo realidad los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, lo que implica garantizar el derecho a la vida de las personas que defienden los derechos de las comunidades y de nuestra madre tierra.

• Es prioritario y urgente reconocer lo ambiental como núcleo fundamental en los conflictos históricos de Colombia, la naturaleza ha estado presente en el conflicto armado en su doble condición: como escenario y como botín de la guerra, y en esta noción se incluyen los territorios y los cuerpos de los seres humanos, que también son naturaleza.

• La construcción de paz en Colombia exige la justicia social y ambiental, nada se alcanzará en el rumbo de la paz sin una ética y una convivencia armónica con la naturaleza que sean su base y fundamento. Son más de cinco siglos de agresiones a las relaciones ecológicas, a los ciclos biológicos, a los flujos de materia y energía y a los cuerpos humanos, que son la misma tierra, que están llegando a límites críticos.

• Es imprescindible reconocer a todos los pueblos como sujetos políticos de cambio y permitir a todas las comunidades desempeñar un papel protagónico en las decisiones y políticas ambientales, dignidades históricamente negadas. Son de particular importancia las iniciativas que consideran la naturaleza no como recurso, sino como sistema del que hacemos parte; iniciativas que tratan de superar la cultura individualista, discriminatoria y competitiva