Lucía LÓPEZ MARCO
En las últimas tres décadas, el sector lácteo ha experimentado un intenso proceso de ajuste y transformación como respuesta a las políticas de la Unión Europea, primero con la llegada de las cuotas y ahora con su eliminación. El resultado ha sido la desaparición de multitud de ganaderías familiares, un incremento del tamaño e intensificación de las vaquerías y la adopción de nuevas fórmulas societarias. ¿Cómo podemos abordar esta situación desde la soberanía alimentaria? Nos sumergimos en este tema para empezar el debate entendiéndolo en toda su complejidad.
Ordeño intensivo. Foto: Lucía López
Vacas pastando en Santoña. Foto: Lucía López
LAS CUOTAS LÁCTEAS Y EL MERCADO INTERNACIONAL
Hasta el pasado 1 de abril, la Unión Europea establecía un límite máximo de litros de leche de vaca que cada Estado miembro podía producir. El sistema de cuotas comenzó el 1 de enero de 1986, aunque su implantación en España se llevó a cabo unos años más tarde, y supuso la desaparición de miles de vaquerías, dado que, aunque el consumo en España rondaba los 9 millones de toneladas, tenía asignado un volumen de producción de solo 4,5 millones de toneladas, por lo que, podríamos decir que se «obligó» a España a importar la mitad de los lácteos que consumía. El sistema de cuotas llevó a que las ganaderías que querían crecer compraran o alquilaran cuota de otras ganaderías.
La justificación para eliminar las cuotas por parte de la UE ha sido la previsión de que la demanda de lácteos a nivel mundial se incrementaría a un ritmo del 2 %, y las cuotas se convertirían en un obstáculo para el crecimiento de las producciones en Europa. Sin embargo, estas expectativas se han visto truncadas al empezar a producir China su propia leche, lo que hace difícil predecir sus futuras importaciones, y con la decisión de Rusia de dejar de consumir leche europea con motivo del conflicto con Ucrania. Esta situación ha supuesto una bajada de precios en origen no solo en Europa, sino también en otras zonas productoras como EE. UU., Nueva Zelanda o América Latina, que ha conllevado una bajada del precio del producto final para el consumidor en buena parte del mundo. En el Estado español esta caída del precio final ha sido mínima en comparación con la bajada de precios en origen, ya que el precio en los establecimientos de venta acumula una caída anual del 4,6 %, mientras que en origen el descenso es del 16,9 %.
Otro elemento central para entender la situación del sector en nuestro territorio es la distribución de las ganancias. Mientras que en países como Canadá la producción se queda con un 54 % del margen de beneficio, aquí las ganancias se las reparte la distribución (que percibe entre un 60 % y un 90 %) y la industria. De forma que, finalmente, quien ha producido la leche no obtiene ninguna parte de dicho margen, es más, a menudo no se cubren ni los costes de producción.
La diferencia fundamental entre un modelo y otro radica en la forma de tomar las decisiones en cada Estado. En el caso de Canadá, hay dos instrumentos esenciales. La Comisión de Productos Lácteos del Canadá, es una estructura central cuyo objetivo es «ofrecer a los productores eficientes de leche y nata la posibilidad de obtener una remuneración equitativa por su trabajo y sus inversiones y garantizar a los consumidores de productos lácteos una oferta ininterrumpida, suficiente y de calidad». Para ello, existe en cada provincia una Junta de Negociación de venta de leche compuesta por las ganaderías y el gobierno, cuya competencia es «la apertura y administración de los contingentes, la mancomunación de los ingresos obtenidos, la fijación de precios y el mantenimiento de los registros de productores».
Estas Juntas, donde la industria y la distribución tienen voz pero no voto, se aseguran de cubrir los costes de producción, por lo que no son necesarias las ayudas económicas. Por otro lado, se procura que la leche sea consumida en la provincia de origen, por lo que es más fácil que la producción se adapte a la demanda y no haya que buscar salida a un exceso de leche. También es importante señalar que así se impulsa la economía de la región y que al distribuirse en circuitos cortos de comercialización no solo disminuyen los gastos por transporte, sino que también puede ofrecerse leche pasteurizada, de mayor calidad que la UHT, que es la más consumida en el Estado español.
Mientras en Canadá se aborda la regulación láctea con instrumentos estructurales, descentralizados y con la participación central del sector productivo, en el Estado español seguimos funcionando a base de acuerdos puntuales según cada situación. El pasado 23 de septiembre se firmó en el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un acuerdo lácteo que no fue apoyado por las dos organizaciones agrarias mayoritarias, COAG y UPA, que representan al 70 % de las ganaderías, pero sí por la industria y la distribución. Este acuerdo no incluye un precio mínimo sobre la leche que garantice cubrir los costes de producción, estimados entre 34 y 38 céntimos por litro de leche (de hecho, el pasado mes de octubre, el precio medio estatal del litro de leche era de 0,309 €, por lo que no se alcanzan los costes de producción). Fruto de ese acuerdo lácteo se presenta un paquete de ayudas de 20 millones de euros, publicadas el 28 de septiembre en el BOE, destinadas a aquellas ganaderías que reciban menos de 0,285 € por cada litro. Teniendo en cuenta que son la industria y la distribución quienes fijan los precios, en realidad la ayuda es para estas, que compran a precios por debajo de coste, y no para las ganaderías.
LA INDUSTRIA Y LA DISTRIBUCIÓN VERSUS EL MUNDO RURAL
Así que nos encontramos que, en los últimos 30 años, el sector lácteo español ha cambiado radicalmente, pasando de tener capacidad para producir toda la leche que consumía a tener que importar la mitad de los lácteos, desapareciendo de esta forma multitud de vaquerías familiares. Además, paradójicamente, la decisión actual de eliminar las cuotas para que no haya límites de producción supone un nuevo impulso a las granjas intensivas, que mayoritariamente buscan instalarse en zonas cerealistas para tener mejor acceso a los piensos con los que alimentan a sus animales.
Si la industria, por su parte, buscando la maximización de los beneficios, tiende a centralizar aún más sus compras en estas zonas de concentración de grandes vaquerías, ¿para qué van a recogerla en pequeñas ganaderías de las zonas tradicionalmente productoras?
Por otro lado, la actividad ganadera tradicional ha estado siempre diversificada —se combinaba la producción lechera con la huerta familiar y otras actividades— mientras que en los últimos años muchas vaquerías se han tecnificado, aumentando e intensificando la producción a costa de elevadas inversiones en instalaciones, maquinaria y cuota. El resultado es una especialización productiva, convirtiéndose la producción lechera en su única fuente de ingresos. Entonces, ahora que solo viven de las vacas, ¿qué pueden hacer si ya no es viable?
El hecho de que se esté favoreciendo una ganadería no ligada a la tierra y se esté acabando con un modelo tradicional a base de pasto, implica no solo dejar de producir leche a menor coste, sino también de mayor calidad, pues la leche de vacas alimentadas con pastos y forrajes tiene mayor contenido de ácidos grasos insaturados, que son más beneficiosos para la salud, y más antioxidantes. Es decir, es una leche mucho más saludable, característica que demanda el mercado, y más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Esto es especialmente importante si tenemos en cuenta que desde el año 2000 el consumo de leche líquida en España ha disminuido un 30 %, principalmente en beneficio de las leches vegetales, que son presentadas y percibidas como más sanas.
Por otro lado, la flora y la calidad del pasto varían según la época del año, lo que da la posibilidad de ofrecer una alta variedad de productos transformados, principalmente queso, de una gran calidad tanto organoléptica como nutricional. En la medida que gana terreno la ganadería intensiva, los pastos, las praderas, y el paisaje tal y como lo conocemos, irá desapareciendo, perdiéndose con él la flora y la fauna locales y dejando de ser un atractivo turístico.
Uno de los compromisos recogidos en el acuerdo lácteo es la «promoción del consumo de lácteos españoles». Parece una definición confusa e insuficiente pues, como hemos visto, lo que tendremos en el mercado es más leche producida de forma intensiva a base de pienso en buena parte compuesto de soja transgénica, de origen nada español. Si realmente se quiere incentivar el consumo y la economía local, ¿no se debería apostar por aquellas vaquerías familiares que no solo producen leche de mayor calidad, sino que también cuidan el paisaje y fijan población en el olvidado medio rural? ¿No debería primarse que la industria pague un precio que cubra los costes de producción, dignificando esta actividad, frente a dar ayudas por el bajo precio que industria y distribución imponen? ¿No será que lo que quieren promover son las ventas y los ingresos de la última parte de la cadena engañando a la población consumidora? ¿Por qué no pensamos en políticas parecidas a las de Canadá donde la parte productora está en el centro de las decisiones?
Por si todo esto fuera poco, la aprobación del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión entre los EE. UU. y la Unión Europea (TTIP), serán las grandes granjas de Oregón, con más de 60 000 vacas alimentadas con piensos transgénicos y estimuladas con hormonas de crecimiento, las que ganarían el pulso a nuestra producción.
Analizar cómo se está abordando el sector lácteo en Europa es un anticipo de cómo se irán abordando el resto de sectores agrarios. La tendencia es globalizar cada vez más el mercado de leche, impulsando una ganadería con cada vez menos bienestar animal, basada en materias primas kilométricas y con mano de obra barata, en vez de apostar por una producción local, sostenible y que fije población en las zonas rurales.
PASADO, PRESENTE Y... ¿FUTURO?
La ganadería tradicional es una de las actividades que más población fija en el medio rural, pero tal y como está el panorama, ¿quién va a querer incorporarse? Si tenemos en cuenta la falta de servicios, el aislamiento al que se somete al mundo rural y las dificultades para iniciar actividad en el sector primario, es normal que a día de hoy solo el 5 % de las personas activas en la agricultura y la ganadería tenga menos de 35 años, y que un 33 % sea mayor de 65. Solo un 3,5 % de quienes perciben la PAC tienen menos de 35 años.
El futuro de la ganadería pasa por seguir aprovechando los recursos del entorno para conseguir no solo productos de la máxima calidad, sino también la conservación de un paisaje ancestral que lleva siglos viviendo en armonía gracias a la ganadería extensiva. La clave es integrar un buen modelo productivo a pequeña escala, diversificado e incorporar la transformación artesanal con la venta en circuitos cortos. A pesar de que las administraciones anteponen otros intereses a la sostenibilidad ecológica y económica de nuestro medio rural, lo cierto es que la ciudadanía cada vez está más concienciada con una serie de valores relacionados con el bienestar animal, el medio ambiente y la calidad de los alimentos que consume.
Hay que ser consciente de que si hemos llegado hasta aquí, es en buena medida por la fuerza de la gran industria y su influencia sobre nuestras administraciones. ¿Cómo contrarrestamos este poder? Las movilizaciones que estos meses se han ido convocando por toda Europa demuestran que una articulación del sector productivo es fundamental, sí, pero también lo es el acercamiento de este a la ciudadanía para ganar su complicidad. Sin duda, es una tema que nos afecta independientemente de estar en el campo o en la ciudad.