Algunas conclusiones del estudio 'Estructura de la propiedad de la tierra en España'

Carles SOLER

 

Una vez mapeadas y analizadas las cifras de propiedad de la tierra en el Estado español podemos concluir que no existe tanto un proceso de acaparamiento (adquisición de tierra en un país por parte de otros estados o por multinacionales), sino más bien una preocupante y creciente tendencia a la concentración de tierras que, con nuevos matices, consolida una realidad histórica. Observamos una conexión entre la tenencia de la tierra cada vez en menos manos y la desaparición de pequeñas fincas agrícolas que, en definitiva, debilita la estructura económica del medio rural.

Conscientes de la complejidad multifactorial que incide en la estructura de la tierra y los múltiples actores que aparecen en escena, nos hemos fijado en aquellos que consideramos más significativos.

POR QUÉ SE CONCENTRA LA TIERRA EN POCAS MANOS

Existe todo un entramado de causas políticas y económicas que hace que en un medio rural muy envejecido como el nuestro, el relevo y las nuevas incorporaciones en la agricultura sean realmente complicados, sobre todo para las mujeres. Inevitablemente esto implica avanzar hacia una reducción del número de explotaciones agrarias que son cada vez de mayor tamaño. Pero, además, esta situación se ve potenciada por la PAC. La sustitución del sistema de ayudas a la producción hacia un sistema de pago único ligado a la dimensión de las fincas provoca la consolidación de la estructura de la propiedad de la tierra. Cuantas más hectáreas se concentran, más se cobra. Muestra de ello, según datos de 2014, es que el 76 % de los fondos se han concentrado entre solo el 18,7 % de los perceptores. Que tan solo 264 perceptores (0,03 % del total) reciben más fondos que el 45 % del total de los receptores. O bien que mientras el 45 % de las personas perceptoras reciben un importe medio de poco más de 500 euros... los máximos perceptores reciben de media 916.000 €

La política de modernización de regadíos ha sido otro importante factor especulativo y de acaparamiento. Las dinámicas que ha generado no contribuyen a la fijación de la población rural, ni al equilibrio del territorio. Al contrario, las pequeñas propiedades desaparecen y son absorbidas por otras grandes que sí pueden permitirse las inversiones para la instalación de regadío (3100 €/ha en el caso del Canal Segarra-Garrigues o más de 5300 €/ha en el caso del proyecto de Itoiz-Canal de Navarra) y las tarifas anuales del agua (181 €/ha de fijo anual más 0,088 € por metro cúbico).

Los cambios legislativos justificados en el contexto de crisis económica han supuesto también una fuerte presión para el cambio de régimen de las tierras públicas y comunales. Más que defender el suelo agrícola, las políticas públicas han primado la tierra desde un punto de vista mercantilista, como objeto de especulación urbanística y como fuente de ingresos para las arcas públicas. La Ley de Reforma de Administración Local o la reforma de la Ley de Montes son ejemplos de procesos de privatización de tierras públicas o comunales.

Fruto de la crisis económica están surgiendo nuevas tendencias de las inversiones privadas y de los fondos de inversión que entienden la tierra como activo financiero. Los bancos, por ejemplo, se han convertido en nuevos propietarios de tierras. En la SAREB, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, entre otros activos cedidos, nos encontramos con muchos suelos considerados rústicos cuyos clientes potenciales son empresarios y directivos de empresas agroalimentarias. Se calcula que en el Estado español hay más de 30 fondos que invierten en agricultura y alimentación. Por su manera de operar, es difícil saber quién y dónde están invirtiendo... pero sí sabemos cuáles son sus principales objetivos: empresas que necesitan capacidad de inversión para aumentar su capital, para la compra de tierras o la modernización de las explotaciones agrícolas.

Otra de las tendencias identificada en diversos sectores agrarios es la de las inversiones extranjeras directas. Si bien es un proceso incipiente, destaca la presencia de capital inversor procedente de China, de los Emiratos Árabes y de Rusia, países en expansión económica que por diferentes razones se interesan por la tierra como factor de inversión (alfalfa, olivos y viñedos).

Y para acabar, no nos podemos olvidar de los privilegios que nuestro sistema otorga a los terratenientes. Son conocidas las grandes extensiones que forman parte de la simbología en torno a la riqueza y el poder, fruto de una injusta distribución de tierras heredada de la época feudal y que se utilizan como lugares donde organizar cacerías o dedicarse a los cultivos llamados especulativos para recibir las subvenciones de la PAC con el mínimo esfuerzo... Pero también nos encontramos con los nuevos terratenientes que invierten sus fortunas, algunas de ellas procedentes de «pelotazos urbanísticos», en la compra de terrenos para crear cotos de caza o empresas agroalimentarias que han ido comprando tierras para ganar cuota de mercado en el sector.

En la lista de los grandes latifundistas aparecen los nombres de Juan Abelló (que concentra 40.000 ha de tierra), la Casa de Alba (que dispone de 34.000 ha y obtiene 2,9 millones de euros en subvenciones de la PAC) y Samuel Flores y familia (que en los últimos años han acumulado 23.000 ha y reciben 1,25 millones de euros de la PAC). También cabe destacar que la finca más grande del Estado español es la denominada La Garganta, una inmensa finca de caza de 15.000 ha situada en Ciudad Real, propiedad del duque de Westminster, que además, se ha tomado la licencia de llevar a cabo cerramientos cinegéticos y clausuras de caminos públicos.

     La financiación se ha cubierto con donaciones y préstamos sin intereses.  

UNA CAMPAÑA CONTRA LA CONCENTRACIÓN Y A FAVOR DE LA VIDA

Los datos hablan por sí mismos y revelan una situación radicalmente injusta que es necesario abordar. Es necesario volver a situar la tierra dentro de la agenda política agraria. Necesitamos una política de tierras acorde con una nueva política agraria que favorezca y apoye un modelo productivo social y sostenible, que ponga en valor la tierra como bien común al servicio de la sociedad para producir alimentos saludables y hacerlo de manera sostenible. Las propuestas políticas que se lanzan desde la campaña son creativas e innovadoras y conectan con una parte de la sociedad rural y urbana que pretende que los pueblos sean espacios de vida para construir futuro.

Los principales objetivos de esta política de tierras deberán ser definidos de manera concreta, pero desde la campaña se considera que deben girar en torno a:

• Frenar el proceso especulativo sobre la tierra agrícola

• Garantizar un acceso más igualitario y democrático a la tierra por parte de los sectores sociales y económicos en activo que promueven una dinamización económica del medio rural

• Favorecer en especial el acceso de mujeres y jóvenes a la tierra

• Evitar la concentración de la tierra y el acaparamiento por determinados sectores económicos

• Proteger el suelo agrario y su calidad, es decir, su fertilidad y su capacidad de conservar biodiversidad

• Asegurar el uso de la tierra de manera que garantice el equilibrio territorial

Para conseguir estos objetivos, se deben desarrollar en el ámbito institucional y político las siguientes actuaciones:

• Crear una institucionalidad concreta, como puede ser una Agencia Pública de Gestión y Gobernanza de la Tierra que asuma los objetivos de las políticas de tierra e impulse y coordine los diversos instrumentos puestos en marcha

• Desarrollar, mejorar y consolidar los Bancos de Tierras y darles profundidad en el marco político definido. Por la ausencia de un marco político y legal más amplio que dé sustento a su actuación, se han quedado en meros gestores e intermediarios en el mercado de la tierra.

• Llevar a cabo iniciativas encaminadas a la aprobación de Leyes de Protección del Patrimonio Agrario Público; dada la dispersión en la titularidad, reclamamos mecanismos de cesión de la gestión, el uso e incluso la titularidad de estas tierras entre las diversas administraciones para que su gestión sea más coherente y eficaz.

• Recuperar el contenido de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural porque en su contenido se planteaban figuras interesantes al tema que nos ocupa, como «la agricultura con contrato territorial», que nunca fueron exploradas con seriedad.

• Conseguir transparencia en la información y que repercuta en la acción política en lo que se refiere al tratamiento estadístico del factor tierra.

• Reactivar y revitalizar los espacios de titularidad comunitaria y pública, así como derogar la Ley de racionalidad y sostenibilidad de la administración local.