Lydia Chaparro
Recolección de bivalvos / Lonxanet
No hace mucho tiempo todavía se creía que el mar era infinito y que era imposible que sus recursos pudiesen agotarse. Pero hoy en día la biodiversidad marina está disminuyendo rápidamente y, debido a su impacto sobre el medio marino, la pesca es uno de los factores clave de este declive. Incluso tras haberse destinado millones de euros a subsidios públicos para tratar de mejorar esta situación, las medidas tomadas en los últimos años no han permitido frenar el declive del sector pesquero, ni recuperar poblaciones de peces a niveles sostenibles.
El declive de la biodiversidad marina tiene su origen en décadas de nefasta gestión pesquera. El principio de precaución y la gestión ecosistémica han tenido escasa consideración, el asesoramiento científico ha sido frecuentemente ignorado y, entre otros factores, no ha existido incentivo alguno para las prácticas pesqueras más selectivas y que consumen menos combustible, sino más bien todo lo contrario.
A pesar de algunas historias exitosas —como la recuperación parcial del atún rojo— en el Mediterráneo, el 96 % de las poblaciones de peces sufren sobrepesca y/o están en mal estado; en particular, las explotadas exclusiva o principalmente por las flotas de la Unión Europea (UE). De hecho, mientras que la cantidad de poblaciones de peces en aguas del Atlántico nororiental comienza a mostrar signos de recuperación (aquí las cifras hablan de un 48 % de poblaciones sobreexplotadas), las evaluaciones científicas realizadas en el Mediterráneo de la UE muestran, en cambio, la tendencia contraria.
Entre las poblaciones de peces que figuran como sobrepescadas en algunas zonas del Atlántico nororiental y aguas adyacentes se encuentran el bacalao, la sardina, el lenguado y la merluza. En el Mediterráneo occidental, concretamente en el levante peninsular, figuran, entre otras, la merluza, el pez espada, la bacaladilla, la sardina, el besugo, el lenguado, el rodaballo, el salmonete de fango, el rape, así como la gamba roja y la cigala. De hecho, algunas de estas especies sufren niveles de pesca hasta seis veces superiores a los niveles sostenibles. Un hecho grave, puesto que va en la dirección opuesta a la normativa comunitaria, cuyo objetivo primordial es restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles.
BALFEGÓ Y EL ENGORDE DE ATÚN ROJO. LA ACUICULTURA EN CUESTIÓN
Bien conocida es la problemática que ha sufrido el atún rojo en las últimas dos décadas, una especie emblemática que pasó por serios apuros debido a la nefasta gestión pesquera y a los intereses políticos y económicos escondidos detrás de algunos gobiernos e industrias con pocos escrúpulos. Hoy en día, gracias a un plan de recuperación, el atún rojo comienza a mostrar los primeros signos de mejora, que se deben a la fuerte presión pública y a la aplicación de medidas de gestión estrictas.
Pero aquellos que llevaron al atún rojo casi al colapso en el Mediterráneo, los grandes buques de cerco industrial y la industria asociada de engorde, continúan hoy en día llevándose gran parte del pastel; mientras que la flota de pequeña escala, la flota artesanal, la menos responsable del declive que sufrió la especie, ha estado muchos años sin derecho a pescar atún rojo, puesto que este se ha convertido en un recurso privatizado a favor de la gran industria.
Es una injusticia a la que los responsables políticos deberían poner fin, especialmente en un contexto en el que la nueva Política Pesquera Comunitaria indica que la distribución de los recursos debe ser transparente y basarse en criterios ambientales, sociales y económicos, condición que daría pie a una distribución justa y equitativa entre las diferentes modalidades pesqueras de nuestro litoral y que favorecería, sin lugar a dudas, a la pesca artesanal.
Pero independientemente de la nefasta gestión pesquera en el Mediterráneo y la privatización de este recurso, tenemos que mencionar también que la 'solución' de engordarlos en granjas acuícolas, como hace, por ejemplo, la empresa Balfegó en Tarragona, no es aceptable.
En primer lugar, los atunes engordados en granjas acuícolas provienen de individuos salvajes capturados del medio natural mediante grandes buques de cerco, una flota sobredimensionada y altamente subvencionada que ha contribuido durante años a la sobrepesca de esta especie.
En segundo lugar, para alimentar a los atunes enjaulados, este modelo industrial, además, participa activamente en la sobreexplotación pesquera de otras especies, lo que puede afectar gravemente a la soberanía alimentaria en otros países; igual que ocurre con el salmón o el rodaballo de acuicultura. Para engordar 1 kg de atún se necesitan entre 10 kg y 20 kg de biomasa pesquera procedente de otras pesquerías. Estas capturas —que posteriormente se transforman en piensos para el engorde— son, generalmente, especies que se encuentran en la base de la cadena alimentaria y que sustentan todo el ecosistema marino. Por tanto, su explotación participa activamente en la sobrepesca, tanto en aguas europeas como en terceros países, para finalmente obtener un producto de lujo al alcance de unos pocos. En concreto, los atunes de Balfegó viajan por medio mundo: un 45 % al mismo Japón, otro 23 % al mercado de Estados Unidos, un 22 % a España y un 9 % al resto de Europa.
Si esto sucediese en tierra, sería como enjaular y engordar a leones para después comercializarlos como productos sostenibles, pese a tener asociada una huella ecológica elevadísima. Pero, del mismo modo, nos preguntamos también quién disfrutaría al pagar un Lion Tour para ir a matar en estas granjas una especie vulnerable. Esto es exactamente lo que promueve el Grupo Balfegó, con el Tuna Tour en sus instalaciones.
¿Qué ética tiene lucrarse sobre estos individuos altamente migratorios, ahora recluidos en granjas en el mar? ¿Qué sentido tiene promocionar el consumo de un recurso privatizado que, al contrario de lo que sucede con la pesca artesanal, solo aporta beneficios económicos a unos cuantos empresarios y armadores, mientras que la socioeconomía del resto del sector continúa tambaleándose?
LA POLÍTICA PESQUERA COMÚN
La Política Pesquera Común (PPC) —en vigor desde el 1 de enero de 2014—, indica que los stocks pesqueros deben recuperarse y mantenerse por encima de unos niveles de biomasa capaces de producir el rendimiento máximo sostenible (RMS), es decir, un nivel de pesca que permita obtener el máximo alimento posible sin poner en peligro la capacidad de regeneración de la población. La PPC establecía el año 2015 como objetivo para cumplir con la tasa de explotación idónea para obtener el RMS, allí donde fuera posible, y, como muy tarde, deberá haberse cumplido de forma progresiva y paulatina para todas las poblaciones de peces en 2020.
El cumplimiento de esta normativa ayudaría sin duda alguna a garantizar la recuperación de nuestros mares. Pero, además, un estudio realizado por la New Economics Foundation demuestra que la recuperación de las poblaciones de peces europeas podría proporcionar hasta 2 millones de toneladas extras de pescado (suficiente para satisfacer la demanda anual de la UE) y crear hasta 60 000 puestos de trabajo (ver cuadro de despiece).
Ahora bien, con el plazo de 2015 superado y 2020 a la vuelta de la esquina, es necesario que no se retrase más la aplicación de la PPC y se redoblen los esfuerzos para alcanzar unos ecosistemas marinos saludables en el menor tiempo posible. De no ser así, la pérdida progresiva de ocupación en el sector pesquero será imparable.
Una de las mejores vías para lograr esta recuperación es el establecimiento de planes plurianuales de gestión. El primer Plan que se está elaborando desde que entró en vigor la nueva PPC es el del mar Báltico (actualmente todavía en proceso de negociación), de gran trascendencia, puesto que servirá de modelo para los futuros planes plurianuales que se desarrollarán en Europa. Por este motivo, numerosas entidades y colectivos se han volcado en su seguimiento.
Tras su aprobación, será el turno del Plan plurianual para la gestión de las pesquerías demersales del mar del Norte (que pescan los peces del fondo del mar), el Plan para la pesca demersal de las aguas occidentales de la UE y otros como el Plan para las especies demersales en el Mediterráneo noroccidental. Este último es de gran trascendencia para las pesquerías del golfo de León.
Aparte de estos planes plurianuales, en los últimos años también se han ido desarrollando otros planes de gestión de gran trascendencia, no por su extensión geográfica sino por el proceso de colaboración y de participación que entrañan. Este es el caso del Plan de Cogestión del sonso (lanzón) de Cataluña, cuyo comité está integrado por las asociaciones de pescadores, las administraciones públicas, los centros de investigación y las organizaciones no gubernamentales, y donde las decisiones para garantizar la pesca sostenible se aprueban por consenso. Este es uno de los primeros casos de éxito de cogestión pesquera en España.
Restablecer las poblaciones de peces a niveles sostenibles y promover una transición ordenada hacia pesquerías selectivas y de bajo impacto ambiental debe ser el rumbo a seguir.
DECISIONES URGENTES
Aunque el establecimiento de planes plurianuales es una de las mejores vías para alcanzar la sostenibilidad pesquera, los resultados solo son visibles a medio plazo, tras unos años desde su puesta en marcha. Un tiempo excesivamente largo para algunas comunidades pesqueras que actualmente ya pasan por dificultades, pero también para algunas poblaciones de peces, como puede ser el caso de la merluza del Mediterráneo, actualmente en estado crítico, o bien el pez espada, cuyas poblaciones están diezmadas.
Como resultado, con el fin de alcanzar la sostenibilidad a largo plazo y cumplir con los requisitos de la PPC, los científicos advierten de la necesidad de reducir la pesca en el Mediterráneo en más de la mitad. Un hecho que, si no se utilizan las herramientas disponibles y si no se colabora activamente en una correcta gestión, podría poner en jaque mate a la flota pesquera.
En estos casos, la UE y los Estados miembros deberían revertir los años de nefasta gestión pesquera y de decisiones cortoplacistas que han conducido a esta situación, y aplicar una serie de medidas urgentes antes de que sea demasiado tarde, como, por ejemplo, realizar una protección efectiva de las áreas de desove, cría, de ecosistemas vulnerables, etc.
Entre las medidas urgentes, una de las más relevantes es la necesidad de mejorar el monitoreo, control y cumplimiento de las normativas en vigor. La pesca ilegal, junto con las capturas no declaradas —procedentes de la pesca recreativa, la pesca de subsistencia o la pesca artesanal— así como especialmente los descartes generados por la actividad pesquera (mayoritariamente por parte de la flota de arrastre), son males endémicos que se deben erradicar. Algunos estudios estiman que la pesca ilegal y no declarada en el Mediterráneo y en el golfo de Cádiz es entre 50 % y 70 % superior al de las capturas declaradas, es decir, más del doble que las contabilizadas en los datos oficiales. Este es un hecho grave que imposibilita una correcta gestión pesquera, que genera además competencia desleal entre pescadores y que constituye un fraude de millones de euros a las arcas públicas.
Otro de los aspectos clave para asegurar una pesca viable y con futuro es cómo se distribuyen las cuotas o el acceso a los recursos entre la flota dentro de un mismo país. En el artículo 17, la PPC establece que los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico, y que los criterios empleados podrán incluir, entre otros, el impacto de la pesca en el medio ambiente o su contribución a la economía local.
Este es un tema de gran trascendencia, puesto que la flota de menor impacto ambiental y mayor beneficio social (la flota artesanal o de artes menores, entre otras modalidades de bajo impacto ambiental) aparece por fin apoyada por la normativa europea. Además, si esta medida se aplicara correctamente, se estaría favoreciendo a las modalidades pesqueras más selectivas (donde también estaría incluida, entre otras, la flota de cerco del litoral). De esta forma, la consecución de una pesca sostenible y la socioeconomía de numerosas comunidades de pescadores se verían claramente beneficiadas.
Pero hasta ahora, numerosos Estados miembros —entre ellos España— parecen no estar por la labor de aplicar criterios ambientales. De allí la necesidad de crear puentes de colaboración entre todas las partes interesadas para impulsar y alcanzar la necesaria transición hacia pesquerías selectivas y de bajo impacto ambiental.
En cualquier caso, los retos son enormes, pero el margen de maniobra para mejorar la actual gestión pesquera también lo es. Así pues, teniendo en cuenta que el Estado español es el primer perceptor de fondos de la UE, avanzar en esta dirección no debería ser tan difícil. Concretamente, España dispone para el periodo 2014-2020 de unos 1100 millones de euros del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) procedentes del presupuesto comunitario. Esta partida, unida a las aportaciones de la Administración General del Estado, de las autonomías y de la participación privada, asciende hasta los 2200 millones de euros en ayudas; fondos que deberían ser suficientes para poder alcanzar los objetivos de la PPC y lograr una pesca con futuro.
Ahora bien, aunque el impacto de la pesca sobre el medio es un factor importante a tener en cuenta, no es la única amenaza que afecta a la salud del Mediterráneo. La pérdida de hábitats, los dragados y la artificialización de la costa, la contaminación, las prospecciones petrolíferas, el tráfico marítimo, la proliferación de especies invasoras o el aumento de la temperatura del agua debido al cambio climático, son algunos de los factores que hacen que la biodiversidad (especialmente la del Mediterráneo) esté fuertemente amenazada. Se estima que estas amenazas crecerán en un futuro, especialmente las asociadas al cambio climático y a la degradación del hábitat.
Por todo esto, si no queremos que la pesca en nuestro litoral se convierta en una actividad anecdótica, es necesario que quienes tienen la responsabilidad política redoblen los esfuerzos para garantizar la recuperación de las poblaciones de peces y de los hábitats para amortiguar los efectos adversos sobre los ecosistemas, y que, a su vez, promuevan medidas efectivas contra estas amenazas.
La conservación del medio ambiente es una inversión de futuro que repercute directamente en la sociedad y en una economía más rentable y sostenible. Es pues obligatorio que las administraciones públicas apuesten decididamente por un cambio de modelo de producción y de gestión en todos los sentidos.
LA ETIQUETA Y SU INFORMACIÓN
En todos los puntos de venta debe cumplirse con la normativa legal vigente respecto al etiquetado de los productos pesqueros.
Una de las normativas que regulan el etiquetado de estos productos es precisamente el Reglamento sobre la Organización Común de Mercados en el sector de la pesca y la acuicultura de 2013. Pero, lamentablemente, el grado de cumplimiento de esta normativa es relativamente bajo.
La gran mayoría de comercios no proporcionan toda la información mínima obligatoria que se debe mostrar a la hora de la venta final: por ejemplo, el nombre común y científico de la especie en cuestión, la zona de pesca, si el producto ha sido descongelado previamente, así como el arte de pesca utilizado. Es una información que podría ser muy útil para quienes quieran elegir los productos capturados por las modalidades de pesca más selectivas procedentes de nuestro litoral.
Además, desde diciembre de 2014, es obligatorio que los productos de la pesca contengan aclaraciones sobre los alérgenos (sustancias que pueden inducir una reacción alérgica) o sulfitos (aditivos alimentarios de acción conservadora y antioxidante que se emplean para conservar los crustáceos: gambas, langostinos, etc.). Estas informaciones deben aparecer obligatoriamente en todas las etiquetas de los productos, pero frecuentemente también se omiten.
No cumplir con estas normativas constituye un hecho muy grave, pues sin una correcta trazabilidad y una etiqueta veraz es imposible que podamos elegir el producto de forma responsable y, además, se está poniendo en juego la seguridad alimentaria.
La administración, por su lado, debe velar para hacer cumplir las normativas vigentes.
PARA SABER MÁS
NEF. 2015. Managing EU fisheries in the public interest. Londres: New Economics Foundation. PDF disponible
Pauly, D. y Zeller, D. 2016. «Catch reconstructions reveal that global marine fisheries catches are higher than reported and declining». Nature Communications, 7. Artículo disponible
Chaparro, L. 2014. Sin Mala Espina. Guía de consumo responsable de pescado y marisco. Madrid: Libros en Acción. Disponible en la web