Consejo editor
Las semillas constituyen uno de los pilares irreemplazables de la producción de alimentos. Millones de familias y de comunidades agrícolas han creado con su trabajo y conocimiento cientos de cultivos y miles de variedades a partir de ellas. El intercambio habitual de semillas entre las comunidades y los pueblos ha permitido que diversidad de cultivos se adapten a diferentes condiciones, climas y topografías y así la agricultura ha ido extendiéndose, permitiendo alimentar al mundo con una dieta variada.
Las semillas también han sido la base de procesos productivos, sociales y culturales que han dotado a las poblaciones rurales de un cierto grado de autonomía. Pero desde la revolución verde, las empresas han desplegado una serie de estrategias para lograr el control de las semillas, desde cuestiones técnicas (semillas híbridas o semillas transgénicas) hasta estrategias comerciales. Aun así, podemos decir que la mayoría de las personas agricultoras y pueblos indígenas han resistido esta apropiación y continúan haciéndolo de maneras diferentes.
El sector empresarial intenta actualmente una nueva ofensiva de escala mundial. Desde la creación de la Organización Mundial del Comercio, y prácticamente sin excepción, todos los países del mundo han aprobado leyes que permiten a las empresas ser propietarias de diferentes formas de vida: ya sea a través de patentes o de los llamados derechos de obtentor o leyes de protección de obtenciones vegetales. Ya es posible privatizar microorganismos, genes, células, plantas, semillas y animales.
En todo el mundo ha habido movimientos sociales, especialmente organizaciones agrícolas y campesinas, que se han movilizado para evitar que estas leyes fueran aprobadas. La resistencia continúa en muchas partes del mundo e incluso cuenta ya con algunas victorias. Para reforzar este movimiento, es muy importante que el mayor número posible de personas, especialmente en los pueblos y las comunidades rurales más afectadas, comprendan estas leyes cuyas características son:
a) Evolucionan constantemente y son cada vez más agresivas. A través de nuevas olas de presión política y económica (especialmente a través de los llamados tratados de libre comercio, los tratados de inversión bilaterales y las iniciativas de integración regional), las leyes sobre semillas y la protección de obtenciones vegetales son revisadas continuamente para ser adaptadas a las nuevas exigencias de la industria semillera y la biotecnología.
b) Las leyes que ceden derechos de propiedad sobre las semillas se han visto reforzadas por otras normativas que supuestamente deben garantizar su calidad y la transparencia del mercado, además de evitar falsificaciones, entre otras cosas. Estas normativas incluyen la certificación de semillas, la comercialización y las normas sanitarias. Con ellas, empieza a ser obligatorio que se adquieran o utilicen únicamente semillas comerciales adaptadas a la agricultura industrial, o que suponga un delito entregarle semillas a tus descendientes o intercambiarlas con un vecino. El resultado es que las ferias e intercambios de semillas (que son una creciente forma de resistir a estas leyes) comienzan a ser ilegales cada vez en más países.
c) Las leyes sobre semillas están imponiendo como norma asumir la culpabilidad de cualquier persona que sea acusada de no respetar los derechos de propiedad sobre ellas, tirando por la borda el principio de que las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. En algunos casos, se pueden tomar medidas contra la persona acusada sin que se le comuniquen los cargos. Estas leyes sobre semillas están logrando que incluso sea obligatorio denunciar a las presuntas cómplices, legalizando por tanto los registros y la incautación de semillas ante una mera sospecha (incluso sin que sea necesaria una orden judicial) y permitiendo que sean agencias privadas quienes lleven a cabo estos controles.
d) Estas normativas son redactadas de manera imprecisa y con un lenguaje incomprensible y contradictorio, dejando demasiado margen para su interpretación. En la mayoría de los casos, las leyes pasan por las cámaras legislativas en secreto o a través de acuerdos internacionales que no se pueden debatir a escala nacional ni local.
ESPAÑA: MERCADOS LOCALES DE SEMILLAS Y VERDURAS EN TIEMPOS DE CRISIS
En España la crisis económica, entre otros factores, está llevando a revalorizar la agricultura de pequeña escala o campesina como una alternativa, especialmente entre la gente joven. Muchas de estas personas, organizadas en redes y espacios colectivos, producen de manera directa para su entorno más próximo y lo hacen a partir de las variedades campesinas y locales. También son frecuentes las ferias y encuentros donde se intercambian semillas y se organizan talleres para aprender a seleccionarlas y conservarlas. Solamente la Red de Semillas Andaluza conserva más de 600 variedades de 90 cultivos diferentes y colabora, por ejemplo, con huertos y jardines colectivos que gestionan las organizaciones comunitarias y las escuelas.
Como en muchas otras partes de Europa, las semillas que manejan estas redes no pueden ser vendidas dado que no cumplen las normas exigidas por el catálogo oficial y, aunque lo hicieran, la certificación sería demasiado cara y burocrática. Es por ello que desde muchas organizaciones se está presionando a las diferentes administraciones para que desarrollen políticas que favorezcan el uso y conservación de las semillas locales. Hay algunos resultados, como en Cataluña, donde el Gobierno autonómico ha elaborado un "catálogo de variedades locales de interés agronómico" y establecido una regulación específica para registrar las variedades que no cumplan los criterios DHE (distinción, homogeneidad y estabilidad). Sin embargo, también esta regulación ha sido polémica al establecer límites geográficos para su venta (dentro de Cataluña) y restringir las cantidades de venta. Por otra parte, estas semillas solo se pueden vender a personas que no se dediquen a la agricultura de manera profesional, lo que supone un problema para quienes viven de la agricultura de pequeña escala.
Las redes de semillas también están preocupadas porque las leyes locales puedan conllevar nuevas restricciones de uso. Por ejemplo, una fundación en Cataluña, cuyo objetivo es "usar el potencial gastronómico y nutricional como una fuente de valor añadido", ha tomado tres variedades tradicionales de tomates y ha obtenido la Protección de las Obtenciones Vegetales sobre estas durante un período de 25 años. Esta fundación también ha empleado el marco legal de las indicaciones geográficas para limitar los lugares de venta de las variedades tradicionales de judías, comercializándolas como una marca local y por tanto restringiendo su área de cultivo.
Debido a la preocupación que supone el riesgo de apropiaciones como estas, algunas redes de semillas de otros territorios han comenzado a registrar las variedades locales por medio de otros regímenes locales para así evitar su apropiación. Todo ello ha llevado a una situación en la que agricultoras y agricultores se sienten en un callejón sin salida, en un marco legal en el que conservar y utilizar variedades locales significa dejar a otras y otros compañeros sin posibilidad del uso de dichas semillas. El debate continúa en España. ¿Se pueden contrarrestar las leyes desfavorables y escritas por la industria con la legislación local? ¿Cómo garantizar que las semillas sigan siendo un bien común sin limitar su uso?
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