Jaime Escribano Pizarro

Aldealcardo, Soria, 2001. Foto: Agustí Hernàndez

Aldealcardo, Soria, 2014. Foto: Agustí Hernàndez

Cuando recogemos las valoraciones que hacen quienes viven en el medio rural respecto a la importancia de los servicios públicos en su calidad de vida, los resultados difieren entre sí. Para la población que reside en municipios poco poblados, los servicios vinculados a la oferta sanitaria resultan determinantes por la existencia del servicio en sí y la vertebración social que favorece. En cambio, en los municipios con más habitantes, la valoración de estos servicios u otros —como la escuela— está relativamente por debajo de aspectos posmateriales como el paisaje, la tranquilidad, etc., debido a que de alguna manera su presencia está asegurada gracias a la existencia de una demanda lo suficientemente numerosa y constante que los garantiza. En cualquier caso, y aun sabiendo que son muchos otros los factores que influyen en la calidad de vida de que disfruta la población de zonas rurales, especialmente si las comparamos con las urbanas, esto no significa que la sociedad rural sea en general optimista sobre su futuro; más bien al contrario, ya que observa cómo los cambios que se producen en su espacio —el giro neoliberal del Estado de bienestar y las repercusiones de la crisis iniciada en 2008— no responden adecuadamente a sus necesidades cotidianas.

MEJORAR LOS SERVICIOS QUE EXISTEN

Existe una elevada conciencia de la necesidad de introducir una mayor y mejor coordinación alrededor de las prestaciones educativas y sanitarias públicas. Se trata, por ejemplo, de asegurar y aumentar la coordinación en aspectos tan sencillos como los servicios de traslado de pacientes y sus expedientes entre diferentes tipos de unidades de atención sanitaria (centros de salud y hospitales). En otras ocasiones, la comunicación entre los ayuntamientos y los centros educativos o sanitarios es mínima, debido al cambio constante de interlocución en uno y otro (gran parte de sus profesionales son interinos), generándose así cierto clima de frustración. Cualquier propuesta de mejora no fructifica porque se desconocen en realidad las necesidades sociales o porque también puede ocurrir que desde la administración local no se atiendan las opiniones cualificadas de las personas encargadas de dichos servicios. En la misma línea, otro buen ejemplo resulta de la recurrente «incapacidad» de las administraciones locales para cooperar entre ellas como resultado de enfrentamientos derivados de la búsqueda y acceso a recursos que las hagan territorialmente más atractivas, caso de las inversiones para nuevos equipamientos, subvenciones comunitarias, etc.

Las posibilidades de mejora son numerosas y variadas. A veces, acciones como asegurar y ampliar los servicios elementales de salud y educación, especialmente en lo referente a los horarios de atención al público, pueden constituir una buena respuesta. Porque de poco o nada sirve contar con una amplia red de equipamientos e instalaciones si la población usuaria no puede hacer uso de ellos por ausencia del personal responsable del servicio al concentrarse este en los centros con mayor demanda, como medida con la que rentabilizar unos cada vez más escasos recursos humanos.

También se plantea la conveniencia de mejorar aquellas necesidades sanitarias y educativas básicas de la población, por ejemplo, el transporte de urgencia en ambulancia a centros hospitalarios o determinadas atenciones educativas para el alumnado con necesidades especiales.

 Existe una recurrente «incapacidad» de las administraciones locales para cooperar entre ellas debido a enfrentamientos derivados del acceso a recursos.  

FUNCIONARIADO PÚBLICO EN EL MEDIO RURAL COMO RESPONSABLE Y AFECTADO

Las condiciones en las que se desarrollan los servicios de salud y educación en las zonas rurales afectan también a la plantilla profesional educativa y sanitaria. No solo porque la escasez de personal implica que deban hacer frente a numerosas responsabilidades (algunas incluso fuera de sus propias competencias), sino porque igualmente ante situaciones de ausencia de las personas responsables titulares de estos servicios (por enfermedad o descanso, o incluso por cuestiones de agrupación de la demanda, como ocurre con determinadas especialidades sanitarias como la pediatría), ciertas profesionales terminan por trabajar de forma «simultánea» en varios centros, distantes además varias decenas de kilómetros, abarcando así grandes extensiones de espacio al cabo de la jornada laboral.

Otro problema detectado por la sociedad local hace referencia a la escasa estabilidad laboral de profesionales educativos y sanitarios. La inestabilidad crónica de las plantillas afecta a la calidad de la oferta prestada si tenemos en cuenta que gran parte de los establecimientos se ven abocados a reiniciar regularmente su organización, alterándose así la eficacia del servicio y la propia satisfacción de las personas usuarias; en especial, porque la mayoría de profesionales que acaban de llegar presenta una cierta desmotivación como consecuencia de tener que trabajar en emplazamientos no deseados, con escasos conocimientos sobre el funcionamiento y la organización habitual no solo de estos servicios en el medio rural, sino también de la casuística particular de estos territorios. Pero, además, se desaprovecha un valioso actor para los procesos de desarrollo local; pues se trata de profesionales que por su papel en la sociedad rural podrían actuar con relativa facilidad promocionando espacios favorables a la participación ciudadana.

 Otro problema detectado por la sociedad local es la escasa estabilidad laboral de profesionales educativos y sanitarios. 

No cabe duda de que en el medio rural el respaldo de la población, tanto individual como colectivamente (por ejemplo, a través de las AMPA), adquiere una trascendencia mucho más importante que en zonas urbanas. El mejor ejemplo lo encontramos en los servicios educativos donde precisamente los padres y las madres son las principales responsables de que una escuela rural se mantenga o no abierta, ya que en definitiva está en su mano la decisión sobre en qué centro matricular a sus hijos e hijas. Pero, con frecuencia, su capacidad de actuación es mucho mayor. Cuando trabajan de forma agrupada, en primer lugar, se constituyen a menudo en un apoyo financiero clave a través de los recursos que obtienen vía actividades sociales como sorteos, comidas, etc.; en segundo lugar, suponen una ayuda inigualable para la organización y gestión de actividades educativas y extraeducativas (preparación de salidas, distribución de material escolar, comedor y transporte, etc.); y en tercer lugar, tienen cierta capacidad para, en ocasiones, ejercer la suficiente presión social para evitar la supresión de puestos docentes, la reducción de horarios, etc.

LA NECESIDAD INEVITABLE DE ACTUALIZACIÓN

Existe una creciente necesidad de acondicionar las atenciones educativas y sanitarias rurales a los nuevos contextos sociales y demográficos, como la emancipación sociolaboral femenina y el envejecimiento. Este último, cada vez más patente, plantea a muchos de los espacios rurales españoles dos tipos de demandas: por un lado, la necesidad de introducir determinadas prestaciones especialmente dirigidas a la población mayor, como secciones de geriatría o el incremento de las actuaciones desarrolladas por parte de fisioterapeutas y los trabajos de rehabilitación, por ejemplo. Y por otro lado, la urgencia de mejorar el sistema de transporte sanitario destinado al traslado habitual entre los domicilios y los establecimientos sanitarios, sobre todo para quienes hace tiempo que dejaron de poder desplazarse de forma autónoma.

Además, es necesario acondicionar los equipamientos de numerosos centros, tanto educativos como sanitarios, para conseguir superar la conocida «brecha digital» y disponer así de las infraestructuras y equipos de telecomunicación necesarios para hacer frente al aumento de las formas de gestión y comunicación digitales. En particular, debido a su generalización progresiva como método de trabajo, por ejemplo en el ámbito sanitario (cita previa, consulta de expedientes, etc.), pero también presentes en el mundo educativo (videoconferencias, trabajo en red, uso de espacios virtuales, etc.).

PROPUESTAS PARA MEJORAR LOS SERVICIOS PÚBLICOS

El reciente viraje neoliberal del Estado de bienestar y la tendencia resultante a la concentración de cada vez más servicios básicos —entre ellos los educativos y sanitarios— no solo demuestra que todavía hay margen de actuación para conseguir una mejor adecuación a las demandas que la sociedad rural presenta sobre ellos, sino también que los avances alcanzados hasta el momento pueden desaparecer con suma facilidad. De hecho, de consolidarse esta tendencia puede llegar a disminuir de forma considerable la calidad de vida que ofrecen muchos de nuestros territorios rurales, y que en última instancia constituye un elemento básico tanto para atraer como para fijar población.

Lo que se extrae del trabajo de investigación realizado evidencia dos acciones claras: en primer lugar, que el medio rural no demanda necesariamente un mayor número de servicios educativos y sanitarios (en líneas generales suele aceptarse la cantidad de la oferta actual), sino que estos sean capaces de:

a)    Adaptarse a las necesidades de la población más representativa de estos espacios y evitar así problemas de desatención o ineficiencia en el uso de los recursos.

b)    Alcanzar una mayor calidad, ya que esta influye claramente en la mayor o menor utilización que la población hace de las prestaciones educativas y sanitarias con que cuenta en su espacio de vida cotidiano.

c)     Ajustarse a la idiosincrasia de estos territorios, tanto desde el punto de vista de la actitud de la sociedad rural como de su organización espacial, a menudo caracterizada por su elevada dispersión y reducida movilidad (en tanto en cuanto está protagonizada casi de forma exclusiva por el vehículo particular).

Y segundo, se insiste en la idea de que los servicios educativos y sanitarios elementales se entiendan como recursos clave en los procesos de autoafirmación de la identidad local, de búsqueda de raíces y de referencias tangibles, de cercanía y proximidad, frente al avance de la uniformidad y la despersonalización urbana. De hecho, una de las potencialidades más reconocidas de estos servicios, y en concreto de la escuela rural, es su capacidad para ofrecer toda una serie de estrategias y recursos con los que poder entender y respetar la cultura local, valorar las fiestas tradicionales, el entorno natural, la historia del lugar, etc.

   Los servicios educativos y sanitarios deben entenderse como recursos clave en los procesos de autoafirmación de la identidad local.   

LA MOVILIDAD ES CLAVE

Finalmente, la calidad de vida que ofrecen los espacios rurales españoles no solo depende de tener más o menos centros sanitarios o colegios, con mejores servicios o gestionados por unos profesionales coordinados con las administraciones, sino que todo ello está condicionado por la movilidad. Como hemos visto, disponer de ambulancia, de autobús escolar o de línea regular de autocar resulta clave para acceder a los hospitales, escuelas o centros médicos de urgencia, sobre todo para aquellas personas sin vehículo propio o que aun disponiendo de uno no pueden hacer frente a los numerosos costes económicos que acarrea su mantenimiento. Pero también, desde un punto de vista más general, porque la progresiva dependencia del automóvil particular está mostrando claramente sus aspectos negativos de degradación medioambiental de todo el espacio, ya sea este urbano o rural. Y, por último, porque si en medio rural no se dispone de un automóvil, la empleabilidad se ve claramente limitada.

Con todo, cualquier tipo de movilidad, pública o privada, requiere de unas buenas infraestructuras viales. Lamentablemente, el medio rural carece de ellas cada vez más debido a una deficiente conservación. Así, es habitual que junto a unos trazados sinuosos y estrechos (resultado con frecuencia de una abrupta orografía), el mal estado en que se encuentran numerosas carreteras rurales (especialmente tras duros inviernos o durante los mismos) representa un claro elemento de inseguridad para los desplazamientos. Como resultado, su uso termina por reducirse al mínimo, o bien motiva que determinada población evite utilizarlas a toda costa, trasladando de este modo su domicilio habitual a otros núcleos donde estos servicios estén asegurados físicamente y sean accesibles sin necesidad de recurrir a ningún medio de transporte.