El fenómeno del trabajo agrícola de temporada

Fernando Fernández Such

 

 

Desde tiempo inmemorial, el sector productivo agrícola ha necesitado estacionalmente a personas que trabajaran en las unidades productivas para sacar adelante tareas concretas a lo largo del año como podía ser la siega, la cosecha, la trilla, o la poda, lo que ha provocado que la estacionalidad en el empleo agrario sea casi estructural. Para completar esta imagen inicial, debemos decir que modelos productivos ligados a una estructura familiar pequeña o mediana resolvían estas necesidades puntuales con el trabajo de todos los miembros de la familia, la contratación de la familia extensa, o la colaboración del vecindario. En modelos productivos más ligados a la idea de agricultura campesina, muy diversificada, estas necesidades se resolvían incluso con la ayuda mutua dentro de la propia comunidad. Por el contrario, en estructuras agrarias donde domina el latifundismo, lo que nos encontramos es una masa de campesinos y campesinas sin tierra que viven en pueblos rodeados de grandes haciendas, dehesas, cotos y fincas, y que no tienen otra opción que el trabajo jornalero que ofrecen las familias hacendadas, generando toda una dinámica paternalista y caciquil muy perniciosa y que obliga a salir a trabajar a otras tierras en campañas agrícolas.

VIDAS PRECARIAS Y EN PERMANENTE MOVILIDAD

Las relaciones laborales en el campo son extremadamente complejas de catalogar y de regular debido a la misma esencia de las unidades productivas agropecuarias, en las que se mezclan la producción, la realidad familiar y las actividades laborales y cotidianas. El modelo de agricultura campesina simboliza muy bien esta complejidad. Sin embargo, en un contexto en el que el modelo productivo agropecuario avanza hacia el capitalismo agrario, la producción se industrializa y se especializa y las explotaciones son cada vez mayores, estas estructuras se asemejan más a fábricas de alimentos. La estacionalidad y concentración del trabajo en temporadas, por tanto, se perpetúan.

De esta forma, el aumento de la necesidad de mano de obra asalariada en el campo ha generado un circuito de campañas agrícolas que se enlazan unas con otras. De la vendimia se puede enganchar con la aceituna o la naranja, y de ahí se puede ir a la fresa y después a la fruta en Aragón. Existen rutas de temporerismo agrícola ya establecidas que algunos colectivos recorren todos los años. Todo el valle del Ebro, desde la Rioja Alavesa hasta Catalunya, pasando por la vega navarra y aragonesa; desde Extremadura en los valles del Tiétar y del Jerte hasta el este, pasando por el olivar andaluz o la Mancha.

 

   La necesidad de mano de obra asalariada en el campo ha generado un circuito de campañas agrícolas que se enlazan unas con otras.  

La vida de la persona temporera es muy dura; la permanente movilidad y estacionalidad acompañada de la falta de reconocimiento social del trabajo, la precariedad de las condiciones de vida durante las campañas, la escasa protección social a la larga, el hecho de dejar la familia atrás permanentemente o, peor aún, tenerla que arrastrar en cada campaña, son elementos que dificultan la construcción de un proyecto de vida y la participación social y política. Además, el entorno laboral hace muy difícil la sindicación. Paradójicamente en un contexto de crisis económica y de paro estructural, la persona temporera es «empleable», es decir, es un perfil extremadamente flexible, que trabaja por jornadas, e incluso a destajo, que cambia de lugar de trabajo permanentemente y que no exige. Es perfecto a los ojos de las mentes más liberales de la economía.

UN COLECTIVO QUE VA VARIANDO EN EL TIEMPO

Por las características propias del sector, siempre ha sido muy difícil hacer estadísticas fiables. No obstante, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en enero de 2015 había 828.300 afiliaciones a la seguridad social en el sistema especial agrario; de ellas, 165.385 son personas extranjeras (que representan el 19,9 % de la afiliación al régimen agrario), 112.997 son de fuera de la Unión Europa (UE) y 52.388 de la UE. Los países de origen que aportan un mayor número de personas temporeras agrícolas son Marruecos (55.420), Rumanía (46.559), Ecuador (17.572), Bulgaria (6.739) y Bolivia (6.150). Entre las personas temporeras procedentes de países de la UE, además de Bulgaria, encontramos Rumanía y Portugal. Además, hay que añadir alrededor de un 30 % de inmigrantes en situación irregular y que, por lo tanto, no están en las cifras anteriores, y en torno a un 20 % de personas españolas que no figuran dadas de alta y cuya composición es muy heterogénea: personas paradas de larga duración de las ciudades, estudiantes, familias de etnia gitana que no figuran dadas de alta, o ciertos colectivos en situaciones de mayor dificultad social y que cada vez más se entremezclan en las campañas. En total, hablamos de una fuerza laboral que ronda las 1.300.000 personas según diversas fuentes.

Más difícil es calcular cuán feminizado está este sector laboral. 52.978 son las mujeres que figuran inscritas como asalariadas agrícolas, sin embargo, se sabe que el porcentaje de alta entre las mujeres jornaleras es mucho menor que entre los hombres, lo que aumenta su vulnerabilidad social. Por otro lado, sabemos que hay campañas muy masculinizadas, como la de los cítricos o determinadas zonas de producción de patata o vendimia, y que hay otras, como la fruta, donde el número de mujeres se incrementa.

Este perfil de temporerismo y el patrón de movilidad ha venido modificándose desde los años noventa. El empresariado, ante la imposibilidad de cubrir la demanda con fuerza de trabajo local, ha recurrido a personas de Europa del Este, Norte de África, África Subsahariana y Latinoamérica. Esta población temporera extranjera, en lugar de regresar a sus lugares de residencia, se ha instalado en los lugares de trabajo, o desde allí se ha ido desplazando hacia otros destinos. Es decir, se ha configurado un colectivo, en general inmigrante, que tiene carácter flotante y que, sin residencia permanente en ningún lugar, se mueve de una campaña a otra. Podemos hablar de en torno a unos 100.000 en el Estado español. Un nuevo perfil con una vulnerabilidad mucho más acusada, en medio de una movilidad absoluta.

   Se ha configurado un colectivo, en general inmigrante, que tiene carácter flotante.  

A partir de los años de la crisis generalizada, con la persistencia de unas tasas elevadas de desempleo, acompañadas de la precariedad laboral (característica común para casi la mayoría de sectores productivos), se está produciendo un «efecto retorno» de personas del Estado español sin ocupación que vuelve a emplearse en tareas del campo y que, según las organizaciones sindicales, se ha hecho muy evidente desde el año 2012.

LA FOTO DE LA ACTUALIDAD: SIGNIFICATIVOS RETROCESOS EN LAS CONDICIONES LABORALES

Si observamos la realidad actual del temporerismo, a este fenómeno de «efecto retorno» debemos de añadir que la actividad agraria temporera se ha extendido a todas las regiones y en todos los rubros productivos. El mapa de campañas temporeras del Ministerio de Trabajo que en los años noventa contemplaba 12 campañas, en este momento contempla 36 campañas repartidas por toda la geografía. Cataluña, el País Valenciano, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja y Navarra concentran muchas decenas de miles de temporeros, pero son Andalucía y Extremadura las regiones que siguen acumulando en torno a 600.000 jornaleros y jornaleras, un porcentaje muy elevado de ellos, de origen español.

Es muy importante señalar que el aumento de la producción intensiva implica que no se haya incrementado la oferta de trabajo en el campo, ya que ahora se requiere menos mano de obra que hace una década. Esto influye de manera directa en la posibilidad de acceder al subsidio agrario. En el caso de Andalucía y Extremadura se necesita cubrir al menos 35 peonadas de trabajo al año y en el resto de territorios es necesario cotizar al menos 240 jornales en los últimos 6 años para acceder a los subsidios de desempleo. Con poca oferta, conseguirlo representa mucha dificultad.

   El aumento de la producción intensiva implica que no se haya incrementado la oferta de trabajo en el campo.  

La situación estructural de desempleo provocada por la crisis económica, y la reforma laboral ha incrementado las condiciones de precariedad, y se han perdido algunos avances conseguidos en la década de los noventa.

En primer lugar, la negociación colectiva en el campo se ha tornado mucho más difícil que hace años. La reforma laboral ha debilitado este proceso, las negociaciones se han ralentizado. Muchos convenios llevan sin revisarse desde 2012 y aunque poco a poco van saliendo, los incumplimientos son generalizados y sin posibilidad de denunciarse. Por otro lado, en el contexto de la reforma laboral, las grandes empresas agrarias han desarrollado sus propios convenios de empresa, algo inaudito en un sector con tanta movilidad.

La segunda consideración es que se han vuelto a extender las fórmulas salariales basadas en el destajo, los acuerdos en los que quien trabaja cobra por cantidad recogida (en función de kg, cajas, espuertas...) o fórmulas mixtas por las cuales se cobra lo estipulado siempre que sobrepase una cantidad establecida. Aunque los convenios no lo contemplan por considerarse reprobable, cada vez son más los casos denunciados. Una de las campañas en las que este sistema está más generalizado es la de los cítricos en el País Valenciano y Murcia.

La tercera consideración es que se está extendiendo de nuevo la presencia de mafias de contratación de mano de obra temporera. La figura del intermediario o capataz que mantiene el contacto con el empresario agrícola durante todo el año y que forma la cuadrilla para desplazarse, siempre ha existido y es una figura necesaria que cumple su papel en las zonas de origen. Sin embargo, de lo que hablamos es de mafias organizadas que intermedian de manera ilegal en el mercado de trabajo agrario, cobran un porcentaje de beneficio sobre el salario ya exiguo de las personas temporeras y además, ejercen una presión de control sobre ellas para que no denuncien o no exijan mejoras. Numerosas organizaciones llevan años denunciando esta realidad. Resulta relevante cómo la figura de la mafia opera sobre grupos muy específicos.

La cuarta consideración que precariza todavía más las condiciones de trabajo, es la entrada en las funciones de intermediación de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT). La contratación de jornaleros a través de las ETT se ha generalizado en Cataluña, País Valenciano, Murcia y Andalucía. La Inspección de Trabajo del País Valenciano ha llegado a reconocer que esta forma de contratación significa una reducción del salario jornalero de en torno a un 57 % (Levante, 28.5.2016). En Andalucía, en la misma temporada de los cítricos, se mantienen recogidos numerosos testimonios de cuadrillas que finalmente cobraban de la ETT 2 € euros por hora de trabajo. UGT denunció durante toda la campaña de la fresa del año 2016 las prácticas de las ETT en la contratación temporera por debajo de los salarios de convenio.

Vuelven a extenderse las prácticas de contratación en las plazas, bares y estaciones de autobuses que habían desaparecido ya hace 20 años. El incremento de la precariedad favorece que quien hace de agente intermediario o la propia persona agricultora o empresaria acuda a los lugares donde sabe que espera la gente cada día, para recoger la cuadrilla que necesita en función de sus necesidades.

Por último, toda esta situación acrecienta las actitudes de racismo y xenofobia entre los propios grupos temporeros. En un contexto de alta vulnerabilidad, sin protección jurídica ni social y con una fuerte competencia por los puestos de trabajo, estas actitudes se extienden rompiendo la solidaridad que debería existir entre las personas temporeras y con el pequeño campesinado. Solo la llamada a la responsabilidad para que cada una de las partes actúe con honestidad cortará este ciclo.