Pescanova se reconvirtió en septiembre de 2015 —mediante concurso de acreedores— en lo que ahora es Nueva Pescanova, para resurgir controlada en un 80 % por sus bancos acreedores. Sabadell, Banco Popular, Abanca, Bankia, BBVA, CaixaBank y la italiana UBI Banca aportaron nueve millones de euros y una condonación de 2000 millones de deuda, un 75 % del total, para el rescate de la multinacional pesquera. El 20 % del accionariado restante lo forma un grupo de antiguos socios y los fondos de Luxempart, Cartesian y Broadbill, que favorecieron en su día la continuidad de Pescanova en manos de la banca privada.

La compañía, además, acaba de rodar la puerta giratoria para incorporar a su plantilla a la exministra de Economía del PSOE, Elena Salgado, que fue propuesta por parte de la banca para ocupar un puesto en el Consejo de Administración. Es relevante recordar que antes de su renacimiento, la pesquera ocultó casi el cuádruple de su deuda y que, donde había un agujero, declaró activos millonarios. Según un estudio que la auditora KPMG realizó para la Comisión Nacional del Mercado de Valores, las cuentas fueron alteradas por la dirección «de forma consciente» y a través de una planificación que se venía realizando durante varios años.

En estas circunstancias, la empresa recuperaba su actividad el pasado mes de septiembre con un patrimonio real de 100 millones, a los que se sumaban los 60 millones de patrimonio que constaban en las cuentas auditadas. A pesar de esto, la deuda que mantiene con los bancos que dominan su accionariado aún supera los 1000 millones.

¿QUIÉN PAGA LA DEUDA?

La importante quita de la deuda no ha impedido, sin embargo, que la Xunta de Galicia se libre de indemnizar a la empresa. O, expresado de forma más clara, la ciudadanía gallega tendrá que pagar a Pescanova por los beneficios previstos que la empresa no generó.

En 2015 el Tribunal Supremo confirmaba la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que determinaba que la Xunta de Galicia tendría que pagar 1,09 millones (Pescanova pedía 9,32) a la empresa como indemnización. La reclamación se presenta como un ejemplo claro de esos mecanismos de control establecidos para la protección de las multinacionales amparadas por el derecho internacional y las abusivas cláusulas ISDS, que permiten a las multinacionales denunciar a la administración cuando las leyes perjudican a sus intereses empresariales —esta herramienta es ahora uno de los puntos calientes en la negociación del TTIP entre EE. UU y la UE—.

La historia de esta indemnización comienza cuando el ejecutivo gallego (PSG) anulaba un proyecto para construir una planta de engorde en el cabo de Touriñán, un espacio protegido ambientalmente por la Red Natura 2000. La justicia entiende que existió «perjuicio para la compañía», aunque el proyecto para la planta no se ajustaba a la legalidad urbanística. Es un detalle reseñable que mientras la Xunta de Galicia fue sensible con el impacto medioambiental que para el ecosistema gallego suponía esta instalación, el Ministerio de Medio Ambiente avaló el proyecto con informes medioambientales favorables en 2005, el momento proyectado para su construcción.

Pero la deuda que soporta esta multinacional no solo es económica. Este capitalismo made in marca España genera una deuda ecológica y social mucho más difícil de cuantificar. Entonces, ¿cuánto debe Pescanova? Volvamos al contexto.

Después de que la Xunta informase acerca de las irregularidades en la tramitación para la construcción de la piscifactoría, Pescanova respondió abriendo en 2009 la planta de Mira (Portugal); una inversión de 140 millones de euros que acabó convirtiéndose en uno de los factores clave de su quiebra.

     Pescanova opera en el sector primario sin comprender su conexión con la naturaleza.  

LA PLANTA DE MIRA: DEL HÁBITAT NATURAL A LA ACUICULTURA

Pescanova inauguró la planta de Mira, la mayor en el mundo de la cría del rodaballo, en junio de 2009 y prácticamente la mitad de los 140 millones de inversión fueron aportados por el gobierno luso. Las 82 hectáreas de la fábrica también estaban protegidas por la Red Natura, pero en Portugal se elevó el asunto a la categoría de Proyecto de Interés Nacional, priorizando los intereses económicos frente al bienestar de la sociedad.

La instalación estaba preparada para producir 7000 toneladas de peces en una primera fase y planeaba alcanzar las 10 000 anuales en una segunda instancia. Para Manuel Pinho, el entonces ministro de Economía de Portugal, la piscifactoría suponía «un proyecto de referencia a nivel mundial en el área de acuicultura, en términos de tecnología, dimensión y protección ambiental». Las organizaciones ecologistas de la península tomaron este proyecto con una lógica preocupación. De entrada, la construcción se levantaba sobre una zona protegida medioambientalmente. Pero, además, se denunció que la construcción de la piscifactoría provocaría la industrialización de la zona afectando al sistema dunar de la playa de Mira.

La apuesta de Pescanova por la acuicultura aumentaba la presión en las áreas costeras debilitando los ecosistemas más frágiles e importantes como los humedales, que regulan de forma fundamental los ciclos hidrológicos y geoquímicos, además de ser zonas de alta productividad y de vital importancia para completar el ciclo biológico de gran diversidad de especies.

Según denunciaron desde Ecologistas en Acción, la organización ecologista portuguesa GAIA y la campaña «No te comas el Mundo», explotaciones como la de Pescanova en Mira pueden comportar graves consecuencias ambientales, sociales y económicas. «Su carácter intensivo es insostenible, al implicar un consumo excesivo de proteínas de origen animal y vegetal —obtenidas a partir de producción artificial— para la alimentación de los peces criados», informaban antes de que la fábrica iniciase su actividad.

Advertían también que elevadas cargas contaminantes —que incluyen antibióticos en las raciones— serían vertidas como consecuencia de la elevada densidad de los animales. Además, rebatían el clásico argumento liberal de la generación de puestos de trabajo preguntando por los pescadores locales que perderían su empleo como consecuencia de la disminución de los recursos pesqueros en la región, provocada directamente por la contaminación. La actividad económica de Pescanova en Mira tampoco es compatible con el desarrollo turístico de la región, al disminuir la calidad del agua.

La planta de Mira cerró 2014 con 7,4 millones de euros en pérdidas y antes de la constitución de Nueva Pescanova se daba por perdido el negocio en torno al rodaballo portugués tras haberse invertido un total de 107,8 millones, según cifró la auditora Ernst&Young. La planta produjo en 2010 más de 2880 toneladas de rodaballo, 3931 en 2011 y un año después alcanzó las 4397. Los resultados de esta ambiciosa inversión fueron desastrosos, pues las expectativas de la empresa estaban puestas en una producción anual de 7000 toneladas. La actividad de Pescanova en esta instalación, que recibió 58,7 millones de la administración lusa, está en la actualidad sostenida por los bancos por no haberse alcanzado el rendimiento esperado.

La expansión internacional de Pescanova y su deuda ecológico-social

Es necesario recordar que la expansión internacional de Pescanova viene posibilitada por el apoyo del gobierno español. En el caso de Chile, por ejemplo, se otorgaron créditos en condiciones bastante ventajosas a través de la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES), una sociedad de capital público y privado que tiene por objeto el fomento de las inversiones de empresas de procedencia española en países en desarrollo. En el capital social de COFIDES participan el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Empresa Nacional de Innovación (ENISA), BBVA, Banco Santander y Banco Sabadell.

COFIDES aportó al proyecto 22 millones en concepto de piscifactoría de salmones. Entre las condiciones para la inversión COFIDES estableció la «adecuada gestión de los aspectos medioambientales del proyecto». A pesar de haber sido denunciada en múltiples ocasiones por sus impactos ambientales, Pescanova solo responde ante el cumplimiento de la legalidad vigente del país que recibe la inversión y la evaluación del proyecto la realiza la misma COFIDES, partiendo de la información que los mismos promotores aportan. Y cuando hablamos de promotores, nos referimos a los mismos inversores, en definitiva, el Estado español.

La filial de Chile (PescaChile) llegó a suponer el 30 % de las ventas de Pescanova, pero en octubre de 2014 no pudo evitar la subasta. Es significativo que solo un año antes apareciera el «piojo de mar» como una amenaza para los intereses de la industria salmonera en la zona. Este parásito provocó la alarma de las autoridades chilenas, por la posibilidad de que generase enfermedades graves. Los expertos señalaban que la industria salmonera favorecía la plaga por el hacinamiento de los peces en el agua y el uso de antibióticos que acaban inmunizando al microorganismo.

Ante lo expuesto, no parece una osadía plantearse requerir a Pescanova, multinacional engordada y rescatada con dinero público, su parte de responsabilidad jurídica en los daños ambientales no compensados, especialmente sangrantes en países del Sur. Se antoja primordial un reconocimiento del desequilibrio en el uso de recursos y la puesta en marcha de medidas que prevengan este tipo de abusos innatos al sistema capitalista, revisando un sistema jurídico que en lugar de proteger los intereses ecosociales parece servir cortésmente al capital.

Pero, finalmente, la lección más interesante del caso de Pescanova la podemos encontrar en lo que significa operar en una actividad económica del sector primario sin comprender su necesaria conexión con la naturaleza. Las que parecían infinitas aspiraciones de lucro de Pescanova, le llevaron a una expansión que, a su vez, representó un nivel de endeudamiento colosal. Si bien este puede ser asumido sobre los libros de contabilidad, exige un nivel de ganancias y, por lo tanto, de productividad, que se encuentra con los límites de un planeta finito. Elemental lección que, parece, no se explica en las escuelas de negocios.