Protesta contra Donald Trump. Minneapolis, Minnesota. Noviembre de 2016. Foto: Fibonacci Blue (CC BY 2.0)

¿Qué consecuencias para la agricultura a pequeña escala y para la soberanía alimentaria pueden tener las políticas de Donald Trump en EE. UU.? ¿Su rechazo a acuerdos comerciales como el TTIP pueden significar algún giro respecto a las políticas anteriores? Una buena forma de comprobarlo es a través de los hechos. A finales de mayo se presentó la propuesta de presupuestos para el año 2018 y la fuerte reducción, del 21 %, de los fondos del Departamento de Agricultura (USDA), entre otras cosas, ha puesto en alerta al sector agrario y a grupos ecologistas.

A pesar de que los sectores que rechazan estos presupuestos opinan que no progresarán, para el Instituto Cornucopia, el presidente Trump ha rematado definitivamente la ya de por sí débil relación con la agricultura de EE. UU., pero especialmente con la pequeña agricultura y la ecológica.

Friends of the Earth/Amigos de la Tierra ha puesto en marcha una campaña de presión al senado para que durante los siguientes cuatro meses, en los que se discutirán estos presupuestos, pueda cambiarse el rumbo que parece que van a tomar las políticas agrarias y alimentarias. Concretamente, exigen que se mantenga el apoyo a la agricultura ecológica y la financiación para los modelos de agricultura que conservan los suelos y las fuentes de agua, y que se integran en zonas de alto valor ambiental como humedales y bosques, favoreciendo su conservación.

Scott Faber, de la organización para la protección de la salud y el medio ambiente Environmental Working Group, afirma que hasta ahora nada había conseguido unir tanto a consumidores y productores como estos presupuestos. «Donald Trump está dirigiendo una campaña de amplio alcance para echar abajo décadas de avances en seguridad alimentaria, comida sana y claramente etiquetada. Si le sale bien, la administración Trump habrá hecho más para aumentar el hambre, la obesidad y las enfermedades de origen alimentario que cualquier otra administración de la historia de América». Faber llega a esta conclusión a partir de las medidas que el nuevo presidente de los EE. UU. ya ha presentado o difundido desde que llegó al gobierno, recopiladas en su artículo «Trump’s Full-Scale War on Food», publicado el 2 de junio en el sitio web de su organización:

• Ha debilitado las nuevas leyes diseñadas para eliminar de los centros escolares la comida basura (aperitivos, bebidas azucaradas, etc.).
• Ha propuesto eliminar varios programas del Departamento de Agricultura que apoyaban los circuitos de venta directa entre producción y consumo, a los que acceden de forma habitual el 10 % de las personas productoras en EE. UU.
• Ha propuesto eliminar la financiación de una sección del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades que trabaja para reducir la obesidad, que en EE. UU. afecta a 1 de cada 5 niños y a 1 de cada 3 adultos, aproximadamente a 98 millones de personas.
• Ha propuesto reducir la financiación relacionada con seguridad alimentaria de la Food and Drug Administration (FDA) en 117 millones de dólares. En un país donde la normativa higiénico-sanitaria ya es muy laxa, este recorte podría suponer más riesgos para la salud de la población.
• Ha propuesto cancelar el presupuesto para el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en un 25 % y suspender el programa de ayuda humanitaria internacional Food For Peace, que lleva funcionando desde 1954.
• Ha retrasado la aprobación de nuevas leyes relacionadas con el etiquetado de menús y comida envasada que ampliaría la información acerca de las calorías y azúcares añadidos. De momento tampoco se ha publicado el borrador para poner en marcha una nueva ley que obligue a identificar los OMG en los alimentos, como estaba previsto.
• Ha retirado nuevas leyes que protegían las fuentes de agua potable de la contaminación y ha propuesto reducir el presupuesto de la EPA (Agencia de Protección Ambiental) en un 31 %, lo que también afectará a programas para preservar la calidad del aire y del agua.
• Ha propuesto eliminar dos de los programas más importantes de administración de tierras, el Conservation Stewardship Program, que ayuda a los productores a manejar sus tierras de forma sostenible y el Conservation Reserve Program, que trabaja para impedir la producción en tierras ambientalmente sensibles.
• Ha aplazado nuevas leyes diseñadas para fortalecer los parámetros de bienestar animal en granjas ecológicas y ha propuesto eliminar subvenciones que apoyan la transición a producción ecológica.
• Ha revertido la prohibición de los pesticidas relacionados con el daño cerebral infantil.
• Ha propuesto eliminar los fondos de asistencia y formación para migrantes y jornaleros.

Para Marion Nestle, del Departamento de Nutrición, Estudios alimentarios y Salud pública de la Universidad de Nueva York: «Es una lista impresionante que hace un llamamiento a la resistencia. ¿Cómo? Esa es la pregunta».