Gustavo Duch y Carles Soler. Artículo publicado en Crític (en català).

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Cuando la globalización neoliberal empezó a extenderse de la mano de la Organización Mundial del Comercio (OMC), hace ahora 20 años, el primer colectivo que la sufrió, el campesinado, se reunió en México, con el calor de los alzados movimientos zapatistas bien cerca.

Quizás fue Juana la primera en pedir la palabra y explicar que en su país, la República Dominicana, casi 150 años después, se sufría aún una dominación agrícola propia de un país colonizado. Dijo que era imposible alimentar a su familia con un pequeño conuco enjaulado entre cultivos de caña de azúcar de los señores de la Romana.

A continuación debió de hablar Mahendra, líder campesino hindú, y, con los ojos hinchados, explicó que empezaban a ser demasiado recurrentes los suicidios de compañeros endeudados por comprar nuevas semillas mejoradas, y que lo hacían precisamente tomándose el pesticida asociado a ellas.

Seguramente después se alzaría Pep, pastor de los Pirineos, para contar que allí la producción de cerdos a pequeña escala se estaba terminando porque las administraciones daban apoyo a las grandes industrias.

Sobrecogedor sería también el testimonio de Lee, que desde que su país, Corea del Sur, entró a formar parte de este mercado globalizado, ya no podía vender su producto: en las estanterías de las tiendas el arroz importado era mucho más barato.

«Las multinacionales de la agroindustria nos roban las tierras, nos roban el agua, nos roban las semillas», exclamaron centenares de campesinos y campesinas. Con más acierto, concluyeron que lo que les robaban era su capacidad de vivir y producir alimentos.

«Nos roban nuestra soberanía», declararon a la vez que conformaban el movimiento social La Vía Campesina. Más de 200 millones de personas se habían reconocido como iguales, con un lema: la soberanía alimentaria.

Sí, como decía Pep, en un contexto de capitalismo neoliberal y de globalización, el apoyo de todas las administraciones catalanas, estatales y europeas a la agroindustria ha terminado generando una fotografía de nuestra agricultura y alimentación bastante preocupante y con un denominador común: en todos los sectores existe un potente control por parte de pocas y grandes corporaciones que ha provocado la desestructuración y desaparición del pequeño campesinado.

Así, en los últimos 10 años, han desaparecido en Catalunya 6800 fincas agrícolas de pequeña y mediana escala, a un ritmo de cierre de casi dos al día; la población activa agraria ya no llega ni al 1 % y la contribución de la agricultura al PIB ha disminuido hasta el 0,86% (frente al 1,8 % de Francia o el 3,2 % del Estado español). Como consecuencia, son muchos los pueblos abandonados o prácticamente abandonados y donde la edad media ha subido considerablemente, dejando el territorio sin vida, con todo lo que representa de pérdida de tejido económico, social y cultural.

También, la burbuja inmobiliaria y las recalificaciones han contribuido a una pérdida de tierra cultivable. Lo vemos con los datos, por ejemplo, de la región metropolitana de Barcelona, donde entre los años 1990 y 2012 se ha perdido entre un 30 % y un 50 % de la superficie agrícola.

Es decir, nos encontramos con la fotografía de una Catalunya sin tierras y sin campesinado en la que destacan un conjunto de corporaciones con mucha fuerza y proyección internacional que han hecho que las personas, tanto productoras como consumidoras, hayamos perdido toda la capacidad de decisión, de gobernanza e incidencia.

TODO PARA LA AGROINDUSTRIA

Desde diferentes sindicatos y movimientos agrarios se ha criticado la distribución injusta de las subvenciones agrícolas de la Política Agraria Común (PAC). De hecho, siempre se ha denunciado que los máximos receptores en el Estado español son las grandes familias de terratenientes (Casa de Alba) o las grandes corporaciones agroalimentarias (Ebro Foods).

¿Qué situación encontramos en Catalunya? Una muy parecida.

Si nos fijamos en los datos del año 2014, nos damos cuenta de que el 18,9 % de los perceptores recibe el 73,7 % de las ayudas directas de la PAC. En este porcentaje encontramos 11 grandes perceptores que reciben casi la misma cantidad que 22.800 pequeñas fincas. Si estas reciben una ayuda que no llega a los 600 €, los grandes perceptores cobran más de 860.000 € de media. Llama la atención que, cuando identificamos las 10 primeras empresas que reciben más ayudas, encontramos que 4 son de la industria del cava y del vino (Freixenet, Codorniu, Codes y Torres).

Si nos fijamos en los datos publicados por la Generalitat de Catalunya, nos damos cuenta del gran volumen económico que mueven las corporaciones que nos dan de comer. Podemos hablar de un gran lobby agroalimentario catalán con familias como Carulla y Carceller, propietarias respectivamente de las empresas Agroalimen y Damm, que facturan cifras espectaculares a partir de una presencia casi infinita en nuestra comida, tanto en el súper (Gallina Blanca, Avecrem, Pastas el Pavo, Veri, Fuente Liviana, Granini, Shandy, Xibeca...) como en la restauración (Pans & Company, Bocatta, FresCo, Rodilla). Muchas marcas en pocas manos.

Para las administraciones, estas agroindustrias y sus capacidades de agroexportación y de hacer «negocios» han sido sus empresas mimadas y consentidas Pero la agroindustria catalana o de cualquier sitio es el vivo reflejo de una economía capitalista que explota a muchas personas y privilegia a muy pocas. Y tenemos un claro ejemplo en el sector porcino.

LOS NOMBRES DEL CERDO

En el año 1995 ya teníamos un sector porcino muy potente en Catalunya, y con 10.554 granjas se contabilizaba un total de 4.390.484 cabezas de ganado porcino. Pocos años después, en 1999, el censo porcino ya había llegado a 1 cerdo por habitante, con unos 6,3 millones de cabezas, el 40 % concentradas en tres comarcas (el Segrià, Osona y la Noguera). En aquel momento ya se alzaron algunas voces que alertaban sobre un modelo intensivo, contaminante y que hacía desaparecer las pequeñas granjas que no podían competir con las grandes empresas. Pero, más que cambiar, se siguió fomentando la producción intensiva porcina con el objetivo de que Catalunya fuese una de las principales áreas de producción, engorde y transformación a escala europea. Y así ha sido. En 2013 se contabilizaron más de 6.700.000 cerdos y, en cambio, el número de granjas había bajado a menos de la mitad, en concreto a solo 4.321.

Que Catalunya tenga instalada esta capacidad de producir más de 1,5 millones de toneladas de carne anualmente –o, lo que es lo mismo, unos 210 kg de cerdo por persona, aunque consumamos 11,7 kg por año– se explica por la presencia de empresas como Vall Companys, Tarradellas o la Cooperativa Agraria Guissona, que, con diferentes modelos de estructura empresarial, han conseguido integrar verticalmente el sistema productivo cárnico. Sus estructuras están preparadas para abastecer de gorrinos, piensos y servicios técnicos a las granjas asociadas o «integradas», que son las que, asumiendo todos los riesgos, se encargan de engordar a los animales que, al final, estas corporaciones compran para llevar a sus mataderos. En algunos casos, como el de Guissona, también se encargan de la venta en sus tiendas Bonarea.

El año pasado, Guissona engordó más de 670.000 cerdos, por los mataderos de Vall Companys pasaron más de 4,3 millones de cerdos y Casa Tarradellas alquiló unos terrenos en Oliola (La Noguera) para instalar uno de los complejos de granjas con más capacidad de toda Catalunya, unos 21.000 cerdos.

Pero este modelo productivo tiene un precio muy alto. Por una parte, y como hemos visto, la desaparición de muchas granjas pequeñas y la dura subsistencia de quienes se integran en este modelo pues no son más que mano de obra barata –un eslabón de una cadena- para una gran maquinaria en funcionamiento. Y, por otra parte, tiene un alto precio para toda la sociedad, ya que en las comarcas antes señaladas la gestión de los purines supone un enorme problema de contaminación de los acuíferos que indirectamente conlleva más dimensión a estas corporaciones, pues ahora deben comprar más tierras para verter estos residuos.

¿DE DÓNDE NOS ALIMENTAMOS?

Dejar la alimentación en manos de este modelo centrado en producciones intensivas y para la exportación quiere decir también aceptar una considerable dependencia alimentaria del exterior. Concretamente, el 60% de la comida que nos llevamos a la boca en Catalunya viene de fuera; y aquí la conexión con el mundo es Mercabarna, otro instrumento de las administraciones públicas al servicio de los grandes agronegocios privados.

En los últimos 20 años, Mercabarna ha hecho una apuesta por convertirse en un centro logístico del Mediterráneo donde, bajo la excusa de la competitividad, la eficiencia y la demanda, se ha promovido la deslocalización de los alimentos. Un ejemplo de ello lo encontramos cuando se analiza el origen de los tomates que se comercializan en Mercabarna en su temporada natural. En el momento en que el campesinado catalán puede abastecer totalmente la demanda interna, Mercabarna se inunda de tomate de Holanda a 30 céntimos el kilo, por debajo del precio de coste del tomate local. Evidentemente, esto impide la viabilidad del campesinado.

CÓMO ROMPER CON EL MODELO AGRÍCOLA ACTUAL

Para completar esta pequeña revisión del estado actual de la agricultura y de la alimentación en Catalunya, falta aún la información más valiosa, aquella imagen que por ahora no sale en la foto, a pesar de que ya existe. Es la propuesta que mucha gente defendemos: un territorio hecho de pueblos vivos, con una alimentación de proximidad y a partir de la dedicación de mucha gente que en la agricultura ecológica y en la escala local encuentra proyectos de vida.

En el caso de Catalunya, un territorio con buenas tierras agrícolas, con diferentes ecosistemas para lograr producciones agrarias diversas (montaña, llanuras, deltas, etc.), esta posibilidad es motivadora. Como hemos visto, la producción actual agraria está muy alejada de las necesidades alimentarias de nuestra población. En concreto, la mayoría de tierras agrarias se dedican a la producción de fruta para la exportación y a cereales para el pienso de los animales. En cambio, Catalunya no produce las legumbres y hortalizas que consume su población.

Si el argumento prioritario para decidir qué se produce fuese las necesidades alimentarias para toda la población, según el estudio de Pep Tuson, ingeniero agrónomo, podemos afirmar que tomando en cuenta una dieta mediterránea con poco consumo de carne, las tierras fértiles de Catalunya, trabajadas ecológicamente y con cultivos de secano, permitiría abastecernos en un 98 %.

Necesitamos recuperar soberanía para poder salir del capitalismo, ese es el mensaje que defiende La Vía Campesina. La soberanía alimentaria es una caja colectiva de herramientas que, con trabajo en red, recuperación de saberes, observación, cuidado y respeto al territorio y a la naturaleza, rompe con la agricultura que tenemos, una agricultura capitalista responsable del hambre, el desarraigo y el cambio climático. Son muchas las experiencias de ruptura que tenemos en Catalunya; ahora tenemos que aprender de estas experiencias, apoyarlas y utilizarlas para llevarlas a primer plano y cambiar la fotografía.

 


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