José Luis VIVERO POL
En España todavía tenemos sistemas de producción de alimentos basados en los bienes comunes, tales como el Tribunal de las Aguas de Valencia, las cofradías de mariscadoras de Andalucía, los montes vecinales en mano común de Galicia o el pastoreo comunitario leonés. Más de 7500 familias agricultoras todavía se ganan la vida en tierras de propiedad colectiva. Los comunes históricos sobreviven, a pesar de las ansias de quienes todo lo híperprivatizan, y se les han unido recientemente las innovaciones contemporáneas de comunes alimentarios, tales como redes de intercambio de semillas, huertos urbanos comunitarios o iniciativas que comparten comida casera con vecinos.
¿Cómo se transformaría nuestro sistema agroalimentario si consideráramos los alimentos como un bien común? Los alimentos son vitales para nuestra supervivencia, un determinante cultural local y nacional, un recurso que produce la naturaleza, un derecho humano y, también, una mercancía. Esta riqueza multidimensional y su naturaleza esencial hacen que deban ser vistos como un bien común, independientemente de su forma de producción y su propiedad (privada, pública o colectiva).
El actual sistema alimentario low cost se desespera por producir alimentos extremadamente baratos, sacrificando la ganancia justa de quien produce y la calidad nutricional y gustativa del alimento. Aunque el mantra capitalista nos dice que cuanto menor sea el precio, mayor es el acceso, el valor de mercado de los alimentos es demasiado bajo para su valor real como bien esencial. Y ya lo decía Machado: «Solo los necios confunden valor y precio».
Si comparamos el sistema alimentario con los sistemas de cobertura sanitaria o educativa universal que aún disfrutamos en Europa, vemos que ambos derechos (educación y salud) están asegurados por centros públicos o privados. En varios países de América Latina, África y Asia, el derecho a la alimentación sí está recogido en la Constitución y en leyes específicas, pero este derecho no está contemplado en ninguno de los países de la UE ¿Por qué no está en nuestra Constitución ni en los Tratados Europeos? La próxima reforma debería contemplarlo pues su ausencia tiene importantes implicaciones políticas y normativas.
Por otro lado, el acceso a un recurso vital para la vida no puede estar exclusivamente determinado por el precio y la capacidad de compra. Un sistema de cobertura alimentaria universal garantizaría un mínimo diario de alimentos a través de diversos mecanismos de derecho (y no de caridad focalizada como los bancos de alimentos), bien a través de un ingreso mínimo universal o renta básica, bien garantizando una serie de alimentos diarios a cada persona o bien empleando a agricultores y agricultoras como funcionariado del Estado para producir parte de los alimentos que necesitan las instituciones públicas. Si existe profesorado y personal médico a cargo del Estado, ¿por qué no podemos tener agricultoras o pescadores?
Es vital, ético y realizable considerar los alimentos como un bien común y por tanto elaborar políticas agroalimentarias diferentes, no sujetas exclusivamente a las leyes de oferta y demanda o máxima rentabilidad. ¿No podríamos pensar en una nueva PAC entendida como Política Alimentaria de los Comunes? Actualmente, cientos de iniciativas alimentarias están construyendo un modo de producir y consumir diferente en nuestro país, bien sean agricultores y agricultoras que defienden la soberanía alimentaria y la agroecología, bien sean acciones colectivas de transición urbana para comer mejor y participar de un sistema más justo y sostenible. Ambos colectivos deben contactarse, nutrirse mutuamente y converger en una «multitud revolucionaria», basada en la justicia, la convivialidad, la solidaridad, la gobernanza reflexiva y los comunes, para poder desafiar al sistema alimentario industrial con una alternativa ciudadana exitosa. Por mi parte, solo espero que los y las activistas que impulsan estas acciones reflexionen sobre la naturaleza misma de los alimentos y reclamen una nueva narrativa para producir, elaborar y consumir un bien esencial, dotado de numerosos matices importantes para nuestra sociedad.