Pablo COTARELO

Compostaje de los subproductos de la aceituna en la Cooperativa Los Pedroches (Pozoblanco, Córdoba)

Vivimos en este lugar del globo un tipo de modernidad que se encuentra atravesada por, al menos, dos grandes y recientes corrientes sociales: la búsqueda activa de una democracia real y la construcción de realidades materiales que ayuden a consolidarla. Ambas están entrelazadas y, cada vez más, se perciben como dos caras de la misma moneda; podemos decir que es la respuesta social a la actual crisis del capitalismo.

En este sentido, en los últimos años se vienen experimentando diversas iniciativas con un denominador común: casi todas esas respuestas se agrupan en torno al concepto de las «soberanías». Algunas de esas iniciativas desaparecen o se van deteriorando poco a poco y otras prosperan y consiguen encontrar su función social. Entre estas últimas se intentan abrir paso las que conectan con la satisfacción de las necesidades materiales de las personas. El concepto de soberanía alimentaria ya es muy familiar; las luchas por el derecho a la vivienda son hoy en día muy conocidas y ciertamente exitosas; las alternativas y denuncias en el ámbito de la energía son menos conocidas y con un proceso de evolución más extenso; tan extenso que muy probablemente no haya llegado a su apogeo todavía.

     Casi todas las respuestas sociales a la crisis se agrupan en torno al concepto de las 'soberanías'.  

Sin embargo, sí que ha habido en dicho proceso un cambio palpable en el enfoque del asunto energético. Ya no se habla únicamente de tecnologías de generación. Solar fotovoltaica, eólica, geotermia o biomasa ya no centran los debates. La pobreza energética, las puertas giratorias, los pagos ilegítimos, el muy desigual reparto de las cargas entre los actores del sector energético, en definitiva, es lo que está dotando de un nuevo impulso a los grupos sociales preocupados por la energía. Otro de los impulsos proviene del auge municipalista de los últimos años. Parece que, de repente, un movimiento como el energético, más pendiente tradicionalmente de aspectos tecnológicos, globales y sistémicos, ha descubierto el potencial de lo local: desde el ámbito institucional, desde los ayuntamientos, o desde fuera de ellos.

Como en todo movimiento social, se encuentran numerosas experiencias con distintas características, edades y grados de madurez. Así, tenemos diferentes casos de propuestas en el ámbito municipal en favor del uso de energías renovables, como Centelles, un pueblo catalán cuyo ayuntamiento posee la rareza de gestionar una distribuidora de electricidad que, además de ofrecer un servicio de calidad para el pueblo, supone una fuente de ingresos para las arcas públicas con los que acometer inversiones de interés colectivo.

También tenemos iniciativas más politizadas y de base donde la autonomía energética y alimentaria se encuentran en el centro de todos los planteamientos de vida, como el pueblo de Lakabe u okupaciones rurubanas como Can Masdeu y Can Paskual, en Barcelona.

Y, en otra vertiente, tenemos las ciudades en transición o transition towns, cuya iniciativa nace en el Reino Unido y se extiende con el tiempo por zonas de Madrid, Baleares o Andalucía y que, poniendo el acento en la construcción de comunidades que vivan la realidad futura sin combustibles fósiles, trabajan la formación de redes descentralizadas y autosuficientes.

¿Son estas experiencias de relocalización, todavía desligadas y no mayoritarias, ejemplos válidos de la soberanía energética? ¿Bastaría con multiplicar dichas experiencias para ser soberanas energéticamente?

La clave de dicho trabajo se encuentra en la manera de concretar sobre la realidad la definición de la soberanía energética, esto es, el derecho de los individuos conscientes, las comunidades y los pueblos a tomar sus propias decisiones respecto a la generación, distribución y consumo de energía, de modo que estas sean apropiadas a las circunstancias ecológicas, sociales, económicas y culturales, siempre y cuando no afecten negativamente a terceros.

Pero la gran cuestión es la democrática. ¿Quién decidirá y en qué ámbito? ¿Quién es, a fin de cuentas, el sujeto de la soberanía energética? Sin duda, quienes tienen que decidir deberán ser grupos humanos con algún tipo de vínculo que dependerá de la geografía, de las condiciones y recursos energéticos, y de la ordenación del territorio. Algunas de las actuales comarcas podrán ser esos sujetos de soberanía energética, y deberán habilitar los mecanismos para la toma de decisión y la participación social concreta y práctica para ser representativa y eficiente. Es muy probable también que se deban definir otros sujetos soberanos que actualmente no existen.

No podemos obviar el debate de quién decide sobre qué y dónde. Si realmente somos conscientes de que nos encontramos en una encrucijada histórica, en la confluencia de varias crisis (energética, climática, financiera, de reparto de las cargas) y de que las clases populares necesitan seguridad ante un futuro incierto, habrá que conquistar la soberanía sobre la energía, pero también sobre la alimentación y el agua, para garantizar unas condiciones de vida satisfactorias.

Esto implica dotar de un significado algo diferente a la «transición energética» que teníamos en mente hace tan solo unos años. No se trata únicamente de la necesaria transformación de la matriz energética basada en combustibles fósiles y nucleares, en una más razonable ambiental y socialmente. Necesitamos sujetos de soberanías, porque una transición sin soberanía se haría sin las personas, y la soberanía sin las personas no es soberanía.